Como reflejo de la alta informalidad laboral, la gran mayoría de las personas no reúne los 30 años de aportes que exige la leyor
Silvia Stang
Como reflejo de la crisis laboral y por una ley que impulsó el gobierno anterior, la gran mayoría de las nuevas prestaciones fue para personas que no cumplieron el requisito de 30 años de aportes; el 65% de quienes perciben hoy un beneficio recurrió a planes de pago; el régimen, en tanto, ajustó su gasto pagando haberes que perdieron mucho poder de compra
Ocho de cada diez jubilaciones dadas de alta en 2023 por la Anses requirieron de un plan de moratoria. De las 488.490 nuevas prestaciones, 396.330 (81,1%) fueron para personas que no acumularon los 30 años de aportes que exige la ley para acceder al beneficio. Los datos, que surgen del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, son un reflejo de la crisis social y laboral que sufre la Argentina de forma persistente, y un signo de alerta respecto de la sostenibilidad del régimen previsional, cuyo gasto tuvo en el último año un ajuste significativo.
De hecho, más de un tercio de los asalariados actuales no tiene aportes al sistema y, si se considera al total de los ocupados (empleados y cuentapropistas), la informalidad ronda el 50%, según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El sistema jubilatorio, en tanto, es rígido en cuanto al requisito del tiempo de contribuciones, y la normativa no prevé otorgar beneficios proporcionales para quienes aportaron, pero no reúnen el período mínimo de 30 años.
El número total de altas tuvo en 2023 un incremento de 33% en comparación con el de 2022. Eso es un efecto de la vigencia de la ley 27.705, aprobada y puesta en marcha el año pasado. En 2022, la participación de los casos con moratoria sobre el total de las altas había sido de 65%, mientras que en el período de 2017 a 2021 el índice se movió entre el 54% y el 68%. Desde 2010, según la estadística oficial, la mayoría de quienes ingresaron al sistema lo hicieron sin haber reunido 30 años de aportes. El año con mayor participación de los casos con moratorias fue 2015 (también electoral, como 2023), con una incidencia que alcanzó el 87%.
La ley más reciente sobre el tema, llamada “de pago de deuda previsional”, creó un mecanismo de compra de aportes correspondientes a períodos previos a 2009, para que quienes tengan la edad jubilatoria o la cumplan antes del 24 de marzo de 2025, accedan a una prestación aunque no hayan cumplido los requisitos.
Cada mes de aporte que es posible adquirir tiene un precio actualizable, que hoy es de $10.325. En la mayoría de los casos no se paga de manera efectiva la deuda que se declara tener con el Estado, sino que la persona comienza a percibir los haberes, y de cada ingreso mensual se hace un descuento hasta quedar saldado lo declarado como deuda, cuyo valor se reajusta trimestralmente.
De las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hoy en curso de pago, el 66% dependió de una moratoria: son 3.469.334 prestaciones. Entre las pensiones la incidencia es de 30%, con 478.419 beneficios (de las altas que hubo en 2023, el 46% fue con plan de regularización). Así, del total de prestaciones de ambos tipos, que suman 6.852.539 (según el dato oficial de las que no tienen el pago suspendido), el 57,6% requirió de un plan de regularización, por falta de aportes durante la vida laboral.
En parte, las altas registradas en el sistema contributivo durante 2023 respondieron a casos de quienes cobraban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pasaron a una prestación del régimen contributivo a través de la nueva moratoria. En diciembre de 2023 hubo 232.720 beneficiarios que cobraron esta prestación no contributiva, mientras que el año había comenzado con 283.978 casos (una caída de 18%).
La PUAM fue creada por ley en 2016, equivale al 80% del haber mínimo (hoy, $84.570, a los que se suma el bono de $55.000) y no requiere de aportes. El requisito de edad mínima, de 65 años, es igual para varones y mujeres, a diferencia de lo que ocurre en el régimen contributivo general, en el cual las mujeres se jubilan con 60 años y los varones, con 65.
La prestación sin aportes, que en un inicio habilitaba un muy amplio accesoyluegofuelimitadaenfunción de la situación socio económica de las personas, surgió con la intención de que con el tiempo reemplazara a las moratorias. Durante el gobierno de Alberto Fernández, sin embargo, se aprobó otro plan para el acceso a las jubilaciones y pensiones por la vía de las excepciones, mientras que no se consideraron propuestas –recomendadas por varios expertos– para modificar la PUAM y establecer que, por ejemplo, se prevean prestaciones de montos proporcionales según la cantidad de contribuciones hechas.
Un gasto ajustado
Además de reflejar la precariedad laboral, los datos que muestran que son más quienes se jubilan con moratoria que quienes no la necesitan son una señal de alerta respecto de los riesgos para la sostenibilidad del sistema. Desde su surgimiento en la primera época del kirchnerismo, los planes no tuvieron de manera oficial estudios sobre sus costos a diferentes plazos, ni previsiones para su financiamiento.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aun con la mayor cantidad de altas y con los bonos para quienes tienen ingresos más bajos, el monto asignado por el Estado a las jubilaciones y pensiones de la Anses cayó un 7,4% interanual en 2023 si se lo mide en términos reales (corregidos los números por inflación).
Es decir, se hizo un ajuste que, por el lado de los bolsillos, se reflejó en caídas de entre el 14,2% y el 37,4% del poder de compra de los ingresos.
De las 5.811.099 personas que reciben cada mes prestaciones previsionales del sistema general de la Anses, 3.806.338 (65,5%) tienen algún beneficio obtenido con moratoria (290.895 cobran jubilación y pensión, ambas con plan de pago de aportes).
El acceso al programa actual más abarcativo, el de la ley 27.705, es de vigencia temporal, y eso tiene que ver con el hecho de que se trata de medidas consideradas de excepción. Sin embargo, prórrogas y nuevos planes mediante, hace casi 20 años que se le da continuidad a las moratorias, sin que haya una solución en marcha para los problemas del mercado laboral, y sin que se debatan cambios de fondoparaelsistemaprevisional,que en los últimos tiempos hace su ajuste con ingresos reales en caída.
Como reflejo de la crisis laboral y por una ley que impulsó el gobierno anterior, la gran mayoría de las nuevas prestaciones fue para personas que no cumplieron el requisito de 30 años de aportes; el 65% de quienes perciben hoy un beneficio recurrió a planes de pago; el régimen, en tanto, ajustó su gasto pagando haberes que perdieron mucho poder de compra
Ocho de cada diez jubilaciones dadas de alta en 2023 por la Anses requirieron de un plan de moratoria. De las 488.490 nuevas prestaciones, 396.330 (81,1%) fueron para personas que no acumularon los 30 años de aportes que exige la ley para acceder al beneficio. Los datos, que surgen del boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, son un reflejo de la crisis social y laboral que sufre la Argentina de forma persistente, y un signo de alerta respecto de la sostenibilidad del régimen previsional, cuyo gasto tuvo en el último año un ajuste significativo.
De hecho, más de un tercio de los asalariados actuales no tiene aportes al sistema y, si se considera al total de los ocupados (empleados y cuentapropistas), la informalidad ronda el 50%, según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. El sistema jubilatorio, en tanto, es rígido en cuanto al requisito del tiempo de contribuciones, y la normativa no prevé otorgar beneficios proporcionales para quienes aportaron, pero no reúnen el período mínimo de 30 años.
El número total de altas tuvo en 2023 un incremento de 33% en comparación con el de 2022. Eso es un efecto de la vigencia de la ley 27.705, aprobada y puesta en marcha el año pasado. En 2022, la participación de los casos con moratoria sobre el total de las altas había sido de 65%, mientras que en el período de 2017 a 2021 el índice se movió entre el 54% y el 68%. Desde 2010, según la estadística oficial, la mayoría de quienes ingresaron al sistema lo hicieron sin haber reunido 30 años de aportes. El año con mayor participación de los casos con moratorias fue 2015 (también electoral, como 2023), con una incidencia que alcanzó el 87%.
La ley más reciente sobre el tema, llamada “de pago de deuda previsional”, creó un mecanismo de compra de aportes correspondientes a períodos previos a 2009, para que quienes tengan la edad jubilatoria o la cumplan antes del 24 de marzo de 2025, accedan a una prestación aunque no hayan cumplido los requisitos.
Cada mes de aporte que es posible adquirir tiene un precio actualizable, que hoy es de $10.325. En la mayoría de los casos no se paga de manera efectiva la deuda que se declara tener con el Estado, sino que la persona comienza a percibir los haberes, y de cada ingreso mensual se hace un descuento hasta quedar saldado lo declarado como deuda, cuyo valor se reajusta trimestralmente.
De las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) hoy en curso de pago, el 66% dependió de una moratoria: son 3.469.334 prestaciones. Entre las pensiones la incidencia es de 30%, con 478.419 beneficios (de las altas que hubo en 2023, el 46% fue con plan de regularización). Así, del total de prestaciones de ambos tipos, que suman 6.852.539 (según el dato oficial de las que no tienen el pago suspendido), el 57,6% requirió de un plan de regularización, por falta de aportes durante la vida laboral.
En parte, las altas registradas en el sistema contributivo durante 2023 respondieron a casos de quienes cobraban la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pasaron a una prestación del régimen contributivo a través de la nueva moratoria. En diciembre de 2023 hubo 232.720 beneficiarios que cobraron esta prestación no contributiva, mientras que el año había comenzado con 283.978 casos (una caída de 18%).
La PUAM fue creada por ley en 2016, equivale al 80% del haber mínimo (hoy, $84.570, a los que se suma el bono de $55.000) y no requiere de aportes. El requisito de edad mínima, de 65 años, es igual para varones y mujeres, a diferencia de lo que ocurre en el régimen contributivo general, en el cual las mujeres se jubilan con 60 años y los varones, con 65.
La prestación sin aportes, que en un inicio habilitaba un muy amplio accesoyluegofuelimitadaenfunción de la situación socio económica de las personas, surgió con la intención de que con el tiempo reemplazara a las moratorias. Durante el gobierno de Alberto Fernández, sin embargo, se aprobó otro plan para el acceso a las jubilaciones y pensiones por la vía de las excepciones, mientras que no se consideraron propuestas –recomendadas por varios expertos– para modificar la PUAM y establecer que, por ejemplo, se prevean prestaciones de montos proporcionales según la cantidad de contribuciones hechas.
Un gasto ajustado
Además de reflejar la precariedad laboral, los datos que muestran que son más quienes se jubilan con moratoria que quienes no la necesitan son una señal de alerta respecto de los riesgos para la sostenibilidad del sistema. Desde su surgimiento en la primera época del kirchnerismo, los planes no tuvieron de manera oficial estudios sobre sus costos a diferentes plazos, ni previsiones para su financiamiento.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), aun con la mayor cantidad de altas y con los bonos para quienes tienen ingresos más bajos, el monto asignado por el Estado a las jubilaciones y pensiones de la Anses cayó un 7,4% interanual en 2023 si se lo mide en términos reales (corregidos los números por inflación).
Es decir, se hizo un ajuste que, por el lado de los bolsillos, se reflejó en caídas de entre el 14,2% y el 37,4% del poder de compra de los ingresos.
De las 5.811.099 personas que reciben cada mes prestaciones previsionales del sistema general de la Anses, 3.806.338 (65,5%) tienen algún beneficio obtenido con moratoria (290.895 cobran jubilación y pensión, ambas con plan de pago de aportes).
El acceso al programa actual más abarcativo, el de la ley 27.705, es de vigencia temporal, y eso tiene que ver con el hecho de que se trata de medidas consideradas de excepción. Sin embargo, prórrogas y nuevos planes mediante, hace casi 20 años que se le da continuidad a las moratorias, sin que haya una solución en marcha para los problemas del mercado laboral, y sin que se debatan cambios de fondoparaelsistemaprevisional,que en los últimos tiempos hace su ajuste con ingresos reales en caída.
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