“Caja política”: la Casa Rosada dijo que cerrará el Inadi
Aseguró que gasta $2800 millones y que se usa para perseguir políticamente
Lucila Marin
Fabián MarelliLos empleados del Instituto, cuya sede central se encuentra en refacción, intentarán resistir el cierre
En el marco del plan del presidente Javier Milei de reducir el Estado y continuar con el ajuste fiscal, el Gobierno anunció ayer que avanzará en el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En la Casa Rosada aseguran que eliminarán cualquier otro organismo que “haya servido como caja de la política o para persecución militante”.
El Inadi fue creado por ley en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem. Y, desde entonces, vio crecer su cantidad de empleados hasta superar los 400 durante la administración de Alberto Fernández y la jefatura de Victoria Donda.
“La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento, persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 de gastos de alquiler y más de 400 empleados”, enfatizó la Casa Rosada, a través de un comunicado. “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos, que va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”, marcó el portavoz, Manuel Adorni, en su exposición frente a la prensa.
En ese sentido, si bien advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas, reiteró el plan de eliminar organismos que “no generen un beneficio para los argentinos”.
“Es una medida más de un gobierno que vino a vender parte de la estructura del Estado”, se quejó Donda, tras conocerse la noticia.
En la Casa Rosada aseguran que otros organismos seguirán la misma suerte. En la lista puede aparecer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que fue puesto en la mira de sectores del Gobierno y en el pasado quedó envuelto en controversias por su apoyo a la ocupación de tierras.
Como el Inadi contra la Discriminación fue creado por ley, un decreto puede resultar insuficiente para su eliminación. El Gobierno se enfrenta a la posibilidad entonces de tener que enviar una ley al Congreso para conseguir su objetivo. Pero en el Parlamento, hasta ahora, la escasez de legisladores propios le impidió aprobar algún proyecto propio al Ejecutivo.
Al ser consultado sobre qué sucederá con los trabajadores del organismo, el portavoz adelantó que “un empleado que esté de más no tiene razón de ser” y marcó como injusto que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo ayer las funciones del instituto serán absorbidas por otras áreas de la cartera.
En tanto, así como otros funcionarios, habló sobre la estructura del organismo y de qué sucederá con los empleados. “El Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”, expresó, para luego agregar: “El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo será transferido al Ministerio [de Justicia], donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”.
Por último, se indicó que el organismo se eliminará de acuerdo con los procedimientos que contempla la ley.
Ayer, la DAIA criticó la decisión de eliminar el organismo.
El manejo del Inadi
Durante el gobierno de Alberto Fernández, Victoria Donda ocupó el cargo de titular del Inadi durante tres años (2010-2022) y el organismo creció en dimensiones. Tiene una sede central y 43 delegaciones en todo el país.
Antes de la pandemia eran 27 las delegaciones. Cuando comenzó la gestión del Frente de Todos, había 398 personas empleadas por el Inadi. Durante los últimos tres años el organismo aumentó más de un 15 por ciento su plantel.
Una de las polémicas más grandes del instituto sucedió cuando en 2022 fue objeto de críticas por haber difundido un manual para los periodistas que iban a cubrir el Mundial de fútbol de Qatar destinado a evitar el uso de expresiones, cánticos y estereotipos en la transmisión de los partidos.
Donda, en tanto, renunció en diciembre de ese año por un “ciclo de alejamiento” del organismo. “Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”, escribió entonces en sus redes sociales. Un par de semanas después, Fernández designó a la abogada y periodista Greta Pena como reemplazante al frente del organismo.
Los empleados del Inadi se pusieron en guardia a partir del anuncio y habilitaron una petición en la plataforma Change.org en busca de firmas para evitar el cierre y ratificar la ley 24.515 (por la que se creó el organismo y que Milei quiere derogar).
Ayer, el desconcierto en el edificio que está en Avenida de Mayo 1401 –rodeado por andamios porque cuentan los empleados que se estaba cayendo la mampostería– es aún mayor porque ayer publicaron en el Boletín Oficial la designación de la interventora, María de los Ángeles Quiroga.
“Hoy vinimos todos contentos porque estaba la posibilidad de que la nueva interventora firmara resoluciones”, contó una empleada que prefirió no dar su nombre y que hace 14 años que trabaja en la mesa de entradas, donde atiende a quienes llegan para denunciar.
“Tampoco va a ser tan fácil. Hay que estar tranquila”, le dijo una de sus compañeras. Remarcan que el instituto fue creado por la ley 24.515 como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Para cerrarlo, deberán derogar la ley.
Manuel Adorni portavoz presidencial
“son institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante”
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Un organismo en expansión y casi veinte años intervenido
El Inadi tiene 400 empleados, un presupuesto asignado de $2800 millones y multiplicó sedes
En el marco del plan del presidente Javier Milei de reducir el Estado y continuar con el ajuste fiscal, el Gobierno anunció ayer que avanzará en el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En la Casa Rosada aseguran que eliminarán cualquier otro organismo que “haya servido como caja de la política o para persecución militante”.
El Inadi fue creado por ley en 1995, durante el gobierno de Carlos Menem. Y, desde entonces, vio crecer su cantidad de empleados hasta superar los 400 durante la administración de Alberto Fernández y la jefatura de Victoria Donda.
“La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento, persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 de gastos de alquiler y más de 400 empleados”, enfatizó la Casa Rosada, a través de un comunicado. “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos, que va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”, marcó el portavoz, Manuel Adorni, en su exposición frente a la prensa.
En ese sentido, si bien advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas, reiteró el plan de eliminar organismos que “no generen un beneficio para los argentinos”.
“Es una medida más de un gobierno que vino a vender parte de la estructura del Estado”, se quejó Donda, tras conocerse la noticia.
En la Casa Rosada aseguran que otros organismos seguirán la misma suerte. En la lista puede aparecer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que fue puesto en la mira de sectores del Gobierno y en el pasado quedó envuelto en controversias por su apoyo a la ocupación de tierras.
Como el Inadi contra la Discriminación fue creado por ley, un decreto puede resultar insuficiente para su eliminación. El Gobierno se enfrenta a la posibilidad entonces de tener que enviar una ley al Congreso para conseguir su objetivo. Pero en el Parlamento, hasta ahora, la escasez de legisladores propios le impidió aprobar algún proyecto propio al Ejecutivo.
Al ser consultado sobre qué sucederá con los trabajadores del organismo, el portavoz adelantó que “un empleado que esté de más no tiene razón de ser” y marcó como injusto que un argentino abone su sueldo con el sacrificio que hace trabajando.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo ayer las funciones del instituto serán absorbidas por otras áreas de la cartera.
En tanto, así como otros funcionarios, habló sobre la estructura del organismo y de qué sucederá con los empleados. “El Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente”, expresó, para luego agregar: “El personal idóneo que trabaja en el Inadi y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo será transferido al Ministerio [de Justicia], donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad”.
Por último, se indicó que el organismo se eliminará de acuerdo con los procedimientos que contempla la ley.
Ayer, la DAIA criticó la decisión de eliminar el organismo.
El manejo del Inadi
Durante el gobierno de Alberto Fernández, Victoria Donda ocupó el cargo de titular del Inadi durante tres años (2010-2022) y el organismo creció en dimensiones. Tiene una sede central y 43 delegaciones en todo el país.
Antes de la pandemia eran 27 las delegaciones. Cuando comenzó la gestión del Frente de Todos, había 398 personas empleadas por el Inadi. Durante los últimos tres años el organismo aumentó más de un 15 por ciento su plantel.
Una de las polémicas más grandes del instituto sucedió cuando en 2022 fue objeto de críticas por haber difundido un manual para los periodistas que iban a cubrir el Mundial de fútbol de Qatar destinado a evitar el uso de expresiones, cánticos y estereotipos en la transmisión de los partidos.
Donda, en tanto, renunció en diciembre de ese año por un “ciclo de alejamiento” del organismo. “Hoy se cierra un ciclo con mi alejamiento del @inadi, convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso. Seguiré militando en el @FrenteDeTodos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”, escribió entonces en sus redes sociales. Un par de semanas después, Fernández designó a la abogada y periodista Greta Pena como reemplazante al frente del organismo.
Los empleados del Inadi se pusieron en guardia a partir del anuncio y habilitaron una petición en la plataforma Change.org en busca de firmas para evitar el cierre y ratificar la ley 24.515 (por la que se creó el organismo y que Milei quiere derogar).
Ayer, el desconcierto en el edificio que está en Avenida de Mayo 1401 –rodeado por andamios porque cuentan los empleados que se estaba cayendo la mampostería– es aún mayor porque ayer publicaron en el Boletín Oficial la designación de la interventora, María de los Ángeles Quiroga.
“Hoy vinimos todos contentos porque estaba la posibilidad de que la nueva interventora firmara resoluciones”, contó una empleada que prefirió no dar su nombre y que hace 14 años que trabaja en la mesa de entradas, donde atiende a quienes llegan para denunciar.
“Tampoco va a ser tan fácil. Hay que estar tranquila”, le dijo una de sus compañeras. Remarcan que el instituto fue creado por la ley 24.515 como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Para cerrarlo, deberán derogar la ley.
Manuel Adorni portavoz presidencial
“son institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante”
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Un organismo en expansión y casi veinte años intervenido
El Inadi tiene 400 empleados, un presupuesto asignado de $2800 millones y multiplicó sedes
Candela Ini
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona
El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), una iniciativa anunciada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se hará de manera relativa. “No sirve para nada”, dijo el funcionario, sin precisar cómo se instrumentará su cierre. Pero como no es posible eliminar el organismo estatal si no es mediante una ley, el Ministerio de Justicia anunció que lo desmantelará y absorberá sus funciones.
“El Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la forma que corresponde de acuerdo con la legislación vigente”, comunicó la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona.
El organismo lleva más de dos décadas intervenido y sus resultados todavía están siendo auditados por el Ministerio de Justicia. El cierre era una de las medidas comprendidas en la frustrada ley ómnibus.
El instituto depende del Ministerio de Justicia y está intervenido desde 2000, con las excepciones de dos gestiones, la de Enrique Oteiza y la de María José Lubertino. El gobierno de Cristina Kirchner ordenó su intervención en 2011 y desde entonces la situación nunca fue normalizada. Durante el macrismo fueron interventores Javier Bujan, que hoy es juez, y el abogado radical Claudio Presman.
A lo largo de esas gestiones no se avanzó en normalizar la situación ni se sancionó una nueva ley antidiscriminatoria (la vigente fue sancionada en 1988). Tampoco se hizo en la gestión de Victoria Donda, que renunció en diciembre de 2022. La interventora hasta que asumió Javier Milei fue la abogada y periodista Greta Pena. Mariano Cúneo Libarona designó a María de los Ángeles Quiroga.
Tiene asignado un presupuesto de $2800 millones para 2024 ($8 millones mensuales en alquileres). Durante la gestión de Donda las dimensiones del Inadi crecieron. Según el informe de gestión 2022, se impulsó ese año la “Campaña federal Inadi de Ushuaia a La Quiaca”, que significó la apertura de sedes en distintas ciudades: aumentaron de 27 a 50 las delegaciones, subdelegaciones y enlaces Inadi en todo el país. Y el personal pasó de 398 a unos 450 empleados. Según supo la nacion, el ministro Cúneo Libarona pidió las renuncias de todos los delegados y bajó el número de empleados de 430 a 355.
Además, no hay, según dijeron fuentes del Ministerio de Justicia una nómina de personal ni un sistema de Recursos Humanos. Cuando comenzó el relevamiento para detectar mediante un sistema de datos biométricos si todos los contratados asistían a trabajar, se detectó que había más de 400 empleados, que muchos no tenían funciones, y que al menos 100 no concurrían a trabajar. Muchos presentaron sus renuncias desde entonces.
El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), una iniciativa anunciada ayer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se hará de manera relativa. “No sirve para nada”, dijo el funcionario, sin precisar cómo se instrumentará su cierre. Pero como no es posible eliminar el organismo estatal si no es mediante una ley, el Ministerio de Justicia anunció que lo desmantelará y absorberá sus funciones.
“El Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto, su supresión se hará de la forma que corresponde de acuerdo con la legislación vigente”, comunicó la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona.
El organismo lleva más de dos décadas intervenido y sus resultados todavía están siendo auditados por el Ministerio de Justicia. El cierre era una de las medidas comprendidas en la frustrada ley ómnibus.
El instituto depende del Ministerio de Justicia y está intervenido desde 2000, con las excepciones de dos gestiones, la de Enrique Oteiza y la de María José Lubertino. El gobierno de Cristina Kirchner ordenó su intervención en 2011 y desde entonces la situación nunca fue normalizada. Durante el macrismo fueron interventores Javier Bujan, que hoy es juez, y el abogado radical Claudio Presman.
A lo largo de esas gestiones no se avanzó en normalizar la situación ni se sancionó una nueva ley antidiscriminatoria (la vigente fue sancionada en 1988). Tampoco se hizo en la gestión de Victoria Donda, que renunció en diciembre de 2022. La interventora hasta que asumió Javier Milei fue la abogada y periodista Greta Pena. Mariano Cúneo Libarona designó a María de los Ángeles Quiroga.
Tiene asignado un presupuesto de $2800 millones para 2024 ($8 millones mensuales en alquileres). Durante la gestión de Donda las dimensiones del Inadi crecieron. Según el informe de gestión 2022, se impulsó ese año la “Campaña federal Inadi de Ushuaia a La Quiaca”, que significó la apertura de sedes en distintas ciudades: aumentaron de 27 a 50 las delegaciones, subdelegaciones y enlaces Inadi en todo el país. Y el personal pasó de 398 a unos 450 empleados. Según supo la nacion, el ministro Cúneo Libarona pidió las renuncias de todos los delegados y bajó el número de empleados de 430 a 355.
Además, no hay, según dijeron fuentes del Ministerio de Justicia una nómina de personal ni un sistema de Recursos Humanos. Cuando comenzó el relevamiento para detectar mediante un sistema de datos biométricos si todos los contratados asistían a trabajar, se detectó que había más de 400 empleados, que muchos no tenían funciones, y que al menos 100 no concurrían a trabajar. Muchos presentaron sus renuncias desde entonces.
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