El Presidente pide cárcel para quien emita para cubrir déficit
El Presidente dijo que la iniciativa alcanzará incluso la prisión
Cecilia Devanna
El presidente Javier Milei anticipó ayer que enviará un proyecto de ley al Congreso de la Nación para penar a funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que acepten emitir pesos para financiar el déficit fiscal. “Terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei en una entrevista televisiva.
Javier Milei tuvo ayer una jornada de trabajo intensa, en la que durante casi dos horas se reunió con la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath. Fue poco después de que Gopinath se reuniera con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, en un encuentro que salió de la agenda habitual de los funcionarios del organismo. Fue la propia Gopinath quien el miércoles por la noche se contactó con Belén, la secretaria de Karina, y le pidió un encuentro con ella
Gopinath consultó a Karina Milei sobre la situación social y la forma de hacer política que tienen los libertarios. Con el mandatario charló una hora y cuarenta minutos sobre la economía. “Fue full economía”, resumió una fuente al tanto del encuentro.
Tras eso, en la Casa Rosada la satisfacción era total. Según pudo saber Gopinath, que el miércoles se reunió con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y llegó al país para supervisar el plan económico, le pidió al mandatario el contacto de su teléfono celular y poco después del encuentro le escribió para manifestarle vía WhatsApp su satisfacción con lo conversado.
Es la primera vez que Gopinath dialoga con un mandatario argentino que es economista y el punto no pasó inadvertido. Ambos, además, ya habían trabado buen vínculo durante un encuentro en el Foro Económico de Davos, a mediados de enero. Allí también había conocido brevemente a Karina, figura central en la dinámica de la administración libertaria.
La visita de Gopinath, que tras los encuentros con Caputo y Javier y Karina Milei, estuvo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y luego con él y el ministro del Interior, Guillermo Francos, dejó un excelente clima en Balcarce 50, que se prepara para una nueva visita internacional. Este viernes, el presidente recibirá a Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense y uno de los funcionarios más importantes de la administración de Joe Biden. De este modo, el líder libertario comenzará a cerrar una semana de alto perfil de la política internacional.
El gobierno estadounidense emitió varias señales de buena sintonía con el gobierno argentino, en un intercambio que ya registra tres visitas de funcionarios de Biden a Buenos Aires desde que comenzó la gestión Milei, a lo que se suma la visita que hizo Posse hace pocas semanas a Washington. Con la llegada de Blinken, el líder libertario comenzará a cerrar una semana de alto perfil de la política internacional.
El lunes recibió al ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné; el martes hizo lo propio con el senador republicano Marco Rubio, este jueves fue el turno de Gopinath, y el viernes, la visita de Blinken, que será, a su vez, en la previa al viaje del mandatario a Washington para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Washington, en la que el mandatario será orador durante la jornada del sábado. Será un viaje relámpago y Milei volverá al país en el correr del fin de semana.
Al Presidente lo espera una nueva semana que terminará con el próximo viernes 1º, cuando dé su primer discurso de apertura del año legislativo. Será también su primer encuentro con un Congreso al que pocos días atrás llamó un “nido de ratas” y luego de semanas de extrema tensión con los legisladores y gobernadores en el marco del debate y las negociaciones por la ley ómnibus. Quienes conocen a Milei juran que la situación no lo incomoda y suelen describirlo como alguien que siempre funciona mejor bajo presión.
Poco después el mandatario también anunció en una entrevista con la señal TN un proyecto de ley para “meter presos” a funcionarios que emitan dinero para el Tesoro. Para su redacción, el Gobierno convocará al juez y doctor en Historia Económica Ricardo Manuel Rojas. “El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, advirtió Milei.
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Revés para Moyano en la Corte Suprema
Falló a favor de la sede de Camioneros de Santa Fe, enfrentada al moyanismo
Después de una década de gestiones y pulseadas en la Justicia, el Sindicato de Camioneros de Santa Fe logró desafiliarse de la Federación Nacional, la entidad que agrupa a todas las seccionales del país y que es liderada por Hugo Moyano desde 1991. Con un fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de cámara y dejó firme la desafiliación, lo que representa una derrota política y judicial para el jefe camionero.
El Sindicato de Camioneros de Santa Fe es conducido por Sergio Aladio, un dirigente opositor al moyanismo que el año pasado fue víctima de una escucha en la que un sicario pidió dinero a sus rivales para “cagarlo a tiros”. A partir de ahora, el gremio de Aladio podrá representar con independencia a los choferes de la provincia. Cuenta con unos 24.000 afiliados.
La Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, señaló que la situación del sindicato frente a la federación demandada “ha variado sustancialmente” como consecuencia de la desafiliación operada, con lo cual un pronunciamiento sobre la discusión traída a conocimiento de la Corte “resultaría inoficioso”.
La causa se originó en abril de 2014 por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros contra el sindicato santafesino, que recurrió la intervención, pero la medida fue confirmada el 30 de septiembre de 2020 por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ahora, contra ese pronunciamiento, después de un recurso extraordinario planteado por Aladio, intervino la Corte y revocó el fallo de la cámara y dejó firme la afiliación.
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Un juez falló contra la quita de los subsidios al transporte
La decisión la tomó un magistrado de Chubut y solo tiene alcance en la provincia; el Gobierno anticipó que apelará la medida
Ana Tronfi
RAWSON.– El juez federal de Rawson Hugo Sastre ordenó, a pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que el gobierno nacional no elimine el subsidio al transporte automotor y consideró que esa decisión es “inoportuna”, “arbitraria”, “intempestiva”, “espasmódica” y desequilibra las cuentes provinciales. La administración de Javier Milei había anunciado la eliminación del Fondo Compensador del Interior en el marco de su plan de ajuste fiscal destinado a equilibrar las cuentas públicas.
El fallo del juez federal de Rawson, que abunda en consideraciones políticas, sociales y económicas, solo afecta a los subsidios que recibe Chubut. No tiene alcance nacional.
El gobierno nacional anticipó que apelará la medida. nacion La sola concesión de la apelación por parte del juez para que la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia revise esa decisión, implicaría la suspensión del fallo.
Si el juez otorga la apelación con efecto suspensivo, el gobernador, de todos modos, podría plantear una medida cautelar, para asegurarse de que no le quiten los fondos.
En cambio, si el juez concede la apelación con efecto devolutivo, sigue vigente la orden que evita la quita de subsidios.
En rigor, el juez Sastre resolvió hacer lugar a una “medida autosatisfactiva” solicitada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el fiscal de Estado de la provincia del Chubut, Andrés Giacome, contra el Estado nacional y dispuso que el Gobierno se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior que afecte el transporte urbano y suburbano de pasajeros en la provincia.
Se trata de un atajo legal que evitó el escenario habitual que se da cuando hay un conflicto entre una provincia y la Nación, donde la Corte Suprema de Justicia es el tribunal que tiene competencia originaria para resolver la controversia, sin la intervención de los jueces de primera instancia y de las cámaras.
Los argumentos del magistrado
En sus fundamentos, el juez Sastre sugiere que una “medida progresiva” evitaría este problema.
El magistrado se refiere a la decisión de la Nación de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, a través de SUBE.
“Resulta a las claras, que sin la asistencia del Estado nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el gobierno nacional”, consideró el magistrado.
Agregó, además, que este accionar “no se condice con la situación existente por la que atravesaría el sector empresarial de dicho rubro y la Argentina en general, producto entre otros, de los elevadísimos costos a sufragar a los fines de poder sustentar la industria del trasporte, y que de acuerdo a la políticas económicas desarrolladas en la República Argentina, habría desencadenado en elevados índices de inflación y la brecha de divisas extranjeras –principalmente con la moneda extranjera dólar– respecto de la moneda nacional, entre otras; todas ellas variables que ni la accionante ni las empresas del sector dedicadas al transporte y beneficiarias del fondo de compensación, tendrían en su órbita capacidad de injerencia, intervención, ajuste o manipulación alguna”.
El magistrado considera que “la situación económica redundaría en un escenario complejo de excesivos costos a solventar, con una demanda social exasperante por falta de puestos de trabajo, bajos sueldos, y marcada inflación”.
“Las variables antes mencionadas contribuirán negativamente generando una economía desfavorable para la autosustentabilidad empresarial”, enfatiza.
Por ello, advierte el magistrado, que la eliminación del fondo compensador del transporte de pasajeros urbano y suburbano “carece de una medida paralela que amortigüe los efectos negativos que provoca en la economía de la accionante”.
Sostiene además que “una media de tal naturaleza, repercute negativamente en las arcas de la demandada y de las empresas beneficiarias del fondo, carece de una estructura lógica”. Entiende que la “decisión discrecional fomenta la génesis de una problemática social, económica y empresarial, fácilmente evitable con una política de tinte gradual o progresivo”.
RAWSON.– El juez federal de Rawson Hugo Sastre ordenó, a pedido del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que el gobierno nacional no elimine el subsidio al transporte automotor y consideró que esa decisión es “inoportuna”, “arbitraria”, “intempestiva”, “espasmódica” y desequilibra las cuentes provinciales. La administración de Javier Milei había anunciado la eliminación del Fondo Compensador del Interior en el marco de su plan de ajuste fiscal destinado a equilibrar las cuentas públicas.
El fallo del juez federal de Rawson, que abunda en consideraciones políticas, sociales y económicas, solo afecta a los subsidios que recibe Chubut. No tiene alcance nacional.
El gobierno nacional anticipó que apelará la medida. nacion La sola concesión de la apelación por parte del juez para que la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia revise esa decisión, implicaría la suspensión del fallo.
Si el juez otorga la apelación con efecto suspensivo, el gobernador, de todos modos, podría plantear una medida cautelar, para asegurarse de que no le quiten los fondos.
En cambio, si el juez concede la apelación con efecto devolutivo, sigue vigente la orden que evita la quita de subsidios.
En rigor, el juez Sastre resolvió hacer lugar a una “medida autosatisfactiva” solicitada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el fiscal de Estado de la provincia del Chubut, Andrés Giacome, contra el Estado nacional y dispuso que el Gobierno se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior que afecte el transporte urbano y suburbano de pasajeros en la provincia.
Se trata de un atajo legal que evitó el escenario habitual que se da cuando hay un conflicto entre una provincia y la Nación, donde la Corte Suprema de Justicia es el tribunal que tiene competencia originaria para resolver la controversia, sin la intervención de los jueces de primera instancia y de las cámaras.
Los argumentos del magistrado
En sus fundamentos, el juez Sastre sugiere que una “medida progresiva” evitaría este problema.
El magistrado se refiere a la decisión de la Nación de disminuir el subsidio a las empresas prestatarias de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, a través de SUBE.
“Resulta a las claras, que sin la asistencia del Estado nacional a través del fondo compensador del transporte del interior, el sistema de trasporte de pasajeros no resulta sustentable, puesto que su funcionamiento se encuentra hace años supeditada a las partidas presupuestarias remitidas por el gobierno nacional”, consideró el magistrado.
Agregó, además, que este accionar “no se condice con la situación existente por la que atravesaría el sector empresarial de dicho rubro y la Argentina en general, producto entre otros, de los elevadísimos costos a sufragar a los fines de poder sustentar la industria del trasporte, y que de acuerdo a la políticas económicas desarrolladas en la República Argentina, habría desencadenado en elevados índices de inflación y la brecha de divisas extranjeras –principalmente con la moneda extranjera dólar– respecto de la moneda nacional, entre otras; todas ellas variables que ni la accionante ni las empresas del sector dedicadas al transporte y beneficiarias del fondo de compensación, tendrían en su órbita capacidad de injerencia, intervención, ajuste o manipulación alguna”.
El magistrado considera que “la situación económica redundaría en un escenario complejo de excesivos costos a solventar, con una demanda social exasperante por falta de puestos de trabajo, bajos sueldos, y marcada inflación”.
“Las variables antes mencionadas contribuirán negativamente generando una economía desfavorable para la autosustentabilidad empresarial”, enfatiza.
Por ello, advierte el magistrado, que la eliminación del fondo compensador del transporte de pasajeros urbano y suburbano “carece de una medida paralela que amortigüe los efectos negativos que provoca en la economía de la accionante”.
Sostiene además que “una media de tal naturaleza, repercute negativamente en las arcas de la demandada y de las empresas beneficiarias del fondo, carece de una estructura lógica”. Entiende que la “decisión discrecional fomenta la génesis de una problemática social, económica y empresarial, fácilmente evitable con una política de tinte gradual o progresivo”.
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