HISTORIA EN 1º PERSONA

La Conadep: nueve meses frenéticos, entre miedos y conspiraciones, para gestar el mayor documento sobre el horror de la dictadura
Ernesto Sabato en la Conadep (YouTube)
Graciela Fernández Meijide rememora el trabajo de la comisión que creó Alfonsín en 1983 para investigar las violaciones de los derechos humanos, cuando todavía los militares involucrados retenían una importante cuota de poder
Astrid Pikielny
“El día previo a entregarle el informe a Alfonsín nos robaron la documentación sobre Mar del Plata y había que rehacerla. Estaba claro que teníamos topos, gente que tenía acceso e interfería. Esa noche varios nos quedamos a dormir en el piso del Centro Cultural San Martín, en el suelo, para custodiar la información. Tiramos algunos colchones entre las pilas y pilas de papeles. No había computadoras. Al día siguiente, apenas pude secarme la transpiración con una blusa, cambiármela por otra y salir corriendo a la entrega en la Casa Rosada”, recuerda Graciela Fernández Meijide, a 39 años del documento conformado por 50.000 páginas que dio forma al “Nunca Más” y sirvió como prueba para la condena de los comandantes en el juicio a las juntas militares.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) había sido creada por un decreto del presidente Raúl Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de su asunción. Y tras nueve meses de trabajo, el informe de la primera Comisión de la Verdad del mundo -una experiencia que inspiró a otros países con pasado dictatorial- había consignado testimonios de sobrevivientes y sus familiares, listas de desaparecidos y la cantidad y la ubicación de los centros clandestinos de detención y tortura.
Fernández Meijide nunca olvidó la cara de desesperación de Pablo cuando se lo llevaron aquella madrugada del 23 de octubre de 1976 del departamento familiar. La angustia insoportable. La búsqueda incesante. El peregrinaje por distintos organismos de derechos humanos. Durante años, para poder conciliar el sueño, había imaginado que le pegaba un tiro en la frente a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Roberto Viola
Con las fotocopiadoras todavía calientes por la impresión frenética de las hojas que faltaban, algunos miembros de la Conadep que habían pasado la noche en su centro operativo ya estaban listos para entregarle el documento a Alfonsín.
El primero en salir rumbo a la Casa de Gobierno fue el escritor Ernesto Sábato, el presidente de la comisión. A la hora señalada, lo recogió un auto de la policía para su traslado.
Graciela Fernández Meijide, con Hebe de Bonafini, en una imagen de 1984
“Sale en un Ford Falcon verde. Eran los autos de la Policía. Nosotros salimos más tarde, llegamos a la Casa de Gobierno y vemos que Sábato todavía no había llegado. Esperamos. Nos llamó la atención”, dice Fernández Meijide. Eran apenas 40 cuadras las que tenía que recorrer el auto y para entonces Sábato ya debía estar ahí. “Rápidamente afloró la paranoia y pensamos que lo habían secuestrado. No, en realidad la gente había hecho detener el auto al reconocer que era Sábato el que iba adentro. Lo querían tocar. Sábato se había convertido en el símbolo de la denuncia y la justicia. Se había convertido en un héroe nacional”, evoca quien llegó a convertirse en activista por los derechos humanos por una tragedia personal que la eyectó a la vida pública: la desaparición de su hijo Pablo, de 17 años.
Alfonsín convocó personalmente a algunos de los miembros de la APDH. Les pidió, “por la Patria”, que colaboraran con la Conadep. Quienes finalmente integraron la comisión, considerados intachables en sus respectivos ámbitos y disciplinas, habían mostrado compromiso por los derechos humanos
Fernández Meijide nunca olvidó la cara de desesperación de Pablo cuando se lo llevaron aquella madrugada del 23 de octubre de 1976 del departamento familiar. La angustia insoportable. La búsqueda incesante. El peregrinaje por distintos organismos de derechos humanos. Durante años, para poder conciliar el sueño, había imaginado que le pegaba un tiro en la frente a Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Roberto Viola. Esa escena era lo único que podía calmaba y hacerle conciliar el sueño. “Como no los iba a matar, me propuse llevar a los responsables a la Justicia”, dice. Y recuerda que, frente a esa tragedia inimaginable, nadie hizo justicia por mano propia.
Después de nueve meses extenuantes, que incluyeron viajes a todos los rincones del país y vuelos internacionales para recoger testimonios de sobrevivientes y exiliados, el informe que fue hito de la democracia recuperada estaba listo para ser depositado en manos del presidente.
Durante la dictadura militar, Alfonsín había tenido un rol activo como miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), un organismo plural y ecuménico que llegó a reunir más de 4000 denuncias de desapariciones. Durante la campaña de 1983, el radical había rechazado la ley de autoamnistía militar, que derogó apenas asumió, y eligió como fecha de su juramento el 10 de diciembre: el Día Universal de los Derechos Humanos.
Alfonsín convocó personalmente a algunos de los miembros de la APDH. Les pidió, “por la Patria”, que colaboraran con la Conadep. Quienes finalmente integraron la comisión, considerados intachables en sus respectivos ámbitos y disciplinas, habían mostrado compromiso por los derechos humanos: Ricardo Colombres (ex rector de la UBA), Hilario Fernández Long (decano de la Facultad de Ingeniería), Carlos Gattinoti (pastor evangélico de la Iglesia Metodista), Gregorio Klimovsky (epistemólogo), Marshall Meyer (rabino estadounidense, fundador del Movimiento Judío por los Derechos Humanos), Jaime de Nevares (obispo católico), Eduardo Rabossi (filósofo), Magdalena Ruíz Guiñazú (periodista), Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill y Horacio Huarte (diputados radicales en representación del Congreso) y, por un breve período, el médico René Favaloro.
Además de los “miembros plenos”, hubo varios secretarios: Daniel Salvador, Raúl Peneón, Alberto Mansur, Leopoldo Silgueira, Agustín Altamiranda y la propia Fernández Meijide, encargada de recibir y sistematizar las denuncias, una tarea que ya había desempeñado anteriormente en la APDH.
“Se suponía que también iban a integrar la Conadep tres diputados y tres senadores del peronismo y del radicalismo. Pero del peronismo no fue nadie. No quisieron. (Vicente Leónidas) Saadi, que era el presidente del Senado, tampoco mandó senadores peronistas”, recuerda Fernández Meijide.
Raul Alfonsin y su ministro del Interior, Antonio Tróccoli, reciben a la Conadep en la Casa Rosada, el día en que le entregaron el informe final que fue la base del "Nunca Más"archivo
Los años previos
Sentada en el living de su departamento del barrio de Belgrano, con 91 años y una maculopatía en progreso que compromete su visión, Fernández Meijide reconstruye en detalle las encrucijadas previas a la creación de la Conadep y la demanda de los organismos de derechos humanos y de las juventudes políticas de que se hiciera una bicameral en el Congreso. “Los organismos decían que una bicameral iba a llevar a los militares a declarar ante la representación del pueblo. Alfonsín era consciente de que los militares tenían todavía un poder amenazante y no quería verlos desfilar por el Congreso. En ese momento, Alfonsín pensaba que los militares tenían que ser juzgados, pero por su tribunal natural, que es el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas. Algunos pensábamos -y se demostró que teníamos razón- que los militares jamás se juzgarían a sí mismos. Con una bicameral se habrían pasado seis meses discutiendo quién era el portero: si un peronista o un radical. Entonces, Alfonsín decide crear la Conadep y convoca a referentes de distintas profesiones”.
“Esa comisión empieza a trabajar y a tomar testimonios. Algunos se espantaban. Otros se desmayaban. Algunos de ellos habían estado en la APDH pero no habían leído en detalle cada testimonio. Además, partían algunas delegaciones a buscar desaparecidos en distintos lugares del país. ¿Qué hacían los servicios de Inteligencia? Le mandaban cartas anónimas a algún familiar diciendo que su hijo en ese momento estaba en tal cuartel. Esa familia pedía que fueran. ¿Sabés las veces que terminaron yendo a manicomios, por ejemplo, al Moyano, buscando sobrevivientes? Eso aumentaba la desesperación. De Nevares se dio cuenta de que esas falsas denuncias los iban a tener recorriendo el país sin sentido. Y me pide que sea la secretaria de Denuncias”.
Fernández Meijide se tomó un par de días para pensar el ofrecimiento. Sentía que traicionaba a los organismos que seguían pidiendo la creación de una bicameral. Finalmente, reunió a su familia y les comunicó su decisión de aceptar la propuesta, con algunas condiciones. “Llevar gente de los organismos entrenada en recibir testimonios -vos les decías un nombre y ellos sabían el grupo entero que había caído- y que los secretarios pudiéramos estar presentes en las reuniones políticas de esa comisión con voz, aunque fuera sin voto. Éramos cinco secretarios”.
“Llevamos los formularios de las denuncias de la Asamblea a la Conadep, que después fuimos perfeccionando. El nombre de la víctima, la circunstancia de la desaparición, el nombre del denunciante, todo lo que te podían decir. En la Asamblea yo les había hecho firmar expresamente si autorizaban que ese testimonio se elevara al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La mayor parte dijo que no”.
Graciela Fernández Meijide con sus hijos; Alejandra y Pablo, abajo, y Martín, parado a su lado
La colaboración con la flamante Conadep dividió posturas en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. “Hebe (de Bonafini) no estaba de acuerdo. Estaba en contra de todo lo que fuera institucional, pero algunas Madres se rebelaron e ingresaron en el área de Documentación. Abuelas no tenía suficiente cantidad de personas, pero sí llevó toda la documentación”.
El ingreso de Fernández Meijide a la Conadep fue crucial. Ya era una figura destacada dentro de los organismos, había recibido miles de denuncias y le gente no solo la conocía, confiaba en ella.
Al llegar por primera vez al Centro Cultural San Martín, recuerda, vio la custodia armada apostada en el lugar, por orden del Ministerio del Interior. “Cuando me encontré tipos con armas delante de los pobres familiares les dije: ‘Ustedes se van a un cuarto y se quedan encerrados ahí, que no los vea nadie’. Y después hablé con el ministerio y les dije que pusieran custodia afuera, pero que no podíamos intimidar a los familiares con tipos armados, aunque estuvieran de civil. Tal vez esos tipos eran los que nos robaban información”.
Los secretarios de las juventudes políticas de todos los partidos mandaron colaboradores, a excepción del peronismo. “Cuando reuní a los colaboradores les expliqué cómo había que tomar las denuncias y recuerdo que les dije: ‘Ustedes entraron en un terreno que nunca van a poder dejar, no van a poder dejar de pensar en esto; van a quedar muy marcados’. A muchos les jodió la vida familiar porque era tanto el horror que volvían a la casa y solo podían hablar de lo que habían leído o escuchado. Empezamos a recorrer el país; le pasamos el peine fino”.
Graciela Fernández Meijide
Rápidamente, la Conadep duplicó las denuncias que había recibido anteriormente la APDH. “Había gente del interior más profundo que ni sabía que existían los organismos. También se presentaron familias de la alta burguesía que no habían querido denunciar antes porque pensaban que ´los organismos de derechos humanos estaban llenos de comunistas´”, dice. Y viene a su memoria, una historia, entre tantas. “Teníamos el caso de una chica francesa desaparecida que posiblemente hubiera entrado en Montoneros. Su madre había venido a la APDH durante la dictadura, pero no quería que su hija figurara en ninguna lista porque su marido no estaba de acuerdo. Entonces, pusimos ese caso, pero con una observación: que no se haga público el nombre. Empieza la Conadep y vuelve esa señora con un señor, su marido, que era de la OAS -la Organización del Ejército Secreto-, una organización terrorista de extrema derecha francesa que estaban en contra de la descolonización de Argelia”. Fernández Meijide recuerda con exactitud la cara de ese hombre, cómo estaba vestido, el peinado, su actitud contrariada. “Esos tipos habían venido acá a entrenar en torturas, por lo tanto, él sabía exactamente por todo lo que había pasado su hija. Yo reconozco a la señora y la saludo igual que a cualquier hijo de vecino para no dejarla en evidencia. Finalmente, él termina denunciando la desaparición de su hija. Fue desgarrador ver cómo el padre que antes se había resistido a hacer la denuncia termina privilegiando el amor por su hija”.
Los represores
Algunos represores también se acercaron a la Conadep a dar información y fue la secretaría de Raúl Aragón, no la de Fernández Meijide, la encargada de recibirlos. Habían participado de los grupos de tareas y cuando acabó la persecución política, se dedicaron a robos, secuestros y otros delitos por cuenta propia. “Albano Harguindeguy había metido presos a 300 represores. Algunos de ellos pedían venir a declarar. No sabíamos si era para aliviar su pena o simplemente para salir de la cárcel un rato y entretenerse. Escupían para arriba. Sentían que ellos eran víctimas de sus superiores. Decían que los superiores se iban a salvar, por eso te daban información”.
Graciela Fernandez Meijide declara en el Juicio a las Juntas
Fernández Meijide explica por qué eligió derivar a Aragón el testimonio de los represores. “Tenía la impresión de que en algún momento yo podría estar interrogando al que había asesinado a mi hijo y no saberlo”.
En ocasiones tuvo que intervenir. “Cuando el caso tenía mucha carnadura y los que tomaban la denuncia no tenían suficiente información me pedían que yo leyera los testimonios, y en algunos casos los presenciara. Por ejemplo, me tocó estar interrogando a dos tipos que eran de un grupo de tareas y, habitación de por medio, tener a una de las personas a quienes ellos habían secuestrado y baleado y que había sobrevivido. Yo tomé el testimonio de quien había sido la víctima, Carlos Scarpati. Y los que lo habían detenido y llevado herido a Campo de Mayo me contaron exactamente lo mismo que me había contado Scarpati en la otra habitación”, detalla. “Ellos no solo me dieron información, sino que nos entregaron las llaves de la casa de las Madres. Todos los organismos teníamos topos y habían duplicado las llaves. Les dije: ‘Ahora denme las llaves de la Asamblea Permanente’. “Ah, esas no las hicimos nosotros”.
Más de 800 personas declararon durante las 530 horas que duró el Juicio a las Juntas. La Justicia comprobó que hubo un plan sistemático de detención, tortura y desaparición de personas. Las condenas se conocieron el 9 de diciembre de 1985
Escuchar diariamente los relatos del horror de las víctimas y sus familiares potenciaba el clima de nerviosismo, presión y angustia entre los que recibían las denuncias. “Era tan grande la tensión que un psicoanalista se ofreció a atenderlos. Y lo hizo. Porque apenas se rozaban, saltaban chispas. En el ínterin los militares se dieron cuenta de que nosotros estábamos avanzando en serio”.
Los centros clandestinos
Para reconstruir los planos de los centros clandestinos, la Conadep trabajó con arquitectos, fotógrafos y el testimonio de sobrevivientes. Quienes tomaban las denuncias se fueron haciendo “especialistas” en los distintos centros clandestinos y se dividían los casos según intuyeran que la víctima podía haber estado en uno u otro. “A esa altura los que tomaban los testimonios conocían los centros como si hubieran estado ahí”, dice Fernández Meijide.
Graciela Fernández Meijide, en una imagen de 1983
“Una vez que teníamos varios testimonios de los que habían estado en un centro clandestino, les hacíamos dictar los planos a un arquitecto que trabajaba con nosotros, y les preguntábamos quiénes de ellos estarían dispuestos a volver a entrar y reconocer los lugares. Casi todos aceptaban. Por un lado, estaba la tensión de volver al lugar en donde habían permanecido secuestrados, pero al mismo tiempo estaba la reivindicación de decir ‘lo que yo conté, ahora se puede probar’. Recuerdo a uno de los muchachos que rascó unos camastros que estaban pintados y dijo: ‘En este van a aparecer mis iniciales’. Y efectivamente abajo de esa pintura estaban sus iniciales. En lo personal eso los conmocionaba, obviamente. A nosotros también”.
Escuchar diariamente los relatos del horror de las víctimas y sus familiares potenciaba el clima de nerviosismo, presión y angustia entre los que recibían las denuncias
Pero Fernández Meijide destaca que lo que produjo una prueba real que allanó el camino de la Justicia fue la aparición de secuestrados que habían sido puestos en libertad. “Aparecieron como 600 sobrevivientes que nosotros no sabíamos que existían. En la ESMA hubo un staff que estuvo dos años trabajando para Massera, a los que les decían que no hicieran la denuncia cuando se contactaban con la familia. Aparecieron Miriam Lewin, Graciela Daleo, aparecieron todos los que habían sobrevivido”.
“Con esos testimonios, aumentó muchísimo la calidad de la prueba. Con ellos pudimos reconstruir el lugar donde habían estado y después ir juntos al lugar. Con los planos y las fotografías se hacía un informe que se elevaba a la Comisión de Legales, se hacía un expediente que firmaba Sábato e iba a la Justicia. Si hubiéramos elevado a la Justicia todas las denuncias no se hubiera podido hacer nada. Lo único que podíamos hacer era que convergieran las denuncias y aumentarles la calidad de la prueba. De hecho, cuando empezó el Juicio a las Juntas ya había 54 casos tramitando en Tribunales”.
La Conadep también logró identificar a los responsables de cada centro de detención. “Hacíamos el listado de los oficiales que estaban en servicio y revisábamos los ascensos en los diarios, que salían siempre. Así construimos el listado de los responsables de superficie de cada centro clandestino”.
¿El final?
Durante los últimos meses de trabajo en la Conadep, Sábato, Aragón y Fernández Meijide tuvieron custodia: habían recibido denuncias que decían que “eso” no iba a terminar sin que antes los mataran a los tres. “Yo me negué a que el Ministerio del Interior me pusiera custodia; me había pasado la dictadura pensando que cualquier día me mataban. Y ellos me dijeron: ‘Pero entonces el responsable era Videla, ahora somos nosotros’. Con eso me jodieron. Tuve que decir que sí”.
El juicio que llevó al estrado a nueve integrantes de las juntas comenzó el 22 de abril de 1985. Además de presenciar varias sesiones, Fernández Meijide dio testimonio. También, lo hizo Enrique, el padre de Pablo, y dos compañeros del hijo. “Fue muy conmocionante”, describe. “Lo más impresionante fue la frase: ‘Señores, de pie’. Y que se tuvieran que poner de pie quienes sojuzgaron la vida, la honra, los bienes de la gente”.
Más de 800 personas declararon durante las 530 horas que duró el Juicio a las Juntas. La Justicia comprobó que hubo un plan sistemático de detención, tortura y desaparición de personas. Las condenas se conocieron el 9 de diciembre de 1985.
Graciela Fernández Meijide en una marcha por los derechos humanos en 1983
A pesar de la ausencia física, dolorosa por siempre, es difícil saber si Fernández Meijide siente que pudo, a pesar de todo, honrar la memoria de su hijo. “¿Qué sé yo? Me falta Pablo. A Pablo le quitaron el derecho a crecer, a elegir ser lo que quisiera ser. Un hombre de bien, un facineroso. Él quería ser médico. Tenía 17 años. Jamás me voy a olvidar el testimonio de una madre con un hijo también desaparecido. En el juicio, cuando ella terminó, dijo: “Señores jueces: yo sé que mi hijo ponía bombas. Pero se merecía un juicio como este”.
Fernández Meijide, ayer y hoy
Graciela Fernández Meijide, hoy, en su casa
Graciela Fernández Meijide nació en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) en 1931. Es profesora de francés, actividad que ejerció hasta 1976, cuando desapareció su hijo Pablo. A partir de ese momento, empezó a colaborar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en 1983 integró la Conadep.
En 1993 fue elegida diputada por la Capital Federal y al año siguiente, participó de la Asamblea Constituyente que reformó la Constitución. Luego fue senadora y en 1997, ya conformada la Alianza, fue elegida diputada por la provincia de Buenos Aires hasta 1999, año en el que fue designada ministra de Desarrollo Social. Desempeñó ese cargo hasta 2001. Con el fracaso de la Alianza decidió retirarse de la vida política partidaria y dedicarse a escribir libros. Publicó, entre ellos, La ilusión, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina y Eran humanos, no héroes.
En la actualidad es presidenta honoraria del Club Político Argentino y disfruta de la vida familiar con sus hijos Alejandra y Martín, y sus nietos.

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