PECULADO KKK

Revés para la vicepresidenta por el uso indebido de aviones oficiales
Confirmaron su procesamiento por el envío de muebles; en minoría, el juez Llorens pidió el juicio político.Hernán CappielloLa vicepresidenta, el viernes pasado, durante el alegato por Vialidad
La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner por el delito de peculado a raíz del uso de aviones oficiales para el traslado de muebles a los hoteles de la familia Kirchner en la ciudad de El Calafate. En su voto, el camarista Mariano Llorens entendió que se debe promover el juicio político de la vicepresidenta para detenerla. Sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que se debía confirmar el procesamiento de la expresidenta, pero no acompañaron la idea de promoverle el juicio político, con lo que Llorens quedó en minoría.
Los testimonios acumulados en esta causa describen cómo se hizo el envío de muebles a El Calafate para los hoteles de la familia presidencial. Mecánicos y pilotos dieron cuenta de que trasladaron en la flota oficial mesas ratonas, muebles, cables subterráneos, ropa blanca, sillas, sillones, televisores y una lámpara de pie metálica para equipar los hoteles.
Originalmente, Cristina Kirchner estaba acusada de haberse hecho llevar muebles y también diarios, pero los jueces de la Cámara Federal solo mantuvieron el procesamiento por los muebles, con el argumento de que el envío de diarios estaba relacionado con el ejercicio de sus funciones como presidenta.
Llorens, en el voto más duro, recordó que él ya había sostenido que “la utilización de la flota aérea presidencial para recorrer los 2500 kilómetros aproximados que nos separan de Río Gallegos o El Calafate con el único propósito de acercarles los periódicos del día a los expresidentes en los fines de semana no estaban eximidos de un reproche ético, en tanto evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad (...) de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.
“Esquema de corrupción”
Llorens destacó que aunque pudiera no ser delito el traslado de los periódicos, no fueron hechos “inocuos”, sino que se inscribieron dentro “de un esquema de corrupción estatal instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”. Ese esquema, según Llorens, tuvo consecuencias “perniciosas
y estructurales” y no se puede “descartar la continuidad de la ejecución de esos hechos delictivos”. Por eso, sostuvo, la vicepresidenta podría querer eludir a la Justicia, por lo que pidió evaluar un juicio político para “tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.
El camarista dijo que para “desterrar este tipo de prácticas ilegítimas” era necesario analizar de manera “conjunta e integral” no solo el envío de muebles a El Calafate sino “el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo, como en los casos de Vialidad, en la causa contra el exsecretario de Obras Públicas José López o en el caso de los cuadernos de la corrupción”.
“Solo una vez reveladas de forma completa las diversas aristas fácticas, cada una en su propia singularidad y dimensión, y al mismo tiempo integradas bajo una mirada común, se podrá alcanzar una lectura cabal y completa de los comportamientos investigados”, señaló.
Llorens es el presidente de la Cámara Federal. Su nombre fue mencionado en el último mes con frecuencia por la vicepresidenta y por su abogado Alberto Beraldi porque este camarista es el arquero del equipo de fútbol amateur Liverpool, del que participan jueces y fiscales. En ese mismo equipo juegan uno de los magistrados que juzgan a Cristina Kirchner por el caso Vialidad, Rodrigo Giménez Uriburu, y el fiscal de ese juicio, Diego Luciani, y hasta 2017 el equipo participó de un torneo en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Por ese motivo, la vicepresidenta recusó –sin éxito– a Luciani y a Giménez Uriburu.
Bruglia, autor del segundo voto del fallo, dijo que “mientras ejerció el cargo de presidenta, Cristina Fernández utilizó en provecho propio un servicio pagado por la administración pública” porque usó “un avión que tenía a su disposición para ser utilizado exclusivamente para el desempeño de su función”.
No obstante, Bruglia dijo que hay algunas pruebas que serían útiles para conocer más sobre los hechos bajo investigación. “Entre otras diligencias, resultaría adecuado adoptar medidas tendientes a averiguar quiénes eran las personas encargadas de efectivizar la descarga de la aeronave en los aeropuertos de El Calafate y Río Gallegos y, una vez identificadas, convocarlas a prestar declaración testimonial”.

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