EL FRENTE EXTERNO

YPF: un difícil juicio antes de pagar por la desprolija estatización
En paralelo a la apelación, empieza otro proceso en el que se va a calcular a cuánto ascenderá la indemnización millonaria
Diego Cabot Axel Kicillof, en 2012, cuando informó al Senado sobre la estatización de YPF
Rompe, paga. El kirchnerismo rompió hace 11 años cuando intervino YPF para terminar con la estatización del 51% de las acciones de Repsol en la petrolera; ahora toca el turno de terminar de pagar. En el camino, rompió el sistema jurídico, además de un contrato. Ahora llegó el ticket de cancelación de los daños.
El fallo que condena a la Argentina empezará un camino donde se discutirán millones de dólares que, en caso de ser confirmados, tendrán que pagarse para no ser parte de la lista negra de países incumplidores. En su caso, la Fragata Libertad deberá tener cuidado cada vez que suelte amarras para evitar los embargos. Hay un par de cosas a tener en cuenta. Por un lado, la sentencia tiene dos instancias de apelación y nada será inmediato. Por el otro, cobrar, si se confirma, tampoco será materia fácil ya que la gran mayoría de los fondos soberanos son inembargables.
En abril de 2012, el trío que conformaban la presidenta Cristina Kirchner y sus dos ministros Axel Kicillof y Julio De Vido jugaban a ser dueños de la petrolera. Llegaron a la torre de Puerto Madero con un decreto de intervención por 30 días.
Aún recuerdan varios ejecutivos que no había manera de convencer a Kicillof de que no existía una caja fuerte con millones de dólares guardados que, quizá, el ministro imaginó en alguna trasnoche en su casa porteña de Parque Chas. “Dónde está la plata”, repetía.
Este 16 de abril se podrían festejar los 11 años y el regalo que la Justicia americana para el aniversario es un fallo cuyo monto podría ser de al menos US$1600 millones y llegar a 3300 millones, según los cálculos de abogados argentinos.
Para entender el asunto es necesario revisar qué se ventila en los tribunales de Nueva York, algo así como un juzgado comercial porteño. Cuando se estatizó YPF, en realidad un porcentaje de acciones que tenía la española Repsol, el Estado argentino no abrió ninguna negociación con los otros dueños, minoritarios, de la petrolera. Esos accionistas tenían algunos derechos como socios.
La ley establece que quienes se hacen del control de una compañía deben hacer una oferta similar a cada uno de los otros accionistas. La naturaleza jurídica de esta norma radica en que nadie está obligado a asociarse con alguien que no quiera. Por eso, la necesidad de replicar la oferta a todos. Otro derecho es el de privilegio, que significa que los socios pueden igualar la oferta de un tercero. Nada de eso se contempló, ni en 2012 ni tampoco cuando el Estado le pagó e indemnizó a Repsol.
De esas conductas surgieron responsabilidades. Así apareció un fondo que maneja carteras de alto riesgo llamado Burford. Chequera en mano, les compraron los derechos a varios de los socios para hacerlos valer. Ese grupo compró 70% -y el manejo del juicio- de los derechos litigiosos a Petersen Energía, la firma que tenía Eskenazi como vehículo para ser dueño de la petrolera. El 30% se lo reservó la familia. Esa empresa, que era una sociedad española, quebró y esa acreencia pasó a ser de titularidad de la quiebra.
Acá un asterisco. Cuando se estatizó la empresa, el Grupo Petersen se declaró en quiebra. Un pool de bancos le habían prestado dinero para comprar YPF y cobrarse con los dividendos. Perdido el management a manos, primero, de De Vido y Kicillof y, después, de Miguel Galuccio, la empresa ya no pudo pagar. Pero los argentinos nunca fueron expropiados, por lo tanto se quedaron con la titularidad de las acciones. Para no tener problemas legales, los Eskenazi entregaron esa tenencia a la quiebra y poco a poco todos los acreedores se cobraron. ¿Por qué el asterisco? Ahora, el titular de ese 30% es la quiebra madrileña. Pero sucede que si después de liquidar las pocas deudas que quedan resulta que hay un remanente, pues ese dinero regresará a la familia Eskenazi.
Planteada la controversia en Estados Unidos, se empezó a ventilar un viejo planteo del derecho. La defensa argentina intentó convencer a la jueza Loretta Preska de que los Estados soberanos tienen facultados como para avanzar patrimonialmente contra una compañía, siempre y cuando después indemnicen al dueño. En ese principio, que viene desde la codificación napoleónica, es la base de la declaración de la “utilidad pública” y la expropiación.
Pero ese derecho de origen europeo nada tiene que ver con los principios que rigen en la Justicia de Estados Unidos. “Pacta sunt servanda” (“lo pactado obliga”), repiten la doctrina y la jurisprudencia americanas. En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los abogados Burford decían que, más allá de los estatutos de la compañía que obligaban a hacer esa oferta a los otros accionistas, cuando la petrolera decidió cotizar en aquel mercado se sometió a las leyes de ese distrito.
Pero además los defensores argentinos se encontraron con una desprolijidad. Aquel desembarco se hizo con una intervención basada en un decreto de necesidad y urgencia. Solo después de entrar y tomar la compañía se inició un debate legislativo, que un tiempo después terminó con la declaración de interés público de las acciones de la petrolera. Un vicio de origen, como dicen los letrados, que se les advirtió en todo momento a los funcionarios kirchneristas. Pero, ya se sabe, las formas y la prolijidad jurídica no son el fuerte de aquel grupo de estatizadores.
La segunda pelea era lograr que, en caso de condena, la responsabilidad fuese del Estado y no de la empresa petrolera, ya que los activos soberanos son difíciles de embargar mientras que cobrar a la compañía es un juego de niños para estos abogados corporativos.
Esta semana, la jueza no hizo lugar al planteo de la soberanía argentina y condenó al Estado a pagar una suma que aún no está calculada. Para que respiren los inversores privados, YPF quedó afuera.
Lo que viene ahora es un largo proceso. Esa sentencia será recurrida a una instancia superior y después está la Suprema Corte, que en Estados Unidos es muy restrictiva a la hora de tratar causas. Paralelamente, empezará otro juicio que es el que determinará el valor de la indemnización. En la sentencia la jueza no indicó el monto a pagar, pero estableció los parámetros de cómo se calculará. Esa es la pelea que empieza ahora. Larga, de final incierto, pero difícil de cobrar para los acreedores.
Hace 11 años el kirchnerismo rompió; ahora, o cuando se confirme la sentencia, toca pagar

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Para Axel Kicillof, el fallo de la Justicia de EE.UU. por YPF es “absurdo”
Defendió la estatización tras el revés; “no me extraña: los buitres vuelven por la campaña”, dijo
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó ayer en duros términos a la Justicia de los Estados Unidos, que falló contra la Argentina en una demanda multimillonaria por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía YPF. La sentencia podría costarle al Estado hasta US$17.000 millones.
“Es un absoluto absurdo jurídico”, afirmó Kicillof, quien era el ministro de Economía cuando Cristina Kirchner decidió estatizar YPF. Según el gobernador bonaerense, el fallo de la Justicia de EE.UU. está vinculado a las elecciones que se celebrarán este año en el país. “No me extraña que los buitres se vuelvan a meter en medio de la campaña”, apuntó en diálogo con Radio 10.
El juicio contra la Argentina e YPF por la expropiación del 51% de las acciones de la compañía que se lleva adelante en Nueva York desde hace casi ocho años tuvo ayer una sentencia. La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, eximió de responsabilidades a YPF, pero culpó al Estado argentino, que deberá pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$17.000 millones. La Argentina tiene dos instancias más para apelar el fallo adverso, pero igualmente deberá abonar una garantía.
“Se trata de un juzgado norteamericano que aplica mal la Justicia argentina y, además, es una violación a los derechos soberanos de nuestro país que esto se esté juzgando en Nueva York. Esto tiene un tufillo conocido”, aseguró Kicillof, quien estuvo al frente de la expropiación en 2012.
Luego, el gobernador bonaerense buscó matizar el efecto del revés judicial. Dijo que aún no está determinado el monto de la sentencia y que el Estado argentino puede apelar el fallo de la jueza Preska. “Es algo que está incompleto y que va a haber que seguir peleando”, remarcó.
Kicillof asoció la sentencia de la justicia de los Estados Unidos con la campaña para las próximas elecciones presidenciales: “Este es un año electoral, así que no me extraña que los buitres se vuelvan a meter justo en el medio de la campaña. Hace acordar un poco a 2015”, señaló.
Y remató: “También pueden aparecer otros fallos que andan dando vueltas. Puede ser una embestida de los fondos buitres, siempre contra la misma fuerza política y contra las mismas personas. Y a los buitres de afuera se les agregan los caranchos de adentro, que quieren usar esto a favor en la campaña”.
Por último, el gobernador bonaerense subrayó que la decisión de expropiar YPF “fue tomada por el Congreso de la Nación por una recontra amplia mayoría”. “Votaron los radicales, votó [Miguel Ángel ] Pichetto, por ejemplo”, planteó.
En ese marco, defendió la estatización de la compañía dispuesta por Cristina Kirchner. “Marcó un antes y un después en materia de política energética. Había un vaciamiento y a partir de ahí se recuperó YPF, se puso en marcha Vaca Muerta y se está por alcanzar el autoabastecimiento energético con el gasoducto Néstor Kirchner”, puntualizó. En ese marco, cuestionó a los referentes de Pro. Aventuró que si el “macrismo” se impone en las próximas elecciones presidenciales, “no hay ninguna duda” de que Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich avanzarán con la privatización de YPF. Hasta ahora, ninguno de los aspirantes de Pro que buscan posicionarse en la pelea por la sucesión de Alberto Fernández dijeron que evalúen una medida de ese tipo. Eso sí: Macri insiste en que JXC deberá revisar el costo de otras empresas públicas, como Aerolíneas Argentinas. “En ese momento se decidió recuperar la compañía y se expropió el control. El resto de los accionistas lo que están haciendo ahora, contra el derecho argentino, es decir que el estatuto de YPF está por encima de la ley de expropiación. Si lo reclaman en un tribunal argentino, seguramente nadie les daría la razón”. concluyó Kicillof.

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