Gran Resistencia. Una pobreza récord que afecta a una población cargada de urgencias
El 54% de la gente en el Gran Resistencia es pobre y hay un 14,4% en la indigencia; en la última medición se ubicó como el segundo peor lugar del país en materia social, detrás de Concordia
Eduardo Oscar Ledesma
La pobreza en la capital del Chaco afecta a más de 227.000 personas
“Solo nosotros, con nuestra organización, atendemos alrededor de 260 merenderos y comedores. Asistimos a más de 40.000 familias en la provincia, pero el número se incrementa todos los días. La ayuda que recibimos es totalmente insuficiente, nos llenan de polentas y reducen los alimentos que nutren a los niños. La situación es insostenible”.
La queja es de Sonia Cardozo, coordinadora provincial de Libres del Sur-territorial, quien intenta colaborar para contener la degradación socioeconómica que golpea al Chaco y, en particular, al Gran Resistencia. Es el segundo conglomerado urbano con más carencias del país, según el Indec: más del 54% de la población bajo la línea de pobreza, en el distrito gobernado por Jorge Capitanich, que aspira a ser candidato presidencial.
Concordia es la ciudad más afectada, de acuerdo con el relevamiento del segundo semestre de 2022, pero los guarismos son muy similares. En el podio también están Santiago del Estero, San Luis y Corrientes, seguidos de cerca por varios distritos bonaerenses.
“Tratamos de buscar alternativas. Nos organizamos con los vecinos para seguir ayudando. A veces lo hacemos con campañas solidarias, pero la situación es muy crítica, porque los chicos y las familias no pueden acceder a las cuatro comidas diarias. Ahora solo pueden elegir entre almorzar o cenar, porque no llegan al mes”, añadió Cardozo, en diálogo
“La situación no da para más: una familia tipo tiene que tener $175.000 para no ser pobre y tenemos un salario mínimo por el piso, lo que afecta incluso a los trabajadores en blanco. Todo es consecuencia del ajuste del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, graficó la referente social. Su organización está presente en 34 localidades del Chaco.
Urgencias en expansión
“Lo más grave es que ese número de pobreza queda viejo. El 54% está desactualizado, porque en febrero la inflación tuvo una fuerte aceleración, no solo la nacional, sino especialmente la del NEA. Incluso, el índice de precios que mide el gobierno del Chaco reflejó el alza y las canastas básicas se incrementaron por encima de la inflación”, evaluó Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikón Chaco.
Pero hay una razón más: “Los aumentos salariales, particularmente en el sector público, se aplicaron recién en marzo, por lo que la brecha entre los ingresos y la canasta se amplió, sin contar que la canasta básica del Chaco es una de las más caras del NEA, lo cual pone más presión a los indicadores de pobreza”, agregó el consultor.
Traducido en números, la situación revela que en el aglomerado del Gran Resistencia el ingreso medio per cápita familiar creció 91% interanual y 39,5% semestral, pero el valor de la canasta básica alimentaria creció un 91,2% y un 42,8%, en esas categorías. La situación genera un salto en la incidencia de pobreza en el aglomerado chaqueño, de igual forma que se dio a nivel país.
De alguna manera, coincide en ello el gobierno chaqueño. Al respecto, el subsecretario de Política Económica, Sebastián Martínez, dio a conocer su posición luego de la publicación de los índices del Indec. Para el funcionario, la cifra de pobreza se relaciona directamente con la estructura de empleo de la provincia, que cuenta con un 60% de empleo formal y un 40% de trabajo informal, lo que deja “sin herramientas de negociación salarial colectiva a una gran parte del sector de los trabajadores”.
“En términos generales, el Estado provincial no tiene incidencia sobre los salarios del sector privado, pero sí tenemos incidencia directa en los salarios del sector público. Con 80.000 familias (asalariadas en el Estado), hay una buena parte de la provincia cuyo ingreso principal es del sector público. De las herramientas que tenemos, la principal es el salario público y el compromiso de defenderlo frente a la inflación”.
“Para empezar a hablar del tema de la pobreza en el Chaco hay que entender que la provincia viene siendo gobernada hace 16 años por el peronismo. Los problemas se agravan. La provincia se ha convertido en una fábrica de pobres”, dijo a la nacion el diputado provincial Leandro Zdero (UCR), uno de los probables candidatos a gobernador de la oposición.
Para el legislador, los guarismos del Indec se reflejan en la falta de oportunidades de trabajo, la ausencia de decisión política para dignificar a los trabajadores y la falta de ayuda al campo, que es el motor productivo del Chaco. “El problema es que Capitanich no tiene un plan a mediano y largo plazo. Solo hay planes cortoplacistas que contienen a su vereda, pero que no alcanza ni a cruzar la calle”.
Pobreza e indigencia
Los datos visibilizan un problema general que históricamente estuvo focalizado en las regiones más marginales, como el norte argentino, donde la pobreza comprende estructuras que permean las cuestiones económicas y sociales. Al no encontrar caminos de desarrollo, minan la vida social, educativa y cultural.
Y si bien los datos de inflación y de pérdida de poder adquisitivo anticipan situaciones mucho más preocupantes para este año, las cifras de 2022 muestran la curva creciente de la pobreza en todo el país, que se incrementó en los 31 conglomerados urbanos que mide el Indec.
La situación no es homogénea y, así como Concordia fue nuevamente el distrito más afectado, con el 55,2% de su población bajo la línea de pobreza, el Gran Resistencia, con el 54% de pobres, no está lejos de esta grave situación social. Pese a la aparente distancia, tampoco lo están Corrientes, con el 45,2%, ni los partidos del Gran Buenos Aires, con el 45 por ciento.
El dato significativo es que el 54% de personas en situación de pobreza configura un récord histórico para el Gran Resistencia. Y el 14,4% de indigencia, constituye el porcentaje más alto entre los centros urbanos relevados en todo el país.
El área conformada por las localidades de Fontana, Vilelas, Barranqueras y Resistencia alberga a casi 421.000 personas, de las cuales más de 227.000 son pobres y más de 60.000 son indigentes.
Los datos indican que la pobreza creció más de cuatro puntos en relación con el 49,9% registrado en el primer semestre de 2022, mientras que la indigencia bajó, dato que fue celebrado por el gobierno chaqueño, para el cual, en un contexto nacional y provincial de deterioro, la provincia redujo los niveles de indigencia, “producto de las medidas de protección a los sectores más vulnerables impulsadas por el gobernador Capitanich”.
La pobreza es estructural y va mucho más allá de los números. Se manifiesta en las calles del Gran Resistencia, como en todo el norte, dado que no constituye un drama exclusivo. Pero en la capital del Chaco la escasez y la falta de horizonte parecen ensañarse, no solo por la cantidad -afecta directamente a más de la mitad de la población-, sino por lo prolongado del tiempo sin mejoras
En la avenida Italia, una arteria céntrica que pasa por el frente de la Municipalidad de Resistencia, la basura se acumula en las esquinas. Estos basurales en las bocacalles de las zonas más pudientes de la ciudad, luego se replican en los barrios, conformando focos infecciosos que enferman a la gente, advierte Clara, una vecina y comerciante, dueña de un pequeño negocio multirrubro, parecido a los muchos que jalonan esa importante calle de la capital chaqueña.
A la pobreza de los números se suma esta otra pobreza, que se parece al abandono: montículos de basura apilados en las esquinas o en el medio de los bulevares, en los barrios, en las alcantarillas. Ni hablar de los basurales que se reproducen en los barrios populares, en los asentamientos, como en la zona del Chelliyí, a 20 cuadras del centro, por avenida 25 de Mayo. O en barriadas a la vera de la avenida Soberanía Nacional, cerca de la Terminal, o incluso, las barriadas linderas al enorme hotel de convenciones, donde el sábado pasado Capitanich juntó a la militancia para arropar el operativo clamor que busca activar una nueva candidatura de Cristina Kirchner.
En ese acto, Capitanich no habló de sus aspiraciones nacionales. Se limitó a hablar de Cristina y de la necesidad de repetir un triunfo en el Chaco, bajo la consigna que se lee repetida en las paredes: “Coqui 2023”.
En esos lugares alejados, pese a los grafitis negros sobre muros blanqueados a la cal y que culminan con un corazón pintado en rojo, rige algo muy parecido a la ausencia del Estado. “Fijate incluso el tránsito, en las afueras y en el centro: parece tierra de nadie. No hay un orden, todo el mundo hace lo que quiere”, agrega Laura, una docente correntina que todos los días cruza a Resistencia a dar clases en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste.
Como miles de correntinos y chaqueños que viven y trabajan en ambas orillas del río Paraná, son espectadores cotidianos de esa derrota de las más elementales normas de convivencia, y que luego se refleja en los números de accidentados que reportan los hospitales, o los cementerios, un poco por la imprudencia, y otro poco por la desidia en el control y en el mantenimiento de las calles.
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualizados a septiembre de 2022, el Chaco tenía la cifra más alta del país en siniestros viales y muertes de motociclistas, y un registro de los más altos en cuanto al patentamiento de estos vehículos.
El lunes por la noche, en coincidencia con una recorrida en Resistencia, vecinos de la zona sur interrumpieron el cruce de las avenidas Soberanía Nacional y Arribalzaga para pedir por el estado de las calles, que al ser de tierra son intransitables por los pozos y el polvo cuando no llueve, y por el barro jabonoso que se produce cuando llueve, lo cual genera accidentes.
Según dijeron vecinos que montaron la protesta, tienen muchos problemas con el agua y la energía eléctrica, reclamo que vienen haciendo por lo menos hace siete años por las vías administrativas, sin que hasta el momento obtengan respuestas. El martes llovió y la situación volvió a ser un caos.
“Ciudad conflicto”
Esa es hoy una postal de Resistencia, conocida como “ciudad de las esculturas”, pero también de los conflictos a cielo abierto, que la convirtieron en la capital nacional del piquete.
“Hay que reconocer que la conflictividad social no aumentó en el último año. Pero el nivel de reclamo en la calle es muy alto, algunos dirigidos al gobierno provincial y otros al gobierno nacional. Los piquetes se mantienen estables en un nivel alto, lo cual sigue siendo un problema, porque el humor social está siendo muy desgastado por esa situación”, dijo el consultor Pegoraro.
Resistencia, como en otras ciudades del NEA tiene muchas obras en ejecución, pero paralizadas. A veces por la falta de partidas, en ocasiones por la inflación y otras tantas por cuestiones políticas. La más emblemática del centro de la ciudad es la de la Plaza 25 de Mayo, el paseo central de cuatro manzanas que lleva más de un año tapiada y con obras que arrancaron, pero no continuaron o están retrasadas.
Hay otras obras que, incluso, se muestran en total estado de abandono, como las de la Laguna Argüello, un pulmón verde que hoy luce como tierra de nadie. Y la intimidad de los trabajos suspendidos quedaron al desnudo porque hasta las tapias y el cartel de obra fueron vandalizados
“Solo nosotros, con nuestra organización, atendemos alrededor de 260 merenderos y comedores. Asistimos a más de 40.000 familias en la provincia, pero el número se incrementa todos los días. La ayuda que recibimos es totalmente insuficiente, nos llenan de polentas y reducen los alimentos que nutren a los niños. La situación es insostenible”.
La queja es de Sonia Cardozo, coordinadora provincial de Libres del Sur-territorial, quien intenta colaborar para contener la degradación socioeconómica que golpea al Chaco y, en particular, al Gran Resistencia. Es el segundo conglomerado urbano con más carencias del país, según el Indec: más del 54% de la población bajo la línea de pobreza, en el distrito gobernado por Jorge Capitanich, que aspira a ser candidato presidencial.
Concordia es la ciudad más afectada, de acuerdo con el relevamiento del segundo semestre de 2022, pero los guarismos son muy similares. En el podio también están Santiago del Estero, San Luis y Corrientes, seguidos de cerca por varios distritos bonaerenses.
“Tratamos de buscar alternativas. Nos organizamos con los vecinos para seguir ayudando. A veces lo hacemos con campañas solidarias, pero la situación es muy crítica, porque los chicos y las familias no pueden acceder a las cuatro comidas diarias. Ahora solo pueden elegir entre almorzar o cenar, porque no llegan al mes”, añadió Cardozo, en diálogo
“La situación no da para más: una familia tipo tiene que tener $175.000 para no ser pobre y tenemos un salario mínimo por el piso, lo que afecta incluso a los trabajadores en blanco. Todo es consecuencia del ajuste del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, graficó la referente social. Su organización está presente en 34 localidades del Chaco.
Urgencias en expansión
“Lo más grave es que ese número de pobreza queda viejo. El 54% está desactualizado, porque en febrero la inflación tuvo una fuerte aceleración, no solo la nacional, sino especialmente la del NEA. Incluso, el índice de precios que mide el gobierno del Chaco reflejó el alza y las canastas básicas se incrementaron por encima de la inflación”, evaluó Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikón Chaco.
Pero hay una razón más: “Los aumentos salariales, particularmente en el sector público, se aplicaron recién en marzo, por lo que la brecha entre los ingresos y la canasta se amplió, sin contar que la canasta básica del Chaco es una de las más caras del NEA, lo cual pone más presión a los indicadores de pobreza”, agregó el consultor.
Traducido en números, la situación revela que en el aglomerado del Gran Resistencia el ingreso medio per cápita familiar creció 91% interanual y 39,5% semestral, pero el valor de la canasta básica alimentaria creció un 91,2% y un 42,8%, en esas categorías. La situación genera un salto en la incidencia de pobreza en el aglomerado chaqueño, de igual forma que se dio a nivel país.
De alguna manera, coincide en ello el gobierno chaqueño. Al respecto, el subsecretario de Política Económica, Sebastián Martínez, dio a conocer su posición luego de la publicación de los índices del Indec. Para el funcionario, la cifra de pobreza se relaciona directamente con la estructura de empleo de la provincia, que cuenta con un 60% de empleo formal y un 40% de trabajo informal, lo que deja “sin herramientas de negociación salarial colectiva a una gran parte del sector de los trabajadores”.
“En términos generales, el Estado provincial no tiene incidencia sobre los salarios del sector privado, pero sí tenemos incidencia directa en los salarios del sector público. Con 80.000 familias (asalariadas en el Estado), hay una buena parte de la provincia cuyo ingreso principal es del sector público. De las herramientas que tenemos, la principal es el salario público y el compromiso de defenderlo frente a la inflación”.
“Para empezar a hablar del tema de la pobreza en el Chaco hay que entender que la provincia viene siendo gobernada hace 16 años por el peronismo. Los problemas se agravan. La provincia se ha convertido en una fábrica de pobres”, dijo a la nacion el diputado provincial Leandro Zdero (UCR), uno de los probables candidatos a gobernador de la oposición.
Para el legislador, los guarismos del Indec se reflejan en la falta de oportunidades de trabajo, la ausencia de decisión política para dignificar a los trabajadores y la falta de ayuda al campo, que es el motor productivo del Chaco. “El problema es que Capitanich no tiene un plan a mediano y largo plazo. Solo hay planes cortoplacistas que contienen a su vereda, pero que no alcanza ni a cruzar la calle”.
Pobreza e indigencia
Los datos visibilizan un problema general que históricamente estuvo focalizado en las regiones más marginales, como el norte argentino, donde la pobreza comprende estructuras que permean las cuestiones económicas y sociales. Al no encontrar caminos de desarrollo, minan la vida social, educativa y cultural.
Y si bien los datos de inflación y de pérdida de poder adquisitivo anticipan situaciones mucho más preocupantes para este año, las cifras de 2022 muestran la curva creciente de la pobreza en todo el país, que se incrementó en los 31 conglomerados urbanos que mide el Indec.
La situación no es homogénea y, así como Concordia fue nuevamente el distrito más afectado, con el 55,2% de su población bajo la línea de pobreza, el Gran Resistencia, con el 54% de pobres, no está lejos de esta grave situación social. Pese a la aparente distancia, tampoco lo están Corrientes, con el 45,2%, ni los partidos del Gran Buenos Aires, con el 45 por ciento.
El dato significativo es que el 54% de personas en situación de pobreza configura un récord histórico para el Gran Resistencia. Y el 14,4% de indigencia, constituye el porcentaje más alto entre los centros urbanos relevados en todo el país.
El área conformada por las localidades de Fontana, Vilelas, Barranqueras y Resistencia alberga a casi 421.000 personas, de las cuales más de 227.000 son pobres y más de 60.000 son indigentes.
Los datos indican que la pobreza creció más de cuatro puntos en relación con el 49,9% registrado en el primer semestre de 2022, mientras que la indigencia bajó, dato que fue celebrado por el gobierno chaqueño, para el cual, en un contexto nacional y provincial de deterioro, la provincia redujo los niveles de indigencia, “producto de las medidas de protección a los sectores más vulnerables impulsadas por el gobernador Capitanich”.
La pobreza es estructural y va mucho más allá de los números. Se manifiesta en las calles del Gran Resistencia, como en todo el norte, dado que no constituye un drama exclusivo. Pero en la capital del Chaco la escasez y la falta de horizonte parecen ensañarse, no solo por la cantidad -afecta directamente a más de la mitad de la población-, sino por lo prolongado del tiempo sin mejoras
En la avenida Italia, una arteria céntrica que pasa por el frente de la Municipalidad de Resistencia, la basura se acumula en las esquinas. Estos basurales en las bocacalles de las zonas más pudientes de la ciudad, luego se replican en los barrios, conformando focos infecciosos que enferman a la gente, advierte Clara, una vecina y comerciante, dueña de un pequeño negocio multirrubro, parecido a los muchos que jalonan esa importante calle de la capital chaqueña.
A la pobreza de los números se suma esta otra pobreza, que se parece al abandono: montículos de basura apilados en las esquinas o en el medio de los bulevares, en los barrios, en las alcantarillas. Ni hablar de los basurales que se reproducen en los barrios populares, en los asentamientos, como en la zona del Chelliyí, a 20 cuadras del centro, por avenida 25 de Mayo. O en barriadas a la vera de la avenida Soberanía Nacional, cerca de la Terminal, o incluso, las barriadas linderas al enorme hotel de convenciones, donde el sábado pasado Capitanich juntó a la militancia para arropar el operativo clamor que busca activar una nueva candidatura de Cristina Kirchner.
En ese acto, Capitanich no habló de sus aspiraciones nacionales. Se limitó a hablar de Cristina y de la necesidad de repetir un triunfo en el Chaco, bajo la consigna que se lee repetida en las paredes: “Coqui 2023”.
En esos lugares alejados, pese a los grafitis negros sobre muros blanqueados a la cal y que culminan con un corazón pintado en rojo, rige algo muy parecido a la ausencia del Estado. “Fijate incluso el tránsito, en las afueras y en el centro: parece tierra de nadie. No hay un orden, todo el mundo hace lo que quiere”, agrega Laura, una docente correntina que todos los días cruza a Resistencia a dar clases en el campus de la Universidad Nacional del Nordeste.
Como miles de correntinos y chaqueños que viven y trabajan en ambas orillas del río Paraná, son espectadores cotidianos de esa derrota de las más elementales normas de convivencia, y que luego se refleja en los números de accidentados que reportan los hospitales, o los cementerios, un poco por la imprudencia, y otro poco por la desidia en el control y en el mantenimiento de las calles.
Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, actualizados a septiembre de 2022, el Chaco tenía la cifra más alta del país en siniestros viales y muertes de motociclistas, y un registro de los más altos en cuanto al patentamiento de estos vehículos.
El lunes por la noche, en coincidencia con una recorrida en Resistencia, vecinos de la zona sur interrumpieron el cruce de las avenidas Soberanía Nacional y Arribalzaga para pedir por el estado de las calles, que al ser de tierra son intransitables por los pozos y el polvo cuando no llueve, y por el barro jabonoso que se produce cuando llueve, lo cual genera accidentes.
Según dijeron vecinos que montaron la protesta, tienen muchos problemas con el agua y la energía eléctrica, reclamo que vienen haciendo por lo menos hace siete años por las vías administrativas, sin que hasta el momento obtengan respuestas. El martes llovió y la situación volvió a ser un caos.
“Ciudad conflicto”
Esa es hoy una postal de Resistencia, conocida como “ciudad de las esculturas”, pero también de los conflictos a cielo abierto, que la convirtieron en la capital nacional del piquete.
“Hay que reconocer que la conflictividad social no aumentó en el último año. Pero el nivel de reclamo en la calle es muy alto, algunos dirigidos al gobierno provincial y otros al gobierno nacional. Los piquetes se mantienen estables en un nivel alto, lo cual sigue siendo un problema, porque el humor social está siendo muy desgastado por esa situación”, dijo el consultor Pegoraro.
Resistencia, como en otras ciudades del NEA tiene muchas obras en ejecución, pero paralizadas. A veces por la falta de partidas, en ocasiones por la inflación y otras tantas por cuestiones políticas. La más emblemática del centro de la ciudad es la de la Plaza 25 de Mayo, el paseo central de cuatro manzanas que lleva más de un año tapiada y con obras que arrancaron, pero no continuaron o están retrasadas.
Hay otras obras que, incluso, se muestran en total estado de abandono, como las de la Laguna Argüello, un pulmón verde que hoy luce como tierra de nadie. Y la intimidad de los trabajos suspendidos quedaron al desnudo porque hasta las tapias y el cartel de obra fueron vandalizados
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La inflación les restaría el 40% de poder de compra a los planes sociales
Falta ejecutar el 70% del presupuesto del Potenciar Trabajo, pero las partidas no alcanzan por la suba de precios
Gabriela Origlia
Tolosa Paz lidia con los reclamos piqueteros, en medio de los recortes
CÓRDOBA.– La movilización de los piqueteros opositores al Gobierno fue masiva en todo el país esta semana. La inflación y la suba de la pobreza aceleran los pedidos de más alimento para los comedores populares y más planes, justo cuando Desarrollo Social avanza con una revisión y ya recortó alrededor de 100.000. El propio FMI alertó que la inflación “puede aumentar el descontento social”. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, asegura que “no hay ni habrá ajuste” pero los números muestran que, para ganarle al alza de precios, los montos de asistencia deberían dar un salto que resulta inviable por las condiciones de la macro.
Si se contempla el 30% ejecutado del presupuesto para el plan Potenciar Trabajo y para las partidas destinadas a los alimentos en el primer trimestre del año -dato oficial- el 70% nominal que resta rendiría un 40% menos por la inflación anual proyectada. La inflación es la que hace el ajuste; para seguirla, la administración debería requerir de más recursos.
Desde Desarrollo Social indicaron a la nacion que hoy existen 1.272.693 planes Potenciar Trabajo activos; 92.391 menos que en diciembre pasado. “El padrón se encuentra en permanente movimiento, todos los meses hay bajas por pase al empleo registrado, fallecimientos, renuncias o cambio en las condiciones socioeconómicas de los titulares”, precisaron e indicaron que “se continúa con el análisis caso por caso” de quienes se presentaron a validar su identidad fuera de fecha.
Sigue también la revisión de los 160.000 que reciben los planes Nexos, un complemento del Potenciar Trabajo con una asignación de $17.000 (ambos sumados dan un salario mínimo vital y móvil).
El presupuesto de este año del Ministerio es de $1.169.510 millones, de los que 1.033.736 millones (88,3%) están destinados al Potenciar Trabajo y a Políticas Alimentarias.
Al 6 de abril, entre esos dos ítems, se llevan pagados $197.396 millones, a razón de $ 2.077 millones diarios. Lo devengado (registrado como gasto pero no efectivamente pagado) hasta esa misma fecha suma $308.433 millones, lo que implica $3.246 millones diarios.
Ese ritmo diario es imposible de sostener a lo largo del año –lo que implicaría que no haya actualización de los montos a pagar, cuando los Potenciar Trabajar acompañan al salario mínimo y vital y móvil– porque si no solo esos dos programas insumirían $13 millones más que todo el presupuesto asignado al Ministerio.
Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, alerta sobre el interés del Gobierno en lo que refiere a ajuste como e ingreso de divisas. “Parece concentrarse en evitar desvíos demasiado groseros para las metas de fin de junio, de modo que no exista tanta incertidumbre acerca del desembolso de setiembre”, dijo. La auditoría de las metas de ese mes, en cambio, condiciona los giros de diciembre del FMI, por lo que, en realidad, afectarían a la próxima administración.
Un círculo maldito
La inflación alta no solo conspira contra el buen funcionamiento de la economía, sino que también tiene un impacto muy regresivo en la distribución del ingreso. La consultora Idesa, que dirige Jorge Colina, analiza que, entre el segundo semestre del 2019 y el mismo período del 2022, el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI. En ese marco, lo destinado a planes asistenciales (sin incluir la AUH), subió de 0,7% al 1,8% del PBI. En ese lapso, la inflación saltó del 53% al 85% anual y la cantidad de pobres de 10 millones a 11,5 millones de personas.
“La inflación va primero y la gente por detrás –dice Colina–. Pasa con los planes, con las jubilaciones, con los salarios. La clave no es revisar los planes sino bajar la inflación. El aumento del gasto es ineficaz para reducir la pobreza. Por el contrario, la acelera y cada vez hay más gente debajo de la línea de pobreza. Es un círculo vicioso: para tratar de bajar la pobreza se aumenta el gasto público, pero esto acelera la inflación y hay más pobreza”.
En los últimos 20 años el asistencialismo se multiplicó casi por cinco: el 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y en el Jefas y Jefes de Hogar; en el 2012 eran 9,4 millones (se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez) y el año pasado llegó a 14,1 millones, dominados por el Progresar y el Potenciar Trabajo.
“No hay ajuste”
Según datos oficiales, el año pasado el gasto de Desarrollo Social creció 6,9% interanual en términos reales y, en el primer trimestre de este año, en enero hubo una caída real del 0,8%; en febrero un alza real de 0,5% y, en marzo, el Ministerio apunta un aumento nominal de 122% (la inflación acumularía 110%).
Tolosa Paz planteó en Twitter que hubo un “sostenimiento” del gasto real para los primeros dos meses del año y un incremento real del 9% para marzo. “Tampoco hay ajuste en 2023, hay incremento de la inversión social”, dijo. Desde su cartera indican que los presupuestos de Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar tienen niveles de ejecución de 30% y 32%, respectivamente, y la asistencia a comedores comunitarios y merenderos, 39%.
La argumentación muestra que, efectivamente, el mayor gasto no alcanza para frenar el avance de la pobreza. Colina advierte que hay que tener en cuenta que hay pobres que no reciben planes. “Hay una contradicción interna, no se puede bajar la inflación con medidas expansivas”, define.
Respecto de dónde va el dinero de los planes que se dan de baja –serían unos $2500 millones en el año–, el decreto 728/2022 del presidente Alberto Fernández señala que será destinado al “fortalecimiento de las unidades productivas de la Economía Popular a través del Programa Banco de Máquinas y Herramientas”.
CÓRDOBA.– La movilización de los piqueteros opositores al Gobierno fue masiva en todo el país esta semana. La inflación y la suba de la pobreza aceleran los pedidos de más alimento para los comedores populares y más planes, justo cuando Desarrollo Social avanza con una revisión y ya recortó alrededor de 100.000. El propio FMI alertó que la inflación “puede aumentar el descontento social”. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, asegura que “no hay ni habrá ajuste” pero los números muestran que, para ganarle al alza de precios, los montos de asistencia deberían dar un salto que resulta inviable por las condiciones de la macro.
Si se contempla el 30% ejecutado del presupuesto para el plan Potenciar Trabajo y para las partidas destinadas a los alimentos en el primer trimestre del año -dato oficial- el 70% nominal que resta rendiría un 40% menos por la inflación anual proyectada. La inflación es la que hace el ajuste; para seguirla, la administración debería requerir de más recursos.
Desde Desarrollo Social indicaron a la nacion que hoy existen 1.272.693 planes Potenciar Trabajo activos; 92.391 menos que en diciembre pasado. “El padrón se encuentra en permanente movimiento, todos los meses hay bajas por pase al empleo registrado, fallecimientos, renuncias o cambio en las condiciones socioeconómicas de los titulares”, precisaron e indicaron que “se continúa con el análisis caso por caso” de quienes se presentaron a validar su identidad fuera de fecha.
Sigue también la revisión de los 160.000 que reciben los planes Nexos, un complemento del Potenciar Trabajo con una asignación de $17.000 (ambos sumados dan un salario mínimo vital y móvil).
El presupuesto de este año del Ministerio es de $1.169.510 millones, de los que 1.033.736 millones (88,3%) están destinados al Potenciar Trabajo y a Políticas Alimentarias.
Al 6 de abril, entre esos dos ítems, se llevan pagados $197.396 millones, a razón de $ 2.077 millones diarios. Lo devengado (registrado como gasto pero no efectivamente pagado) hasta esa misma fecha suma $308.433 millones, lo que implica $3.246 millones diarios.
Ese ritmo diario es imposible de sostener a lo largo del año –lo que implicaría que no haya actualización de los montos a pagar, cuando los Potenciar Trabajar acompañan al salario mínimo y vital y móvil– porque si no solo esos dos programas insumirían $13 millones más que todo el presupuesto asignado al Ministerio.
Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, alerta sobre el interés del Gobierno en lo que refiere a ajuste como e ingreso de divisas. “Parece concentrarse en evitar desvíos demasiado groseros para las metas de fin de junio, de modo que no exista tanta incertidumbre acerca del desembolso de setiembre”, dijo. La auditoría de las metas de ese mes, en cambio, condiciona los giros de diciembre del FMI, por lo que, en realidad, afectarían a la próxima administración.
Un círculo maldito
La inflación alta no solo conspira contra el buen funcionamiento de la economía, sino que también tiene un impacto muy regresivo en la distribución del ingreso. La consultora Idesa, que dirige Jorge Colina, analiza que, entre el segundo semestre del 2019 y el mismo período del 2022, el gasto público primario pasó de 18,7% al 20,3% del PBI. En ese marco, lo destinado a planes asistenciales (sin incluir la AUH), subió de 0,7% al 1,8% del PBI. En ese lapso, la inflación saltó del 53% al 85% anual y la cantidad de pobres de 10 millones a 11,5 millones de personas.
“La inflación va primero y la gente por detrás –dice Colina–. Pasa con los planes, con las jubilaciones, con los salarios. La clave no es revisar los planes sino bajar la inflación. El aumento del gasto es ineficaz para reducir la pobreza. Por el contrario, la acelera y cada vez hay más gente debajo de la línea de pobreza. Es un círculo vicioso: para tratar de bajar la pobreza se aumenta el gasto público, pero esto acelera la inflación y hay más pobreza”.
En los últimos 20 años el asistencialismo se multiplicó casi por cinco: el 2002 había 2,9 millones de beneficios no contributivos concentrados en el plan alimentario y en el Jefas y Jefes de Hogar; en el 2012 eran 9,4 millones (se sumaron la AUH, las moratorias previsionales y pensiones no contributivas por invalidez) y el año pasado llegó a 14,1 millones, dominados por el Progresar y el Potenciar Trabajo.
“No hay ajuste”
Según datos oficiales, el año pasado el gasto de Desarrollo Social creció 6,9% interanual en términos reales y, en el primer trimestre de este año, en enero hubo una caída real del 0,8%; en febrero un alza real de 0,5% y, en marzo, el Ministerio apunta un aumento nominal de 122% (la inflación acumularía 110%).
Tolosa Paz planteó en Twitter que hubo un “sostenimiento” del gasto real para los primeros dos meses del año y un incremento real del 9% para marzo. “Tampoco hay ajuste en 2023, hay incremento de la inversión social”, dijo. Desde su cartera indican que los presupuestos de Potenciar Trabajo y Prestación Alimentar tienen niveles de ejecución de 30% y 32%, respectivamente, y la asistencia a comedores comunitarios y merenderos, 39%.
La argumentación muestra que, efectivamente, el mayor gasto no alcanza para frenar el avance de la pobreza. Colina advierte que hay que tener en cuenta que hay pobres que no reciben planes. “Hay una contradicción interna, no se puede bajar la inflación con medidas expansivas”, define.
Respecto de dónde va el dinero de los planes que se dan de baja –serían unos $2500 millones en el año–, el decreto 728/2022 del presidente Alberto Fernández señala que será destinado al “fortalecimiento de las unidades productivas de la Economía Popular a través del Programa Banco de Máquinas y Herramientas”.
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