LIBRE EXPRESIÓN.

Archivan una denuncia del Gobierno contra Morales Solá y Santoro
Rossi había apuntado contra los periodistas por revelar la identidad de dos espías
El juez federal Daniel Rafecas archivó la denuncia del exinterventor de la AFI y actual jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, contra los periodistas Joaquín Morales Solá, de la nacion, y Daniel Santoro, de Clarín, quienes habían publicado la identidad de dos agentes de inteligencia que supuestamente estaban relacionados con el Ministerio de Defensa.
La decisión del juez fue a instancias de la fiscal Alejandra Mángano, que entendió que los hechos denunciados “fueron realizados en un contexto de labor periodística, y en ese sentido nuestro sistema constitucional no solo protege, sino que garantiza ciertas tensiones con el objetivo de proteger el derecho a la libre expresión, el derecho a la información y la protección de las fuentes periodísticas”.
Morales Sola publicó el 31 de diciembre de 2022 una nota periodística titulada “El presidente que no fue y el regreso de la inteligencia militar”, y el 3 de enero de 2023 otra titulada “Agentes militares trabajan en el servicio de inteligencia”, donde mencionaba el nombre de dos agentes de la AFI. El 1º y 2 de enero, Santoro hizo lo propio en Clarín.
Las notas se referían a un pedido de informes de la oposición acerca de si funcionaba en el Ministerio de Defensa una “mesa militar” donde supuestamente se realizaban tareas de inteligencia. Rossi acusó a los periodistas de violar la ley de inteligencia y los denunció por delitos que se castigan con penas de hasta seis años de cárcel.
La fiscal Mángano dijo que para que haya delito “el secreto protegido debe encontrarse relacionado con una afectación a la seguridad nacional, los medios de defensa y las relaciones exteriores de la nación”, lo que no se da en este caso. Y mencionó que “debe existir un hecho concreto que en mayor o menor medida ponga en riesgo el sistema político y la estructura crítica del país”.
Agregó después que los hechos denunciados no tiene entidad suficiente para hacerlo. La información “no alcanza a elevar el riesgo más allá de lo permitido, como para generar una afectación concreta al país en el sentido mencionada”. Y dijo que los periodistas “no poseían un deber de cuidado por sobre aquella información”, a demás de que “no tenían por qué conocer el carácter secreto de aquella información (que tal como se ha acreditado en este caso nunca fue comunicado por parte de la administración a los medios de comunicación en cuestión) y las personas denunciadas”. Además, señaló que los periodistas no son alcanzados por lo que la ley menciona como “pasibles de una responsabilidad por imprudencia o negligencia”.
Por eso, entendió que no había delito y que el caso debía ser archivado, a lo que Rafecas hizo lugar. El juez recordó que hay una traba legal que impide “la prosecución de las actuaciones, pues el titular de la acción penal ha optado legal y fundadamente de acuerdo al artículo 65 Código Procesal Penal por requerir el archivo de las actuaciones, conforme lo previsto por el artículo 213, inciso d) del mismo cuerpo legal”. Y resolvió archivar el caso.
La denuncia de Rossi fue rechazada por organizaciones académicas y profesionales. La Academia nacional de Periodismo la repudió y acusó al Gobierno de criminalizar la tarea periodística. También se manifestó el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). “El planteo del titular de la AFI desconoce que la esencia del trabajo periodístico es acceder a publicar información de interés público. Pero, además, pone en riesgo el secreto profesional garantizado por la Constitución nacional”.

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AdepA y Fopea repudiaron amenazas contra di Marco
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se solidarizaron con Laura Di Marco, que recibió amenazas de muerte contra ella y su hija en medio de una campaña de ciberacoso a través de las redes sociales de la que es víctima desde hace días.
“El Foro de Periodismo Argentino expresa su solidaridad con la periodista Laura Di Marco (Ln+) y su absoluto repudio a las amenazas que recibieron ella y su familia. La colega viene sufriendo una campaña de hostigamiento en las redes sociales que se intensificó en los últimos días y que incluyó amenazas de muerte contra ella y su hija”, indicó el foro en un comunicado. Fopea resaltó que “el ciberacoso impulsado por los discursos de odio tiene un fuerte impacto a nivel personal en los periodistas y configura una violación a la libertad de expresión y al derecho a trabajar”.
Horas más tarde, ADEPA condenó “las amenazas de muerte y el hostigamiento en línea contra la periodista y su familia” y rechazó “todo tipo de manifestación violenta, sea en forma física o a través del acoso digital”.
“Con mensajes agresivos y violentos, usuarios de diversas plataformas digitales vienen hostigando a la periodista desde hace varios días”, alertó la organización, que también recordó que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre “cómo este tipo de situaciones generan autocensura y limitan gravemente la libertad de expresión”.
Las amenazas contra Di Marco en redes sociales se dieron luego de un diálogo que tuvo con Viviana Canosa, en el programa que Canosa tiene en el canal Ln+. En ese envío, Di Marco realizó comentarios sobre el estado de salud de Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

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