Luciani pidió agravar la condena a Cristina
VIALIDAD. Acusó al Presidente de atacar a la Justicia
Hernán Cappiello
El fiscal federal Diego Luciani apeló la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por fraude en el caso Vialidad y solicitó ampliarla para que la vicepresidenta sea condenada también por asociación ilícita. En su texto, Luciani denunció que el actual gobierno es “condescendiente” con la corrupción y que el presidente Alberto Fernández agravió a los jueces y fiscales que intervinieron en el caso. También acusó a los condenados de “cinismo” por mostrarse como víctimas .
El fiscal federal Diego Luciani apeló la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por fraude en el caso Vialidad y solicitó ampliarla para que la vicepresidenta sea sentenciada también por el delito de asociación ilícita. Denunció que el Gobierno es “condescendiente” con la corrupción y que el presidente Alberto Fernández viene agraviando a los jueces y fiscales del caso.
“Si en el supuesto más grave de corrupción de la historia de nuestro país, en el cual se encuentran reunidos y acreditados todos los requisitos legales, no hay asociación ilícita, ¿en qué caso la habrá?”, se preguntó con amargura Luciani en su recurso ante la Cámara de Casación.
El fiscal acusó a los condenados de mostrar “cinismo, al intentar colocarse como víctimas de una imaginaria persecución judicial, lawfare o un fantasioso plan de proscripción, que no es más que un nocivo recurso retórico de emergencia relacionado con el aspecto político, ante la falta de estrategias defensivas eficaces para revertir la prueba irrefutable que las condenó”.
El escrito, de 528 páginas, busca revisar, además, la absolución que recibieron los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido y Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner en el juicio. Para ellos, Luciani también había pedido condenas en la causa en la que se constataron irregularidades en la entrega de obras públicas en Santa Cruz para el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Las apelaciones deberán ser analizadas ahora por la Cámara Federal de Casación Penal.
Luciani apuntó directamente contra el gobierno de Fernández. “Vemos con suma preocupación –por la inusitada gravedad institucional y el menoscabo a la independencia de la Justicia– que, desde los poderes del gobierno actual, existe una sorprendente resistencia a que se pongan límites a estas acciones criminales, y una condescendencia inadmisible con la gran corrupción”, advirtió el fiscal.
Dijo que las acusaciones de Alberto Fernández son un “impensado e inconcebible modo de proceder” y un “patético medio de ejercer una influencia indebida a la Justicia”.
En ese sentido, el fiscal recordó las “expresiones agraviantes que viene dirigiendo repetidamente el mismísimo Presidente de la Nación a los magistrados y funcionarios que han intervenido en esta causa” y se refirió específicamente al discurso de apertura de sesiones en el Congreso. Luciani aseveró que Fernández aprovechó la Asamblea Legislativa “para criticar airadamente este juicio” y cuestionó que “se haya animado, de manera irreflexiva, a acusar a la Justicia de ser parte de una organización que busca la inhabilitación de la vicepresidenta”.
Luciani fue ácido en su escrito, en el que criticó, por momentos, con aspereza el voto de la mayoría del tribunal compuesta por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes entendieron que solo se debía condenar por fraude y no por asociación ilícita. Por eso, los magistrados impusieron a Cristina Kirchner una pena de seis años de prisión y no de 12 años como había pedido el fiscal.
“¿Qué más necesitaban los jueces de la mayoría para subsumir esta conducta en el tipo penal correcto? La respuesta es sencilla: absolutamente nada; tan solo aplicar la ley”, escribió el fiscal. Luciani afirmó: “Solo una visión miope y sesgada de la prueba producida durante el debate puede interpretar ello [la inexistencia de una asociación ilícita], exclusivamente, como el agotamiento del delito de administración infiel”. Habló de un “grave yerro” y dijo, con ironía, que iba a “resistir jurídicamente la proscripción del delito de asociación ilícita” en la administración pública.
En cambio, el fiscal elogió el voto del tercer juez, Andrés Basso. Habló del “impecable” voto del doctor Basso, que hizo una “sana y ajustada interpretación del tipo penal de la asociación ilícita” y lo calificó de “distinguido”. Habló no solo de su “acierto”, al considerar el delito de asociación ilícita, sino también de su “determinación”.
Luciani dijo que el alegato es una “pieza procesal categórica, irrebatible y aplastante” para los acusados y que la sentencia mostró “de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde la democracia”.
“Entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción. Se trató de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país, debido a sus características inusuales, su complejidad y su extensión en el tiempo, merced a la decisión de quienes ocuparon las jerarquías más altas del Poder Ejecutivo Nacional”, escribió el fiscal. Dijo que si bien solo el juez Basso consideró con “acierto y determinación” que los acusados cometieron el delito de asociación ilícita, “sinceramente no comprendemos los motivos por los cuales la mayoría del tribunal no acompañó” al juez. Su argumento es que la descripción de las conductas que hicieron los jueces de la mayoría se ajustan al tipo penal de asociación ilícita.
Sostuvo que el razonamiento de Gorini y Giménez Uriburu es “inadmisible, contrario a los postulados doctrinarios y jurisprudenciales nacionales e internacionales más básicos, como resultado de un llamativo esfuerzo intelectual, absolutamente sesgado”.
“Asociación ilícita piramidal”
El fiscal insistió en que se trató de “una asociación ilícita piramidal, en la que los exjefes del Estado estuvieron en la cúspide, como jefes de la asociación; y diversos funcionarios públicos la integraron y la organizaron de manera de ejecutar los aportes necesarios para llevar adelante la maniobra”. Dijo que lo hicieron valiéndose de las competencias de sus cargos y del “poder político que ejercían”. Su finalidad fue “detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero” y para lograrlo “se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó la obra pública de esa provincia a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y su esposa en negocios y contratos privados obscenos”. Reiteró la idea de que “se convirtió a Lázaro Báez, de la noche a la mañana, en un empresario de la construcción” y, así, se creó “un sistema de corrupción institucional aceitado y eficiente que contó con mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el cual se violentaron todos los principios esenciales que la regulan”.
Luciani criticó a algunos de los condenados y algunos medios que “actuaron con cinismo” y advirtió que utilizaron una “manipulación maliciosa”.
“No se trató de una, dos, tres o cuatro licitaciones públicas ilegales, sino que fueron 51 proyectos delictivos diferentes amañados, en los que se cometieron todo tipo de tropelías, abusos de poder e ilegalidades para que Lázaro Báez fuera beneficiado ilegalmente con obras públicas ejecutadas de manera aviesa y para obtener recursos económicos millonarios”. Aclaró que no todo el gobierno de Cristina Kirchner fue una asociación ilícita, sino “cinco funcionarios infieles que se apartaron de su verdadera misión”, algunos eran los máximos responsables políticos”
“¿Qué mas necesitan los jueces de la mayoría para subsumir el delito en la figura penal correcta? La respuesta es sencilla: absolutamente nada, solo aplicar la ley”
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La vice solicitó la absolución y dijo que es una perseguida
Su abogado argumentó que no cometió delitos y responsabilizó a Macri
En simultáneo con el fiscal Diego Luciani, pero en sentido contrario, Cristina Kirchner apeló ayer el fallo de la causa en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser encontrada culpable de defraudar al Estado con las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.
Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, solicitaron que Cristina Kirchner sea absuelta, porque a su entender no cometió delitos, señalaron que el juicio es inválido y que fue víctima de una “persecución política, mediática y judicial”.
El recurso deberá ser analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, lo mismo que el planteo que realizó el fiscal Diego Luciani, quien solicitó que la vicepresidenta sea condenada también por asociación ilícita.
“En las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios. Sin embargo, como veremos a lo largo de este recurso, el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, comienza el planteo de los letrados, que a lo largo de las 395 páginas del recurso presentado -al que accedió cuestionan la prueba recolectada y la actuación del tribunal conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, e insisten en ubicar al fallo como una maniobra más del lawfare, para el cual citan incluso al papa Francisco.
“Basta con repasar los títulos de los diarios o los registros de causas judiciales de los últimos quince años para constatar que Cristina Fernández de Kirchner es, sin lugar a dudas, la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”, plantean los abogados, para colocar a la vicepresidenta en el lugar de víctima de una maniobra orquestada por partidos políticos, medios de comunicación y el Poder Judicial.
Como lo hicieron a lo largo del juicio, los abogados plantean que los hechos por los cuales se condenó a la vicepresidenta ya habían sido analizados y desestimados por la Justicia de Santa Cruz y que los actos que Luciani calificó como “instrumentos delictivos” fueron leyes sancionadas por el Congreso, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.
“En definitiva, la falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, argumentaron.
El fiscal federal Diego Luciani apeló la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por fraude en el caso Vialidad y solicitó ampliarla para que la vicepresidenta sea condenada también por asociación ilícita. En su texto, Luciani denunció que el actual gobierno es “condescendiente” con la corrupción y que el presidente Alberto Fernández agravió a los jueces y fiscales que intervinieron en el caso. También acusó a los condenados de “cinismo” por mostrarse como víctimas .
El fiscal federal Diego Luciani apeló la condena a seis años de prisión impuesta a Cristina Kirchner por fraude en el caso Vialidad y solicitó ampliarla para que la vicepresidenta sea sentenciada también por el delito de asociación ilícita. Denunció que el Gobierno es “condescendiente” con la corrupción y que el presidente Alberto Fernández viene agraviando a los jueces y fiscales del caso.
“Si en el supuesto más grave de corrupción de la historia de nuestro país, en el cual se encuentran reunidos y acreditados todos los requisitos legales, no hay asociación ilícita, ¿en qué caso la habrá?”, se preguntó con amargura Luciani en su recurso ante la Cámara de Casación.
El fiscal acusó a los condenados de mostrar “cinismo, al intentar colocarse como víctimas de una imaginaria persecución judicial, lawfare o un fantasioso plan de proscripción, que no es más que un nocivo recurso retórico de emergencia relacionado con el aspecto político, ante la falta de estrategias defensivas eficaces para revertir la prueba irrefutable que las condenó”.
El escrito, de 528 páginas, busca revisar, además, la absolución que recibieron los exfuncionarios kirchneristas Julio De Vido y Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner en el juicio. Para ellos, Luciani también había pedido condenas en la causa en la que se constataron irregularidades en la entrega de obras públicas en Santa Cruz para el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Las apelaciones deberán ser analizadas ahora por la Cámara Federal de Casación Penal.
Luciani apuntó directamente contra el gobierno de Fernández. “Vemos con suma preocupación –por la inusitada gravedad institucional y el menoscabo a la independencia de la Justicia– que, desde los poderes del gobierno actual, existe una sorprendente resistencia a que se pongan límites a estas acciones criminales, y una condescendencia inadmisible con la gran corrupción”, advirtió el fiscal.
Dijo que las acusaciones de Alberto Fernández son un “impensado e inconcebible modo de proceder” y un “patético medio de ejercer una influencia indebida a la Justicia”.
En ese sentido, el fiscal recordó las “expresiones agraviantes que viene dirigiendo repetidamente el mismísimo Presidente de la Nación a los magistrados y funcionarios que han intervenido en esta causa” y se refirió específicamente al discurso de apertura de sesiones en el Congreso. Luciani aseveró que Fernández aprovechó la Asamblea Legislativa “para criticar airadamente este juicio” y cuestionó que “se haya animado, de manera irreflexiva, a acusar a la Justicia de ser parte de una organización que busca la inhabilitación de la vicepresidenta”.
Luciani fue ácido en su escrito, en el que criticó, por momentos, con aspereza el voto de la mayoría del tribunal compuesta por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes entendieron que solo se debía condenar por fraude y no por asociación ilícita. Por eso, los magistrados impusieron a Cristina Kirchner una pena de seis años de prisión y no de 12 años como había pedido el fiscal.
“¿Qué más necesitaban los jueces de la mayoría para subsumir esta conducta en el tipo penal correcto? La respuesta es sencilla: absolutamente nada; tan solo aplicar la ley”, escribió el fiscal. Luciani afirmó: “Solo una visión miope y sesgada de la prueba producida durante el debate puede interpretar ello [la inexistencia de una asociación ilícita], exclusivamente, como el agotamiento del delito de administración infiel”. Habló de un “grave yerro” y dijo, con ironía, que iba a “resistir jurídicamente la proscripción del delito de asociación ilícita” en la administración pública.
En cambio, el fiscal elogió el voto del tercer juez, Andrés Basso. Habló del “impecable” voto del doctor Basso, que hizo una “sana y ajustada interpretación del tipo penal de la asociación ilícita” y lo calificó de “distinguido”. Habló no solo de su “acierto”, al considerar el delito de asociación ilícita, sino también de su “determinación”.
Luciani dijo que el alegato es una “pieza procesal categórica, irrebatible y aplastante” para los acusados y que la sentencia mostró “de manera palmaria el acto de corrupción más grave de la historia de nuestro país desde la democracia”.
“Entre 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una auténtica asociación ilícita que creó, diseñó, proyectó y ejecutó un plan sistemático de corrupción. Se trató de una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país, debido a sus características inusuales, su complejidad y su extensión en el tiempo, merced a la decisión de quienes ocuparon las jerarquías más altas del Poder Ejecutivo Nacional”, escribió el fiscal. Dijo que si bien solo el juez Basso consideró con “acierto y determinación” que los acusados cometieron el delito de asociación ilícita, “sinceramente no comprendemos los motivos por los cuales la mayoría del tribunal no acompañó” al juez. Su argumento es que la descripción de las conductas que hicieron los jueces de la mayoría se ajustan al tipo penal de asociación ilícita.
Sostuvo que el razonamiento de Gorini y Giménez Uriburu es “inadmisible, contrario a los postulados doctrinarios y jurisprudenciales nacionales e internacionales más básicos, como resultado de un llamativo esfuerzo intelectual, absolutamente sesgado”.
“Asociación ilícita piramidal”
El fiscal insistió en que se trató de “una asociación ilícita piramidal, en la que los exjefes del Estado estuvieron en la cúspide, como jefes de la asociación; y diversos funcionarios públicos la integraron y la organizaron de manera de ejecutar los aportes necesarios para llevar adelante la maniobra”. Dijo que lo hicieron valiéndose de las competencias de sus cargos y del “poder político que ejercían”. Su finalidad fue “detraer los fondos del Estado para un beneficio particular o de un tercero” y para lograrlo “se eligió la adjudicación de obras viales en Santa Cruz y, así, se direccionó la obra pública de esa provincia a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la Nación y socio comercial de éste y su esposa en negocios y contratos privados obscenos”. Reiteró la idea de que “se convirtió a Lázaro Báez, de la noche a la mañana, en un empresario de la construcción” y, así, se creó “un sistema de corrupción institucional aceitado y eficiente que contó con mecanismos de manipulación de la contratación pública, en el cual se violentaron todos los principios esenciales que la regulan”.
Luciani criticó a algunos de los condenados y algunos medios que “actuaron con cinismo” y advirtió que utilizaron una “manipulación maliciosa”.
“No se trató de una, dos, tres o cuatro licitaciones públicas ilegales, sino que fueron 51 proyectos delictivos diferentes amañados, en los que se cometieron todo tipo de tropelías, abusos de poder e ilegalidades para que Lázaro Báez fuera beneficiado ilegalmente con obras públicas ejecutadas de manera aviesa y para obtener recursos económicos millonarios”. Aclaró que no todo el gobierno de Cristina Kirchner fue una asociación ilícita, sino “cinco funcionarios infieles que se apartaron de su verdadera misión”, algunos eran los máximos responsables políticos”
“¿Qué mas necesitan los jueces de la mayoría para subsumir el delito en la figura penal correcta? La respuesta es sencilla: absolutamente nada, solo aplicar la ley”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
La vice solicitó la absolución y dijo que es una perseguida
Su abogado argumentó que no cometió delitos y responsabilizó a Macri
En simultáneo con el fiscal Diego Luciani, pero en sentido contrario, Cristina Kirchner apeló ayer el fallo de la causa en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras ser encontrada culpable de defraudar al Estado con las obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en Santa Cruz.
Los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, solicitaron que Cristina Kirchner sea absuelta, porque a su entender no cometió delitos, señalaron que el juicio es inválido y que fue víctima de una “persecución política, mediática y judicial”.
El recurso deberá ser analizado por la Cámara Federal de Casación Penal, lo mismo que el planteo que realizó el fiscal Diego Luciani, quien solicitó que la vicepresidenta sea condenada también por asociación ilícita.
“En las primeras páginas de la sentencia recurrida quedó de manifiesto que la condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios. Sin embargo, como veremos a lo largo de este recurso, el pronunciamiento ni siquiera se fundó en indicios, sino sólo se sostuvo en consideraciones absolutamente arbitrarias desprovistas del más mínimo sustento lógico, fáctico y jurídico”, comienza el planteo de los letrados, que a lo largo de las 395 páginas del recurso presentado -al que accedió cuestionan la prueba recolectada y la actuación del tribunal conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, e insisten en ubicar al fallo como una maniobra más del lawfare, para el cual citan incluso al papa Francisco.
“Basta con repasar los títulos de los diarios o los registros de causas judiciales de los últimos quince años para constatar que Cristina Fernández de Kirchner es, sin lugar a dudas, la persona que más ha sido acosada mediante denuncias en toda la historia argentina”, plantean los abogados, para colocar a la vicepresidenta en el lugar de víctima de una maniobra orquestada por partidos políticos, medios de comunicación y el Poder Judicial.
Como lo hicieron a lo largo del juicio, los abogados plantean que los hechos por los cuales se condenó a la vicepresidenta ya habían sido analizados y desestimados por la Justicia de Santa Cruz y que los actos que Luciani calificó como “instrumentos delictivos” fueron leyes sancionadas por el Congreso, decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.
“En definitiva, la falta de pruebas de cargo en contra de nuestra representada no obedece a los pretextos ensayados por el tribunal, sino es consecuencia directa e inmediata de que, como fue acreditado en el juicio, Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente inocente del supuesto delito por el cual injustamente fue condenada”, argumentaron.
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