COSTO DE VIDA

En pleno año electoral, el Gobierno igualmente cumplió con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, para contener el gasto del Estado, avanzó con una nueva quita de subsidios energéticos. En este caso, eliminó completamente los subsidios al 35% de los usuarios de electricidad, considerado hogar de ingresos altos, aunque incluye también a aquellos que no se anotaron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), independientemente de su situación patrimonial.
En la práctica, esto significará un aumento final en las tarifas superior al 90%, que se sumará así a los sucesivos incrementos que comenzó a realizar el Gobierno en el último año, luego de dejar prácticamente planchado el precio del servicio en los primeros dos años y medios de gestión. Según los registros oficiales, hay alrededor de 5,4 millones considerados como usuarios de ingresos altos.
El economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, calculó que el incremento total desde mayo del año pasado a la fecha es de 540% para los usuarios de ingresos altos, que quedaron sin subsidios, en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Eso se debe a que, además de reducir las subvenciones a las boletas de luz, el Gobierno también habilitó un incremento en la tarifa que corresponde al servicio de distribución de la electricidad que realizan Edenor y Edesur. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó, en concreto, un incremento en abril de 108% y en junio, de 74%, lo que resulta en una suba total de 261%.
La tarifa media final de un usuario de ingresos altos (nivel 1) del AMBA pasará de pagar $4375 con impuestos en febrero pasado, a un total de $10.717 con la quita de subsidios y la actualización del valor de distribución, si se tiene en cuenta un costo monómico de electricidad de US$78 por MWh, según estimaciones de la consultora Economía & Energía (EyE), que dirige Nicolás Arceo. Esto significa una suba de 145% de febrero a la actualidad.
Para los hogares de ingresos medios (nivel 3), que tiene subsidiado un bloque de consumo de 400 kwh, la tarifa media en el AMBA pasaría de $2730, en febrero pasado, a $5506 con impuestos, lo que equivale a un incremento de 102%.
“Si bien se registraron significativos incrementos en las tarifas de energía eléctrica en los últimos meses, la elevada nominalidad [inflación] de la economía determina que la recomposición en términos reales sea acotada. En junio de 2023, las tarifas de los niveles 2 y 3 se ubicarían un 34% y un 28%, respectivamente, por debajo de las tarifas promedio abonadas en 2020. En el caso de los hogares pertenecientes al nivel 1, las tarifas se ubicarían en términos reales en un 67% por encima del promedio de 2020″, dice el informe de Economía & Energía.
“Los usuarios N1 pagarán siete veces más que un hogar N2 (ingresos bajos) y más de 5,6 veces que un N 3 (ingresos medios)”, dijo, por su parte, Rojo.
Los comercios, a su vez, tendrán aumentos escalonados de las tarifas eléctricas en mayo (31%), agosto (17%) y noviembre (7%).
Tarifas de gas
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) también aprobó el viernes pasado un nuevo incremento de tarifas para todo el país, que rondará el 25% en las facturas finales, confirmaron fuentes oficiales.
Según lo publicado por el ente en el Boletín Oficial, y ratificado luego en un decreto el sábado pasado, el componente de distribución, uno de los servicios incluidos en las boletas, tendrá un aumento de entre 90% y 100%, que refleja el incremento de ingresos de las empresas Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras.
De esta manera, para un usuario residencial de ingresos altos en el AMBA, que consume alrededor de 79 metros cúbicos (m3) por mes, pasará de pagar una tarifa promedio de $4700 por mes a $5600 (suba de 20%). Para un usuario de ingresos bajos, en tanto, la tarifa promedio aumentará de $2000 a $2600 (30%). Por último, los usuarios de ingresos medios, tendrán un incremento promedio de 20%, ya que la tarifa subirá de $3500 a $4200.
El incremento, sin embargo, se percibirá mayor debido a que en mayo, con la llegada de las bajas temperaturas, también aumenta el consumo de gas.
En el caso del servicio del gas, el Estado no subsidia directamente a los usuarios, como ocurre con electricidad, aunque mantiene las subvenciones al sector a través del plan de estímulo del Plan Gas.
Desde 2011 a la fecha, el Estado destinó US$126.000 millones en subsidios a la energía. Solo el año pasado se demandaron US$12.4000 millones (2% del PBI). Para este año, con el ingreso del gasoducto Néstor Kircher, la caída de los precios internacionales de gas y el aumento de tarifas, los subsidios podrían caer a US$11.055 (un 1,7% del PBI).
“Los subsidios a la energía estimados para 2023 presentarían una tendencia descendente en términos absolutos por primera vez desde finales de la década pasada. Si bien la reducción no es muy significativa, evidencia un cambio de tendencia y, conjuntamente con el resultado proyectado de la balanza comercial, estarían indicando un cambio en el impacto que tendrá el sector a nivel macroeconómico durante los próximos años”, dijeron en Economía & Negocios.
“La disminución de los precios internacionales, la mejora de la hidraulicidad, el proceso de segmentación tarifaria y la expansión de la capacidad de evacuación de gas natural desde la cuenca neuquina son determinantes en la disminución del nivel de subsidios durante el presente año. Es más, la ampliación de la capacidad de transporte de gas natural a lo largo de 2023 seguramente se traducirá en una sensible disminución en las importaciones de gas natural y sus sustitutos durante el próximo año, proceso que permitirá una disminución significativa en los costos de abastecimiento del sistema y, con ello, del nivel de subsidios”, concluyeron.

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Ajustarían por la inflación la pauta de Precios Justos
Los congelados se actualizarían un 3,8%, mientras que los que siguen el sendero de 3,2% podrían ser revisados cada quince días

María Julieta Rumi
La Secretaría de Comercio comenzó a negociar con las empresas la continuidad del acuerdo Precios Justos, que seguiría con una canasta limitada de productos con valores virtualmente congelados y otro universo mayor de bienes en un sendero de 3,2% mensual, que se podría revisar cada quince días.
Según la Secretaría que lidera Matías Tombolini, durante el fin de semana que pasó comenzaron las negociaciones vía Zoom con la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Unilever, Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), la Federación de Panaderos y Mondelez, entre otros.
De acuerdo con fuentes de una de las firmas que ya se reunieron –estaba previsto que las conversaciones continuaran ayer con ASU y P&G–, la secretaría planteó un ajuste de 3,8% para los productos que están congelados desde febrero y la continuidad del sendero del 3,2% mensual (el que rige actualmente).
“Fue una reunión preliminar. Después cada compañía irá viendo sus listados con ellos, pero esos números están muy por debajo de la inflación”, dijeron en una firma.
Las empresas sostienen lo que vienen diciendo desde hace meses por lo bajo: los costos están muy por encima de lo que les dejan aumentar sus precios y el Gobierno demora en aprobar las SIRA [permisos de importación], algo que vuelve difícil producir. “Ellos lo entienden, pero piden el esfuerzo por 90 días y, si hay algún caso de margen detonado, se puede conversar. El tema es que estás con casi todo el portafolio mal con una inflación del 8% y ellos te dan solo el 3%”, agregaron.
Sin embargo, fuentes de otra compañía dijeron que el Gobierno analiza –para el resto de productos que no está en la lista de congelados de Precios Justos– que si el ajuste del 3,2% autorizado no es suficiente, en algunos casos se pueden dar ajustes extra. “Por lo que entiendo el 3,2% está autorizado al inicio de mes y ese ajuste adicional que, en algunos casos, puede llegar a un 5%, está previsto para la segunda quincena del mes. Para todo, es 3,2%, más algún ajuste adicional en la segunda parte del mes”, afirmaron en el sector privado.
La industria coincide en que tiene que haber una canasta congelada, pero que el sendero del 3,2% debería replantearse, ya que la inflación no convergió a un número que comience con tres, como vaticinaba el ministro de Economía, Sergio Massa, para abril. Las consultoras privadas proyectan entre un 7,2% y un 8% de suba de precios y para mayo, un número similar

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