La reducción de subsidios a la energía, bajo el análisis de los referentes de la oposición
Los especialistas en el tema que trabajan para dirigentes de Juntos por el Cambio consideran que las asignaciones estatales representarán alrededor de 2% del PBI, y advierten que habrá que aumentar los precios en un contexto complicador
Sofía Diamante
En la oposición creen que corregir el déficit fiscal pasa en gran medida por la cuestión energética
En el espacio de Juntos por el Cambio hay un debate constante sobre si hay que quitar el cepo cambiario en los primeros días de gobierno o si es mejor hacerlo de manera paulatina, a medida que se hacen correcciones en otros frentes. Sin embargo, hay una meta en la que están todos de acuerdo: si se llega a la Casa Rosada, se tiene que lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión. Para ello, los principales referentes de la oposición colocan la lupa en la política tarifaria y en la quita de subsidios a la energía.
Si bien el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa ratificó con el FMI que la meta fiscal para este año se mantiene en el 1,9% del PBI, en la oposición dudan de que se logre ese objetivo. Sus referentes económicos trabajan con la hipótesis de que el déficit primario estará más cerca del 3% del producto. De ese total, un 2% representarán los subsidios a la energía y al transporte. Además, creen que se acumularán deudas dentro del sector energético que representarán otro 0,7% del producto bruto.
“Corregir ese déficit primario pasa por cómo se resuelve el tema de las tarifas. Es una situación muy difícil. Hay que hacer una operación de microcirugía, una operación drástica, porque este es el primer ajuste de la historia con salarios reales muy bajos”, dice el economista Alejandro Einstoss, referente energético de la Fundación Alem, el think tank del radicalismo. Además, es integrante del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y coordina el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
Con la llegada de Massa a Economía, la Secretaría de Energía implementó finalmente la segmentación de tarifas. En el sector de altos ingresos (N1), que representa al 35% de los usuarios de gas y electricidad, se paga hoy prácticamente el costo total de generación eléctrica y gas.
Sin embargo, para los usuarios de ingresos medios y bajos, los subsidios crecieron exponencialmente, ya que apenas pagan con sus tarifas entre 14% y 18% del costo total. Esto quiere decir que todavía el 65% de los usuarios tiene más del 80% de sus tarifas subsidiadas, según el último informe del IIEP.
En la oposición trabajan también con la hipótesis de un problema adicional. En caso de ser gobierno, lo más probable es que haya una corrección del tipo de cambio oficial. Dicho de otra manera: una devaluación brusca que haga que el dólar sea más competitivo para los exportadores. En el sector energético, como los contratos están dolarizados (pese a la promesa inicial del Frente de Todos de pesificarlos), la devaluación implicará una suba en los costos. El desafío será también cómo trasladar esos mayores costos a las tarifas.
“Para fin de año, la cobertura de tarifas de los costos energéticos de los sectores de ingresos medios y bajos será menor, inclusive, a la que había en diciembre de 2015. El salto que hay que hacer es muy grande. Pensar en una política de shock es imposible”, dice Einstoss, que señala tres condicionalidades para bajar los subsidios: salarios reales bajos, grandes atrasos en la corrección tarifaria y una devaluación que impactará en los costos.
“Estamos pensando herramientas para implementar el escalonamiento en los precios de la energía. Seguramente haya una modificación en los entes reguladores [Enargas y ENRE]. Tenemos una agenda que permitirá en un año y medio o dos lograr un escenario de focalización estricta de la tarifa social en la población pobre. La idea es repetir las buenas prácticas internacionales”, dice Einstoss.
Sin embargo, en la oposición hacen una aclaración. “La velocidad de cómo se va a implementar la quita de subsidios dependerá de las condiciones iniciales y del programa macroeconómico. La política tarifaria será parte inseparable del próximo plan económico para una estabilización”, dice Einstoss.
Nicolás Gadano, principal referente en el tema energético de la Fundación Pensar, el think tank del Pro, repite esa aclaración como mantra: ”El programa de reducción de subsidios tiene que estar muy ajustado a los objetivos del programa macro de estabilización, no solo por cuánto se necesita reducir los subsidios o cómo se financia la transición, sino también por los objetivos de la tasa de inflación”.
Explica: “Si se necesita que los precios relativos se acomoden en un período inicial para apuntar a una reducción fuerte de la inflación y que no queden ajustes de precios o de tarifas pendientes, eso significa que hay que acomodar esa normalización de precios al inicio. Cuánto dura eso y en qué magnitudes, son cosas que hay que calibrar”.
En el espacio de Juntos por el Cambio hay un debate constante sobre si hay que quitar el cepo cambiario en los primeros días de gobierno o si es mejor hacerlo de manera paulatina, a medida que se hacen correcciones en otros frentes. Sin embargo, hay una meta en la que están todos de acuerdo: si se llega a la Casa Rosada, se tiene que lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión. Para ello, los principales referentes de la oposición colocan la lupa en la política tarifaria y en la quita de subsidios a la energía.
Si bien el Ministerio de Economía que conduce Sergio Massa ratificó con el FMI que la meta fiscal para este año se mantiene en el 1,9% del PBI, en la oposición dudan de que se logre ese objetivo. Sus referentes económicos trabajan con la hipótesis de que el déficit primario estará más cerca del 3% del producto. De ese total, un 2% representarán los subsidios a la energía y al transporte. Además, creen que se acumularán deudas dentro del sector energético que representarán otro 0,7% del producto bruto.
“Corregir ese déficit primario pasa por cómo se resuelve el tema de las tarifas. Es una situación muy difícil. Hay que hacer una operación de microcirugía, una operación drástica, porque este es el primer ajuste de la historia con salarios reales muy bajos”, dice el economista Alejandro Einstoss, referente energético de la Fundación Alem, el think tank del radicalismo. Además, es integrante del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), y coordina el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
Con la llegada de Massa a Economía, la Secretaría de Energía implementó finalmente la segmentación de tarifas. En el sector de altos ingresos (N1), que representa al 35% de los usuarios de gas y electricidad, se paga hoy prácticamente el costo total de generación eléctrica y gas.
Sin embargo, para los usuarios de ingresos medios y bajos, los subsidios crecieron exponencialmente, ya que apenas pagan con sus tarifas entre 14% y 18% del costo total. Esto quiere decir que todavía el 65% de los usuarios tiene más del 80% de sus tarifas subsidiadas, según el último informe del IIEP.
En la oposición trabajan también con la hipótesis de un problema adicional. En caso de ser gobierno, lo más probable es que haya una corrección del tipo de cambio oficial. Dicho de otra manera: una devaluación brusca que haga que el dólar sea más competitivo para los exportadores. En el sector energético, como los contratos están dolarizados (pese a la promesa inicial del Frente de Todos de pesificarlos), la devaluación implicará una suba en los costos. El desafío será también cómo trasladar esos mayores costos a las tarifas.
“Para fin de año, la cobertura de tarifas de los costos energéticos de los sectores de ingresos medios y bajos será menor, inclusive, a la que había en diciembre de 2015. El salto que hay que hacer es muy grande. Pensar en una política de shock es imposible”, dice Einstoss, que señala tres condicionalidades para bajar los subsidios: salarios reales bajos, grandes atrasos en la corrección tarifaria y una devaluación que impactará en los costos.
“Estamos pensando herramientas para implementar el escalonamiento en los precios de la energía. Seguramente haya una modificación en los entes reguladores [Enargas y ENRE]. Tenemos una agenda que permitirá en un año y medio o dos lograr un escenario de focalización estricta de la tarifa social en la población pobre. La idea es repetir las buenas prácticas internacionales”, dice Einstoss.
Sin embargo, en la oposición hacen una aclaración. “La velocidad de cómo se va a implementar la quita de subsidios dependerá de las condiciones iniciales y del programa macroeconómico. La política tarifaria será parte inseparable del próximo plan económico para una estabilización”, dice Einstoss.
Nicolás Gadano, principal referente en el tema energético de la Fundación Pensar, el think tank del Pro, repite esa aclaración como mantra: ”El programa de reducción de subsidios tiene que estar muy ajustado a los objetivos del programa macro de estabilización, no solo por cuánto se necesita reducir los subsidios o cómo se financia la transición, sino también por los objetivos de la tasa de inflación”.
Explica: “Si se necesita que los precios relativos se acomoden en un período inicial para apuntar a una reducción fuerte de la inflación y que no queden ajustes de precios o de tarifas pendientes, eso significa que hay que acomodar esa normalización de precios al inicio. Cuánto dura eso y en qué magnitudes, son cosas que hay que calibrar”.
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