El seguimiento de celulares provocaría un giro en la causa del hombre descuartizado
Los teléfonos de Pérez Algaba y dos de sus exsocios habrían impactado en la misma antena varias horas después de la última reunión; denuncian amenazas policiales
Gustavo Carabajal
Fernando Pérez Algaba sumaba deudas y enemigos
Al seguir el recorrido de los celulares de las últimas personas que vieron con vida a Fernando Pérez Algaba, los investigadores del homicidio descubrieron que la señal de ambos teléfonos se perdió en la zona de alcance de una antena instalada a un costado del Acceso Oeste, a la altura de Villa Tesei, partido de Hurlingham. Lo llamativo del caso fue que, junto a los celulares de Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, también se activó en la misma zona el teléfono de Pérez Algaba, pese a que estos aseguraron en sus declaraciones que habían dejado al hombre conocido como Lechuga en General Rodríguez varias horas antes. En ninguna de las declaraciones que hicieron como testigos ambos integrantes del entorno de la víctima mencionaron haberse quedado con el celular de Pérez Algaba.
Los dos exsocios de la víctima aseguraron que lo dejaron en el emprendimiento inmobiliario de General Rodríguez y que antes le pagaron US$60.000, que era la última cuota de la deuda de US$150.0000 que mantenían con la víctima.
Tanto Pilepich como Vargas coincidieron en que Pérez Algaba lo único que les entregó fue la camioneta Range Rover blanca que utilizó desde el 13 de julio pasado, cuando llegó a la Argentina procedente de Barcelona.
Los celulares de Pilepich y Vargas impactaron en la misma, a la misma hora y en la misma zona que el teléfono de Pérez Algaba cuando, según declararon, la víctima se había quedado en General Rodríguez, donde la pasarían a buscar.
Pilepich, que no está imputado ni acusado, afirmó que le mandó un mensaje a Pérez Algaba el 19 de julio, a las 4. En el Ministerio Público de Lomas de Zamora investigan si en ese momento los celulares de Pilepich, Vargas y Pérez Algaba estaban juntos.
En esa línea también se avanza con la declaración de una testigo de identidad reservada. “Maxi me cagó, estoy yendo para el campo”. Corría la tarde del martes 18 de julio cuando Fernando Pérez Algaba hablaba por teléfono con una persona de su círculo íntimo. Por “Maxi” se refería a su amigo Pilepich, y por “campo” lo hacía por un terreno en General Rodríguez que loteaban para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario. La víctima habría llegado al encuentro acompañada por Vargas en una camioneta Land Rover propiedad de Pilepich. Fue lo último que se supo de él hasta que su cadáver, por partes, apareció en un arroyo de Lomas de Zamora. El trader fue asesinado a balazos.
La afirmación “Maxi me cagó, estoy yendo al campo” pertenece a una testigo de identidad reservada que declaró la semana pasada ante el fiscal Marcelo Domínguez, funcionario judicial a cargo de la investigación del homicidio de Pérez Algaba, de 41 años. Se trató de una conversación telefónica.
Por otro lado, se sabe que los asesinos de Pérez Algaba se movilizaron con tranquilidad por el conurbano. Demolieron la casa en la que lo mataron, en General Rodríguez, e hicieron desaparecer los escombros. Después, descuartizaron el cuerpo y lo descartaron en la zona de Ingeniero Budge.
Cinco días después del hallazgo del cadáver en distintos lugares cercanos a la feria de La Salada, abandonaron a Cooper, la mascota de la víctima, en Villa Lugano. Ninguno de esos traslados y movimientos se hubiera realizado sin la protección de un grupo de efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense.
El bulldog francés fue hallado el mismo día en que uno de los exsocios del operador financiero de un sector de la barra brava de Boca concurrió a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora para entregar la camioneta Range Rover blanca que Pérez Algaba utilizó entre el 13 de julio, cuando llegó a la Argentina desde Barcelona, y el 18 de julio pasado, cuando lo vieron con vida por última vez
Según declaró el vecino que encontró la mascota de la víctima, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora que concurrieron al edificio de Villa Lugano estaban de civil, no usaban uniforme y llevaban puestas camperas con el escudo de Boca.
Ese mismo día, otro testigo manifestó que “personas que se identificaron como personal de la DDI llegaron a su casa e interrogaron al encargado del edificio, le hicieron preguntas y le advirtieron que si no colaboraba lo meterían preso”. Este testigo presentó dos pedidos de habeas corpus ante un juzgado federal de Morón y solicitó que se requirieran las cámaras de seguridad del edificio en el que vive su familia y del barrio privado en el que tiene una casa.
“El 5 de agosto, a las 10.15, recibí un llamado del encargado de seguridad del barrio en el que tengo mi domicilio, quien me informó que en la puerta había dos hombres que se identificaron como integrantes de la DDI de Merlo y realizaron preguntas sobre mí. Preguntaron por datos de filiación y mis costumbres y horarios”, expresó el testigo en su denuncia
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Al seguir el recorrido de los celulares de las últimas personas que vieron con vida a Fernando Pérez Algaba, los investigadores del homicidio descubrieron que la señal de ambos teléfonos se perdió en la zona de alcance de una antena instalada a un costado del Acceso Oeste, a la altura de Villa Tesei, partido de Hurlingham. Lo llamativo del caso fue que, junto a los celulares de Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas, también se activó en la misma zona el teléfono de Pérez Algaba, pese a que estos aseguraron en sus declaraciones que habían dejado al hombre conocido como Lechuga en General Rodríguez varias horas antes. En ninguna de las declaraciones que hicieron como testigos ambos integrantes del entorno de la víctima mencionaron haberse quedado con el celular de Pérez Algaba.
Los dos exsocios de la víctima aseguraron que lo dejaron en el emprendimiento inmobiliario de General Rodríguez y que antes le pagaron US$60.000, que era la última cuota de la deuda de US$150.0000 que mantenían con la víctima.
Tanto Pilepich como Vargas coincidieron en que Pérez Algaba lo único que les entregó fue la camioneta Range Rover blanca que utilizó desde el 13 de julio pasado, cuando llegó a la Argentina procedente de Barcelona.
Los celulares de Pilepich y Vargas impactaron en la misma, a la misma hora y en la misma zona que el teléfono de Pérez Algaba cuando, según declararon, la víctima se había quedado en General Rodríguez, donde la pasarían a buscar.
Pilepich, que no está imputado ni acusado, afirmó que le mandó un mensaje a Pérez Algaba el 19 de julio, a las 4. En el Ministerio Público de Lomas de Zamora investigan si en ese momento los celulares de Pilepich, Vargas y Pérez Algaba estaban juntos.
En esa línea también se avanza con la declaración de una testigo de identidad reservada. “Maxi me cagó, estoy yendo para el campo”. Corría la tarde del martes 18 de julio cuando Fernando Pérez Algaba hablaba por teléfono con una persona de su círculo íntimo. Por “Maxi” se refería a su amigo Pilepich, y por “campo” lo hacía por un terreno en General Rodríguez que loteaban para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario. La víctima habría llegado al encuentro acompañada por Vargas en una camioneta Land Rover propiedad de Pilepich. Fue lo último que se supo de él hasta que su cadáver, por partes, apareció en un arroyo de Lomas de Zamora. El trader fue asesinado a balazos.
La afirmación “Maxi me cagó, estoy yendo al campo” pertenece a una testigo de identidad reservada que declaró la semana pasada ante el fiscal Marcelo Domínguez, funcionario judicial a cargo de la investigación del homicidio de Pérez Algaba, de 41 años. Se trató de una conversación telefónica.
Por otro lado, se sabe que los asesinos de Pérez Algaba se movilizaron con tranquilidad por el conurbano. Demolieron la casa en la que lo mataron, en General Rodríguez, e hicieron desaparecer los escombros. Después, descuartizaron el cuerpo y lo descartaron en la zona de Ingeniero Budge.
Cinco días después del hallazgo del cadáver en distintos lugares cercanos a la feria de La Salada, abandonaron a Cooper, la mascota de la víctima, en Villa Lugano. Ninguno de esos traslados y movimientos se hubiera realizado sin la protección de un grupo de efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense.
El bulldog francés fue hallado el mismo día en que uno de los exsocios del operador financiero de un sector de la barra brava de Boca concurrió a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora para entregar la camioneta Range Rover blanca que Pérez Algaba utilizó entre el 13 de julio, cuando llegó a la Argentina desde Barcelona, y el 18 de julio pasado, cuando lo vieron con vida por última vez
Según declaró el vecino que encontró la mascota de la víctima, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora que concurrieron al edificio de Villa Lugano estaban de civil, no usaban uniforme y llevaban puestas camperas con el escudo de Boca.
Ese mismo día, otro testigo manifestó que “personas que se identificaron como personal de la DDI llegaron a su casa e interrogaron al encargado del edificio, le hicieron preguntas y le advirtieron que si no colaboraba lo meterían preso”. Este testigo presentó dos pedidos de habeas corpus ante un juzgado federal de Morón y solicitó que se requirieran las cámaras de seguridad del edificio en el que vive su familia y del barrio privado en el que tiene una casa.
“El 5 de agosto, a las 10.15, recibí un llamado del encargado de seguridad del barrio en el que tengo mi domicilio, quien me informó que en la puerta había dos hombres que se identificaron como integrantes de la DDI de Merlo y realizaron preguntas sobre mí. Preguntaron por datos de filiación y mis costumbres y horarios”, expresó el testigo en su denuncia
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Investigan una pista sobre la desaparición de Marita Verón
La Justicia analiza datos sobre la presunta internación de la mujer buscada en una clínica privada de la capital tucumana
Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán, confirmó que la Justicia Federal está analizando la posibilidad de que “sectores gremiales tengan conocimiento” sobre la muerte de su hija, y según fuentes judiciales “el objeto de la investigación” que se encaró en los últimos días apunta a determinar la supuesta existencia de una carpeta con fotos que demostrarían que la joven murió en una clínica de San Miguel de Tucumán.
En su cuenta en Twitter, Trimarco escribió: “No podemos dar demasiada información, yo tampoco estoy totalmente informada sobre los detalles, pero hay información que está investigando el fiscal federal (Juan Agustín) Chit que tiene que ver con alguna documentación que vincularía a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto”.
Aclaró: “Seguramente mañana (por hoy) saquemos alguna información de prensa al respecto”.
Los allegados a Trimarco convocaron a los medios una conferencia que se realizará hoy, a las 10.30, en la sede de la Fundación María de los Ángeles, en Tucumán, adonde viajaron desde Córdoba el abogado José D’Antona y su colega Carlos Garmendia para reunirse con la madre de la mujer desaparecida.
De acuerdo con lo que confirmó uno de los abogados de la fundación a se informará en ese encuentro con periodistas sobre la pista que analiza la Justicia y que indicaría que después de su desaparición Marita podría haber estado internada en una clínica privada de la capital tucumana.
“No podemos dar demasiada información, yo tampoco estoy totalmente informado sobre los detalles, pero hay información que está investigando el fiscal federal Chit que tiene que ver con alguna documentación que vincularía a determinados sectores gremiales con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto”, dio a conocer el abogado Garmendia.
Marita, quien era madre de una niña de 3 años, fue vista por última vez cuando dejó su casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, para ir a una consulta médica. Un testigo reveló más tarde que fue secuestrada y subida a un automóvil. Desde ese día, su madre lucha por saber qué ocurrió con ella y gracias a su impulso se reveló una red de trata que operaba en Tucumán y La Rioja.
En 2012, comenzó el juicio del denominado “caso Marita”, con 13 imputados. A finales de ese año, todos fueron absueltos. Un año después, la Justicia tucumana revocó de manera parcial ese fallo y esa decisión derivó en condenas para 10 de 12 acusados. Uno de los imputados murió antes de conocerse el resultado de la apelación de la fiscalía.
Pese a las penas impuestas a quienes tuvieron participación en la red de trata, aún no pudo establecerse qué pasó finalmente con Marita Verón.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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