EDITORIAL Y LOS PROBLEMAS DE TRUMP

San Luis: una transición feudal
En su retirada del poder, Alberto Rodríguez Saá aprovecha los pocos meses que restan hasta diciembre para seguir abusando del Estado
Luego de 40 años de convivir con el feudo de los hermanos Rodríguez Saá, el pueblo de San Luis puso fin a la más longeva manipulación democrática. Sin embargo, el poder de daño del gobernador Alberto Rodríguez Saá sigue intacto, al menos hasta el 10 de diciembre cuando deba entregar el mando al opositor Claudio Poggi.
En esta crucial transición, Poggi acusó al actual gobernador de crear un “Estado paralelo” luego de impulsar y lograr la aprobación de una ley “para nombrar a 53 funcionarios políticos con sueldos de 800.000 pesos” asegurándose convertir a la Legislatura provincial –dijo– en “un aguantadero de los actuales funcionarios” más allá del fin de su mandato.
Con razón, muchos temen que este sea solo un primer paso, pues el período entre la elección del 11 de junio pasado y el recambio en diciembre ofrece a Alberto Rodríguez Saá una larga ventana de oportunidad para cumplir dos objetivos. Por un lado, instaurar un gobierno paralelo nombrando a su gente en los organismos públicos. Por otro, reducir con ello la capacidad de acción del nuevo gobierno tras comprometer el presupuesto público de los próximos años.
Vasta experiencia tienen los Rodríguez Saá en estas malas artes. En 2003, habiendo perdido la intendencia de la ciudad capital, desconocieron el triunfo del intendente disidente Daniel Pérsico y lograron que la Justicia provincial considerara inválido el comicio para abocarse a organizar nuevas elecciones, en las que resultó ganadora la oficialista María Angélica Torrontegui. Pérsico se instaló entonces en la iny Torrontegui, en la Legislatura, provincial generando así dos administraciones superpuestas que enfrentaron por meses a los 120.000 vecinos de la ciudad con la disyuntiva de no saber dónde pagar los impuestos, tramitar su registro de conductor o habilitar un comercio, mientras que los empleados municipales ignoraban a cuál de los jefes comunales debían rendir cuentas, ni en cuál de las dos sedes debían trabajar. El temor de Poggi es que a nivel provincial se repita aquella funesta experiencia.
El objetivo de vaciar las arcas provinciales está fácilmente al alcance del actual mandatario que ha demostrado no conocer límites. Nombrar funcionarios por medio de leyes como la que acaba de aprobarse es comprometer el presupuesto estatal. Lamentablemente, ese vil proceder podría asimismo expandirse a otros rubros, como la adjudicación de obras públicas de envergadura o, como también denunció Poggi, estableciendo que la Universidad Provincial de Oficios sea convertida en un organismo autárquico con asignación específica de recursos, lo que implicaría sextuplicarle el presupuesto actual. El gobernador electo se encuentra a un tris de pasar de administrar escasez a no tener nada que administrar.
La coalición ganadora sabe muy bien que la transición entre un régimen feudal largamente consolidado y un gobierno democrático puede generar mucho daño a la provincia si se realiza en un contexto de enfrentamiento institucional y disputa de poder. Además de Pro y la UCR, integra la coalición que destronó al candidato del actual gobernador, su hermano Adolfo. El propio Poggi conoce bien el poder de daño de Alberto Rodríguez Saá, pues administró la provincia entre 2011 y 2015. En 2016, ya como opositor, fundó el partido Avanzar San Luis, que lo llevó a ganar elecciones legislativas.
San Luis enfrenta una complicada transición. Es responsabilidad del actual gobernador no convertirla en otro intento de perpetuación feudal contraria a la vida democrática. Bastaría con que fuera consecuente con sus propias palabras al inaugurar la apertura de sesiones de la Legislatura cuando afirmó que “mostrar un presupuesto equilibrado es el test de un buen gobierno” o cuando sostuvo: “Ojalá los políticos de nuestro país aprendieran más de los aciertos y errores de quienes los precedieron, para no empezar siempre de cero, malgastando un tiempo y una energía social que es muy valiosa”. En sus manos está que el próximo gobierno no solo no comience de cero en cuanto a gestión, sino que no tenga que iniciar con un menos diez en términos presupuestarios.
En cuanto a Poggi, le tocará llevar a la práctica la promesa hecha tras haber ganado los comicios: transformar a San Luis en “un faro para el cambio en el país”. A él le cabrá la responsabilidad de evitar que se repita una triste y conocida historia en la que los feudos solo cambian de señor feudal. Así ocurrió en la cercana Santiago del Estero, donde a merced del matrimonio Zamora, los santiagueños siguen sufriendo un juarismo sin Juárez.
Es de desear que, para bien de los puntanos, Poggi no se deje encandilar por ese faro en el que añora convertir a su provincia.

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Trump, en problemas
La situación judicial del expresidente Donald Trump no deja de complicarse. A las causas en las que se investiga el presunto pago secreto de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para impedir que divulgara un supuesto affaire entre ambos y el desmanejo de documentos clasificados que se habría llevado de la Casa Blanca cuando dejó el poder se han sumado en los últimos días otros procesos de gravedad institucional.
Por un lado, en la investigación del Departamento de Justicia sobre documentos confidenciales Trump fue imputado de haber pedido a un miembro del personal que borrara una grabación de las cámaras de vigilancia de su casa de Mar-a-Lago, en Florida, para obstruir las investigaciones sobre dicho traslado.
Por otro, el fiscal especial Jack Smith, en una acusación sin precedentes contra un expresidente, lo acusó de conspiración para defrautendencia dar al país y de obstruir un procedimiento oficial conspirando contra los derechos de los ciudadanos. Se trata, de lejos, de la causa más grave y políticamente más significativa.
La acusación menciona a seis coconspiradores no identificados: cuatro abogados, un funcionario del Departamento de Justicia y un asesor político. La fiscalía alega que, poco después del día de las elecciones, Trump “buscó medios ilegales” para subvertir los resultados de los comicios y que el ataque al Capitolio que protagonizaron seguidores suyos el 6 de enero de 2021 –al que se lo liga– fue un gravísimo hecho sin precedentes en la democracia norteamericana.
Los cargos significan un momento extraordinario en la historia de los Estados Unidos: un expresidente, en medio de una campaña para regresar a la Casa Blanca, es acusado de intentar subvertir la democracia y permanecer en el cargo contra la voluntad de los votantes.
El equipo de campaña de Trump reaccionó de inmediato al afirmar que la acusación “no es sino otro capítulo corrupto en el patético intento de la familia criminal de [Joe] Biden y su títere, el Departamento de Justicia, para interferir en las elecciones presidenciales de 2024. Por su parte, el exmandatario apuntó contra la Justicia: habló de “inculpación falsa” y acusó de “mala conducta” a la fiscalía
Trump erosionó la credibilidad en las elecciones de Estados Unidos, logrando convencer a tres de cada diez norteamericanos de que le robaron las elecciones de 2020 y, a pesar de las causas judiciales en su contra, sigue siendo el gran favorito para convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano.
Sembrar dudas sobre el sistema electoral, desconocer la voluntad popular, atacar violentamente organismos públicos y a las personalidades políticas que no lo apoyaron constituye un inconcebible agravio a la democracia de los Estados Unidos.

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