FEMICIDA, EL ESCUARTIZADO Y ADN DEL CRIMEN

Rechazaron el pedido para dejar en libertad a Emerenciano Sena y su mujer
La Justicia no hizo lugar al pedido de la defensa y seguirán detenidos; ya había desestimado otras presentaciones
Eduardo LedesmaEl operativo de seguridad en los tribunales chaqueños
El juez de Garantías N° 2 de Resistencia, Héctor Sandoval, decidió no hacer lugar a las presentaciones de rechazo a la prisión preventiva interpuestas por la defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con lo cual el matrimonio seguirá detenido. Ambos están detenidos con prisión preventiva e imputados como coautores del brutal crimen en contexto de femicidio, agravado por haber sido cometido con premeditación, contra Cecilia Strzyzowski, su nuera.
Se trata del segundo revés judicial de la semana para los líderes del clan Sena, puesto que el juez Sandoval ya había desestimado el miércoles los pedidos de nulidad que solicitaron los defensores por las declaraciones testimoniales brindadas por César Sena y Acuña antes de que quedaran detenidos por el femicidio de Cecilia. Basaban su pretensión en las testimoniales que brindaron en una comisaría el 8 de junio pasado, horas antes de ser detenidos, y que mantienen su valor probatorio para la investigación.
Posición de la defensa
Ricardo Osuna, defensor de la familia Sena, cuestionó esa prueba porque las declaraciones fueron hechas bajo juramento de decir verdad, a diferencia de una declaración indagatoria, que se considera un acto de defensa de los acusados: no se hace bajo juramento y no hay sanción para quien mienta.
El juez, primero, rechazó la nulidad y, ahora, consideró que los piqueteros podrían fugarse o entorpecer la investigación, por lo que determinó que lo más seguro es que continúen tras las rejas. Se trata de una familia con fuertes vínculos con el poder, en un caso que coloca en una situación incómoda al gobernador Jorge Capitanich.
El magistrado Sandoval tiene cinco días hábiles para dar a conocer los fundamentos de la decisión. La defensa, a cargo de los abogados Ricardo Osuna y Rocío Ramírez, podría apelar ante el Superior Tribunal de Justicia.
La estrategia del matrimonio
La estrategia de los referentes piqueteros Sena y Acuña es que el crimen le sea imputado exclusivamente a su hijo César, algo que aliviaría considerablemente sus situaciones procesales. Mientras tanto, el primer objetivo es salir de los centros de reclusión en que están alojados, un plan que por ahora viene fracasando.
Una nueva prueba complicó a Emerenciano Sena. Según consigna Diario Chaco, es un audio en el que se lo escucha a él hablándole en código a Gustavo Obregón –que confesó haber participado de la quema del cuerpo de Cecilia–, minutos después de la hora acreditada del femicidio, con lo que creen que toma fuerza la hipótesis de la premeditación.
El audio que Sena le envió a Obregón a las 13.04, desde uno de sus teléfonos celulares y a tan solo minutos de la franja horaria en la cual los fiscales consideran que Cecilia fue asesinada, evidenciaría un “código” de Sena para darle órdenes a su secretario: “Así que el César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va, o sea que va a cambiar de menú hoy y después va a venir a dormir acá en casa, así que estate mucho en contacto con él, cosa que cuando llega te pegás a él y tratá de que se quede acá”.
“Comele la oreja que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí sabés. Ocupate de eso, de él. No le digas a nadie de eso, que quede entre vos y yo nomás, nos vemos”, cerró Emerenciano en el mensaje de voz, según consigna el diario chaqueño.
El Equipo Fiscal Especial cree ver en este diálogo la prueba de que el jefe del clan Sena estaba al tanto del femicidio, y otorga fuerza a la premeditación que los fiscales consideraron acreditada

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Investigan una estafa piramidal y más de 300 amenazas a Pérez Algaba
El hombre asesinado habría participado en un fraude con inversiones en una flota de camiones; las declaraciones de testigos evidenciaron el nerviosismo de la víctima
Gustavo Carabajal y Gabriel Di NicolaFernando Pérez Algaba tenía 41 años
Fernando Pérez Algaba estaba por ser denunciado ante la Justicia por su presunta responsabilidad en una estafa piramidal con el sistema Ponzi. Este hecho y la cantidad de inversores perjudicados por la maniobra pergeñada por la víctima del homicidio se sumaron al listado de personas que tenían algún conflicto con el operador financiero asesinado. Se detectaron 332 mensajes con amenazas en su contra.
Según los abogados que representan a la familia de la víctima, en el expediente coexisten 32 hipótesis sobre posibles autores del homicidio, que tenían razones para matar a Pérez Algaba. Aunque las dos líneas de investigación que prevalacen sobre el resto apuntan a un barra de Boca que lo amenazó por una deuda de US$300.000 y la que tiene como sospechosos a dos exsocios de la víctima que fueron los últimos que lo vieron con vida.
El hombre, cuyo cuerpo descuartizado fue hallado el 23 de julio pasado en Ingeniero Budge, figuraba en una organización delictiva que captaba inversores para la compra en pool de camiones en Estados Unidos. La banda funcionaba detrás de una empresa pantalla que prometía gestionar el dinero aportado por los inversores y pagaba dividendos de acuerdo con la facturación de los fletes que se hacían con cada camión.
Se trata de un negocio legal y en expansión en Estados Unidos que llamó la atención de inversores en distintos países americanos, que aportaron dinero en empresas que gestionaban las operaciones de esos vehículos.
Existen empresas serias que se dedican a esta actividad. Pero la explosión de esta modalidad de inversión abrió la puerta para la aparición de estafadores. En algunos casos, esas empresas ofrecían la posibilidad de que cada inversor-dueño de camión, aunque fuera propietario de una parte del vehículo, pudiera seguir a través de una aplicación el recorrido del camión con un detalle de la carga que transportaba, los gastos de mantenimiento y el nombre de chofer que lo conducía. Todo falso.
Durante los tres primeros meses, los inversores cobraban las ganancias que devengaba cada camión en forma proporcional al dinero invertido. Pero en el cuarto mes comenzaban los problemas de cobranza.
Los dueños de la empresa pantalla nunca compararon los camiones porque usaban el dinero que recibían para pagar los dividendos y general confianza con el objetivo de captar más inversores. La mentira les duraba cuatro meses.
Debido que el dinero recaudado no se destinaba a la compra de los transportes, los inversores dejaban de percibir dividendos. Cuando los damnificados comenzaban a acumularse, los estafadores desactivaban la empresa pantalla y pasaban a la clandestinidad.
Según el abogado que representa a una víctima de esa maniobra, Pérez Algaba estaba relacionado con dos de los responsables de la empresa que captaba inversores en la Argentina para comprar camiones en Estados Unidos. Aparentemente, Pérez Algaba habría utilizado el perfil que armó en una red social con un millón de seguidores para generar confianza y sumar inversores. A nadie le llamó la atención que ninguno de los seguidores interactuaba con el titular del perfil.
El hombre que fue asesinado y descuartizado llegó a perder US$140.000 en el negocio de las criptomonedas. Además, perdió mucho dinero en apuestas en casinos virtuales. Antes de que lo mataran de dos balazos, hacía frecuentes visitas al Casino Flotante de Puerto Madero. Vivía amenazado por sus acreedores. Ante la cantidad de amenazas que recibía de parte de aquellos que le habían prestado dinero o invirtieron en sus emprendimientos, Pérez Algaba le había pedido un arma a una amiga.
“La relación con las personas a las que les debía dinero era cambiante. Había veces que se trataban bien y otras en las que se gritaban y se insultaban. Haciendo memoria, entre febrero y marzo pasados, cuando Fernando regresó del exterior, fue a visitarme y como soy legítima usuaria de arma de fuego y en casa tengo una pistola Bersa nueve milímetros, me la pidió prestada. Me dijo que tenía miedo y que quería tener un arma”, expresó la amiga de la víctima, al declarar como testigo.
En el entorno de Lechuga, como conocían a Pérez Algaba, afirmaron a la nacion que muchos de los que habían invertido dinero en sus proyectos prefieren olvidar que alguna vez conocieron a la víctima, especialmente por la peligrosidad y los antecedentes de aquellos con los que hacía negocios: dos barrabravas de Boca y un jefe narco detenido en el penal de Ezeiza, acusado de traficar, acopiar, fraccionar y comercializar droga en una fábrica de zapatos en La Tablada, partido de La Matanza.
Pérez Algaba tenía 332 mensajes con amenazas propinadas por una importante cantidad de acreedores. También le debían dinero. Nahuel Vargas y Maximiliano Pilepich afirmaron que tenían una deuda de US$150.000 con la víctima y que Lechuga, había llegado a la Argentina el 13 de julio pasado para cobrar ese dinero. Además de recibir amenazas, Pérez Algaba también fue denunciado en febrero de este año, Vargas lo acusó en la comisaría de Castelar por amenazas, daños y abuso de armas.
En ese contexto de negocios irregulares y violencia, Lechuga fue asesinado. Aunque hasta el momento no hay nadie imputado como presunto autor material del homicidio.
La última vez que lo vieron con vida fue el 18 de julio cuando salió de su departamento en Ituzaingó rumbo a un campo, en General Rodríguez para cobrar una deuda.
Las últimas horas
Habían pasado casi 12 horas desde que lo había visto en General Rodríguez y le había entregado US$60.000, que había puesto en un bolso donde se suelen guardar notebooks. Pensó que a esa hora su amigo volaba hacia Barcelona. Le mandó un mensaje de Whatsapp. “Te fuiste rico y no me saludaste ni para mi cumpleaños, botón”. Eran las 4.41 del 19 de julio pasado. El chat nunca fue leído por Pérez Algaba, de 41 años. En ese momento estaba desaparecido.
Así lo recordó Pilepich cuando declaró como testigo ante los investigadores del homicidio de Pérez Algaba. Se trata, hasta el momento, de una de las últimas dos personas que vieron con vida a la víctima. La otra es Vargas. Ambos, bajo juramento de decir la verdad, recordaron cómo lo vieron a Pérez Algaba la tarde del 18 de julio pasado en el campo de General Rodríguez, donde estuvieron los tres juntos. Pérez Algaba llegó acompañado de Vargas en una camioneta Land Rover modelo Range Rover Evoque que le había prestado Pilepich. “Fernando me dijo que estaba preocupado”, afirmó Vargas. La inquietud era porque sus acreedores habían comenzado a amenazar a sus amigos.
El testigo agregó: “Se mostraba eufórico. Hablaba constantemente por teléfono”. Una hora después, pasadas las 17, llegó Pilepich en una camioneta Mercedes-benz modelo G500 negra. Pérez Algaba repitió lo de las amenazas a sus amigos.
Pilepich recordó, en su declaración, que Lechuga tenía en brazos a su bulldog francés, Cooper. En el departamento que alquilaba la víctima, en Ituzaingó, se secuestró un certificado de su psiquiatra en el que se consigna que Pérez Algaba tenía un cuadro depresivo y de ansiedad. En ese informe se aconsejaba que viajara con Cooper, explicaron, en su momento, fuentes de la investigación. El testigo también contó cómo estaba vestido su amigo, pantalón de jogging negro, buzo negro y campera azul, blanca y roja.
“Mientras duró la reunión, Fernando se la pasó hablando por teléfono, no sé con quién”, sostuvo el testigo. Pérez Algaba le devolvió la camioneta a Pilepich. “Le pregunté si necesitaba que lo llevara a algún lado y me dijo que no, que lo iban a pasar a buscar, pero no dijo quién”, agregó.
Pilepich y Vargas se fueron en la camioneta Land Rover. Dejaron el otro vehículo en el campo. Ante la consulta de los investigadores, el testigo explicó que la camioneta Mercedes-benz la fue a buscar esa misma noche, pero no recordaba el horario.
Antes de terminar la declaración testimonial, Pilepich contó que unos cuatro meses antes del crimen, tras una reunión de trabajo que mantuvieron en su casa, Pérez Algaba se llevó una pistola marca Glock calibre 9 milímetros sin que él lo notara. En cuanto lo advirtió, le reclamó el arma a Lechuga, quien le contestó que la necesitaba “para protegerse”.

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ADN del crimen: un fantasma de Sinaloa todavía sobrevuela la masacre de General Rodríguez
Los asesinatos de Leopoldo Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón demostraron que carteles mexicanos operaban en la Argentina
Gustavo Carabajal
Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damían Ferrón fueron encontrados asesinados en 2008
Antes de matarlos, los asesinos de Leopoldo Bina, Sebastián Forza y Damián Ferrón los torturaron y se encargaron de que cada una de las víctimas observaran el castigo y el sufrimiento al que sometían a sus amigos. A Bina le cortaron la oreja derecha y obligaron a Forza a ingerir cocaína. Bina y Forza presenciaron la muerte de su amigo sabiendo que luego correrían la misma suerte. A Bina y a Ferrón los mataron de cuatro balazos a cada uno. A Forza lo asesinaron de siete disparos.
Cuando faltan días para que se cumplan quince años de los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, el autor intelectual de la masacre ocurrida el 7 de agosto de 2008 en General Rodríguez podría quedar sin castigo debido a que se cumpliría el plazo legal que derivaría en la finalización de la persecución judicial, lo que provocaría en la prescripción de la acción penal.
Esto significa que si después del lunes, el autor intelectual se presentara en el juzgado federal N°1 porteño y afirmara que fue el instigador del denominado triple homicidio de la efedrina, la Justicia no podría procesarlo ni detenerlo, ni condenarlo.
La única posibilidad de que el autor intelectual sea sentenciado después del lunes, se daría en caso que ya hubiera sido indagado durante la instrucción del sumario.
Este sería el caso, por ejemplo de Ibar Esteban Pérez Corradi, señalado por el Tribunal Oral N° 2, de Mercedes, como el presunto autor intelectual de la masacre. Sin embargo, en abril de 2021, la Justicia Federal le dictó la falta de mérito en el expediente por la masacre de la efedrina.
Martín y Cristian Lanatta, al ser detenidos tras su fuga
Pero, el hecho de haber sido indagado postergaría la prescripción de la acción penal hasta 2031. Hasta el momento, no se aportaron nuevas pruebas que avalen un nuevo llamado a indagatoria, por lo que Pérez Corradi también quedaría afuera del sumario, sin posibilidad de ser investigado nuevamente.
La única excepción que evitaría que el instigador quede sin castigo ocurriría en caso que se pudiera probar que el autor intelectual hubiera sido funcionario público.
A quince años de la masacre la investigación para encontrar a los instigadores de los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, sigue abierta. Durante el juicio oral realizado en 2012, la Justicia dio por probado que, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor y Marcelo Schillacci asesinaron a Forza, Ferrón y Bina.
Sus jefes no querían competidores en la multimillonaria venta de efedrina a los carteles de narcotraficantes mexicanos que, en 2008, eligieron la Argentina para instalar laboratorios de producción de drogas sintéticas.
“Acá falta gente. Solamente condenaron a los partícipes de los homicidios de mi hermano, Forza y Bina. No fue sentenciado ni detenido el autor intelectual. El caso quedó parcialmente impune. Los Lanatta y los Schillacci solos no pudieron haber concretado semejante crimen”, expresó Diego Ferrón, hermano de Damián, una de las víctimas.
Efedrina secuestrada en un depósito de Belgrano
La afirmación de Ferrón se funda en una serie de episodios que quedaron al descubierto durante la investigación. Por ejemplo, se borraron los archivos con las grabaciones de las cámaras de seguridad de los peajes y del bar de la estación de servicio situada en un shopping, de Sarandí, donde las víctimas se reunieron con los asesinos. Además, fueron asesinados testigos y se plantaron vehículos quemados en distintos lugares para desviar la pesquisa. Solamente alguna fuerza de seguridad o los servicios de inteligencia tienen el poder para hacer desaparecer esas pruebas, plantar pistas falsas y movilizar tres cadáveres desde Quilmes hasta General Rodríguez.
“A mi hermano, Forza y Bina, los llevaron engañados a una reunión, los redujeron, los torturaron, los mataron y después, transportaron sus cuerpos por el conurbano”, manifestó Ferrón, quien junto el periodista Agustín Ceruse escribió un libro en el que se realizó una descripción rigurosa y pormenorizada de la investigación, a partir de lo que figura en el expediente.
“Tengo tres hipótesis. Una apuntaba a Ibar Pérez Corradi, como presunto autor intelectual, aunque le dictaron la falta de mérito. La segunda línea de investigación que no se siguió, surgió a partir de las relaciones de Bina y su vinculación con Rodrigo Pozas Iturbe, uno de los dueños del laboratorio que explotó en un chalet de Ingeniero Maschwitz, en 2008. Hubo una reunión en la que Bina y Forza discutieron con Pozas Iturbe sobre el precio del kilo de efedrina, si valía $2000 o US$2000. En ese momento, se cortó la relación con Pozas Iturbe, entonces, Bina y Forza, comenzaron a venderle efedrina a Jesús Martínez Espinosa. Entonces, Pozas Iturbe, posiblemente, se haya sentido traicionado y, en venganza, había ordenado matarlos”, expresó el hermano de una de las víctimas.
Sobre la tercera hipótesis, Ferrón indicó que, posiblemente, las víctimas hubieran quedado presas de una maniobra pergeñada por organismos de inteligencia.
Al principio, la investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Yacobucci quien a partir del hallazgo de los cuerpos en General Rodríguez, declinó la competencia en el fiscal de Delitos Complejos del Departamento Judicial Mercedes, Juan Ignacio Bidone.
En menos de seis meses, el representante del Ministerio Público encontró pruebas que derivaron en las detenciones de los hermanos Schillaci y Lanatta y en sus posteriores condenas.
Martínez Espinoza, fuertemente custodiado
“El verdadero móvil del homicidio múltiple fue la efedrina. Nuestro territorio fue ámbito fértil para la colonización por los carteles mexicanos, quienes mandaron a sus ‘virreyes’, entre ellos, a Jesús Martínez Espinosa, quien tenía estrecha relación con Marcelo Tarzia, encargado de sus negocios en la Argentina, e Ibar Pérez Corradi”, expresó uno de los magistrados en los fundamentos de la sentencia con los hermanos Lanatta y los Schillacci.
En un informe de la DEA, la oficina norteamericana que se encarga de la lucha contra el narcotráfico, que se incluyó en la página 112 de la sentencia por el triple homicidio de General Rodríguez, se mencionó al mexicano Martínez Espinosa.
El primero era el delegado del cartel de Sinaloa en la Argentina y decidió instalar un laboratorio de fabricación de metanfetaminas en una quinta de Ingeniero Maschwtiz. Forza intentó convertirse en proveedor de Martínez Espinosa y le vendió efedrina pero, uno de los competidores y exsocio de una de las víctimas del triple crimen habría saboteado el cargamento y lo rebajó con sal. Fue así que, al someter al proceso químico para la elaboración de metanfetaminas, la sal provocó una reacción distinta y el laboratorio explotó.
Durante el juicio aparecieron testigos que, abonaron la sospecha que apunta al mencionado Pozas Iturbe con el laboratorio de Maschwitz.
“Leopoldo Bina, Ricardo Sladkowski y Carlos San Luis buscaban efedrina para vendérsela a Rodrigo”. La frase pertenece a Cristian Heredia y fue expuesta en el mencionado debate. En su declaración, Heredia mencionó a “Rodrigo”. Se trata de Rodrigo Pozas Iturbe, quien apareció vinculado al principio de la investigación. A partir de allanamientos, Pozas Iturbe quedó involucrado en la causa del triple homicidio. Aunque nunca fue condenado por esos asesinatos.
Durante la investigación del triple crimen se estableció que Pozas Iturbe, que tiene en su cuerpo el tatuaje de una cabra cruzada con dos cuchillos, señal de su pertenencia a un cartel mexicano, se reunió con Bina y Forza en una estación de servicio de General Rodríguez y en una oficina de Pilar.
Aportes de campaña
Ni en el momento del hallazgo de los cuerpos, ni durante la investigación, ningún funcionario del Poder Ejecutivo Nacional hizo algo para esclarecer el triple homicidio, a pesar que Forza fue uno de los grandes aportantes a la campaña electoral del Frente para la Victoria (FPV) que llevó a la presidencia a Cristina Fernández. A través de su droguería Seacamp depositó cuatro cheques en la cuenta del Nº 5270993 del Banco Nación, propiedad del FPV.
Tanto la explosión del laboratorio en Ingeniero Maschwitz como los homicidios de Forza, Ferrón y Bina, pusieron al descubierto que la Argentina se había convertido en el segundo comprador mundial de efedrina.
Rodrigo Pozas Iturbe
Entre 1999 y 2010 se importaron 55.395 kilogramos de efedrina, cuando la industria farmacéutica de nuestro país consumía no más de cien kilogramos por año para la elaboración de antigripales y descongestivos. Cada comprimido de esos medicamentos lleva una microdosis de efedrina, por lo tanto, la cantidad requerida por los laboratorios era muy inferior a la que se importaba.
A raíz de la investigación por el triple homicidio, la Justicia determinó que de esos 55.395 kilogramos al menos 40.000 kilogramos de efedrina fueron derivados a los grupos de narcotraficantes, especialmente al cartel de Sinaloa.
Veinte días después del homicidio de Forza, el Poder Ejecutivo Nacional decidió limitar la importación de la efedrina. Con una resolución conjunta de los ministerios de Salud y Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se determinó que solo los laboratorios que se dediquen a la producción de medicamentos que contengan efedrina estaban autorizados a importar el mencionado precursor químico.

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