RED DE CORRUPCIÓN EN ROSARIO

El juicio por el asesinato en el casino expone el nexo espurio entre narcos, fiscales y políticos
El homicidio del gerente del Banco Nación, baleado durante un ataque atribuido a Los Monos, reveló una trama de extorsiones y la protección de una red de corrupción
Germán de los SantosMinisterio de Seguridad
ROSARIO.– Una trama de extorsiones, con un manual que aplicaba la mafia para realizar atentados y homicidios, y la protección de una red de corrupción política y judicial que colaboraba con grupos narco son los ejes de un juicio de alto impacto.
A partir del crimen del gerente del Banco Nación Enrique Encino, ejecutado por Los Monos en el casino City Center, comenzó a entretejerse una causa que provocó que, por primera vez en esta provincia, dos fiscales sean detenidos y un político –el senador peronista Armando Traferri– sea directamente señalado, aun cuando no pudo ser formalmente imputado, amparado en los fueros legislativos que podría perder en las próximas elecciones del 13 de septiembre en Santa Fe o por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene bajo análisis un reclamo por la inconstitucionalidad de la protección parlamentaria.
El contador Encino, gerente del Banco Nación en Las Parejas, estaba ajeno a toda la trama narco de Rosario. El 11 de enero de 2020 había ido al casino a apostar. Salió a fumar un cigarrillo a uno de los balcones cuando una bala lo mató.
Los disparos fueron ejecutados, según consta en la causa, por miembros de Los Monos, que tras el ataque pretendían cobrarle a la sala de juegos un “canon por protección”, una maniobra típica de la mafia.
Este caso, según el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra, “explica la trama criminal en Rosario”.
“Vamos a exponer las evidencias que acreditan la participación de los acusados en el homicidio. Además, probaremos el accionar de esta asociación ilícita conducida por Ariel ‘Guille’ Cantero, que tuvo un ladero muy importante, como Carlos “Toro” Escobar [referenciado en una caricatura en la bandera exhibida en la tribuna por la barra brava de Newell’s], y a Otniel de León, uno de los que dispararon contra el casino, y Maximiliano Díaz, que trabajaba afuera en la organización de este hecho”.
Los fiscales pidieron 22 años de cárcel para el líder de Los Monos, que está detenido en el penal federal de Marcos Paz y acumula condenas por más de 106 años de prisión.
“Este crimen es un caso importante para poder explicar la trama criminal en Rosario, las relaciones que existen en el mundo criminal [y] cuál es la relación de los aportes estatales para este funcionamiento que permite que los grupos criminales prosperen. En este caso vamos a mostrar cómo a partir de la apertura de un teléfono y de otras evidencias pudimos dar con toda una red de relaciones entre quienes manejaban el juego ilegal y funcionarios de la fiscalía y funcionarios políticos”, explicó Schiappa Pietra.
Matías Edery, fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, consideró que “esta causa fue la que originó una investigación sobre una red de corrupción política y judicial, que tiene involucrados a fiscales y al senador Armando Traferri”.
El negocio de la extorsión
El 8 de enero de 2020, el líder de Los Monos dio la orden desde la cárcel de Marcos Paz: “Hay que hacer lo del City (Center). Ahí vamos a sacar una money”. La instrucción fue recibida por Maximiliano Díaz, alias Cachete, que tuvo a su cargo la planificación del ataque a la sala de juegos, ejecutado tres días después.
El atentado al casino fue una bisagra en el entramado que Los Monos tejían con el nuevo negocio de las extorsiones. Cachete Díaz se comunicaba por WhatsApp con las potenciales víctimas, a las que investigaban previamente. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2019 llamó a Rodrigo Fabiani y le exigió que le entregara una camioneta Toyota Hilux y 30.000 dólares a cambio de no atentar contra su vida.
En las comunicaciones previas quedó en evidencia que Los Monos sabían que Fabiani se había quedado con dinero de Maximiliano Rodríguez, alias Diente de Lata, asesinado en agosto de 2014 en la autopista Rosario-Córdoba. Había una inteligencia previa en ese submundo donde el límite entre la legalidad y el delito es muy fino.
Este esquema de extorsiones ya lo hacían con los gremios. Díaz era quien se ocupaba de cobrarle “en persona” al gremio de los taxistas para “no perturbar su actividad”. Esto ocurrió a partir de octubre de 2019, cuando Horacio Yanotti quedó al frente del sindicato tras la expulsión de Horacio Boix, luego de protagonizar un choque con un Audi del gremio, que terminó en escándalo.
Boix les pagaba a Los Monos por seguridad y Cachete pretendía que Yanotti hiciera lo mismo. La trama se puso más densa cuando empezaron a balear las casas de los integrantes de la comisión directiva del sindicato. Algo similar ocurrió con el gremio de estibadores del puerto de Rosario. Boix fue condenado el miércoles pasado por haber usado para gastos personales 239.226 dólares que eran de la caja del gremio, y por haber mandado a balear –a través de Los Monos– a los integrantes de la comisión directiva que lo echaron de la conducción en 2019
El 8 de enero de 2020, Díaz envió a su hermano Fabián y a dos menores a extorsionar a Pablo Fortuny, dueño de una financiera ubicada en Entre Ríos al 700, pleno centro de Rosario. A este hombre, con quien se reunieron en un bar en Río de Janeiro y Montevideo, le exigieron que pagara 5000 dólares por mes a cambio de no atentar a balazos contra su local, algo que lo podía llevar a la bancarrota.
Flavia Brion, la pareja de Cachete, tenía un rol importante en este esquema, ya que también manejaba el dinero de las extorsiones y agendaba las reuniones con las víctimas, a quienes “apretaban” en el bar Mansa, de Pellegrini al 600, propiedad de Mariano Ruiz, uno de los lavadores de dinero de la banda Los Monos, según estableció la Justicia.
Desde sus calabozos, tanto en el penal federal de Marcos Paz como en la cárcel de Piñero, en las afueras de Rosario, Los Monos delinearon un negocio extorsivo y violento que parece no tener límites, alimentado por el universo oscuro de un sector de la economía.
Un hecho fortuito y clave
Una de las claves en esta causa fue que, 48 horas después del crimen de Encino, los fiscales detuvieron a Cachete Díaz. Al verse atrapado, Díaz rompió y descartó su celular. Pero un vecino lo encontró y aparecieron los primeros hilos de una red narco complejísima que llega hasta la cima del poder político y financiero de la provincia
De ese teléfono no solo obtuvieron información sobre el crimen, sino de otras maniobras temerarias. Los Monos habían planeado un incendio en el estacionamiento del City Center, con otros ejecutores, dos días antes del crimen. El objetivo era extorsionar a los dueños del casino. Dinero a cambio de tranquilidad.
La idea era hacer explotar un auto en el parking cuando estuviera repleto de gente. Pero la Gendarmería detuvo a quienes debían encargarse del golpe;ibanabordodeunVolkswagen Gol rojo robado, con una Browning 9 milímetros y 14 balas en el cargador. Díaz cometió entonces un error: le pidió a un mandamás del juego clandestino, Leonardo Peiti, que les preguntara a sus “amigos de la fiscalía” por la situación de los detenidos. Así comenzaron a aparecer las complicidades judiciales y políticas.
La relación del “empresario” que manejaba el juego clandestino con Los Monos venía de antes. Peiti les pagaba una “mensualidad” para que no lo mataran. Primero abonó 20.000 dólares y luego, 5000 por mes, durante un año y medio, más el manejo de tres salas de juego ilegales. Pero Los Monos no solo querían su dinero sucio, sino sus influencias en la Justicia, que habría tejido de la mano del senador Traferri.
Urgido por el pedido de Díaz, Peiti llamó a un comisario retirado y al jefe máximo de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal. Con esas llamadas expuso el contubernio entre el juego ilegal, la policía, el narco, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y el poder político
Pero Traferri nunca pudo ser imputado porque el Senado de Santa Fe rechazó, en diciembre de 2021, retirarle sus fueros para poder ser indagado. En noviembre pasado, la jueza Bibiana Alonso decidió aceptar el pedido de los fiscales Edery y Schiappa Pietra para que la causa no pasara al archivo, a la espera de qué resolución tomará la Corte Suprema, a la que los funcionarios del MPA acudieron en queja luego de que el máximo tribunal de Santa Fe –por cinco votos contra uno– rechazara el pedido de inconstitucionalidad del artículo 54 de la carta magna santafesina, que impide que un senador sea imputado.
Es probable que la Corte Suprema de la Nación no se expida sobre este caso antes de las elecciones de septiembre, por lo que Traferri podrá ser elegido nuevamente senador si gana en el departamento de San Lorenzo, algo que está en duda, ya que los dos candidatos de Juntos por el Cambio sumaron en las PASO 2431 votos más que el legislador peronista, que va por su cuarto mandato.

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