NUEVA CONCESIÓN DEL OFICIALISMO

El Gobierno acepta limitar las facultades delegadas para destrabar la ley ómnibus
Milei no tendría potestades previsionales ni tributarias; buscan sesionar mañana
Delfina Celichini
Luego de retirar el eje fiscal y económico del proyecto de ley ómnibus, el Gobierno decidió hacer una nueva concesión ante los bloques de la oposición dialoguista para que mañana acompañen la iniciativa en la Cámara de Diputados: dejarán por escrito en el texto de la norma que las facultades delegadas por el Congreso al presidente Javier Milei no alcanzarán la materia fiscal y tributaria, además de quedar limitadas a un año, como se había negociado en las últimas dos semanas.
En las bancadas de Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal ven con buenos ojos la limitación y entienden que el proyecto será aprobado en general, pero aún aguardan que la Casa Rosada les acerque el documento con las modificaciones que negociaron la semana pasada y que esperaban para anteayer. Un sector díscolo de la UCR pretende abstenerse, para facilitar la herramienta al Gobierno y no votar en contra, con el kirchnerismo.
Javier Milei ingresa en una semana clave para su plan de gobierno, cimentado en la conquista del déficit cero. Tras diezmar el proyecto de ley ómnibus quitando las reformas económicas y fiscales, buscará que mañana sea aprobado en la Cámara de Diputados. Una señal de fortaleza que, tras los últimos traspiés, demandan los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para ello, el Gobierno hará en las próximas horas otra concesión puntual a los legisladores de la oposición “dialoguista” que aún ponen reparos: limitarán la delegación de facultades en materia fiscal y previsional.
Con conversaciones que perduraron durante todo el fin de semana, la UCR, Pro y Hacemos Coalición Federal esperan por estas horas una respuesta formal a los pedidos de modificaciones planteadas después de una semana de intensos vaivenes para lograr un dictamen de mayoría. Si bien se descuenta que la iniciativa sea aprobada en general por el aval de este mosaico de legisladores, el foco estará puesto en cómo se llegará a la votación en particular de cada uno de los puntos de la iniciativa.
El kirchnerismo y la izquierda, por su parte, se encaminan a un rechazo total, y consideraron la quita del capítulo fiscal de la ley ómnibus como una “trampa”.
En la reunión de Labor Parlamentaria, que el oficialismo intentará convocar para hoy o a más tardar el martes, y por orden de la Casa Rosada, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) propondrá incluir un párrafo para dejar expresamente definido que las facultades delegadas al Presidente no incluirán las materias previsional y fiscal. Milei retendría los poderes especiales en las áreas económica, financiera, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa por un año, prorrogable por el Congreso por un año más.
“Se quejaban de estos dos temas, decían que tenían dudas, ahora se los vamos a dejar por escrito. Veremos si apoyan la ley”, comentaron a este diario altas fuentes del oficialismo, que en la Cámara baja tiene a su titular, Martín Menem, como intermediario entre los tomadores de decisiones del Poder Ejecutivo y los bloques aliados. A pesar de que todos reconocen la capacidad de diálogo de Menem, muestran fastidio ante la falta de interlocutores que definan situaciones. “Nos mandan funcionarios de segundas líneas que no tienen la última palabra y eso demora todo el proceso”, repiten quienes dedicaron las últimas semanas a puntear uno por uno los asuntos objetados.
Por ese modus operandi, las bancadas dialoguistas esperaban que la contrapropuesta con modificaciones que el Gobierno se había comprometido a otorgar antes del sábado llegara al menos ayer. Con una reunión de bloque prevista para esta tarde, la UCR aguardaba esta respuesta para definir cómo posicionarse. A pesar de su objetivo de mostrarse cohesionados, un sector referenciado en Facundo Manes y al que podrían sumarse media docena de diputados que responden al eje Martín Lousteau-Emiliano Yacobitti seguía con la idea de no acompañar el proyecto en general.
“Lo más probable es que se abstengan para no votar idéntico al kirchnerismo”, analizó un conocedor de las internas correligionarias.
La cumbre radical apuntaría a amalgamar la votación en particular, en la que, según trascendió, todos coinciden en no conceder al Presidente el capítulo de privatizaciones ni la transferencia de los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro. También rechaza la definición de lo que se considera una manifestación y los cambios en materia de legítima defensa. Temen que los libertarios, en consonancia con la oposición intransigente, apuren el tratamiento y solo habiliten la aprobación –o rechazo– de la iniciativa en general. “Los moderados quedarían en una encerrona”, sintetizaron.
En Pro, por su parte, ya manifestaron su intención de apoyar el proyecto en general, aunque enviaron algunas “mejoras” en temas “de forma y de técnica legislativa”. “Ya hicimos nuestras propuestas al oficialismo y tenemos expectativas de que serán recibidas, así que estaremos cuando convoque a la sesión”, señaló una espada parlamentaria del espacio.
Por último, en la heterogénea bancada que preside Miguel Pichetto –en sintonía con Innovación Federal, referenciado en los oficialismos de Misiones, Río Negro, Neuquén y Salta– la cautela impera. Tras emitir un comunicado el jueves en el remarcaron que tienen “el compromiso de otorgar gobernabilidad y darle al Gobierno las herramientas que necesita”, esperan que el oficialismo dé sus próximos pasos.
A pesar de la voluntad de diálogo que manifestaron, el hastío de sus principales referentes con el Gobierno quedó expuesto tras el maratónico tratamiento en comisiones. Por eso, en el comunicado destacaron que pretenden que el debate en el recinto sea “de cara a la gente (...) para que no se terminen votando de madrugada y a escondidas de la sociedad cuestiones centrales para el futuro de la Argentina”. Se espera que los diferentes espacios que componen esta bancada tengan libertad de acción para objetar los puntos que consideran “impasables”.
Estos tres bloques están ligados a los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio, sumados a los cuatro de Innovación Federal y al cordobés, Martín Llaryora. Con reuniones a lo largo de todo el fin de semana, los mandatarios provinciales coinciden en que están los números para la ley y valoraron que se quitara el capítulo fiscal. Sin embargo, están alertas a las próximas jugadas del Gobierno, que ya advirtió que recortará partidas a los gobiernos subnacionales.
“Vamos a ir a un nuevo pacto fiscal”, confió uno de los gobernadores. El foco está puesto en compensar el ajuste y consensuar un alivio a las cajas provinciales, muchas de ellas dependientes de las transferencias federales. Por eso, los mandatarios y un sector de los legisladores se reunieron este sábado por Zoom para evaluar el escenario general.
En el Gobierno reiteraron que los gobernadores que se oponen a la ley “se siguen negando a pagar el costo político” de la eventual suba del piso para el pago de Ganancias, que compensaría las finanzas provinciales

Con la colaboración de Jaime Rosemberg

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Los gobernadores dialoguistas buscarán “facilitar” la sanción de la ley y sumar más adelante otro paquete fiscal
Pese al torniquete de fondos nacionales, confían en que habrá “un reparto de cargas” entre la Casa Rosada y las provincias; se ven perjudicados por el freno del aumento en Ganancias y de la movilidad jubilatoria
Gabriela Origlia
Los gobernadores de Juntos por el Cambio, en la única reunión que tuvieron con el presidente Milei en la Casa Rosada

CÓRDOBA.– Los gobernadores “dialoguistas” celebraron la decisión de Javier Milei de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus para “acelerar y facilitar” la aprobación de la norma en el Congreso, aunque saben que ahora tienen que caminar en un desierto de fondos nacionales, ya que el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que no resigna el objetivo del déficit cero. Así dejó en claro que seguirán los recortes a los giros discrecionales y la retención fondos a financiamiento ya tomado por las provincias. Sin embargo, hay disposición entre esos mandatarios -la mayoría de Juntos por el Cambio y también de fuerzas provinciales- a acompañar medidas que tengan un “sesgo más federal”.
La marcha atrás del Poder Ejecutivo con el capítulo fiscal implica menos dinero para las provincias: se frena la coparticipación del blanqueo y la reinstalación de la cuarta categoría de Ganancias, oxígeno clave para las finanzas subnacionales. También queda afuera la fórmula jubilatoria, con el consecuente costo político que tendrán los gobernadores por la licuación de haberes.
Entre los dirigentes provinciales menos combativos no hay clima de victoria porque están convencidos de que enfrentan tiempos “muy difíciles”. Creen que no ganaron “nada” y que lo que viene será “complejo” pero, a la vez, entienden que separar el debate fiscal del resto es “positivo”. Al menos cuatro gobernadores de JxC coincidieron en que se abre una posibilidad de mejorar la capacidad de equilibrar las cuentas provinciales.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, uno de los dialoguistas, junto a la vicepresidenta Victoria Villarruel

Hasta el martes, cuando sería la sesión de la Cámara de Diputados, esperan que haya nuevas rondas de diálogo porque se mantienen puntos conflictivos, como es el de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo y la privatización de empresas del Estado.
Un dirigente cordobés hace una lectura cruda de la situación: “Caputo nos dijo: ‘No me dan retenciones; retiro todo’. Cambió el tono pero el costo fiscal para las provincias es alto”. El freno a la retracción de la reforma de Ganancias que hizo Sergio Massa y que la mayoría de los gobernadores apoyó ante la promesa de una “compensación”, impacta de lleno en las expectativas de una mejora en la coparticipación. En el último bimestre del 2023, les costó $118.000 millones, según estimó el Iaraf.
Entre las hipótesis de cómo sigue la situación, algunos mandatarios especulan que el capítulo fiscal ingresará al Congreso en proyectos separados en las sesiones ordinarias y creen “probable” que parte de la recaudación esperada por la suba de retenciones se compense con alternativas que ellos mismos habían propuesto, como la suba del impuesto al cheque o el PAIS, e incluso con el alza del impuesto a los combustibles. “Todos son malos, lo que hay que buscar es el mal menor y repartir más el peso”, deslizan desde el grupo de JxC.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participa de las negociaciones en Buenos Aires
El cordobés Martín Llaryora -quien este lunes vuelve a la ciudad de Buenos Aires para las negociaciones- ratificó que entre los “dialoguistas” hay voluntad de reflotar una parte de las medidas retiradas: “Consideramos que no debe aprobarse la suba de ningún derecho de exportación, ni Ganancias, ni las reformas previsionales. Pero hay una parte del paquete fiscal que puede aprobarse porque todos entendemos que hay que buscar el equilibrio y que el Gobierno debe tener las herramientas para cumplir las metas que se trazó”, dijo en diálogo con La Voz del Interior.
En una reunión virtual con mandatarios de JxC y legisladores, se consensuó que se puede acompañar el blanqueo de capitales, las modificaciones en Bienes Personales, la continuidad y suba del impuesto Pais, el fomento a las inversiones y el sostenimiento del fondo educativo.
Ajuste en marcha
El torniquete a las transferencias a las provincias ya empezó. Hasta el 22 de enero, los giros discrecionales sumaron $60 millones frente a los $37.000 millones del mismo período del 2023 pero, además, varios gobernadores confirmaron a este diario que Economía les está reteniendo recursos por vencimientos que se deberían rollear; corresponden al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP).
Desde antes de la salida del presidente Alberto Fernández, los mandatarios de todos los partidos vienen pidiendo por el FFDP, que constituye un mecanismo de asistencia financiera; le reclamaban que lo extendiera hasta el 2050. Al 31 de marzo pasado, acumulaba un stock de deuda de $185.879 millones: Chubut, con $33.310 millones, encabeza el listado y le siguen Chaco, con $26.186 millones, y Tucumán, con $23.351 millones.
Entre los seis puntos que los gobernadores de JxC habían pedido incluir en el dictamen y que Nación había aceptado, uno es “bloquear la eliminación” del FFDP y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). Subrayan la “relevancia” que tienen como fuente de financiamiento para las provincias y CABA, “magnificada en el contexto actual de dificultades para el acceso al financiamiento voluntario de los mercados de crédito”.
El ministro de Economía, Luis Caputo

“Por un lado, nos aceptan el pedido y, por el otro, nos retienen fondos –precisó uno de los mandatarios damnificado horas antes de la conferencia de Caputo–. ¿A quién le creemos?”. Una disconformidad recurrente es sobre el “teléfono descompuesto”, como llaman irónicamente a lo que consideran falta de interlocutores nacionales. Hablan a diario con Guillermo Francos, pero el ministro del Interior les aclara que las decisiones finales son de su par de Economía. Con Caputo hablaron, hasta el viernes, unos pocos gobernadores. Ninguno con Milei después de la reunión que mantuvieron en diciembre.
Antes del dictamen de comisión se sumó, por la Nación, el economista Maximiliano Fariña para redactar los cambios. Según coinciden varios legisladores, fue quien los alertó acerca de que el cálculo de la movilidad jubilatoria que regiría desde el 1 de abril se salteaba enero. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) lo publicó después.
Del Fondo de Sustentabilidad de Anses, la objeción era que si pasaba todo al Tesoro no había recursos para pagarles lo adeudado a las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas: son unos US$2000 millones. Piden cobrar y, además, que Nación cumpla con los giros mensuales actualizados.
Desconfianzas mutuas
El malestar de la mayoría de los gobernadores que venían negociando cambios del proyecto (los diez de JxC; Llaryora; el rionegrino Alberto Weretilneck; el salteño Gustavo Sáenz; el neuquino Rolando Figueroa) llevaba al oficialismo nacional al fracaso en el Congreso. A la disconformidad porque “no se respetaban” los cambios consensuados se sumó lo que consideraron “amenazas” desde la Casa Rosada.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek
Aún así, mantenían el rechazo a la suba de retenciones, a la gestión por parte del Tesoro del Fondo de Sustentabilidad de Anses y la movilidad jubilatoria. La grieta era el triángulo crucial para el ministro de Economía. Los “dialoguistas” planteaban que en el punto en que se estaba la ley terminaría siendo “una cáscara vacía” y resaltaban que todas las propuestas que planteaban eran rebotadas.
La oposición a la suba de retenciones unió a los gobernadores de las provincias productivas, de las que tienen más actividad privada. Los sectores empresarios les advirtieron respecto al impacto que la mayor carga tendría en la actividad y, en consecuencia, en la recaudación propia de las provincias.
El viernes al mediodía, Karina Milei, secretaria General de Presidencia, estuvo en el Congreso. Almorzó con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Les notificó que no había más modificaciones y ellos le confirmaron que no estaban los números para sacar la ley.
La tensión alcanzó su punto culminante en paralelo a que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) definió que el 31 se reúne para definir el desembolso de US$4700 millones para la Argentina. Además de seguir las variables económicas, tiene la mira puesta en la gobernabilidad. Hace dos años el Fondo pidió recortar los giros de la Nación a las provincias por fuera de la coparticipación; el año pasado recibieron el equivalente a 1,2% del PBI (0,76% en transferencias corrientes).

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