El Gobierno evalúa reducir las custodias de expresidentes
Busca además firmar acuerdos de reciprocidad con otros países en caso de que pasen un tiempo en el exterior
El Gobierno evalúa reducir las custodias de los expresidentes y firmar acuerdos de reciprocidad con otros países en caso de que los exmandatarios decidan radicarse en el exterior, como ocurre con Alberto Fernández, que vive en España.
La medida, confirmada por fuentes oficiales, busca cion mostrar austeridad y una voluntad de reducir gastos, sobre todo por lo que significa la movilización de efectivos policiales de manera permanente a otros países cuando se desplazan los exmandatarios. Antes de dejar el cargo, Alberto Fernández había firmado un decreto que pretendía concentrar en la Casa
Militar la custodia del Presidente, el vicepresidente y exmandatarios en la Casa Rosada, la quinta de Olivos y eventuales residencias transitorias. Pero esa norma fue derogada el 13 de diciembre pasado, cuando juró como ministra Patricia Bullrich.
Ahora, se trabaja en un borrador de decreto que nuevamente busca darle más poder a la Secretaría General de la Presidencia sobre las custodias y reducirlas. Se analiza la posibilidad de buscar acuerdos de reciprocidad con otros países. Ese mecanismo consistiría en que las autoridades extranjeras brindaran custodia a un expresidente que esté en el exterior y lo propio ocurriría si un mandatario extranjero decidiera afincarse o pasar una larga temporada en el país.
Un funcionario que confirmó la existencia de este proyecto puso como ejemplo el caso de Alberto Fernández en Madrid. El costo de su custodia, de la Policía Federal Argentina, incluye los gastos que demandan el hotel y los traslados de los efectivos, su alimentación y su transporte, mientras el expresidente, su esposa y su hijo Francisco vivan en el exterior. Actualmente son tres los efectivos afectados a la custodia de Fernández.
En cambio, Eduardo Duhalde no tiene custodia, Mauricio Macri cuenta con cerca de 30 efectivos de custodia y la expresidenta Cristina Kirchner, con unos 80 o 100 efectivos de custodia, según se informó en 2019, antes de que sufriera en 2022 un intento para acabar con su vida cuando llegaba a la casa en la que vivía en Recoleta. Luego de esa tentativa habría aumentado la cantidad de efectivos. Cristina Kirchner sufrió el atentado el 1° de septiembre de 2022 y por ese ataque están presos Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Probablemente este año se los juzgue. En la causa judicial se investigó el rol que tuvo la custodia de la expresidenta –que era vicepresidenta en el momento del ataque– y se corroboraron fallas que permitieron que Sabag Montiel le apuntara con una pistola a la cara. La bala no salió porque el arma no estaba montada.
Asimismo, se está analizando reducir la cantidad de policías de custodia afectados a la seguridad de la familia de los custodiados y se evalúa hasta qué grado de parentesco se brindará custodia.
La División Custodia Presidencial y la Unidad Custodia Ex-Mandatarios de la Policía Federal cuidan a los expresidentes. Depende del Ministerio de Seguridad, pero en rigor la seguridad del Presidente y el vice es coordinada por la Casa Militar.
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El conurbano, el Gran Rosario y el noroeste, los más golpeados
Un informe privado dice que a los centros urbanos con alta informalidad laboral y robusto nivel de consumo les llevará más tiempo recuperarse de la actual crisis
Francisco Olivera
Los gobernadores, durante la reunión que mantuvieron con el Gobierno por los fondos, semanas atrás
El golpazo de la crisis es tan fuerte que, si se presta atención a la cantidad de empresas que el país tiene cada 1000 habitantes o a los puestos de trabajo, hay que remontarse a los tiempos de Eduardo Duhalde y el inicio de Néstor Kirchner para encontrar cifras comparables. La Argentina está estancada. En un escenario similar al de entonces, pero con menos recursos. Para peor, el futuro promete que una eventual recuperación llevará muchos años y tampoco será uniforme: según un informe de la consultora Abeceb, del economista Dante Sica, incluso si Milei tuviera éxito, algo que él considera probable bajo determinadas condiciones, la mejora sería significativa, pero llegaría más tarde para los centros urbanos en donde justamente hay mayores necesidades. En concreto, a los conurbanos bonaerense y rosarino, a la región noroeste y a Corrientes les costará todo un poco más.
Tiene su lógica. Sica proyecta una economía más basada en la inversión que en el consumo y, por lo tanto, la primera reacción positiva favorecería a sectores que emplean a trabajadores formales. El energético, el minero, el industrial, el forestal. Por eso la Capital Federal, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén, distritos que tienen, en ese orden, un nivel de trabajadores registrados más alto, tendrían más posibilidades. Siempre que todo saliera bien. La provincia de Buenos Aires, en cambio, está incluso por debajo del promedio nacional en niveles de precarización laboral. Y eso que se toma todo el distrito. Si se analiza solo al conurbano, el panorama es un escándalo.
La Matanza, por ejemplo, tiene 70.000 trabajadores formales privados sobre una población de casi dos millones de personas. La informalidad llega ahí al 65%. En La Plata pasa algo parecido. Ahí viven casi 800.000 personas y hay 506.000 en condiciones de trabajar: sin embargo, los asalariados privados registrados son apenas 79.000; los del Estado, 115.000, y habría que agregar 173.000 de lo que se conoce como “economía popular” (cuentapropistas más informales). Son situaciones similares a las que padecen Lanús, Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora. “Esos lugares dependen más del mercado interno, va a llevar más tiempo que se recuperen”, dice Sica.
El informe compendia también los municipios con mayor porcentaje de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en relación con la gente en condiciones de trabajar. Encabeza el ranking Florencio Varela, seguido por Ezeiza, José C. Paz, Moreno y La Matanza.
Existen, de todos modos, oportunidades en cada rincón del país para cambiar ese destino, gracias a lo que el informe llama sectores más dinámicos para los que podría llegar más inversión si se crean condiciones. “San Juan tiene alta informalidad, pero potencial de desarrollo de sectores como la minería”, describe el informe, que incluye en esa zona también a las energías renovables. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y parte de Chaco y Formosa podrían también integrar ese lote.
La Patagonia tiene por ejemplo un buen desarrollo de petróleo y gas, agrega, pero la minería está todavía lejos de su potencial. “En Misiones, la región más postergada en desarrollo industrial, se abre una ventana de oportunidad con el sector forestal y la agroindustria”, plantea. Y concluye que la agroindustria debería ser una salida para la crisis en la provincia de Buenos Aires. “Aun con incentivo a grandes inversiones, posiblemente el margen de crecimiento en empleo directo sea marginal por el alto desarrollo de la industria”, afirma.
Es entendible que los salarios hayan ido durante todos estos años en sintonía con el nivel de precariedad. La pobreza en los trabajadores formales está en lo más alto desde 2004, dice Sica. Solo si se considera los registrados –públicos o privados– incluidos en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), es decir, aquellos que hicieron aportes a la seguridad social en los últimos 13 meses, el año que acaba de pasar tuvo a precios constantes un promedio de sueldos comparable a los meses posteriores a la devaluación de Duhalde. Un informe de Jorge Colina, de la consultora Idesa, afirma que el promedio de 2023 dio $592.661 netos, apenas por arriba del que había en 2002, de $589.657.
Aquella crisis licuó todos los activos, algo que de algún modo ayudó a ganar competitividad para la recuperación, pero al Ripte le llevó años volver a los niveles de los 90. Alcanzó un valor similar al promedio de 1994-2001 ($845.866) recién casi una década después, en 2011, año en que Cristina Kirchner fue reelegida con el 54% en la primera vuelta ($880.998).
Es curioso porque, aunque los ingresos siguieron repuntando hasta 2017 –luego de una breve caída en 2016–, aquel 2011 es señalado por los economistas como momento bisagra, cuando la economía dejó de crecer. Fue el inicio del cepo de Axel Kicillof, cuando el Estado empezó a quedarse sin dólares. Es cierto que la inflación de diciembre pasado, del 25,5%, representó una hecatombe para el promedio anual del salario. El economista Fernando Marull, de la consultora FMyA, hace otra comparación: diciembre de 2023 tuvo el peor salario desde abril de 2005.
En tal sentido, según publicó días atrás, el último año gobierno de Alberto Fernández cerró con los bolsillos de los argentinos mucho más flacos de lo que estaban ya en el inicio de su presidencia. El índice general de salarios, que informa cada es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), concluyó con un aumento de 152,7% en 2023, con lo que quedó muy rezagado respecto de un incremento anual de la inflación que alcanzó el 211,4%.
Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que, si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una caída de 20,2% en el sector público, de 14,7% en el privado y de 31% en el privado no registrado (informal). Este último es, sin dudas, el que más pierde poder adquisitivo desde hace años.ß
El economista Dante Sica proyecta una economía más basada en la inversión que en el consumo
Es entendible que los salarios hayan ido durante todos estos años en sintonía con el nivel de precariedad
El golpazo de la crisis es tan fuerte que, si se presta atención a la cantidad de empresas que el país tiene cada 1000 habitantes o a los puestos de trabajo, hay que remontarse a los tiempos de Eduardo Duhalde y el inicio de Néstor Kirchner para encontrar cifras comparables. La Argentina está estancada. En un escenario similar al de entonces, pero con menos recursos. Para peor, el futuro promete que una eventual recuperación llevará muchos años y tampoco será uniforme: según un informe de la consultora Abeceb, del economista Dante Sica, incluso si Milei tuviera éxito, algo que él considera probable bajo determinadas condiciones, la mejora sería significativa, pero llegaría más tarde para los centros urbanos en donde justamente hay mayores necesidades. En concreto, a los conurbanos bonaerense y rosarino, a la región noroeste y a Corrientes les costará todo un poco más.
Tiene su lógica. Sica proyecta una economía más basada en la inversión que en el consumo y, por lo tanto, la primera reacción positiva favorecería a sectores que emplean a trabajadores formales. El energético, el minero, el industrial, el forestal. Por eso la Capital Federal, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén, distritos que tienen, en ese orden, un nivel de trabajadores registrados más alto, tendrían más posibilidades. Siempre que todo saliera bien. La provincia de Buenos Aires, en cambio, está incluso por debajo del promedio nacional en niveles de precarización laboral. Y eso que se toma todo el distrito. Si se analiza solo al conurbano, el panorama es un escándalo.
La Matanza, por ejemplo, tiene 70.000 trabajadores formales privados sobre una población de casi dos millones de personas. La informalidad llega ahí al 65%. En La Plata pasa algo parecido. Ahí viven casi 800.000 personas y hay 506.000 en condiciones de trabajar: sin embargo, los asalariados privados registrados son apenas 79.000; los del Estado, 115.000, y habría que agregar 173.000 de lo que se conoce como “economía popular” (cuentapropistas más informales). Son situaciones similares a las que padecen Lanús, Avellaneda, Quilmes y Lomas de Zamora. “Esos lugares dependen más del mercado interno, va a llevar más tiempo que se recuperen”, dice Sica.
El informe compendia también los municipios con mayor porcentaje de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en relación con la gente en condiciones de trabajar. Encabeza el ranking Florencio Varela, seguido por Ezeiza, José C. Paz, Moreno y La Matanza.
Existen, de todos modos, oportunidades en cada rincón del país para cambiar ese destino, gracias a lo que el informe llama sectores más dinámicos para los que podría llegar más inversión si se crean condiciones. “San Juan tiene alta informalidad, pero potencial de desarrollo de sectores como la minería”, describe el informe, que incluye en esa zona también a las energías renovables. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y parte de Chaco y Formosa podrían también integrar ese lote.
La Patagonia tiene por ejemplo un buen desarrollo de petróleo y gas, agrega, pero la minería está todavía lejos de su potencial. “En Misiones, la región más postergada en desarrollo industrial, se abre una ventana de oportunidad con el sector forestal y la agroindustria”, plantea. Y concluye que la agroindustria debería ser una salida para la crisis en la provincia de Buenos Aires. “Aun con incentivo a grandes inversiones, posiblemente el margen de crecimiento en empleo directo sea marginal por el alto desarrollo de la industria”, afirma.
Es entendible que los salarios hayan ido durante todos estos años en sintonía con el nivel de precariedad. La pobreza en los trabajadores formales está en lo más alto desde 2004, dice Sica. Solo si se considera los registrados –públicos o privados– incluidos en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), es decir, aquellos que hicieron aportes a la seguridad social en los últimos 13 meses, el año que acaba de pasar tuvo a precios constantes un promedio de sueldos comparable a los meses posteriores a la devaluación de Duhalde. Un informe de Jorge Colina, de la consultora Idesa, afirma que el promedio de 2023 dio $592.661 netos, apenas por arriba del que había en 2002, de $589.657.
Aquella crisis licuó todos los activos, algo que de algún modo ayudó a ganar competitividad para la recuperación, pero al Ripte le llevó años volver a los niveles de los 90. Alcanzó un valor similar al promedio de 1994-2001 ($845.866) recién casi una década después, en 2011, año en que Cristina Kirchner fue reelegida con el 54% en la primera vuelta ($880.998).
Es curioso porque, aunque los ingresos siguieron repuntando hasta 2017 –luego de una breve caída en 2016–, aquel 2011 es señalado por los economistas como momento bisagra, cuando la economía dejó de crecer. Fue el inicio del cepo de Axel Kicillof, cuando el Estado empezó a quedarse sin dólares. Es cierto que la inflación de diciembre pasado, del 25,5%, representó una hecatombe para el promedio anual del salario. El economista Fernando Marull, de la consultora FMyA, hace otra comparación: diciembre de 2023 tuvo el peor salario desde abril de 2005.
En tal sentido, según publicó días atrás, el último año gobierno de Alberto Fernández cerró con los bolsillos de los argentinos mucho más flacos de lo que estaban ya en el inicio de su presidencia. El índice general de salarios, que informa cada es el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), concluyó con un aumento de 152,7% en 2023, con lo que quedó muy rezagado respecto de un incremento anual de la inflación que alcanzó el 211,4%.
Un trabajo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que, si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecia una caída de 20,2% en el sector público, de 14,7% en el privado y de 31% en el privado no registrado (informal). Este último es, sin dudas, el que más pierde poder adquisitivo desde hace años.ß
El economista Dante Sica proyecta una economía más basada en la inversión que en el consumo
Es entendible que los salarios hayan ido durante todos estos años en sintonía con el nivel de precariedad
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