FIDUCIARIOS Y CONFLICTO

La falta de control favoreció el desmanejo del fondo ligado a Grabois
Aunque movió cerca de $500.000 millones, hubo demoras y omisiones en los organismos; una alerta de la Sigen no fue escuchada

Camila Dolabjian
El controvertido Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU), apuntado como una caja política sin transparencia, tiene un elaborado sistema de control alrededor de su actividad, pero prácticamente se mantuvo sin funcionamiento y favoreció su opacidad. Si bien Fernanda Miño, la responsable de la secretaría que lo ejecutó, y Juan Grabois, su jefe político, dijeron públicamente que hubo controles, un informe de la Sigen al que accedió destaca que no hubo ninguna cion auditoría en 2020 ni en 2021.
Entre 2022 y 2023 se realizaron cuatro informes, pero tres fueron realizados sobre el BICE (Banco Argentino de Desarrollo), el fiduciante, y uno solo sobre el FISU, el fiduciario. Si bien no se trata de información pública, fuentes oficiales comentaron que esos reportes fueron resumidos en uno solo, que se encuentra en poder de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, y que denotan “debilidades en el sistema de control interno”, entre otros problemas que serían denunciados por el Presidente en su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa.
Miño también aseguró en su cuenta de la red X y por radio que hubo un control de la Auditoría General de la Nación (AGN) en 2023, pero Miguel Ángel Pichetto, quien la gestionó por parte de la oposición hasta diciembre, comentó que no se realizo ninguna, sino que fue aprobado un pedido para auditar desde enero de 2019 a diciembre de 2022, pero con inicio de tareas recién para agosto de este año. Por lo tanto, todavía no se concretó la revisión.
El FISU, según los números a los cuales accedió la nacion, manejó $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años, pero solo concluyó el 6% de la obra.
“Desde la Oficina Anticorrupción, la Auditoría, etcétera, ninguno salió a hacer un solo comentario al respecto, salvo el secretario de Integración Urbana que se llama [Sebastián] Pareja, que dijo que todos los balances estaban bien y que no había irregularidades, por eso, es una clara operación de desprestigio”, dijo Juan Grabois. Sin embargo, en ningún sistema de ambos organismos, AGN y Sigen, aparecen audito rías hecha sal F IS U.
En comunicación con la nacion, Pareja, que este jueves se constituyó como presidente del fondo, dijo que hasta el momento no ha detectado irregularidades en el área financiera, aunque espera un informe de una auditoría interna para comprobar los resultados de ejecución y gestión del FISU. “Todavía no tengo información sobre eso. Cuando la tenga, y si arroja problemas, se harán las denuncias que correspondan”, explicó, y añadió que el estudio se ordenó el 5 de febrero y que este viernes dio de baja los contratos con universidades para el control.
Además de estos dos organismos estatales, el fondo firmó un convenio con la Oficina Anticorrupción, como apuntó Grabois. Exfuncionarios del área explicaron a que no se revisaron si existían irregularidades, sino que se encargaron de hacer talleres con cerca de 60 cooperativas sociales para que apliquen criterios internos de transparencia. No se habrían encargado de controlar el flujo interno del fondo.
También cumplieron un rol las universidades y otras entidades. La Universidad de la Matanza estuvo encargada, a partir de enero de 2023, de auditar cerca de 30 obras en todo el país. Fuentes de la alta casa de estudios comentaron que en sus informes se plantearon múltiples veces graves problemas de calidad, a tal punto que hubo obras que sufrieron clausuras. El trabajo consistía en que ingenieros y arquitectos asistan a los proyectos de cloacas, alumbrado y reformas para corroborar que los aspectos técnicos sean correctos, lo que no se confirmaba en la practica. Se detectaron fallas, demoras (obras que iban a un 60% en seis meses cuando a esa altura debían estar finalizadas) y una fuente al tanto de estas auditorías aseguró que funcionarios del FISU solicitaron que “sean menos estrictos”.
La Universidad Tecnológica Nacional fue la responsable de auditar las obras en el área metropolitana. Tampoco son de acceso público esos informes ni hay constancia de su existencia, pese a las reiteradas consultas al rectorado, el órgano que fue directamente responsable de ejecutar los controles. PwC, la multinacional de auditoría, fue la empresa encargada del control financiero. Según fuentes de la compañía, solamente se encargaban de controlar que los fondos correspondientes corran en el fideicomiso, es decir que se transfieran los montos del BICE al FISU. No tenían que controlar la gestión interna ni la ejecución de los proyectos

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Los movimientos sociales se unen y exigen alimentos
Distintas organizaciones se movilizan contra el “ajuste” de Milei
Apurados por la crisis que atraviesan los comedores comunitarios que gestionan y en abierto rechazo al ajuste que despliega el Gobierno, los movimientos sociales kirchneristas, otros ligados a la izquierda y un tercer grupo más independiente se agruparon detrás de las mismas consignas y reclamos. Lo hicieron en una conferencia de prensa frente al Obelisco porteño, con la que anunciaron la movilización que realizarán hoy en distintos puntos del país.
Unidos, los piqueteros resolvieron activar una serie de protestas, principalmente para exigir que se regularice el reparto de alimentos a los comedores populares. El epicentro del reclamo, será en la Capital Federal, frente a las puertas de la sede que el Ministerio de Capital Humano tiene en el barrio de Retiro.
“Mientras se disparan los números de pobreza e indigencia, la ministra [Sandra] Pettovello sigue sin resolver la entrega de alimentos. Por ello, un amplio espectro de organizaciones decidimos realizar protestas conjuntas”, explicó Silvia Saravia, dirigente de Libres del Sur.
Este nuevo frente ampliado reúne a grupos asociados a la izquierda, como el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, con otros sectores de perfil menos combativo, como Libres del Sur, junto con las organizaciones que integran la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y entre las que se encuentran el Movimiento Evita, dirigido por el exfuncionario del kirchnerismo Emilio Pérsico; Somos Barrios de Pie, conducido por el también exfuncionario Daniel Menéndez, y el Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), cuyo líder es el exprecandidato a la presidencia de UP Juan Grabois, hoy alejado de su rol como dirigente social.
En la provincia de Buenos Aires, los focos de protesta se distribuyen en distintos municipios. La fábrica de Alpargatas en Florencia Varela; el triángulo de Bernal del partido homónimo; la ruta 3 en La Matanza y la rotonda de Lemos en Los Polvorines son algunos de los puntos de concentración de una movilización que será “grande pero tranquila”, según anticipó un dirigente social.
La convergencia de los movimientos sociales se da en medio de una escalada de conflictividad. El martes último, La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas y es liderado por Oscar Maturano, por una puja salarial con el Gobierno, activó un paro de 24 horas en los trenes que dejó sin servicio a más de un millón de usuarios. Ayer, el gremio de Sanidad, conducido por Héctor Daer, hizo lo propio con una nueva medida de fuerza, también por 24 horas.
“Ellos [por el Gobierno] creen que el problema del hambre lo van a resolver rápidamente con las transferencias a la Asignación Universal por Hijo [AUH] o la Tarjeta Alimentar [...] y ese no es el universo al que atienden las ollas. Quizá las primeras dos semanas esa gente vive con eso que le entra con la AUH, pero las dos últimas semanas del mes termina en la olla”, dijo a Nicolás Caropresi, la nacion referente del MTE, en alusión a las subas dictaminadas por el Gobierno en las mencionadas asistencias.
La conferencia de prensa de ayer fue la primera gran muestra de unidad entre movimientos que han estado distanciados por diferencias en las formas y las afinidades políticas. La crisis que atraviesan los comedores –no reciben alimentos por parte de la Nación desde antes de la asunción del presidente Javier Milei– y el rechazo al “ajuste” barrieron con las diferencias entre las organizaciones que ensayan un frente común de protesta que tendrá hoy su primera puesta en práctica y que podría ser el primer capítulo de una nueva saga de reclamos de mayor envergadura.

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