Llaman a gobernadores para una negociación
El gobernador afirmó que sus diputados sumaron para alcanzar el número porque no quieren “poner palos en la rueda” del Gobierno
Gabriela Origlia
CÓRDOBA.– Mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, subrayó que los diputados provinciales de Hacemos por Nuestro País dieron quorum para no poner “palos en la rueda”. A su vez, advirtió: “Milei sabe que, del mismo modo que vamos a acompañar el proceso de reparación y reconstrucción de la Argentina, también vamos a defender los intereses de Córdoba”.
Llaryora realizó ayer la apertura de sesiones ordinarias del año legislativo de la provincia. Insistió en que, “sin el apoyo de Córdoba, la ley ómnibus no estaría siendo tratada”. A lo largo de su discurso, varias veces se refirió –directa o indirectamente– a que la Nación no puede arreglar sus cuentas fiscales a expensas de las provincias. “La Argentina sale toda entera, con el interior, o no va a salir nunca”, enfatizó.
Antes había dicho que, en lo que llevan de gestión él y Milei, se estableció una relación “correcta” con la Nación. “Es una relación que tiene que tener respeto mutuo, con diálogo franco y directo”, describió. También reiteró que nunca estuvieron dispuestos los legisladores nacionales cordobeses a acompañar las retenciones que impulsaba el Gobierno.
Sobre la mirada “productivista” de la dirigencia cordobesa, señaló: “Ya vivimos el 2001, que empezó antes. Lo veíamos venir desde 1998. No puede haber plan fiscal sin plan productivo. No estamos de acuerdo que para alcanzar la paz fiscal haya que llegar a la paz de un cementerio”, indicó al reiterar una crítica a Milei que ya había planteado en una entrevista
Llaryora enfatizó su vínculo con dirigentes provinciales de distintos colores políticos –su proyecto es ampliar el “cordobesismo”– y sostuvo que, en crisis, las “obligaciones del Estado se agrandan, la gente busca más la salud pública, se eleva la asistencia social”. En esa línea, reivindicó los “convenios colaborativos” tanto en el ámbito estatal como en el privado para “mantener los puestos de trabajo en medio de la crisis”.
“Voy a dejar todo para estar a la altura de estos tiempos y de las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las mayores crisis en la historia de la Argentina”, dijo en el arranque de su discurso. Añadió que la crisis es “cada vez peor y cada día se agrava” y que “la inflación impacta de lleno en las economías regionales”.
Afuera del recinto hubo una protesta de la Unión de Educadores de Córdoba, el gremio de los docentes, que es el único que todavía no acordó paritarias. El gobernador ratificó lo que el lunes, antes de la reunión con sus pares, dijo a este diario, en el sentido de que no se puede tener un “plan de ajuste” sin un plan productivo.
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Convocatoria a los gobernadores para un nuevo pacto fiscal
El Gobierno quiere un acuerdo con los mandatarios, luego de aprobar la ley ómnibus
CÓRDOBA.– Mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley ómnibus enviado por el presidente Javier Milei, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, subrayó que los diputados provinciales de Hacemos por Nuestro País dieron quorum para no poner “palos en la rueda”. A su vez, advirtió: “Milei sabe que, del mismo modo que vamos a acompañar el proceso de reparación y reconstrucción de la Argentina, también vamos a defender los intereses de Córdoba”.
Llaryora realizó ayer la apertura de sesiones ordinarias del año legislativo de la provincia. Insistió en que, “sin el apoyo de Córdoba, la ley ómnibus no estaría siendo tratada”. A lo largo de su discurso, varias veces se refirió –directa o indirectamente– a que la Nación no puede arreglar sus cuentas fiscales a expensas de las provincias. “La Argentina sale toda entera, con el interior, o no va a salir nunca”, enfatizó.
Antes había dicho que, en lo que llevan de gestión él y Milei, se estableció una relación “correcta” con la Nación. “Es una relación que tiene que tener respeto mutuo, con diálogo franco y directo”, describió. También reiteró que nunca estuvieron dispuestos los legisladores nacionales cordobeses a acompañar las retenciones que impulsaba el Gobierno.
Sobre la mirada “productivista” de la dirigencia cordobesa, señaló: “Ya vivimos el 2001, que empezó antes. Lo veíamos venir desde 1998. No puede haber plan fiscal sin plan productivo. No estamos de acuerdo que para alcanzar la paz fiscal haya que llegar a la paz de un cementerio”, indicó al reiterar una crítica a Milei que ya había planteado en una entrevista
Llaryora enfatizó su vínculo con dirigentes provinciales de distintos colores políticos –su proyecto es ampliar el “cordobesismo”– y sostuvo que, en crisis, las “obligaciones del Estado se agrandan, la gente busca más la salud pública, se eleva la asistencia social”. En esa línea, reivindicó los “convenios colaborativos” tanto en el ámbito estatal como en el privado para “mantener los puestos de trabajo en medio de la crisis”.
“Voy a dejar todo para estar a la altura de estos tiempos y de las necesidades de mi pueblo, sabiendo que estamos en una de las mayores crisis en la historia de la Argentina”, dijo en el arranque de su discurso. Añadió que la crisis es “cada vez peor y cada día se agrava” y que “la inflación impacta de lleno en las economías regionales”.
Afuera del recinto hubo una protesta de la Unión de Educadores de Córdoba, el gremio de los docentes, que es el único que todavía no acordó paritarias. El gobernador ratificó lo que el lunes, antes de la reunión con sus pares, dijo a este diario, en el sentido de que no se puede tener un “plan de ajuste” sin un plan productivo.
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Convocatoria a los gobernadores para un nuevo pacto fiscal
El Gobierno quiere un acuerdo con los mandatarios, luego de aprobar la ley ómnibus
Jaime Rosemberg
Decidido a sortear los obstáculos que aún restan en la discusión para aprobar lo que queda de la ley ómnibus, el presidente Javier Milei discutió ayer en la reunión de gabinete una rápida convocatoria a los gobernadores de todos los signos políticos. La convocatoria, adelantada por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de los bloques denominados “dialoguistas”, no fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“Estamos abocados al tratamiento de la ley Bases, luego se evaluará con qué actores nos deberemos reunir”, dijo Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada. Fuentes del Gobierno agregaron que, de producirse, el encuentro con los mandatarios provinciales se hará una vez que la ley ómnibus sea tratada por la Cámara de Diputados.
“Va a haber un hecho importante del Poder Ejecutivo, con una posible convocatoria a los gobernadores”, había dicho por la mañana Pichetto en Radio Rivadavia. En el mismo sentido, aunque con menos precisión, se había expresado el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien habló de una discusión sobre un nuevo pacto fiscal, una vez que esté aprobada la ley, que se discute en la Cámara de Diputados.
Francos aseguró entonces que la reunión se daría “para generar un nuevo pacto fiscal sobre los recursos coparticipables” y definió la discusión en el Congreso como “conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse”.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a ese posible acuerdo fiscal con la Casa Rosada, aunque marcó diferencias. “Ya vivimos el 2001, que empezó antes. Lo veíamos venir desde 1998. No puede haber plan fiscal sin plan productivo. No estamos de acuerdo con que para alcanzar la paz fiscal haya que llegar a la paz de un cementerio”, dijo el cordobés en la apertura de sesiones legislativas de su provincia.
En relación con la polémica por la coparticipación del impuesto PAIS, Francos señaló en Radio Mitre: “El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley ‘Bases’, les dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables”, precisó.
Los diputados opositores insisten, con un guiño de los gobernadores de Juntos por el Cambio, en la necesidad de coparticipar un porcentaje (el 30 por ciento) de ese impuesto que se recauda a partir de los gastos en el exterior realizados por argentinos mediante tarjetas de crédito. Fuera de micrófono, cerca del Presidente reiteraron que “los gobernadores quieren coparticipar ahora el impuesto para que no lo podamos eliminar cuando abramos el cepo. Por eso, no lo vamos a hacer”, detallaron las fuentes, que estimaron esa liberación del cepo para “abril o mayo”.
Algunas gobernaciones afirmaron a que aún no habían la nacion recibido la invitación presidencial. Afirmaron que “se requieren toda una logística” y cierta anticipación para que el encuentro pueda llevarse a cabo. Los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, por caso, están en reuniones vinculadas a la explotación de litio en distintos países de Europa. Cerca de otros mandatarios de la oposición dialoguista sí reconocieron “diálogos informales” para empezar a discutir un nuevo pacto fiscal, pero sin plazos ni fechas en concreto.
En la reunión de gabinete, según trascendió, el Presidente reiteró su deseo de “terminar con la novela, que se vote” y que la ley sea aprobada.
“Se gana 1 a 0, o por penales, pero se gana”, estimaron cerca del primer mandatario, confiados en que la norma, más allá de las discusiones con gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista, terminaría siendo aprobada.
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El Gobierno pidió un nuevo acuerdo para un camarista que apoyó el DNU de Milei
Es Carlos Grecco, próximo a cumplir 80 años; integra la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal; ya le dieron otro acuerdo con Macri
Hernán Cappiello
Carlos Grecco
El Gobierno le pidió al Senado que le dé un nuevo acuerdo al camarista en lo contencioso administrativo federal Carlos Grecco para que pueda continuar en su cargo cinco años más, a pesar de cumplir 80 años de edad.
Grecco ya había conseguido un nuevo acuerdo del Senado y había sido nombrado camarista por cinco años más el 24 de octubre de 2018 por Mauricio Macri, tras cumplir 75 años de edad, que es el tope que establece la Constitución nacional para que los jueces sigan en sus cargos si no media esta nueva revalidación.
La propia Corte Suprema señaló a fin del año pasado, al resolver el caso de la exjueza Ana María Figueroa, que todos los nombramientos de magistrados de 75 años o más se harán por cinco años, “y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
Grecco integró con su colega Sergio Fernández, el más influyente de los camaristas con ascendencia sobre la mayoría de sus colegas del fuero, la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a la que le tocó intervenir en enero en el debate del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que busca reformar mas de 300 leyes.
Hubo más de 60 demandas de inconstitucionalidad en el fuero en lo contencioso administrativo federal para buscar anular toda la norma y que no se aplique. El juez de feria Enrique Lavié Pico rechazó en primera instancia los amparos presentados, entre otros, por el abogado Jorge Rizzo y por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Cuando el caso llegó a Grecco y a Fernández, ambos magistrados confirmaron el rechazo de los amparos y mantuvieron la vigencia del DNU de Milei. No se metieron en el fondo del asunto, es decir, no analizaron si el DNU es constitucional o no, sino que argumentaron que ni Rizzo ni la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad tenían un caso concreto donde estuvieran afectados ellos en particular por el decreto.
El pedido de Milei con la elevación del pliego de Grecco ingresó anteayer a las 18.45 a la Comisión de Acuerdos del Senado con la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona. Ahora para que Grecco siga siendo juez el Senado debe analizar su pliego y poner en marcha un mecanismo de impugnaciones y audiencias, y luego conseguir los votos de la mayoría.
En el Gobierno explicaron que el caso de Grecco es diferente al de los candidatos a jueces cuyos pliegos retiró del Senado el presidente Milei. Dijeron funcionarios del oficialismo a que en su caso “se hizo una excepción”.
Aumento a judiciales
La Corte dispuso un aumento salarial del 12,5% del sueldo retroactivo al mes de diciembre “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto de la inflación”, según se informó en un comunicado. La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y el administrador Damián Font.
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Rompieron a martillazos un aparato para controlar el presentismo de municipales
Alak había denunciado que el 56% cobra sin ir a trabajar
El dispositivo roto
Después de denunciar un 56% de ausentismo de los empleados de la Municipalidad de La Plata, el nuevo intendente de la ciudad, Julio Alak (Unión por la Patria), instaló aparatos de control biométrico en dependencias municipales para registrar el presentismo de los trabajadores a través de sus huellas digitales. Pero ayer por la mañana, cuando los dispositivos llevaban una semana instalados, cuatro hombres ingresaron a la delegación municipal de Los Hornos y rompieron a martillazos el aparato dispuesto allí. El hecho derivó en una denuncia penal del municipio por “amenaza coactiva, daños al patrimonio público municipal, intimidación pública y atentado contra la autoridad”.
El municipio informó que la destrucción del equipo sucedió a las 7.30, “en la delegación ubicada en [la esquina de] 137 y 64, y quedó registrado en las cámaras de seguridad del organismo”. En un comunicado, se explicó que “en las imágenes se ve cómo cuatro hombres ingresan al lugar y uno de ellos destruye con un martillo tanto la pantalla como el servidor del dispositivo”.
“El acto vandálico se llevó a cabo claramente con un fin coactivo de amenaza e intimidación, amedrentando a la empleada administrativa que se encontraba en el lugar y al resto de los agentes municipales”, se indicó en el texto difundido por la intendencia. “Este no es un hecho aislado, se registra en un contexto de agresión y violencia que se está multiplicando en distintas dependencias comunales ante las políticas impulsadas por la actual gestión para garantizar la transparencia en el municipio”, se añadió. Según especificaron fuentes locales a la nacion, la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
El jueves pasado, cuando el sistema de control biométrico se aplicó por primera vez, arrojó como resultado que en la delegación de Los Hornos se presentaron a trabajar 144 empleados sobre un total de 456.
Alak auditó la herencia recibida de su antecesor en el cargo de intendente, Julio Garro (Juntos por el Cambio), y denunció ausentismo (36% de empleados que no registran actividad y 20% con carpeta médica), una planta municipal de 12.573 trabajadores que consideró desproporcionada, pago de sueldos a un empleado fallecido, y personas contratadas a pesar de estar condenadas por delitos graves. Garro argumentó que Alak busca “echar a 4.000 empleados y poner gente de él”.
Entre las cuestiones que el nuevo intendente denunció figura una “deuda municipal heredada por la actual gestión de más de $17.000 millones”, dato que usó como argumento para pagar los sueldos municipales de enero de forma escalonada. Hoy, se abonarán los salarios de hasta $250.000; el lunes, los que están entre los $250.000 y los $400.000; el martes, los que se ubican entre los $400.000 y los $800.000, y el miércoles, los que superen los $800.000. En algunas dependencias, los empleados activaron protestas con retención de tareas. Según aseguraron desde el municipio, solo abonarán de esta forma los salarios de enero.
Decidido a sortear los obstáculos que aún restan en la discusión para aprobar lo que queda de la ley ómnibus, el presidente Javier Milei discutió ayer en la reunión de gabinete una rápida convocatoria a los gobernadores de todos los signos políticos. La convocatoria, adelantada por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, uno de los referentes de los bloques denominados “dialoguistas”, no fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
“Estamos abocados al tratamiento de la ley Bases, luego se evaluará con qué actores nos deberemos reunir”, dijo Adorni en conferencia de prensa en la Casa Rosada. Fuentes del Gobierno agregaron que, de producirse, el encuentro con los mandatarios provinciales se hará una vez que la ley ómnibus sea tratada por la Cámara de Diputados.
“Va a haber un hecho importante del Poder Ejecutivo, con una posible convocatoria a los gobernadores”, había dicho por la mañana Pichetto en Radio Rivadavia. En el mismo sentido, aunque con menos precisión, se había expresado el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien habló de una discusión sobre un nuevo pacto fiscal, una vez que esté aprobada la ley, que se discute en la Cámara de Diputados.
Francos aseguró entonces que la reunión se daría “para generar un nuevo pacto fiscal sobre los recursos coparticipables” y definió la discusión en el Congreso como “conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse”.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a ese posible acuerdo fiscal con la Casa Rosada, aunque marcó diferencias. “Ya vivimos el 2001, que empezó antes. Lo veíamos venir desde 1998. No puede haber plan fiscal sin plan productivo. No estamos de acuerdo con que para alcanzar la paz fiscal haya que llegar a la paz de un cementerio”, dijo el cordobés en la apertura de sesiones legislativas de su provincia.
En relación con la polémica por la coparticipación del impuesto PAIS, Francos señaló en Radio Mitre: “El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley ‘Bases’, les dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables”, precisó.
Los diputados opositores insisten, con un guiño de los gobernadores de Juntos por el Cambio, en la necesidad de coparticipar un porcentaje (el 30 por ciento) de ese impuesto que se recauda a partir de los gastos en el exterior realizados por argentinos mediante tarjetas de crédito. Fuera de micrófono, cerca del Presidente reiteraron que “los gobernadores quieren coparticipar ahora el impuesto para que no lo podamos eliminar cuando abramos el cepo. Por eso, no lo vamos a hacer”, detallaron las fuentes, que estimaron esa liberación del cepo para “abril o mayo”.
Algunas gobernaciones afirmaron a que aún no habían la nacion recibido la invitación presidencial. Afirmaron que “se requieren toda una logística” y cierta anticipación para que el encuentro pueda llevarse a cabo. Los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca, por caso, están en reuniones vinculadas a la explotación de litio en distintos países de Europa. Cerca de otros mandatarios de la oposición dialoguista sí reconocieron “diálogos informales” para empezar a discutir un nuevo pacto fiscal, pero sin plazos ni fechas en concreto.
En la reunión de gabinete, según trascendió, el Presidente reiteró su deseo de “terminar con la novela, que se vote” y que la ley sea aprobada.
“Se gana 1 a 0, o por penales, pero se gana”, estimaron cerca del primer mandatario, confiados en que la norma, más allá de las discusiones con gobernadores y legisladores de la oposición dialoguista, terminaría siendo aprobada.
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El Gobierno pidió un nuevo acuerdo para un camarista que apoyó el DNU de Milei
Es Carlos Grecco, próximo a cumplir 80 años; integra la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal; ya le dieron otro acuerdo con Macri
Hernán Cappiello
El Gobierno le pidió al Senado que le dé un nuevo acuerdo al camarista en lo contencioso administrativo federal Carlos Grecco para que pueda continuar en su cargo cinco años más, a pesar de cumplir 80 años de edad.
Grecco ya había conseguido un nuevo acuerdo del Senado y había sido nombrado camarista por cinco años más el 24 de octubre de 2018 por Mauricio Macri, tras cumplir 75 años de edad, que es el tope que establece la Constitución nacional para que los jueces sigan en sus cargos si no media esta nueva revalidación.
La propia Corte Suprema señaló a fin del año pasado, al resolver el caso de la exjueza Ana María Figueroa, que todos los nombramientos de magistrados de 75 años o más se harán por cinco años, “y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite”.
Grecco integró con su colega Sergio Fernández, el más influyente de los camaristas con ascendencia sobre la mayoría de sus colegas del fuero, la sala de feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a la que le tocó intervenir en enero en el debate del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei que busca reformar mas de 300 leyes.
Hubo más de 60 demandas de inconstitucionalidad en el fuero en lo contencioso administrativo federal para buscar anular toda la norma y que no se aplique. El juez de feria Enrique Lavié Pico rechazó en primera instancia los amparos presentados, entre otros, por el abogado Jorge Rizzo y por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Cuando el caso llegó a Grecco y a Fernández, ambos magistrados confirmaron el rechazo de los amparos y mantuvieron la vigencia del DNU de Milei. No se metieron en el fondo del asunto, es decir, no analizaron si el DNU es constitucional o no, sino que argumentaron que ni Rizzo ni la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad tenían un caso concreto donde estuvieran afectados ellos en particular por el decreto.
El pedido de Milei con la elevación del pliego de Grecco ingresó anteayer a las 18.45 a la Comisión de Acuerdos del Senado con la firma del ministro Mariano Cúneo Libarona. Ahora para que Grecco siga siendo juez el Senado debe analizar su pliego y poner en marcha un mecanismo de impugnaciones y audiencias, y luego conseguir los votos de la mayoría.
En el Gobierno explicaron que el caso de Grecco es diferente al de los candidatos a jueces cuyos pliegos retiró del Senado el presidente Milei. Dijeron funcionarios del oficialismo a que en su caso “se hizo una excepción”.
Aumento a judiciales
La Corte dispuso un aumento salarial del 12,5% del sueldo retroactivo al mes de diciembre “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto de la inflación”, según se informó en un comunicado. La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y el administrador Damián Font.
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Rompieron a martillazos un aparato para controlar el presentismo de municipales
Alak había denunciado que el 56% cobra sin ir a trabajar
Después de denunciar un 56% de ausentismo de los empleados de la Municipalidad de La Plata, el nuevo intendente de la ciudad, Julio Alak (Unión por la Patria), instaló aparatos de control biométrico en dependencias municipales para registrar el presentismo de los trabajadores a través de sus huellas digitales. Pero ayer por la mañana, cuando los dispositivos llevaban una semana instalados, cuatro hombres ingresaron a la delegación municipal de Los Hornos y rompieron a martillazos el aparato dispuesto allí. El hecho derivó en una denuncia penal del municipio por “amenaza coactiva, daños al patrimonio público municipal, intimidación pública y atentado contra la autoridad”.
El municipio informó que la destrucción del equipo sucedió a las 7.30, “en la delegación ubicada en [la esquina de] 137 y 64, y quedó registrado en las cámaras de seguridad del organismo”. En un comunicado, se explicó que “en las imágenes se ve cómo cuatro hombres ingresan al lugar y uno de ellos destruye con un martillo tanto la pantalla como el servidor del dispositivo”.
“El acto vandálico se llevó a cabo claramente con un fin coactivo de amenaza e intimidación, amedrentando a la empleada administrativa que se encontraba en el lugar y al resto de los agentes municipales”, se indicó en el texto difundido por la intendencia. “Este no es un hecho aislado, se registra en un contexto de agresión y violencia que se está multiplicando en distintas dependencias comunales ante las políticas impulsadas por la actual gestión para garantizar la transparencia en el municipio”, se añadió. Según especificaron fuentes locales a la nacion, la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación Nº 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
El jueves pasado, cuando el sistema de control biométrico se aplicó por primera vez, arrojó como resultado que en la delegación de Los Hornos se presentaron a trabajar 144 empleados sobre un total de 456.
Alak auditó la herencia recibida de su antecesor en el cargo de intendente, Julio Garro (Juntos por el Cambio), y denunció ausentismo (36% de empleados que no registran actividad y 20% con carpeta médica), una planta municipal de 12.573 trabajadores que consideró desproporcionada, pago de sueldos a un empleado fallecido, y personas contratadas a pesar de estar condenadas por delitos graves. Garro argumentó que Alak busca “echar a 4.000 empleados y poner gente de él”.
Entre las cuestiones que el nuevo intendente denunció figura una “deuda municipal heredada por la actual gestión de más de $17.000 millones”, dato que usó como argumento para pagar los sueldos municipales de enero de forma escalonada. Hoy, se abonarán los salarios de hasta $250.000; el lunes, los que están entre los $250.000 y los $400.000; el martes, los que se ubican entre los $400.000 y los $800.000, y el miércoles, los que superen los $800.000. En algunas dependencias, los empleados activaron protestas con retención de tareas. Según aseguraron desde el municipio, solo abonarán de esta forma los salarios de enero.
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