ESTADO Y COMUNIDAD

Alianza estratégica: cómo trabajan las organizaciones que reciben ayuda estatal
Mirna, vecina de la villa 21-24 y fundadora de un comedor
La articulación incluye desde programas de gestión asociada hasta subsidios, capacitaciones y becas; aunque se destacan los resultados, reclaman cifras oficiales actualizadas y mayor transparencia

"Hacemos lo que el Estado no puede ni sabe cómo hacer", afirma Laura de la Fundación Pelota de Trapo, para quien "aún falta conciencia sobre la importancia del trabajo del tercer sector". A ese desconocimiento le atribuye las críticas de muchos cuando ven las cifras que se transfieren del Estado a las organizaciones de la sociedad civil, sin entender que esta interacción fortalece las políticas públicas de impacto directo para la sociedad.
En mayo, cuando el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó ante el Congreso sus informes bimestrales, fue cuestionado acerca de los fondos girados a las organizaciones sociales. En 2017 fueron transferidos más de 9000 millones de pesos a asociaciones y fundaciones, entre otras entidades. Las dos carteras nacionales que más fondos destinaron fueron Desarrollo Social, con más de 3000 millones de pesos, y Obra Pública y Vivienda, con 2000 millones.
La transferencia de recursos públicos es compleja, porque involucra a muchos organismos y áreas de cada ministerio, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, que funcionan con sus propios programas. El reparto del dinero se hace a través de subsidios, becas o convenios por proyectos que se presentan en convocatorias públicas y abiertas. Otras vías son capacitaciones o apoyo técnico. Y es posible obtener financiamiento de los tres sectores a la vez.
Según Carlos March, miembro de la Confederación de la Sociedad Civil, uno de los problemas es que "no hay herramientas en el Estado para definir los criterios de los dineros públicos que fluyen a las organizaciones sociales y muchas veces se distribuyen de manera discrecional". March señala que en la ciudad funciona la ley de mecenazgo, "un mecanismo con criterio de acceso transparente", pero que esto no existe a nivel nacional, "lo que es una gran debilidad del Estado".
"No son donaciones, no es asistencia, sino que se está creando una nueva forma de trabajo. La sociedad y el Estado deben ver que no les están pidiendo dinero, sino que les están dando una solución a un problema", sostiene Liliana  cofundadora de Nobleza Obliga, una plataforma de financiamiento colectivo. "No es un Estado paralelo, es complementario a él", completa  para quien lo que se plantea es "un cambio cultural". Desde su mirada, las organizaciones intermedias son fundamentales en esta tarea, al capacitar y profesionalizar a las organizaciones de base, que en general desconocen que existen fondos disponibles y cómo acceder.
Por citar un caso, el gobierno porteño, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, todos los años abre una convocatoria donde expone sus necesidades en diferentes áreas, y cada organización puede presentar sus iniciativas. Así financian alrededor de 400 proyectos de la sociedad civil.
Cada ministerio tiene su propia modalidad. No hay una política unificada ni un sistema general. Tampoco existen cifras unificadas sobre la cantidad de organizaciones del país. Se estima que son más de 100.000, pero la mayoría desarrolla su trabajo en la informalidad. Solo un 10% cumple con los requisitos para eximirse del pago del impuesto a las ganancias y están inscriptas en la AFIP. De hecho, en la Inspección General de Justicia (IGJ) figuran no más de 11.500. Las organizaciones no se registran por falta de recursos, desinformación o trabas burocráticas.
En el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc), que depende del Ministerio de Desarrollo Social, hay anotadas 17.000 entidades de todo el país. Figurar en el Cenoc es requisito para quienes "reciban o pretendan recibir fondos públicos".
Sebastián , director de Nobleza Obliga, remarca la importancia de conocer de forma más precisa la composición del sector y destaca que esta actividad genera empleo, crea capacitación e impacta en el PBI, algo que en otras latitudes se mide con precisión. "Deberíamos hacerlo -subraya- para que la gente pueda ver que los subsidios son una inversión en el futuro del país".
Gestión asociada
El Programa Nacional de Primera Infancia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, tiene dos planes de alcance nacional. Uno es el de fortalecimiento y apertura de los Centros de Primera Infancia (CPI) que dan contención fuera del ámbito escolar a chicos de hasta 4 años. "Nos acercarnos a las provincias para fortalecer espacios existentes, a los que después sumamos algunos nuevos, y hoy en total llegan a 1500", aclara Gabriel Castelli, titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El otro plan es el de Primeros Años. Con ambos llegan a 120.000 chicos en todas las provincias.
En la provincia de Buenos Aires, todos los fondos se transfieren con un convenio y la matriz es una gestión asociada entre sociedad civil y Estado. "No es ayuda, es asociación", explica el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano.
"La palabra tercerizar es muy criticada por muchos porque están acostumbrados a trabajar distinto. El programa Envión, para fortalecer la inclusión laboral de adolescentes de 16 a 21 años, viene del gobierno anterior y lo mantuvimos [se otorga a 40 organizaciones]", grafica el funcionario.
Además hay otros programas bonaerenses como Unión de Desarrollo Infantil, que otorga becas (370 instituciones beneficiarias); Niñez (que se entrega a 300 asociaciones), y Casas de Encuentro (alcanza a 30 espacios).
"Estamos convencidos de que esta gestión asociada es mejor porque no significa dar el dinero y desentenderse. Hacemos el seguimiento, controlamos el proceso, pedimos rendición de cuentas, tratamos de que todo sea cada vez más transparente", detalla López Medrano. En su ministerio calculan que un hogar de niños sostenido por el gobierno de la provincia cuesta el doble que uno en convenio con una ONG, más allá de la contención y el afecto que reciben los chicos.
Desde la dirección de la Fundación Pelota de Trapo, con más de 20 años en Avellaneda, la abogada Taffetani defiende con pasión el valor de las organizaciones sociales, porque ve diariamente los cambios que se generan al dar amor y cuidado a niños vulnerables.
Sin embargo, delimita con claridad la naturaleza de estas tareas: "Una cosa es que el Estado reconozca y promueva las organizaciones, las articule con sus obligaciones y las considere parte de las políticas públicas, y otra es que tercerice en ella sus funciones". Además advierte que las necesidades a abordar van en aumento: "Cuando antes eran infancia, discapacidad y tercera edad, hoy se suman la violencia, el medio ambiente y las adicciones", enumera Taffetani.
Para corregir y mejorar la articulación con el Estado, la Sociedad Civil en Red propone reformas concretas a las leyes vigentes. "Nuestro rol es mejorar el marco regulatorio de las organizaciones y generar mayor visibilidad de su aporte a la sociedad", explica Mario Burgos, secretario ejecutivo de la Red.
En ese sentido, la Fundación Vivienda Digna aportar un buen ejemplo. Recibe fondos de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, y también tiene socios y grandes donantes que aportan periódicamente. Además, al trabajar junto a Cáritas, la fundación recibe dinero de colectas, a lo que agregaron una innovadora fuente de ingresos: un corralón de materiales que vende al 25% de su valor mercaderías donadas por empresas del rubro. Tiene 70 empleados y muchos voluntarios.
Alejandro Besuschio, su director, sintetiza de esta forma la experiencia acumulada: "En los últimos 10 años, empezamos a trabajar mucho en un plan estratégico de crecimiento, basado en sumar el corralón social como fuente de recaudación propia, además de los vínculos con el Estado. Nos profesionalizamos y eso nos permitió cumplir con nuestro objetivo de crecer y poder ayudar a más personas". Un caso exitoso de lo que significa una buena asociación de ideas y financiamiento, con un beneficio social concreto.
Un sector que genera confianza
Según datos del Barómetro de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, en 2016 se evidenció un considerable descenso en todos los indicadores de confianza en el funcionamiento del sistema democrático y sus instituciones, exceptuando el caso de las organizaciones no gubernamentales Cáritas y AMIA, con respecto a las cuales, al igual que en años anteriores, seis de cada 10 personas manifestó confiar.

T. S.  B.