EDITORIALES X 2

Para llamar a la paz, hay que empezar por promoverla
En un nuevo gesto de caradurismo, el Gobierno convocó a la oposición luego de lanzar disparatadas acusaciones y sembrar divisiones en la sociedad
Para hablar de recobrar la convivencia pacífica, el kirchnerismo debería rectificarse de todo lo que ha venido haciendo para quebrarla
La convocatoria del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a la oposición y a otros sectores representativos del país con el fin de “reencauzar la convivencia democrática” nace de una contradicción flagrante y de una inmensa hipocresía: quienes llaman a la paz son los primeros en agitar fantasmas de guerra. El diálogo supone buena fe, algo que precisamente le falta al gobierno de Alberto Fernández.
De Pedro dice contar con el a val presidencial y vi ce presidencial para llevar adelante la referida convocatoria, pero ha sido el propio primer mandatario el primero en culpar a la Justicia y a los medios de prensa independientes por el lamentable episodio ocurrido una semana atrás. Le siguieron, entre muchos otros exponentes del oficialismo, el gobernador Axel Kicillof, y dirigentes sindicales y sociales.
Ayer mismo, en el Senado, el oficialismo volvió a esgrimir sus peores armas cuando, tras criticar a la oposición por abstenerse de suscribir una declaración conjunta en repudio por lo sucedido una semana atrás, volvió a hablar de persecución judicial a Cristina Kirchner. Encabezó esa ya tan nefasta diatriba el senador José Mayans, el mismo que, para “lograr la paz social”, había exigido que se frenara la causa Vialidad.
Lejos de llamar a afianzar la paz social, el oficialismo sigue usando aquel penoso hecho con fines partidarios. ¿De qué otra manera puede interpretarse la convocatoria a “recuperar la racionalidad” de parte de De Pedro cuando la justifica en que “no podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina”?
¿A qué paz social se refieren el Presidente y el juez Juan Ramos Padilla cuando instan a que no se suicide el fiscal Diego Luciani, acusador en la causa Vialidad, y cuando ese magistrado cercano al kirchnerismo, junto con Jorge Rachid, del Instituto Patria, convocan a una movilización bajo la consigna “corte a la Corte”?
Tal como consignó recientemente un lúcido lector de la nacion, después de dos décadas sembrando odio, el kirchnerismo no puede quejarse de lo que hoy está cosechando. Para hablar de recobrar la convivencia pacífica, debería rectificarse de todo lo que ha venido haciendo para quebrarla.
Desde ya que la Argentina necesita seguir consolidando la democracia recobrada hace casi 40 años. Pero, para que ello ocurra, la convocatoria al diálogo tiene que ser franca, y sus objetivos, muy claros. Todo el país ha quedado conmocionado ante lo sucedido, pero los ciudadanos no pueden ni merecen quedar anclados en el debate de un hecho que le corresponde a la Justicia esclarecer. Hay muchos otros problemas impostergables que resolver: la devastadora inflación, que sigue sumiendo en la pobreza a familias enteras; la inseguridad, que diariamente se cobra miles de vidas de inocentes; el narcotráfico, que, a fuerza de muertes y venganza, está reemplazando al propio Estado en vastas zonas de nuestro país; la decadencia educativa, la falta de futuro para tantos jóvenes que deciden emigrar para intentar hallar afuera las respuestas a las necesidades que aquí no encuentran, entre otros problemas sumamente acuciantes. En esos temas debería estar basado el diálogo, de modo de arribar a políticas de Estado serias y duraderas, que trasciendan los gobiernos. Está claro que ocuparse de la agenda pública más urgente incluye deponer los odios, pero con eso no alcanza.
Se esperan de parte de la dirigencia verdaderos actos de contrición y demostraciones de decencia que vayan acompañadas de acciones concretas. Erosionar las instituciones de la república desafiando la división de poderes es declararle la guerra a la democracia, debilitándola progresiva y dramáticamente. Es, en definitiva, darle la espalda a la ciudadanía que, como nunca, observa impávida el lugar de destierro al que pretenden confinarla dirigentes más ocupados por su propio bienestar que por el general.
Si, como bien se ha dicho, el episodio que vivió la vicepresidenta una semana atrás ha significado un tremendo llamado de atención, un salto en escala, deberíamos capitalizar este momento para intentar salir adelante, con el esfuerzo y compromiso de todos, llamando a la racionalidad, sin falsedades y extremando la cautela.

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Cuba, la Argentina y el cepo
La caída de la Unión Soviética detuvo los mecanismos de ayuda a Cuba y produjo un fuerte impacto negativo en su situación económica y social. Comenzó el Período Especial, con fuertes privaciones y una caída de la economía. Fidel Castro se propuso alentar el consumo mediante una segmentación de la moneda. Se creó en 1994 una nueva moneda, el peso cubano convertible (CUC), a la par con el dólar, para ser utilizada por extranjeros solo en algunas tiendas o dentro de determinados horarios. Pero no se abandonó el peso cubano, que se mantuvo en circulación para ser utilizado por los propios cubanos.
La relación entre ambas monedas era regulada por el gobierno. También circulaba el dólar, al que se le quitó el curso legal en 2004. No es difícil imaginar las dificultades de administrar una economía fuertemente estatizada intentando mantener mercados distintos con diferentes monedas para las mismas mercaderías. El déficit fiscal, la emisión y la inflación, que todavía hoy castigan a la isla, caracterizaron la economía cubana atada al colectivismo. Luego aparecieron las incipientes actividades privadas autorizadas, como los “paladares” y las inversiones extranjeras en turismo.
El 4º Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 2011, decidió avanzar hacia la unificación monetaria. Luego de varias idas y venidas, el proceso se inició el 1º de enero de 2021. Se suprimió el CUC y se mantuvo solo el peso cubano, fijando una relación de 24 pesos por dólar, pero sin abrir al público el mercado cambiario. Este avance produjo un interés de los cubanos por el dólar como instrumento de ahorro en un marco de inflación. A mediados de 2022, la cotización libre ascendía a 120 pesos por dólar. El gobierno abrió el mercado con esa cotización, pero manteniendo los 24 pesos por dólar para empresas estatales.
El presidente Miguel Díaz-Canel no muestra ningún cambio en su fuerte convicción comunista de aversión a la democracia y a las libertades. Las Damas de Blanco testimonian la persecución política y la violación de los derechos humanos. Pero Cuba parece moverse hacia el capitalismo. El Consejo de Ministros aprobó hace algo más de un año el trabajo por cuenta propia en más de 2000 actividades y oficios. Se están legalizando pymes y cooperativas no agropecuarias. Todavía el sector privado no supera el 30% de la ocupación, pero se estima que, con las aprobaciones ya realizadas, alcanzará el 50%. Es un lento camino hacia el capitalismo con reflejos estatistas de inevitables dificultades.
La brecha cambiaria del 400% acarrea los problemas bien conocidos en la Argentina, pero novedosos para un país con 63 años de colectivismo. En virtud de la simpatía, predilección y afinidad que declama el gobierno argentino por el de Cuba, debería advertirle sobre los insalvables problemas creados por cepos, brechas cambiarias y demás incoherencias asociadas a la amplia y farragosa ciénaga que separa al capitalismo del socialismo.

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