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Rosatti le pidió a Aníbal Fernández que garantice la protección de los magistrados
El ministro de la Corte se comunicó con el juez de Venado Tuerto amenazado de muerte por narcos
Hernán Cappiello
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para pedirle que el Gobierno proteja a los jueces y fiscales federales de Santa Fe que la semana pasada fueron objeto de amenazas de muerte. El funcionario se comprometió a intensificar la custodia de los magistrados de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, dijeron a la nacion fuentes del máximo tribunal.
El jueves pasado, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueron amenazados de muerte mediante un WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron “balas y granadas”.
Esta intimidación se suma a los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV, y a las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones sobre el narcotráfico.
Rosatti se comunicó el sábado con Cuello Murúa, que el día anterior había indagado a un hombre acusado de narcotráfico y sospechado de haber intimidado a funcionarios judiciales y policiales.
Rosatti se solidarizó con él; se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a la Nación que refuercen su seguridad.
En cuanto al fiscal Arzubi Calvo, el viernes se ordenó desde la Procuración realizar un análisis de riesgo para reforzar su custodia personal, lo que se suma a las reuniones de fiscales con sus colegas santafesinos para trabajar en conjunto.
El pedido de los procuradores
En tanto, los procuradores y fiscales generales de todas las provincias y los defensores y asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal reaccionaron ante las amenazas y pidieron una “política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes”.
“No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal”, reclamaron, en una elíptica referencia al ministro Fernández, que le había pedido al gobernador de Santa Fe, Oscar Perotti, que resolviera el asunto “con su policía”.
Juzgaron “necesaria y urgente”, la adopción de “medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado”, dada la capacidad del narcotráfico para corromper y llevar a la instalación de un “Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la República”.
La comunicación de Rosatti con Fernández se dio al mismo tiempo que el juez federal Alberto Lugones, que integra el Consejo de la Magistratura, le pidiera al ministro de la Corte que reclamara “de manera urgente” a la Nación y a Santa Fe garantizar la protección de jueces, fiscales y defensores de la provincia que son objeto de amenazas.
En su nota a Rosatti, Lugones expresó que reclamaba la atención del ministro de la Corte en tanto presidente del Consejo de la Magistratura “en relación con la alarmante situación en materia de seguridad que atraviesa desde hace tiempo, y con un dramático incremento, la provincia de Santa Fe”.
Y le pidió que “de manera urgente” solicitara de manera “institucional” a las “autoridades nacionales, provinciales y municipales” garantizar la “debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales”.
Lugones es consejero en representación del estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura e integra la Lista Celeste.
La semana pasada, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle –que integra la lista Bordó del organismo–, expresó que “los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia deben tener garantizada su seguridad para poder ejercer sus tareas de manera independiente y sin que su vida esté en juego”.
“Nos preocupan seriamente los sucesos en Santa Fe y los ataques a la Justicia”, había afirmado, y reclamó lo mismo que ahora Lugones: “El Poder Ejecutivo tanto Nacional como Provincial debe tomar cartas en el asunto y dar garantías de que se va a velar por la integridad de todos los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia que fueron amenazados”.
Dijo que estas intimidaciones “no pueden quedar impunes” porque “un juez no puede llevar adelante sus funciones bajo amenaza inminente de muerte y sin un resguardo de su integridad física”

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