EL ASESINATO DE UNA POLICÍA Y LAS TASER

Zalazar tenía casi diez años de experiencia de vigilancia en las calles
Maribel Zalazar
La oficial de la Policía de la Ciudad asesinada a tiros con su arma reglamentaria en la estación Retiro de la línea C de Subte iba a cumplir 36 años el mes próximo. Estaba en pareja con un compañero de la fuerza de seguridad porteña y era madre de dos hijos, Zoe, de 14 años, y Alan, de 5 años. Maribel Nélida Zalazar había nacido el 19 de marzo de 1987. Antes de integrar la fuerza de seguridad porteña formó parte de la Policía Federal Argentina (PFA).
“En 2017 comenzó a formar parte de la Policía de la Ciudad. Llegó desde la PFA”, explicaron fuentes policiales. En la actualidad prestaba servicio en la División Subtes Líneas C, D, Ey Hy Premetro.
“Con inmenso dolor informamos el fallecimiento de la oficial Maribel Zalazar, luego de un enfrentamiento en la estación Retiro. Acompañamos a sus familiares, amigos y camaradas en este momento de tanta tristeza”, sostuvo la Policía de la Ciudad en su cuenta oficial de Twitter.
Según información oficial, Zalazar ingresó en la PFA el 8 de julio de 2013. En la fuerza federal de seguridad solo tuvo un destino: la por entonces comisaría 10a., con jurisdicción en la zona de Once.
“Acompañamos en el dolor a los familiares, compañeros y amigos de la Policía de la Ciudad por la pérdida sufrida. Hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias y nuestro sentir ante el hecho de público conocimiento”, sostuvieron desde la PFA ante la noticia del fallecimiento de la oficial Zalazar.
El 10 de enero de 2017 fue traspasada a la Policía de la Ciudad, creada por ley en noviembre de 2016. Zalazar estuvo en la comisaría 10a. hasta el 2 julio de 2018 cuando pasó a cumplir funciones en la nueva Comisaría Vecinal 7B. Desde el 23 noviembre de 2018 prestaba servicio en la División Subtes de la Policía de la Ciudad.

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El asesinato reactivó la polémica por las armas eléctricas
Las autoridades porteñas reclaman el permiso para comprar pistolas Taser
El ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, reclamó la posibilidad de que la fuerza de seguridad porteña puede comprar las pistolas de descarga eléctrica Taser. Así se refirió a esa controversia poco después del asesinato de la policía porteña Maribel Zalazar en la estación de subterráneo de Retiro. “Lamento profundamente la muerte de nuestra oficial a manos de un asesino que ya está detenido y que no tiene que salir nunca más. Dos chicos que se quedan sin madre, una familia destruida por esta lacra. No alcanzan las palabras para tanto dolor”, escribió en Twitter.
Y agregó: “¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?”. Seguidamente, ubicó al Gobierno como el destinatario de su queja y volvió a pedir por las pistolas Taser: “Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición”.
En la planificación que se había anunciado sobre el despliegue de unidades armadas con pistolas de descarga eléctrica, se indicó que 30 de las 60 Taser que pretenden adquirirse en la primera etapa serán destinadas a los policías que custodian las formaciones de subtes.
El debate también se había dado luego que el 14 del mes pasado dos policías fuesen atacadas por un hombre, que logró no solo patear a una de las uniformadas, sino también quitarle su arma. En ese momento había sido el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien reclamó la autorización para la compra de pistolas de descarga eléctrica.
El 23 de diciembre de 2020, el Ministerio de Seguridad porteño inició el trámite de la licitación para la compra de Taser ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). El 10 de mayo de 2021, la ANMaC aprobó la adquisición de 60 pistolas. Dos meses después, el Gobierno frenó esa posibilidad y ahora debe resolver el tema la Justicia.

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