Guille Cantero acumula penas de 113 años de prisión, pero mantiene el poder de amenazar
Dos sedes policiales fueron atacadas con disparos anteanoche, poco después de conocerse la condena del líder de Los Monos por ordenar un asesinato en el casino
Germán de los Santos
En los alrededores de una sede policial de Rosario, peritos buscaron rastros de los atacantes
ROSARIO.– El líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, agregó anteayer una nueva sentencia a su historial delictivo, tras ser condenado a 17 años de prisión por el crimen de Enrique Encino, exgerente del Banco Nación, que fue baleado cuando se encontraba en el casino de esta ciudad el 11 de enero de 2020. Guille Cantero carga sobre sus espaldas condenas por 113 años y ocho meses. Este hombre de 35 años podría estar detenido hasta 2063, ya que ingresó a la cárcel en 2013 y la pena máxima de cumplimiento en la legislación argentina son 50 años. Pero su presencia en la cárcel no parece frenar la violencia. Apenas pocas horas después de que se conoció el fallo, dos sedes policiales fueron blanco de ataques a balazos de manera simultánea.
El edificio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue baleado por dos hombres en moto, que también serían los mismos que atentaron contra una dependencia policial del barrio El Tanque, en Grandoli al 3900.
En esas balaceras fue herido un hombre al ser alcanzado por los disparos mientras esperaba un colectivo cerca de la dependencia policial atacada.
El edificio de la AIC fue blanco de nueve balazos. Los dos atacantes, que se trasladaban en una moto, dejaron un mensaje mafioso. “Por los impactos, puedo inferir que los disparos fueron dirigidos hacia la entrada a manera de mensaje intimidatorio”, dijo el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni.
Cantero está preso desde hace una década, cuando se entregó meses después del asesinato de su hermano Claudio “Pájaro” Cantero, y fue condenado tanto en el fuero provincial como federal por homicidios, amenazas, dos secuestros extorsivos, atentados contra la Justicia y narcotráfico. La particularidad de este jefe narco es que cometió más delitos en las siete cárceles en las que estuvo detenido que en libertad.
Anteayer sumó otra condena en su contra, en un juicio en el que fue acusado, junto a otros integrantes de la banda, del crimen de Encino, un hombre de 63 años que fue alcanzado por una bala cuando fumaba en un balcón del casino City Center, y también fue sentenciado por una serie de extorsiones que ejecutaron miembros de la organización, como Maximiliano Díaz, alias Cachete, que recibió una pena de 29 años de cárcel.
Vínculos políticos y judiciales
Este caso se divide en dos partes. Por un lado, la trama criminal, que terminó con este juicio, con fuertes condenas contra los miembros de Los Monos, pero por otro lado quedó una acusación pendiente, que será la segunda etapa, que está centrada sobre los engranajes de corrupción y connivencia por parte de la Justicia provincial y de sectores políticos, focalizados en la investigación que hicieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el senador peronista Armando Traferri, que no pudo ser imputado por resguardarse en los fueros.
Actualmente, la suerte de ese legislador está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el pedido para declarar la inconstitucionalidad del artículo 54 de la Constitución de Santa Fe que regula los fueros parlamentarios.
En esta primera parte del caso, el tribunal integrado por los jueces
Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Benítez condenó anteayer a Carlos Damián “Toro” Escobar a 17 años de prisión, y al dominicano Otniel De León Almonte a la pena de 18 años por los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego. A Rodrigo Ortigala lo imputaron de extorsión en grado de tentativa en carácter de partícipe secundario, y fue condenado a un año y 6 meses de prisión efectiva.
Este juicio había comenzado el 3 de agosto pasado, y abordó un hecho central de la historia reciente del negocio de la violencia en Rosario, como fue el ataque al casino City Center, donde murió el exgerente del Banco Nación de Las Parejas, cuando se encontraba fumando en el balcón de un edificio y fue alcanzado por un disparo. Pero también la investigación profundizó sobre los emprendimientos que la banda Los Monos desplegó durante los últimos años, que tienen que ver con las extorsiones. Incentivar el miedo con las balas era parte central de la empresa criminal que buscaba sacar dinero de las víctimas. Un punto central de las extorsiones era el sector financiero.
“Rosario tiene la particularidad de que Los Monos son la marca registrada de la violencia. Sabemos que no son los únicos, pero son los que mayor temor generan. Acercarse a una persona y decirle que iban de parte de Cantero o Los Monos provocaba temor. Ese miedo se generó y es un patrón que pudimos ver en el desarrollo de la asociación ilícita”, explicó en los alegatos el fiscal Edery.
El líder de Los Monos declaró en este juicio. Lo hizo de una manera singular, porque fue la primera vez que decidió responder preguntas que requirieran los fiscales, que prefirieron no hacerlas. Sin embargo, Guille Cantero, desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido bajo un régimen de mayor control, habló a través del sistema de videoconferencia.
“Quiero decir algunas palabras. Me pongo nervioso. De todo lo que escuché en el juicio que se me acusa no aparece que yo haya formado una asociación ilícita. No mandé a cobrar a nadie, porque no me hace falta que cobrarle a nadie. Ni al casino grande ni a los casinos clandestinos. No me hace falta mandar a matar a nadie”, esgrimió el líder de Los Monos frente a un silencio profundo en la sala de audiencias. Después su abogado defensor le preguntó sobre los seudónimos que tiene. Cantero dijo que su nombre es Guille y que no le gusta que lo llamen de otra manera.
Los fiscales dijeron que esta causa hizo aflorar sobre “la superficie la participación política y judicial en el crimen organizado”. A partir del crimen de Encino, que llevaron adelante Los Monos en el casino de Rosario, comenzó a entretejerse una causa que provocó por primera vez en Santa Fe fueran detenidos dos fiscales, Patricio Serjal y Patricio Ponce Asahad, y quedara involucrado el senador peronista Traferri, que nunca pudo ser imputado por ampararse en los fueros legislativos.
El origen de la investigación se remonta a la cárcel de Marcos Paz, donde el líder de Los Monos dio la orden el 8 de enero de 2020: “Hay que hacer lo del City (Center). Ahí vamos a sacar una money”. La premisa la recibió Cachete Díaz, quien era el encargado de planear tres días después el ataque contra la sala de juegos.
El atentado al casino fue una bisagra en el entramado que Los Monos tejían con el nuevo negocio de las extorsiones. Cachete Díaz se comunicaba por Whatsapp con las potenciales víctimas, a las que investigaban previamente. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2019 llamó a Rodrigo Fabiani y le exigió que le entregara una camioneta Toyota Hilux y US$30.000 a cambio de no atentar contra su vida.
En las comunicaciones previas quedó en evidencia que Los Monos sabían que Fabiani se había quedado con dinero de Maximiliano Rodríguez, alias Diente de Lata, que fue asesinado en la autopista Rosariocórdoba en agosto de 2014. Había una inteligencia previa, en ese submundo, donde es muy fino el límite entre la legalidad y el delito.
Este esquema de extorsiones ya lo hacían con gremios, como ocurrió en las organizaciones sindicales de taxistas y estibadores.
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Candela, el nombre que lleva 12 años sin justicia
Todavía no tiene fecha de inicio el segundo juicio por el asesinato de la chica de 11 años; entre los acusados está Mameluco Villalba
ROSARIO.– El líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, agregó anteayer una nueva sentencia a su historial delictivo, tras ser condenado a 17 años de prisión por el crimen de Enrique Encino, exgerente del Banco Nación, que fue baleado cuando se encontraba en el casino de esta ciudad el 11 de enero de 2020. Guille Cantero carga sobre sus espaldas condenas por 113 años y ocho meses. Este hombre de 35 años podría estar detenido hasta 2063, ya que ingresó a la cárcel en 2013 y la pena máxima de cumplimiento en la legislación argentina son 50 años. Pero su presencia en la cárcel no parece frenar la violencia. Apenas pocas horas después de que se conoció el fallo, dos sedes policiales fueron blanco de ataques a balazos de manera simultánea.
El edificio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue baleado por dos hombres en moto, que también serían los mismos que atentaron contra una dependencia policial del barrio El Tanque, en Grandoli al 3900.
En esas balaceras fue herido un hombre al ser alcanzado por los disparos mientras esperaba un colectivo cerca de la dependencia policial atacada.
El edificio de la AIC fue blanco de nueve balazos. Los dos atacantes, que se trasladaban en una moto, dejaron un mensaje mafioso. “Por los impactos, puedo inferir que los disparos fueron dirigidos hacia la entrada a manera de mensaje intimidatorio”, dijo el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni.
Cantero está preso desde hace una década, cuando se entregó meses después del asesinato de su hermano Claudio “Pájaro” Cantero, y fue condenado tanto en el fuero provincial como federal por homicidios, amenazas, dos secuestros extorsivos, atentados contra la Justicia y narcotráfico. La particularidad de este jefe narco es que cometió más delitos en las siete cárceles en las que estuvo detenido que en libertad.
Anteayer sumó otra condena en su contra, en un juicio en el que fue acusado, junto a otros integrantes de la banda, del crimen de Encino, un hombre de 63 años que fue alcanzado por una bala cuando fumaba en un balcón del casino City Center, y también fue sentenciado por una serie de extorsiones que ejecutaron miembros de la organización, como Maximiliano Díaz, alias Cachete, que recibió una pena de 29 años de cárcel.
Vínculos políticos y judiciales
Este caso se divide en dos partes. Por un lado, la trama criminal, que terminó con este juicio, con fuertes condenas contra los miembros de Los Monos, pero por otro lado quedó una acusación pendiente, que será la segunda etapa, que está centrada sobre los engranajes de corrupción y connivencia por parte de la Justicia provincial y de sectores políticos, focalizados en la investigación que hicieron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el senador peronista Armando Traferri, que no pudo ser imputado por resguardarse en los fueros.
Actualmente, la suerte de ese legislador está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el pedido para declarar la inconstitucionalidad del artículo 54 de la Constitución de Santa Fe que regula los fueros parlamentarios.
En esta primera parte del caso, el tribunal integrado por los jueces
Gonzalo Fernández Bussy, Rodrigo Santana y Aldo Benítez condenó anteayer a Carlos Damián “Toro” Escobar a 17 años de prisión, y al dominicano Otniel De León Almonte a la pena de 18 años por los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego. A Rodrigo Ortigala lo imputaron de extorsión en grado de tentativa en carácter de partícipe secundario, y fue condenado a un año y 6 meses de prisión efectiva.
Este juicio había comenzado el 3 de agosto pasado, y abordó un hecho central de la historia reciente del negocio de la violencia en Rosario, como fue el ataque al casino City Center, donde murió el exgerente del Banco Nación de Las Parejas, cuando se encontraba fumando en el balcón de un edificio y fue alcanzado por un disparo. Pero también la investigación profundizó sobre los emprendimientos que la banda Los Monos desplegó durante los últimos años, que tienen que ver con las extorsiones. Incentivar el miedo con las balas era parte central de la empresa criminal que buscaba sacar dinero de las víctimas. Un punto central de las extorsiones era el sector financiero.
“Rosario tiene la particularidad de que Los Monos son la marca registrada de la violencia. Sabemos que no son los únicos, pero son los que mayor temor generan. Acercarse a una persona y decirle que iban de parte de Cantero o Los Monos provocaba temor. Ese miedo se generó y es un patrón que pudimos ver en el desarrollo de la asociación ilícita”, explicó en los alegatos el fiscal Edery.
El líder de Los Monos declaró en este juicio. Lo hizo de una manera singular, porque fue la primera vez que decidió responder preguntas que requirieran los fiscales, que prefirieron no hacerlas. Sin embargo, Guille Cantero, desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido bajo un régimen de mayor control, habló a través del sistema de videoconferencia.
“Quiero decir algunas palabras. Me pongo nervioso. De todo lo que escuché en el juicio que se me acusa no aparece que yo haya formado una asociación ilícita. No mandé a cobrar a nadie, porque no me hace falta que cobrarle a nadie. Ni al casino grande ni a los casinos clandestinos. No me hace falta mandar a matar a nadie”, esgrimió el líder de Los Monos frente a un silencio profundo en la sala de audiencias. Después su abogado defensor le preguntó sobre los seudónimos que tiene. Cantero dijo que su nombre es Guille y que no le gusta que lo llamen de otra manera.
Los fiscales dijeron que esta causa hizo aflorar sobre “la superficie la participación política y judicial en el crimen organizado”. A partir del crimen de Encino, que llevaron adelante Los Monos en el casino de Rosario, comenzó a entretejerse una causa que provocó por primera vez en Santa Fe fueran detenidos dos fiscales, Patricio Serjal y Patricio Ponce Asahad, y quedara involucrado el senador peronista Traferri, que nunca pudo ser imputado por ampararse en los fueros legislativos.
El origen de la investigación se remonta a la cárcel de Marcos Paz, donde el líder de Los Monos dio la orden el 8 de enero de 2020: “Hay que hacer lo del City (Center). Ahí vamos a sacar una money”. La premisa la recibió Cachete Díaz, quien era el encargado de planear tres días después el ataque contra la sala de juegos.
El atentado al casino fue una bisagra en el entramado que Los Monos tejían con el nuevo negocio de las extorsiones. Cachete Díaz se comunicaba por Whatsapp con las potenciales víctimas, a las que investigaban previamente. Por ejemplo, el 8 de agosto de 2019 llamó a Rodrigo Fabiani y le exigió que le entregara una camioneta Toyota Hilux y US$30.000 a cambio de no atentar contra su vida.
En las comunicaciones previas quedó en evidencia que Los Monos sabían que Fabiani se había quedado con dinero de Maximiliano Rodríguez, alias Diente de Lata, que fue asesinado en la autopista Rosariocórdoba en agosto de 2014. Había una inteligencia previa, en ese submundo, donde es muy fino el límite entre la legalidad y el delito.
Este esquema de extorsiones ya lo hacían con gremios, como ocurrió en las organizaciones sindicales de taxistas y estibadores.
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Candela, el nombre que lleva 12 años sin justicia
Todavía no tiene fecha de inicio el segundo juicio por el asesinato de la chica de 11 años; entre los acusados está Mameluco Villalba
Gustavo Carabajal 
A doce años del secuestro y homicidio de la niña Candela Sol Rodríguez, la causa judicial sigue abierta. El caso tiene a tres condenados, dos de ellos a prisión perpetua, mientras que cuatro imputados esperan ser sometidos a juicio oral. Entre los acusados que serán enjuiciados no antes de mediados del año próximo, figuran uno de los narcotraficantes más importantes del conurbano, un policía bonaerense, un informante de la fuerza de seguridad provincial y un carpintero.
Hace un año, el fiscal de Morón, Mario Alberto Ferrario, solicitó que Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, Sergio Chazarreta, Héctor Moreyra y Néstor Altamirano sean sometidos a juicio oral al considerarlos presuntos responsables del secuestro y asesinato de la chica de 11 años.
En 2017, el Tribunal Oral N° 3, de Morón, condenó a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez, de 63 años, y Leonardo Jara, de 43. Mientras que Gabriel Fabián Gómez, de 49, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del hecho. A mediados de 2020, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Fernando Mancini, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky confirmó las condenas por la “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” de la menor.
Para los jueces Mariela Moralejo, Raquel Lafourcade y Diego Bonanno el móvil del crimen fue un “ajuste de cuentas contra el padre de Candela, por algún ilícito que este cometiera”, en referencia a Alfredo “Juancho” Rodríguez, quien en el momento del secuestro de su hija cumplía una condena por piratería del asfalto.
“Dicen que estuve marcando ranchos de los narcos de San Martín para la policía. Todo falso. Sin embargo, me lo cargaron a mí”, declaró el padre de Candela, a fines de agosto de 2011, en la Unidad Penal de José León Suárez. En ese momento no aportó nombres. Pero se sabía que Mameluco Villalba, por entonces el narcotraficante más importante de San Martín había sido apresado el 11 de agosto de ese año, durante una serie de operativos realizados por efectivos de la Policía Federal.
Moreyra, reconocido informante policial, habría sido el supuesto entregador de las localizaciones de los búnkeres de la banda de Mameluco Villalba que permitieron a los investigadores de la Policía Federal desbaratar la organización criminal comandada por el excandidato a intendente de San Martín en las PASO de 2011. Cuando los subordinados de Villalba comenzaron a investigar quién aportó el dato sobre la ubicación de los puestos de venta de droga y el lugar en el que se refugiaba Mameluco, el mencionado Moreyra, para cubrirse, habría señalado a Juancho Rodríguez.
Once días después de la detención de Villalba, la hija, de 11 años, de Rodríguez fue secuestrada cuando salía de su casa, en Coraceros y Bustamante, en Villa Tesei. Según consta en el expediente, al declarar ante los funcionarios del Ministerio Público de Morón, el padre de Candela mencionó a Moreyra. Dijo que lo había ensuciado acusándolo de marcar “ranchos” donde se vendía droga, en sobrevuelos realizados en un helicóptero de la Policía Federal. También señaló al policía Chazarreta.
No habría sido casual la vinculación de Chazarreta con el grupo de imputados del homicidio de Candela. Durante la investigación, la Justicia acumuló indicios que abonan la sospecha de que habría participado activamente en el secuestro de la niña.
En el momento del crimen, Chazarreta estaba en pareja con una sobrina del informante Moreyra y tenía una camioneta Ford Ecosport negra. Según los peritajes, dicho vehículo coincide con la camioneta usada por los secuestradores de Candela, que fue grabada por una cámara de seguridad de la zona.
Una camioneta de similares características fue mencionada en la primera etapa de la investigación por María Luisa Díaz y Jorge Luis González, vecinos del barrio donde vivía Candela. La policía demoró un mes en seguir la pista aportada por los testigos. Los peritajes indicaron luego que la camioneta del policía Chazarreta tenía cinco puntos de coincidencia con el vehículo que aparecía en las grabaciones de las cámaras cercanas al lugar donde fue secuestrada Candela. Esos técnicos deberán ratificar sus conclusiones en el futuro juicio.
Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto cuando se dilincuente. rigía a la reunión del grupo de scouts al que pertenecía. Seis días más tarde, la tía de la niña recibió la llamada extorsiva atribuida a Jara.
“Ahora si que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la vas a encontrar”, expresó una voz masculina del otro lado de la línea. “Vos, cómo. Hola. ¡No!”, exclamó la tía de Candela, al responder la comunicación realizada 28 de agosto a las 22.42. “Te lo aseguro hasta que no devuelva la guita no la va a ver nunca más. Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”, sentenció el deEntre esa noche y el día siguiente, Candela fue asesinada.
Al realizar los estudios de planos de voz, los técnicos de la Gendarmería concluyeron que el autor de dicha amenaza habría sido Jara, condenado a prisión perpetua en el primer juicio. Mientras que tres días después de esa comunicación, una mujer que juntaba cartones al costado de la colectora de la Autopista del Oeste encontró el cuerpo de la niña. El cadáver estaba parcialmente tapado con una bolsa y fue encontrado a treinta cuadras de su casa, muy cerca del comando operativo que los responsables de la fuerza de seguridad provincial instalaron para coordinar las tareas de búsqueda de la niña.
Un hecho ocurrido ese día confirmó la presunción de que los autores del secuestro de Candela tenían la colaboración de algunos efectivos de la policía bonaerense. El 31 de agosto a las 12.30, uno de los responsables de dicho comando operativo recibió un llamado en el que se alertó del hallazgo de un cuerpo en el arroyo Morón. Ante la posibilidad de que se tratara de la niña desaparecida, los responsables de la búsqueda dispusieron la movilización de todos los medios humanos y materiales a esa zona. Ese despliegue fue aprovechado por los delincuentes que tenían cautiva a Candela y que, después, la mataron, para mover el cuerpo.
Aunque los testigos se acercaban a los policías y aportaban pistas sobre las circunstancias que rodearon el secuestro de Candela, esos uniformados se encargaron de desviar la búsqueda. Por ejemplo, seis testigos, vecinos de la esquina de Coraceros y Bustamante, escucharon, minutos antes de las 15.30, el grito de una mujer y el chirrido provocado por las ruedas de un automóvil que arrancó a toda velocidad. Los jefes de la policía bonaerense, a cargo de la búsqueda de Candela, descartaron los testimonios que apuntaban a la Ecosport negra.
Tomaron la misma actitud con otra prueba clave que hubiera permitido encontrar con vida a Candela. Según consta en el expediente el informe de la compañía de telefonía celular indicó que el aparato con la línea 6390-1232 fue captado por última vez el 22 de agosto a las 17 por la antena llamada “La Finita”, instalada en el Camino de Cintura o Brigadier Juan Manuel de Rosas 5381 de Loma Hermosa partido de Tres de Febrero. El sector de la antena que habría tomado la señal del celular de la niña habría sido el N° 3, que abarca la zona del asentamiento Costa Esperanza, en el partido de San Martín.
“Se omitió indagar sobre aquellos mencionados por el padre de Candela, Alfredo Rodríguez. Desde ya que refuerza esta línea investigativa la última señal que emitiera el celular que llevaba la niña al momento de su desaparición, esto es en el territorio sospechosamente ignorado por aquellos que debieron haber realizado las mismas diligencias que hicieran en el último lugar donde la misma fuera vista. Debo resaltar que dentro del paraguas que cubre la órbita de la antena ‘La Finita’ se encuentran los domicilios de Héctor Horacio Moreyra y Leonardo Daniel Jara, entre otros”, expresó la jueza Raquel Lafourcade en uno de los fundamentos de la sentencia contra Bermúdez y Jara, dictada en septiembre de 2017. Por esas irregularidades se iniciaron 28 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en fiscalías de Morón por falsos testimonios y por plantar pistas para desviar la pesquisa.
Candela Sol Rodríguez fue asesinada como parte de una venganza contra su padre
La casa en Hurlingham
En los fundamentos de la sentencia contra Bermúdez y Jara, los jueces del Tribunal Oral N° 3 de Morón tuvieron en cuenta los resultados de los estudios de ADN realizados en un bowl con restos de comida y en un frasco de vidrio, denominados pruebas C 1 y G 4, respectivamente, y que fueron hallados en la casa de Kiernan 992, de Hurlingham. Los análisis indicaron que ese perfil genético correspondía a Candela, lo que abonó la presunción de que los secuestradores la tuvieron cautiva en esa vivienda.
Esta misma prueba fundó la acusación contra el carpintero Altamirano, quien era el cuidador de la casa pintada de rosa. Además, los vecinos que declararon en el sumario describieron los movimientos registrados entre el 22 y 29 de agosto en esa vivienda, durante los días que Candela estuvo desaparecida hasta que fue asesinada.
De los cuatro acusados que serán sometidos a juicio oral, Mameluco Villalba es el único que está preso. Cumple una condena de 22 años de cárcel por narcotráfico y, además, fue acusado de liderar la banda que, en febrero de 2022, vendió la cocaína envenenada que causó 24 muertes.
En 2017 fueron condenados a prisión perpetua Hugo Elbio Bermúdez y Leonardo Jara
El año pasado, el fiscal Mario Alberto Ferrario solicitó que también sean juzgados por homicidio uno de los narcos más importantes de San Martín, un policía, un informante de la fuerza de seguridad bonaerense y un carpintero
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Piden que la madre de Lucio sea condenada por los abusos
Magdalena Espósito Valenti cumple pena por el homicidio de su hijo, pero fue absuelta de los delitos sexuales
A doce años del secuestro y homicidio de la niña Candela Sol Rodríguez, la causa judicial sigue abierta. El caso tiene a tres condenados, dos de ellos a prisión perpetua, mientras que cuatro imputados esperan ser sometidos a juicio oral. Entre los acusados que serán enjuiciados no antes de mediados del año próximo, figuran uno de los narcotraficantes más importantes del conurbano, un policía bonaerense, un informante de la fuerza de seguridad provincial y un carpintero.
Hace un año, el fiscal de Morón, Mario Alberto Ferrario, solicitó que Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, Sergio Chazarreta, Héctor Moreyra y Néstor Altamirano sean sometidos a juicio oral al considerarlos presuntos responsables del secuestro y asesinato de la chica de 11 años.
En 2017, el Tribunal Oral N° 3, de Morón, condenó a prisión perpetua a Hugo Elbio Bermúdez, de 63 años, y Leonardo Jara, de 43. Mientras que Gabriel Fabián Gómez, de 49, fue sentenciado a cuatro años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del hecho. A mediados de 2020, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal bonaerense, integrada por los jueces Fernando Mancini, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky confirmó las condenas por la “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte” de la menor.
Para los jueces Mariela Moralejo, Raquel Lafourcade y Diego Bonanno el móvil del crimen fue un “ajuste de cuentas contra el padre de Candela, por algún ilícito que este cometiera”, en referencia a Alfredo “Juancho” Rodríguez, quien en el momento del secuestro de su hija cumplía una condena por piratería del asfalto.
“Dicen que estuve marcando ranchos de los narcos de San Martín para la policía. Todo falso. Sin embargo, me lo cargaron a mí”, declaró el padre de Candela, a fines de agosto de 2011, en la Unidad Penal de José León Suárez. En ese momento no aportó nombres. Pero se sabía que Mameluco Villalba, por entonces el narcotraficante más importante de San Martín había sido apresado el 11 de agosto de ese año, durante una serie de operativos realizados por efectivos de la Policía Federal.
Moreyra, reconocido informante policial, habría sido el supuesto entregador de las localizaciones de los búnkeres de la banda de Mameluco Villalba que permitieron a los investigadores de la Policía Federal desbaratar la organización criminal comandada por el excandidato a intendente de San Martín en las PASO de 2011. Cuando los subordinados de Villalba comenzaron a investigar quién aportó el dato sobre la ubicación de los puestos de venta de droga y el lugar en el que se refugiaba Mameluco, el mencionado Moreyra, para cubrirse, habría señalado a Juancho Rodríguez.
Once días después de la detención de Villalba, la hija, de 11 años, de Rodríguez fue secuestrada cuando salía de su casa, en Coraceros y Bustamante, en Villa Tesei. Según consta en el expediente, al declarar ante los funcionarios del Ministerio Público de Morón, el padre de Candela mencionó a Moreyra. Dijo que lo había ensuciado acusándolo de marcar “ranchos” donde se vendía droga, en sobrevuelos realizados en un helicóptero de la Policía Federal. También señaló al policía Chazarreta.
No habría sido casual la vinculación de Chazarreta con el grupo de imputados del homicidio de Candela. Durante la investigación, la Justicia acumuló indicios que abonan la sospecha de que habría participado activamente en el secuestro de la niña.
En el momento del crimen, Chazarreta estaba en pareja con una sobrina del informante Moreyra y tenía una camioneta Ford Ecosport negra. Según los peritajes, dicho vehículo coincide con la camioneta usada por los secuestradores de Candela, que fue grabada por una cámara de seguridad de la zona.
Una camioneta de similares características fue mencionada en la primera etapa de la investigación por María Luisa Díaz y Jorge Luis González, vecinos del barrio donde vivía Candela. La policía demoró un mes en seguir la pista aportada por los testigos. Los peritajes indicaron luego que la camioneta del policía Chazarreta tenía cinco puntos de coincidencia con el vehículo que aparecía en las grabaciones de las cámaras cercanas al lugar donde fue secuestrada Candela. Esos técnicos deberán ratificar sus conclusiones en el futuro juicio.
Candela fue vista con vida por última vez el 22 de agosto cuando se dilincuente. rigía a la reunión del grupo de scouts al que pertenecía. Seis días más tarde, la tía de la niña recibió la llamada extorsiva atribuida a Jara.
“Ahora si que no la vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la vas a encontrar”, expresó una voz masculina del otro lado de la línea. “Vos, cómo. Hola. ¡No!”, exclamó la tía de Candela, al responder la comunicación realizada 28 de agosto a las 22.42. “Te lo aseguro hasta que no devuelva la guita no la va a ver nunca más. Que le pregunten al marido dónde dejó la guita”, sentenció el deEntre esa noche y el día siguiente, Candela fue asesinada.
Al realizar los estudios de planos de voz, los técnicos de la Gendarmería concluyeron que el autor de dicha amenaza habría sido Jara, condenado a prisión perpetua en el primer juicio. Mientras que tres días después de esa comunicación, una mujer que juntaba cartones al costado de la colectora de la Autopista del Oeste encontró el cuerpo de la niña. El cadáver estaba parcialmente tapado con una bolsa y fue encontrado a treinta cuadras de su casa, muy cerca del comando operativo que los responsables de la fuerza de seguridad provincial instalaron para coordinar las tareas de búsqueda de la niña.
Un hecho ocurrido ese día confirmó la presunción de que los autores del secuestro de Candela tenían la colaboración de algunos efectivos de la policía bonaerense. El 31 de agosto a las 12.30, uno de los responsables de dicho comando operativo recibió un llamado en el que se alertó del hallazgo de un cuerpo en el arroyo Morón. Ante la posibilidad de que se tratara de la niña desaparecida, los responsables de la búsqueda dispusieron la movilización de todos los medios humanos y materiales a esa zona. Ese despliegue fue aprovechado por los delincuentes que tenían cautiva a Candela y que, después, la mataron, para mover el cuerpo.
Aunque los testigos se acercaban a los policías y aportaban pistas sobre las circunstancias que rodearon el secuestro de Candela, esos uniformados se encargaron de desviar la búsqueda. Por ejemplo, seis testigos, vecinos de la esquina de Coraceros y Bustamante, escucharon, minutos antes de las 15.30, el grito de una mujer y el chirrido provocado por las ruedas de un automóvil que arrancó a toda velocidad. Los jefes de la policía bonaerense, a cargo de la búsqueda de Candela, descartaron los testimonios que apuntaban a la Ecosport negra.
Tomaron la misma actitud con otra prueba clave que hubiera permitido encontrar con vida a Candela. Según consta en el expediente el informe de la compañía de telefonía celular indicó que el aparato con la línea 6390-1232 fue captado por última vez el 22 de agosto a las 17 por la antena llamada “La Finita”, instalada en el Camino de Cintura o Brigadier Juan Manuel de Rosas 5381 de Loma Hermosa partido de Tres de Febrero. El sector de la antena que habría tomado la señal del celular de la niña habría sido el N° 3, que abarca la zona del asentamiento Costa Esperanza, en el partido de San Martín.
“Se omitió indagar sobre aquellos mencionados por el padre de Candela, Alfredo Rodríguez. Desde ya que refuerza esta línea investigativa la última señal que emitiera el celular que llevaba la niña al momento de su desaparición, esto es en el territorio sospechosamente ignorado por aquellos que debieron haber realizado las mismas diligencias que hicieran en el último lugar donde la misma fuera vista. Debo resaltar que dentro del paraguas que cubre la órbita de la antena ‘La Finita’ se encuentran los domicilios de Héctor Horacio Moreyra y Leonardo Daniel Jara, entre otros”, expresó la jueza Raquel Lafourcade en uno de los fundamentos de la sentencia contra Bermúdez y Jara, dictada en septiembre de 2017. Por esas irregularidades se iniciaron 28 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en fiscalías de Morón por falsos testimonios y por plantar pistas para desviar la pesquisa.
Candela Sol Rodríguez fue asesinada como parte de una venganza contra su padre
La casa en Hurlingham
En los fundamentos de la sentencia contra Bermúdez y Jara, los jueces del Tribunal Oral N° 3 de Morón tuvieron en cuenta los resultados de los estudios de ADN realizados en un bowl con restos de comida y en un frasco de vidrio, denominados pruebas C 1 y G 4, respectivamente, y que fueron hallados en la casa de Kiernan 992, de Hurlingham. Los análisis indicaron que ese perfil genético correspondía a Candela, lo que abonó la presunción de que los secuestradores la tuvieron cautiva en esa vivienda.
Esta misma prueba fundó la acusación contra el carpintero Altamirano, quien era el cuidador de la casa pintada de rosa. Además, los vecinos que declararon en el sumario describieron los movimientos registrados entre el 22 y 29 de agosto en esa vivienda, durante los días que Candela estuvo desaparecida hasta que fue asesinada.
De los cuatro acusados que serán sometidos a juicio oral, Mameluco Villalba es el único que está preso. Cumple una condena de 22 años de cárcel por narcotráfico y, además, fue acusado de liderar la banda que, en febrero de 2022, vendió la cocaína envenenada que causó 24 muertes.
En 2017 fueron condenados a prisión perpetua Hugo Elbio Bermúdez y Leonardo Jara
El año pasado, el fiscal Mario Alberto Ferrario solicitó que también sean juzgados por homicidio uno de los narcos más importantes de San Martín, un policía, un informante de la fuerza de seguridad bonaerense y un carpintero
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Piden que la madre de Lucio sea condenada por los abusos
Magdalena Espósito Valenti cumple pena por el homicidio de su hijo, pero fue absuelta de los delitos sexuales
Gabriel Di Nicola ....Poder judicial de la Pampa
Se realizó la audiencia por las apelaciones en el caso de Lucio Dupuy
En febrero pasado, Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa, fue encontrada culpable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, pero fue absuelta de la acusación de abuso sexual. Anteayer, en la denominada audiencia de impugnación de pena, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la joven también sea condenada por los abusos sexuales a los que fue sometida la víctima.
Así lo informaron a la nacion fuentes judiciales. La audiencia se realizó en la Sala 7 del Centro Judicial de Santa Rosa y estuvo a cargo de los jueces Mauricio Piombi y María Eugenia Schijvarger. Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, no estuvieron presentes. Siguieron las alternativas del debate por Zoom desde el Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis, donde cumplen la pena de prisión perpetua por el homicidio del niño, ocurrido el 26 de noviembre de 2021.
Las fiscales Mónica Rivero y Verónica Ferrero criticaron anteayer la absolución por abuso sexual de Espósito Valenti. “La fiscal Rivero consideró que la Audiencia de Juicio valoró erróneamente las pruebas en el contexto en que se produjo el homicidio y dijo que si el tribunal dio por acreditado que Lucio sufrió lesiones por los abusos sexuales padecidos en el ámbito intrafamiliar –incluso afirmó que esas agresiones se produjeron también el día de su muerte–, ‘sería ilógico pensar’ que la madre desconocía esos hechos”, según informó la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa en un comunicado de prensa. La audiencia de impugnación, como sucedió con el juicio, no fue pública.
En cambio, el Tribunal de Audiencias sí había condenado a Páez por el abuso sexual que sufrió Lucio. “Fueron varios los testigos de aquellos primeros momentos de Lucio, ya sin vida, fuera del departamento [donde vivía con las acusadas], llevado por Páez que refirieron haber escuchado su versión de que ‘lo podían haber golpeado y abusado’, según declaró el agente Argüello, y que ‘lo habían violado’, según Edgardo Mourino y Lady Esther Soria, quienes asistieron a
Páez para llevar el niño al Hospital Evita y a quienes razonablemente les llamó la atención de qué forma ella podría saberlo. Ello me permite atribuir el delito de abuso sexual a Páez, en tanto poseía conocimiento de que el niño había sido objeto de abuso sexual, circunstancia que la vincula directamente al hecho, ante la inexistencia de otras pruebas reunidas durante el debate que razonablemente expliquen tal conocimiento, revelado por su reiterada advertencia a otras personas”, sostuvo en su momento el juez Aníbal Olié.
El abogado José Mario Aguerrido, que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal para que se revoque la absolución de la madre de la víctima por el abuso sexual y, además, reiteró su pedido de que a los tres agravantes del homicidio se la agregue el de odio de género, tal cual lo expresara durante el debate oral.
“Aguerrido dijo que ese odio al género masculino fue el motivo para matar a Lucio, habló de una ‘animadversión patológica’ y remarcó que ‘si una hacía, la otra permitía’. Por eso reiteró que las dos fueron responsables de la muerte de Lucio, haya sido por acción u omisión. Y extendió esas acciones u omisiones a las obligaciones legales que tenían para proteger al pequeño”, según el comunicado de prensa.
La posición de la defensa
Páez y Espósito Valenti están representados por las defensoras oficiales María Silvina Blanco Gómez y Alejandra Moyano González, respectivamente, quienes pidieron que el Tribunal de Impugnación Penal rechace los recursos de la fiscalía y de la querella.
Además, Blanco Gómez solicitó que a Páez se le revoque la condena a prisión perpetua y la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado. Sostuvo que las agravantes del homicidio “no fueron debidamente fundadas” y que la sentencia ofreció “una interpretación forzada y descontextualizada” de los hechos.
“Blanco Gómez afirmó que ‘con la mediatización del caso no podía garantizarse nunca un juicio justo, por eso lo que pido al menos es que la revisión sea justa’. En tal sentido, señaló como punto de partida de esa mediatización a la declaración pública del médico forense, Juan Carlos Toulouse, a las 72 horas del homicidio, asegurando que ‘nunca había visto algo semejante’”, según el comunicado de prensa que reconstruyó la audiencia.
Moyano González, por su parte, afirmó que “no hay pruebas” para condenar a Espósito Valenti por los abusos sexuales y solicitó que se mantenga la absolución de ese delito.
En febrero pasado, Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, el niño asesinado a golpes en La Pampa, fue encontrada culpable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, pero fue absuelta de la acusación de abuso sexual. Anteayer, en la denominada audiencia de impugnación de pena, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la joven también sea condenada por los abusos sexuales a los que fue sometida la víctima.
Así lo informaron a la nacion fuentes judiciales. La audiencia se realizó en la Sala 7 del Centro Judicial de Santa Rosa y estuvo a cargo de los jueces Mauricio Piombi y María Eugenia Schijvarger. Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez, no estuvieron presentes. Siguieron las alternativas del debate por Zoom desde el Complejo Penitenciario N° 1 de San Luis, donde cumplen la pena de prisión perpetua por el homicidio del niño, ocurrido el 26 de noviembre de 2021.
Las fiscales Mónica Rivero y Verónica Ferrero criticaron anteayer la absolución por abuso sexual de Espósito Valenti. “La fiscal Rivero consideró que la Audiencia de Juicio valoró erróneamente las pruebas en el contexto en que se produjo el homicidio y dijo que si el tribunal dio por acreditado que Lucio sufrió lesiones por los abusos sexuales padecidos en el ámbito intrafamiliar –incluso afirmó que esas agresiones se produjeron también el día de su muerte–, ‘sería ilógico pensar’ que la madre desconocía esos hechos”, según informó la Oficina de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa en un comunicado de prensa. La audiencia de impugnación, como sucedió con el juicio, no fue pública.
En cambio, el Tribunal de Audiencias sí había condenado a Páez por el abuso sexual que sufrió Lucio. “Fueron varios los testigos de aquellos primeros momentos de Lucio, ya sin vida, fuera del departamento [donde vivía con las acusadas], llevado por Páez que refirieron haber escuchado su versión de que ‘lo podían haber golpeado y abusado’, según declaró el agente Argüello, y que ‘lo habían violado’, según Edgardo Mourino y Lady Esther Soria, quienes asistieron a
Páez para llevar el niño al Hospital Evita y a quienes razonablemente les llamó la atención de qué forma ella podría saberlo. Ello me permite atribuir el delito de abuso sexual a Páez, en tanto poseía conocimiento de que el niño había sido objeto de abuso sexual, circunstancia que la vincula directamente al hecho, ante la inexistencia de otras pruebas reunidas durante el debate que razonablemente expliquen tal conocimiento, revelado por su reiterada advertencia a otras personas”, sostuvo en su momento el juez Aníbal Olié.
El abogado José Mario Aguerrido, que representa al padre de Lucio, Christian Dupuy, adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal para que se revoque la absolución de la madre de la víctima por el abuso sexual y, además, reiteró su pedido de que a los tres agravantes del homicidio se la agregue el de odio de género, tal cual lo expresara durante el debate oral.
“Aguerrido dijo que ese odio al género masculino fue el motivo para matar a Lucio, habló de una ‘animadversión patológica’ y remarcó que ‘si una hacía, la otra permitía’. Por eso reiteró que las dos fueron responsables de la muerte de Lucio, haya sido por acción u omisión. Y extendió esas acciones u omisiones a las obligaciones legales que tenían para proteger al pequeño”, según el comunicado de prensa.
La posición de la defensa
Páez y Espósito Valenti están representados por las defensoras oficiales María Silvina Blanco Gómez y Alejandra Moyano González, respectivamente, quienes pidieron que el Tribunal de Impugnación Penal rechace los recursos de la fiscalía y de la querella.
Además, Blanco Gómez solicitó que a Páez se le revoque la condena a prisión perpetua y la autoría de abuso sexual con acceso carnal agravado. Sostuvo que las agravantes del homicidio “no fueron debidamente fundadas” y que la sentencia ofreció “una interpretación forzada y descontextualizada” de los hechos.
“Blanco Gómez afirmó que ‘con la mediatización del caso no podía garantizarse nunca un juicio justo, por eso lo que pido al menos es que la revisión sea justa’. En tal sentido, señaló como punto de partida de esa mediatización a la declaración pública del médico forense, Juan Carlos Toulouse, a las 72 horas del homicidio, asegurando que ‘nunca había visto algo semejante’”, según el comunicado de prensa que reconstruyó la audiencia.
Moyano González, por su parte, afirmó que “no hay pruebas” para condenar a Espósito Valenti por los abusos sexuales y solicitó que se mantenga la absolución de ese delito.
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