Los gobernadores, inquietos por la falta de señales para negociar
Milei los necesita para sumar votos en el Congreso, pero no hay avances en las conversaciones por Ganancias; la caída de la coparticipación restringe la “independencia”
Gabriela Origlia
Milei se reunió con los gobernadores tras la asunción, pero luego el diálogo perdió fluidez
CÓRDOBA.– La fenomenal caída real del 20% de la coparticipación en diciembre será un ordenador de la agenda entre el presidente Javier Milei y los gobernadores. La carta de la Casa Rosada es el proyecto para eliminar las modificaciones de Ganancias, con lo que las provincias recuperarían parte de los recursos perdidos, pero la iniciativa no fue enviada aún al Congreso.
Según pudo constatar hay provincias que no tienen espalda financiera para soportar más meses de reducción de coparticipación y Milei presiona con que sin apoyo a la ley ómnibus no habrá cambios en Ganancias. El Presidente parece dispuesto a asumir el costo político de volver a cobrar el impuesto a los trabajadores, pero pide respaldo parlamentario a cambio. “Ninguno tiene el ancho de espadas”, dice un gobernador norteño, apelando al truco para graficar cómo es la negociación con Milei.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, sigue siendo el interlocutor, pero la duda que tienen la mayoría de los mandatarios –dispuestos a dialogar– es “hasta dónde” lo dejan hacer; creen que los que “inciden” más sobre el Presidente son Luis Caputo (Economía) y Nicolás Posse (jefe de Gabinete).
Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) están “sorprendidos” por la “falta de continuidad” en el seguimiento de los temas. No hay contactos permanentes por ninguno de los puntos conversados en el encuentro con Milei en la Casa Rosada y tampoco por el proyecto enviado al Congreso. “Eso nos resulta muy extraño, porque somos colaborativos”, reflexiona uno de los mandatarios del grupo.
Tanto los gobernadores de JxC como los del PJ comparten un temor: mientras no haya una decisión y se apruebe la reforma de Ganancias, las provincias que requieran fondos dependerán de las asignaciones arbitrarias del Poder Ejecutivo, que, según dijo el ministro Caputo, están recortadas “al mínimo”. Es él quien, en esta gestión, administra ese dinero y no la cartera de Interior, como sucedía históricamente.
Funcionarios de primera línea habían cerrado acuerdos con gobernadores por deudas de la Nación con las provincias, pero cuando estaban a punto de firmarse, desde Economía se les impusieron límites en el uso de sus presupuestos. Sí se respetó el que acuerdo que alcanzó Francos con el cordobés Martín Llaryora para pagar el dinero que Sergio Massa había devengado y no había girado como “compensación” a fin de año.
Una alternativa que ya deslizan algunos –entre los que no están los peronistas, que en su mayoría insisten en coparticipar el impuesto al cheque– es que no hace falta “volver a cero” porque en ese caso terminará pagando Ganancias más gente que en agosto por efecto de la inflación. Con el DNU ya vigente, solo Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela militan el rechazo. El norteño presentó una “acción declarativa de certeza” ante la Corte Suprema de Justicia. El resto de los ocho peronistas (La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Formosa y Tierra del Fuego) decidieron mantener el perfil bajo.
La decisión de Quintela de presentar un amparo en la Corte para suspender el DNU no fue coordinada con su grupo. “El gitano nos tiene acostumbrados a salidas de este tipo”, señala uno de los ocho gobernadores del PJ.
Desde el gabinete del rionegrino Alberto Weretilneck comentaron a que mantienen el rechazo la nacion a dar marcha atrás con Ganancias. Además, sostienen que los perjudica notablemente el DNU. “Vamos a defender nuestra provincia y el norte de la Patagonia. Trabajamos en dupla con Rolo Figueroa de Neuquén. Nos vamos a oponer con los cuatro o cinco gobernadores con los que armamos nuestro propio bloque”, dicen.
En el caso de la ley ómnibus hay un cuestionamiento generalizado porque “mezcla la Biblia y el calefón”. En el grupo de WhatsApp donde comparten todo (hay varios paralelos más que funcionan intensamente), el planteo es que las reformas podrían ordenarse según su urgencia para estabilizar la economía. También reconocen que el “cansancio” y el “enojo” de la sociedad con el Congreso facilitan que desde la Rosada presionen por los tiempos; sin embargo, entienden que es “imposible” que la ley salga a fines de enero como quiere Milei.
A partir de esas especulaciones, son varios los que entienden que Milei deberá repensar su estrategia cuando su “luna de miel” con buena parte de sus votantes se resienta, cuando la gente tenga que enfrentar las subas generalizadas de servicios con ingresos retrasados.
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Una jueza habilitó la feria judicial para tratar el DNU
Se trata de la magistrada Rattá; fue a contramano del resto, que postergó la decisión para febrero
La Justicia Federal de San Juan habilitó la feria de enero para tratar una presentación contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei, que avanzó con una desregulación de la economía.
La decisión de la jueza fue una excepción dentro de la reacción general de la Justicia, que en su mayoría mantuvo la feria y dejó los pedidos para interceder en la controversia para después de enero.
La medida tomada en San Juan lleva la firma del la jueza del Tribunal Oral Federal en lo Criminal, Eliana Rattá, quien argumentó que “de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria”.
La acción de la jueza fue a contramano del mensaje que envió la Corte Suprema de la Nación la semana pasada, cuando en una decisión de una carilla aceptó abrir un expediente sobre el DNU a pedido del gobernador kirchnerista Ricardo Quintela (La Rioja), pero advirtió que mantenía la feria judicial vigente.
La provincia de La Rioja planteó a la 11 de la noche del jueves 28 de diciembre una “acción declarativa de certeza” para que la Corte diga si es constitucional o no el DNU de Milei que deroga 300 leyes y afecta el derecho de huelga de los docentes, el régimen de las farmacias y la ley de alquileres, entre otras decenas de consecuencias.
La acción fue firmada por el gobernador Quintela con el patrocinio del exjuez Eugenio Zaffaroni, de militancia kirchnerista, y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra.
Allí piden que se declare la nulidad absoluta e insanable del decreto por inconstitucional y como medida cautelar que se lo suspenda en sus efectos.
La Corte aceptó tratarlo, pero en febrero. Con el plazo abierto, el Congreso tiene tiempo para integrar la Comisión Bicameral Permanente que tiene la misión de analizar el DNU. Es decir, el máximo tribunal permitió con su decisión que los diputados y senadores se expidan previamente a su definición.
La decisión de la jueza de San Juan puede acelerar los tiempos.
Eliana Rattá asumió en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de San Juan hace cuatro años, cargo equiparable a una jueza de cámara o se segunda instancia.
Sorpresivamente, la magistrada se presentó para concursar el cargo vacante del Juzgado Federal N° 1 de San Juan, que tiene competencia en materia electoral.
Lo llamativo es que jerárquicamente se trata de un cargo menor, pero en lo económico no habría diferencias ya que al tener competencia electoral recibe un plus por esa labor.
La vacancia que pretende cubrir fue generada por haberse acogido a los beneficios jubilatorios Miguel Ángel Gálvez, quien estuvo en la función 25 años.
Rattá había sido ternada en 2018, asumiendo el cargo el 16 de agosto de 2019.
El cargo que concursa, además de tener jurisdicción en materia electoral, también tiene marco de actuación en causas civiles, laborales y comerciales, o conflictos entre particulares y organismos nacionales.
La magistrada que habilitó feria para tratar un amparo contra el DNU del presidente de la Nación integra como cuarta jueza el tribunal que desarrolla el decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza.
El tribunal también está integrado por los jueces Alberto Carelli y Alejandro Waldo Piña, y la jueza Paula Marisi. También integró el tribunal que en San Juan juzgó por delitos de lesa humanidad al exintegrante de la Corte de Justicia sanjuanina Juan Carlos Caballero Vidal, quien terminó condenado.
CÓRDOBA.– La fenomenal caída real del 20% de la coparticipación en diciembre será un ordenador de la agenda entre el presidente Javier Milei y los gobernadores. La carta de la Casa Rosada es el proyecto para eliminar las modificaciones de Ganancias, con lo que las provincias recuperarían parte de los recursos perdidos, pero la iniciativa no fue enviada aún al Congreso.
Según pudo constatar hay provincias que no tienen espalda financiera para soportar más meses de reducción de coparticipación y Milei presiona con que sin apoyo a la ley ómnibus no habrá cambios en Ganancias. El Presidente parece dispuesto a asumir el costo político de volver a cobrar el impuesto a los trabajadores, pero pide respaldo parlamentario a cambio. “Ninguno tiene el ancho de espadas”, dice un gobernador norteño, apelando al truco para graficar cómo es la negociación con Milei.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, sigue siendo el interlocutor, pero la duda que tienen la mayoría de los mandatarios –dispuestos a dialogar– es “hasta dónde” lo dejan hacer; creen que los que “inciden” más sobre el Presidente son Luis Caputo (Economía) y Nicolás Posse (jefe de Gabinete).
Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) están “sorprendidos” por la “falta de continuidad” en el seguimiento de los temas. No hay contactos permanentes por ninguno de los puntos conversados en el encuentro con Milei en la Casa Rosada y tampoco por el proyecto enviado al Congreso. “Eso nos resulta muy extraño, porque somos colaborativos”, reflexiona uno de los mandatarios del grupo.
Tanto los gobernadores de JxC como los del PJ comparten un temor: mientras no haya una decisión y se apruebe la reforma de Ganancias, las provincias que requieran fondos dependerán de las asignaciones arbitrarias del Poder Ejecutivo, que, según dijo el ministro Caputo, están recortadas “al mínimo”. Es él quien, en esta gestión, administra ese dinero y no la cartera de Interior, como sucedía históricamente.
Funcionarios de primera línea habían cerrado acuerdos con gobernadores por deudas de la Nación con las provincias, pero cuando estaban a punto de firmarse, desde Economía se les impusieron límites en el uso de sus presupuestos. Sí se respetó el que acuerdo que alcanzó Francos con el cordobés Martín Llaryora para pagar el dinero que Sergio Massa había devengado y no había girado como “compensación” a fin de año.
Una alternativa que ya deslizan algunos –entre los que no están los peronistas, que en su mayoría insisten en coparticipar el impuesto al cheque– es que no hace falta “volver a cero” porque en ese caso terminará pagando Ganancias más gente que en agosto por efecto de la inflación. Con el DNU ya vigente, solo Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela militan el rechazo. El norteño presentó una “acción declarativa de certeza” ante la Corte Suprema de Justicia. El resto de los ocho peronistas (La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Formosa y Tierra del Fuego) decidieron mantener el perfil bajo.
La decisión de Quintela de presentar un amparo en la Corte para suspender el DNU no fue coordinada con su grupo. “El gitano nos tiene acostumbrados a salidas de este tipo”, señala uno de los ocho gobernadores del PJ.
Desde el gabinete del rionegrino Alberto Weretilneck comentaron a que mantienen el rechazo la nacion a dar marcha atrás con Ganancias. Además, sostienen que los perjudica notablemente el DNU. “Vamos a defender nuestra provincia y el norte de la Patagonia. Trabajamos en dupla con Rolo Figueroa de Neuquén. Nos vamos a oponer con los cuatro o cinco gobernadores con los que armamos nuestro propio bloque”, dicen.
En el caso de la ley ómnibus hay un cuestionamiento generalizado porque “mezcla la Biblia y el calefón”. En el grupo de WhatsApp donde comparten todo (hay varios paralelos más que funcionan intensamente), el planteo es que las reformas podrían ordenarse según su urgencia para estabilizar la economía. También reconocen que el “cansancio” y el “enojo” de la sociedad con el Congreso facilitan que desde la Rosada presionen por los tiempos; sin embargo, entienden que es “imposible” que la ley salga a fines de enero como quiere Milei.
A partir de esas especulaciones, son varios los que entienden que Milei deberá repensar su estrategia cuando su “luna de miel” con buena parte de sus votantes se resienta, cuando la gente tenga que enfrentar las subas generalizadas de servicios con ingresos retrasados.
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Una jueza habilitó la feria judicial para tratar el DNU
Se trata de la magistrada Rattá; fue a contramano del resto, que postergó la decisión para febrero
La Justicia Federal de San Juan habilitó la feria de enero para tratar una presentación contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei, que avanzó con una desregulación de la economía.
La decisión de la jueza fue una excepción dentro de la reacción general de la Justicia, que en su mayoría mantuvo la feria y dejó los pedidos para interceder en la controversia para después de enero.
La medida tomada en San Juan lleva la firma del la jueza del Tribunal Oral Federal en lo Criminal, Eliana Rattá, quien argumentó que “de modo excepcional y en virtud de las circunstancias propias del presente caso, sin que ello genere precedente alguno, estimo prudente y adecuado disponer la habilitación de la feria judicial extraordinaria”.
La acción de la jueza fue a contramano del mensaje que envió la Corte Suprema de la Nación la semana pasada, cuando en una decisión de una carilla aceptó abrir un expediente sobre el DNU a pedido del gobernador kirchnerista Ricardo Quintela (La Rioja), pero advirtió que mantenía la feria judicial vigente.
La provincia de La Rioja planteó a la 11 de la noche del jueves 28 de diciembre una “acción declarativa de certeza” para que la Corte diga si es constitucional o no el DNU de Milei que deroga 300 leyes y afecta el derecho de huelga de los docentes, el régimen de las farmacias y la ley de alquileres, entre otras decenas de consecuencias.
La acción fue firmada por el gobernador Quintela con el patrocinio del exjuez Eugenio Zaffaroni, de militancia kirchnerista, y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra.
Allí piden que se declare la nulidad absoluta e insanable del decreto por inconstitucional y como medida cautelar que se lo suspenda en sus efectos.
La Corte aceptó tratarlo, pero en febrero. Con el plazo abierto, el Congreso tiene tiempo para integrar la Comisión Bicameral Permanente que tiene la misión de analizar el DNU. Es decir, el máximo tribunal permitió con su decisión que los diputados y senadores se expidan previamente a su definición.
La decisión de la jueza de San Juan puede acelerar los tiempos.
Eliana Rattá asumió en el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de San Juan hace cuatro años, cargo equiparable a una jueza de cámara o se segunda instancia.
Sorpresivamente, la magistrada se presentó para concursar el cargo vacante del Juzgado Federal N° 1 de San Juan, que tiene competencia en materia electoral.
Lo llamativo es que jerárquicamente se trata de un cargo menor, pero en lo económico no habría diferencias ya que al tener competencia electoral recibe un plus por esa labor.
La vacancia que pretende cubrir fue generada por haberse acogido a los beneficios jubilatorios Miguel Ángel Gálvez, quien estuvo en la función 25 años.
Rattá había sido ternada en 2018, asumiendo el cargo el 16 de agosto de 2019.
El cargo que concursa, además de tener jurisdicción en materia electoral, también tiene marco de actuación en causas civiles, laborales y comerciales, o conflictos entre particulares y organismos nacionales.
La magistrada que habilitó feria para tratar un amparo contra el DNU del presidente de la Nación integra como cuarta jueza el tribunal que desarrolla el decimotercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza.
El tribunal también está integrado por los jueces Alberto Carelli y Alejandro Waldo Piña, y la jueza Paula Marisi. También integró el tribunal que en San Juan juzgó por delitos de lesa humanidad al exintegrante de la Corte de Justicia sanjuanina Juan Carlos Caballero Vidal, quien terminó condenado.
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