PRESIÓN DE LOS GREMIOS

La Justicia laboral decide si suspende el DNU de Milei por un planteo de la CGT
Un fiscal general consideró que no le corresponde y que debe pasarlo a otro fuero
La CGT anunció la semana pasada un paro contra Milei para el 24 de enero


La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó ayer levantar la feria judicial y en las próximas horas decidirá si hace lugar a una medida cautelar presentada por la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, de Javier Milei.
Pero antes los camaristas resolverán si envían el caso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como pidió el fiscal general de la Cámara Laboral Juan Manuel Domínguez. La CGT se opone a que el fuero del trabajo se desprenda del caso y presiona para que la reforma del Gobierno sea suspendida.
El DNU de Milei avanzó con medidas de desregulación de la economía y una reforma laboral, además de poner límites a las protestas callejeras.
El fiscal Domínguez dijo en su dictamen que, según la ley, en caso de controversia es el fuero contencioso el que tiene que decidir la competencia y no el laboral, como pretende la CGT.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aceptó ayer levantar la feria judicial y en las próximas horas decidirá si hace lugar a una medida “precautelar” contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 de Javier Milei presentado por la Confederación Federal del Trabajo (CGT). Pero antes, los camaristas resolverán si envían el caso a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como pidió el fiscal general de la Cámara Laboral Juan Manuel Domínguez. La CGT se opone a que el fuero del trabajo se desprenda del caso.
El fiscal Domínguez dijo en su dictamen que, según la ley, en caso de controversia es el fuero en lo contencioso el que tiene que decidir la competencia.
Todo parece encaminarse a que sea el fuero en lo contencioso administrativo federal el que concentre todas las demandas. Y que sigan así todo enero, sin trámite alguno durante la feria judicial.
En el Gobierno confían en que los camaristas del trabajo se desprendan del caso y no tomen ninguna otra decisión. Esperan que todo se concentre en el contencioso administrativo (que ya viene acumulando causas) y que en ese expediente no se habilite la feria judicial. De ese modo, el DNU podría llegar a febrero sin causas judiciales que amenacen su supervivencia. La Corte, que recibió también una demanda (de la provincia de La Rioja contra el Estado nacional) ya avisó la semana pasada que no habilitará la feria judicial para tratar ese expediente.
En tres expedientes diferentes hubo jueces que habilitaron la feria judicial para tratar planteos contra el DNU de Milei. Una fue la jueza federal de San Juan Eliana Rattá, que anteayer envió su causa para que se acumule con las otras del fuero en lo contencioso administrativo; otro fue el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, que hizo lo mismo enviándolo al contencioso administrativo y los terceros que habilitaron la feria fueron los camaristas del fuero del trabajo María González y Alejandro Sudera, que ahora deberán resolver en el amparo presentado por Héctor Daer, el secretario general de la CGT.
“Esta sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada”, señalaron los camaristas laborales.
Pero el fiscal Domínguez les recordó que ya se había abierto una puja de competencia entre el fuero laboral y el contencioso administrativo en torno a la cautelar y que debía ser la cámara de ese fuero la que debe decidir. “En este ventilado contexto, correspondería disponer la remisión de las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para la elucidación de la contienda de competencia”, escribió el fiscal Domínguez en su dictamen. Ahora los camaristas laborales deben decidir.
En paralelo, en el fuero en lo contencioso administrativo federal la causa que está acumulando cada vez más expedientes y se tramita en el juzgado de Esteban Furnari. Durante la feria, el juez a cargo es Enrique Lavié Pico.
En ese caso, el fiscal Miguel Ángel Gilligan dijo que no están acreditadas las razones de “perentoriedad” que justifiquen levantar la feria judicial, que es de carácter obligatorio y cuya suspensión en una medida excepcional que no corresponde tomar en este caso.
Destacó además que la propia Corte consideró lo mismo la semana pasada, cuando resolvió no habilitar la feria en la causa promovida por La Rioja contra el Estado nacional para pedir la declaración de inconstitucionalidad del DNU de Milei y que además las decisiones de la Corte son obligatorias en casos similares, por lo que consideró que no se dio la excepción para abrir la feria judicial. Ahora debe resolver el juez Lavié Pico.
El Gobierno confía en que este sea el criterio que se imponga en el fuero para que no prosperen las causas contra el decreto.
El miércoles pasado, la CGT realizó la primera movilización tras la asunción de Javier Milei como presidente. En paralelo, promovió un amparo que lleva la firma de los miembros del triunvirato de conducción cegetista, Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, y quedó radicado en el Juzgado Laboral Nº 69, a cargo del juez Ramonet.
La semana pasada, Ramonet había rechazado conceder la medida cautelar interina que solicitó la central obrera con el argumento de que todavía no estaba vigente el decreto. Pero sí se asumió competente para tramitar la acción de amparo que presentó la central obrera.
Tras definir el plan de lucha en una reunión de la cúpula, la CGT resolvió anunciar un paro general de 12 horas para el próximo 24 de enero.
La semana pasada, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le pidió a la Corte Suprema que declarara inconstitucional el DNU de Milei. Si bien el máximo tribunal dio inicio a la causa, advirtió que no habilitará la feria judicial para tratarla. En consecuencia, ese trámite quedó suspendido hasta febrero.
Además, ordenó que el caso pasara a la Procuración General de la Nación para que evalúe si el tribunal es competente para tramitar la demanda, que es lo primero que hay que definir antes de seguir adelante con el expediente.
La presentación de Quintela, peronista que va por su segundo mandato en La Rioja, es una “acción declarativa de certeza” que pretende que el máximo tribunal declare inconstitucional el decreto 70/2023 por los “perjuicios irreparables” que le genera a la provincia.
“Con la vigencia del DNU N°70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”, justificó el mandatario peronista. El trámite incluye además el pedido de una medida cautelar para frenarlo hasta que los jueces tomen la decisión final. Pero la Corte no intervendrá en este caso antes de febrero.

Suman a otro Menem al equipo oficial
La primera reunión de gabinete de este año trajo como novedad la presencia de Eduardo “Lule” Menem. El nuevo asesor es sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem y del extitular del Senado, Eduardo.
Lule es el hijo de Munir Menem, exfuncionario durante los años 90 y fallecido en el año 2010 y trabaja junto a su primo Martín Menem, titular de la Cámara baja.
Junto a Santiago Caputo, hombre de extrema confianza del m andatario,Lule Menem fue la otra figura que participó del encuentro de funcionarios, sin serlo oficialmente. Junto a su tío y homónimo,
Eduardo, Lule Menem trabajó durante gran parte de los más de 20 años en los que el hermano menor del expresidente integró el Senado. Allí tejió gran parte de las relaciones que hoy busca aprovechar para el espacio libertario de cara a las negociaciones que vienen en las próximas semanas.
Aún sin cargo formal, pero con serias chances d et enerlo,Lu le Menem cultiva el bajo perfil, pero fue su primo, el titular de la Cámara de Diputados, quien lo mencionó en su discurso de asunción, poniéndolo a la par de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la Presidencia.

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