MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

Cristina le puso su sello a la iniciativa

Martín Rodríguez Yebra
Dos palabras añadidas a un texto de 55 páginas y 84 artículos le bastaron a Cristina Kirchner para ponerle su sello personal e intransferible a la reforma judicial que el presidente Alberto Fernández presentó solemnemente hace menos de un mes como un legado por el que quisiera ser recordado. La alusión a los “poderes mediáticos” como una hipotética fuente de presión a los jueces aspira a darle verosimilitud política a la teoría del lawfare, el escudo para las numerosas causas de corrupción que la involucran.
El proclamado intento de mejorar la calidad de una institución fundamental de la República sucumbe irremediablemente a las urgencias de una cruzada individual: demostrar como sea que Cristina Kirchner fue víctima de una conspiración gestada entre jueces y periodistas.
En su carrera hacia la absolución que cree haber obtenido en las urnas no titubea en plasmar en un proyecto de ley una invitación a la autocensura y una amenaza apenas disimulada a la libre circulación de información y de opiniones en la Argentina.
El retoque que se conoció anoche al texto enviado por el Gobierno establece la obligación para los jueces de denunciar ante el Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
Alberto Fernández no había incluido a los medios en ese apartado. Quien puso la cara para reclamar la modificación fue el senador oscar Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de inteligencia (AFI), presidente del instituto Patria y en los hechos un secretario privado de Cristina Kirchner.
Si para interpretar el sentido de una ley se recomienda analizar la “voluntad del legislador”, vale escuchar lo que dijo Parrilli en el debate de comisiones al proponer la mención de los “poderes mediáticos” en el dictamen de mayoría que el Senado prevé tratar la semana que viene. “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinada causa. Debemos añadir el término ‘mediático’ porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.
Pocas veces se había presenciado en sede parlamentaria una reivindicación tan transparente del delito de opinión.
Si se sigue el hilo del razonamiento, un editorial crítico a la decisión de un juez podría ser considerado una presión indebida, susceptible de ser investigada como delito. ¿Y por qué no suponer que un magistrado pudiera sentirse presionado si un periodista publica información sobre un escándalo de corrupción que él no llegó a indagar? ¿Qué distancia hay entre el postulado de Parrilli y considerar que la difusión de detalles sobre una causa judicial contra un funcionario implica violar la presunción de inocencia y, por consiguiente, constituye un acto de coacción hacia el juez?
El estallido de reacciones críticas –empresarios, opositores, entidades profesionales– movió a una cínica aclaración de Parrilli: “No hay ningún artículo contra la libertad de expresión, pero saltaron como leche hervida”. otra colaboradora de la vicepresidenta, Graciana Peñafort, minimizó el efecto de la enmienda. insistió en que no se prevén sanciones para los periodistas que un juez pueda señalar. “Van a poder seguir apretando”, ironizó.
En la construcción de la coartada del lawfare, Cristina Kirchner considera la difusión periodística de las escuchas a su teléfono una prueba de “una articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial” para perseguirla. Lo gritó el año pasado el día en que le tocó declarar en el juicio que se le sigue por la presunta adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.
Hace tiempo que su estrategia defensiva para derrumbar las causas contra ella y sus hijos consiste en asimilar a los periodistas con espías y a las empresas periodísticas, con corporaciones golpistas.
Ahora, afincada otra vez en el mando, el plan ingresa en otra dimensión. Ella no disimula sus huellas dactilares en el proyecto insignia de Fernández. Al contrario, las magnifica.
Una reforma que requería de consensos nació herida desde el momento en que el Presidente aceptó crear una comisión para revisar el funcionamiento de la Corte Suprema que tiene como integrante estelar a Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner.
Antes del primer debate en el recinto, el texto queda marcado por otra exhibición de poder de la vicepresidenta que dinamita los ensayos dialoguistas de Alberto Fernández. La incomodidad era inocultable ayer entre interlocutores habituales del Presidente.
La comisión Beraldi y la cláusula Parrilli distorsionan la promesa oficialista de una legítima vocación por construir un Poder Judicial transparente y sin ataduras políticas. Alimentan, más bien, la sospecha de que no se discute una reforma sino una revancha.