Llega una misión del FMI para intentar salvar el acuerdo
Los técnicos del organismo multilateral de crédito se reunirán con Luis Caputo y Nicolás Posse; en Economía y la Casa Rosada confirmaron que el programa “está caído”
Esteban Lafuente.
Posse, Caputo y Milei, en un viaje reciente para ver a las autoridades del FMI
El Gobierno confirmó que recibirá a una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegará al país para empezar a delinear un nuevo acuerdo con la gestión de Javier Milei. En la Casa Rosada aseguran que el pacto actual, sellado en la administración de Alberto Fernández, “está caído”.
El encargado de la confirmación sobre este desembarco desde Washington fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa. “El jueves [por mañana] recibiremos a una comitiva del FMI. La van a recibir el jefe de Gabinete, [Nicolás Posse] y el ministro de Economía [Luis “Toto” Caputo], en línea con renegociar el acuerdo caído por no haberse cumplido. El mismo se encuentra virtualmente caído”, aseguró.
“Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, viajará a Buenos Aires el 4 de enero de 2024, con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI”, dijeron voceros del FMI. “Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de la Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes”, cerraron.
Fuentes del Ministerio de Economía ratificaron la información difundida por Adorni, aunque no dieron mayores precisiones sobre la hoja de ruta en torno a las renegociaciones entre la Argentina y el FMI. El actual programa de facilidades extendidas, firmado en 2020, reemplazó al acuerdo stand-by rubricado en 2018 por la administración Macri, y tuvo su última “revisión” aprobada en agosto de 2023.
Fue luego de las PASO, cuando el organismo concretó un desembolso de US$7500 millones, luego de que el entonces gobierno convalidó una devaluación del 18% del tipo de cambio oficial (lo llevó de $287 a $350), aun cuando el país incumplió las metas establecidas en ese programa. En ese momento, el staff report elaborado por el equipo técnico del Fondo indicó que la Argentina debía avanzar, entre otros puntos, con nuevos ajustes en las tarifas de servicios públicos (planteados para septiembre y que no ocurrieron), además de políticas que contribuyeran a “contener los salarios públicos y las pensiones”, según indicó en ese momento la búlgara Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
A su vez, en ese momento, el Fondo informó que el país contaría con un nuevo giro de US$2750 millones, a concretarse luego de las elecciones, si superaba exitosamente la revisión correspondiente al tercer trimestre del año. Sin embargo, ninguno de esos objetivos fue alcanzado.
El acuerdo establecía una pauta de déficit primario del 1,9% del PBI para 2023 (estuvo cerca del 3%), la acumulación de reservas netas positivas por US$8000 millones (fueron negativas en más de US$11.000 millones) y un tope de $883.000 millones en financiamiento monetario del BCRA al Tesoro (solo en el primer semestre habían sido más de $1,3 billones).
En este escenario, el FMI interrumpió el giro de desembolsos a la Argentina. A la espera de nuevas negociaciones, se acordó un nuevo préstamo puente de corto plazo con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) “en consulta y coordinación con el FMI” por US$960 millones, para que el país pudiera cumplir con los vencimientos de diciembre, a la espera de una renegociación del programa. Solo este año, el país debe realizar desembolsos ante el Fondo por unos US$8000 millones, aunque parcialmente cubiertos por desembolsos.
“El FMI y Milei deberían descartar el actual programa fallido de la gestión Fernández y negociar uno nuevo gestionado por Milei y su equipo, que establezca sus metas y objetivos”, señaló en su cuenta de X (Twitter) Mark Sobel, exdirector para EE. UU. en el board del organismo multilateral y exfuncionario del Departamento del Tesoro.
“El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean”, había dicho Milei durante la campaña. Tras su victoria en las PASO, el entonces diputado mantuvo una reunión por videollamada con delegados del FMI, en la que sumó a tres referentes de su equipo económico (Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein), hoy fuera del Gobierno.
El Gobierno confirmó que recibirá a una comitiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegará al país para empezar a delinear un nuevo acuerdo con la gestión de Javier Milei. En la Casa Rosada aseguran que el pacto actual, sellado en la administración de Alberto Fernández, “está caído”.
El encargado de la confirmación sobre este desembarco desde Washington fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su tradicional conferencia de prensa. “El jueves [por mañana] recibiremos a una comitiva del FMI. La van a recibir el jefe de Gabinete, [Nicolás Posse] y el ministro de Economía [Luis “Toto” Caputo], en línea con renegociar el acuerdo caído por no haberse cumplido. El mismo se encuentra virtualmente caído”, aseguró.
“Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja, viajará a Buenos Aires el 4 de enero de 2024, con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa apoyado por el FMI”, dijeron voceros del FMI. “Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de la Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes”, cerraron.
Fuentes del Ministerio de Economía ratificaron la información difundida por Adorni, aunque no dieron mayores precisiones sobre la hoja de ruta en torno a las renegociaciones entre la Argentina y el FMI. El actual programa de facilidades extendidas, firmado en 2020, reemplazó al acuerdo stand-by rubricado en 2018 por la administración Macri, y tuvo su última “revisión” aprobada en agosto de 2023.
Fue luego de las PASO, cuando el organismo concretó un desembolso de US$7500 millones, luego de que el entonces gobierno convalidó una devaluación del 18% del tipo de cambio oficial (lo llevó de $287 a $350), aun cuando el país incumplió las metas establecidas en ese programa. En ese momento, el staff report elaborado por el equipo técnico del Fondo indicó que la Argentina debía avanzar, entre otros puntos, con nuevos ajustes en las tarifas de servicios públicos (planteados para septiembre y que no ocurrieron), además de políticas que contribuyeran a “contener los salarios públicos y las pensiones”, según indicó en ese momento la búlgara Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
A su vez, en ese momento, el Fondo informó que el país contaría con un nuevo giro de US$2750 millones, a concretarse luego de las elecciones, si superaba exitosamente la revisión correspondiente al tercer trimestre del año. Sin embargo, ninguno de esos objetivos fue alcanzado.
El acuerdo establecía una pauta de déficit primario del 1,9% del PBI para 2023 (estuvo cerca del 3%), la acumulación de reservas netas positivas por US$8000 millones (fueron negativas en más de US$11.000 millones) y un tope de $883.000 millones en financiamiento monetario del BCRA al Tesoro (solo en el primer semestre habían sido más de $1,3 billones).
En este escenario, el FMI interrumpió el giro de desembolsos a la Argentina. A la espera de nuevas negociaciones, se acordó un nuevo préstamo puente de corto plazo con CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) “en consulta y coordinación con el FMI” por US$960 millones, para que el país pudiera cumplir con los vencimientos de diciembre, a la espera de una renegociación del programa. Solo este año, el país debe realizar desembolsos ante el Fondo por unos US$8000 millones, aunque parcialmente cubiertos por desembolsos.
“El FMI y Milei deberían descartar el actual programa fallido de la gestión Fernández y negociar uno nuevo gestionado por Milei y su equipo, que establezca sus metas y objetivos”, señaló en su cuenta de X (Twitter) Mark Sobel, exdirector para EE. UU. en el board del organismo multilateral y exfuncionario del Departamento del Tesoro.
“El Fondo Monetario Internacional no debería tener problemas con el programa que nosotros hemos planteado, básicamente porque nosotros proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo que el que ellos plantean”, había dicho Milei durante la campaña. Tras su victoria en las PASO, el entonces diputado mantuvo una reunión por videollamada con delegados del FMI, en la que sumó a tres referentes de su equipo económico (Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein), hoy fuera del Gobierno.
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Convocan a audiencias públicas para aumentar la luz
El ENRE hará el llamado para el viernes 26; la Secretaría de Energía evalúa cómo trasladar los costos de la devaluación
Sofía Diamante
El Gobierno convocará a audiencias públicas el viernes 26 del actual para tratar los aumentos del servicio de distribución eléctrica de Edenor y Edesur, que son las únicas dos distribuidoras que dependen del Estado nacional. Las tarifas del resto de las empresas las determina cada jurisdicción provincial. BV
A su vez, la Secretaría de Energía está evaluando la manera de trasladar a las boletas de electricidad de todo el país la devaluación de diciembre pasado, ya que los contratos del sector están dolarizados.
En Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) publicará en las próximas horas la convocatoria a audiencia pública para determinar las nuevas tarifas del valor agregado de distribución (VAD) de Edenor y Edesur. Será el debut del nuevo interventor del ente, Darío Arrué, quien ya asumió en el cargo.
El año pasado, la tarifa de este servicio aumentó 262%, repartido en dos subas: 108% en abril y 73% en junio. El incremento superior a la inflación estimada inicialmente se debió a que en los tres años previos del gobierno de Alberto Fernández los ingresos de Edenor y Edesur habían subido solo 32%, cuando la inflación acumulada durante ese período fue de más del 300%.
Entre junio de 2023 –último aumento para las distribuidoras que operan en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)– y febrero próximo, la inflación acumulada estimada sería de 184%, según la consultora Economía y Energía. Sin embargo, el servicio de distribución es uno de los cuatro componentes que forman el precio final de la boleta (además están la generación, el transporte y los impuestos nacionales, provinciales y municipales). Por lo tanto, de aceptar una suba de esa magnitud, el impacto en la tarifa final sería menor, en torno al 50%.
El servicio de distribución no está segmentado por ingresos, como ocurre en la generación eléctrica, por lo cual la suba sería igual para todos los usuarios, sin diferenciar el poder adquisitivo. Sin embargo, para los hogares de menores ingresos representará una suba proporcional mayor, ya que como el costo de generación está subsidiado y tiene una menor injerencia en el precio final de las boletas, el costo de distribución cobra mayor peso relativo.
El Gobierno debe también definir con qué frecuencia se aplicarán los aumentos de las tarifas de distribución. Con una inflación mensual superior al 10%, en el Gobierno creen que no es sostenible aplicar aumentos cada seis meses, sino que deberían ser en menor plazo. Para las tarifas de gas, por ejemplo, se está analizando actualizaciones mensuales.
“No se puede hacer política salarial a través de los servicios públicos. Las empresas no tienen el VAD con el poder adquisitivo que requiere el sistema. Por eso, las distribuidoras atienden sus costos de reposición del cable quemado, pagan salarios y algunos otros costos de mantenimiento con los ingresos que reciben por tarifas. Y cuando no llegan a fin de mes, la variable de ajuste es el mercado eléctrico mayorista, que equivale a aumentar sus deudas con Cammesa [la compañía controlada por el Estado que se encarga de los despachos de energía eléctrica]”, dijeron en el Gobierno.
En la Secretaría de Energía además están evaluando cómo hacer el traspaso de la devaluación de diciembre a las tarifas, lo cual impactará en las boletas de todo el país.
El Gobierno convocará a audiencias públicas el viernes 26 del actual para tratar los aumentos del servicio de distribución eléctrica de Edenor y Edesur, que son las únicas dos distribuidoras que dependen del Estado nacional. Las tarifas del resto de las empresas las determina cada jurisdicción provincial. BV
A su vez, la Secretaría de Energía está evaluando la manera de trasladar a las boletas de electricidad de todo el país la devaluación de diciembre pasado, ya que los contratos del sector están dolarizados.
En Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) publicará en las próximas horas la convocatoria a audiencia pública para determinar las nuevas tarifas del valor agregado de distribución (VAD) de Edenor y Edesur. Será el debut del nuevo interventor del ente, Darío Arrué, quien ya asumió en el cargo.
El año pasado, la tarifa de este servicio aumentó 262%, repartido en dos subas: 108% en abril y 73% en junio. El incremento superior a la inflación estimada inicialmente se debió a que en los tres años previos del gobierno de Alberto Fernández los ingresos de Edenor y Edesur habían subido solo 32%, cuando la inflación acumulada durante ese período fue de más del 300%.
Entre junio de 2023 –último aumento para las distribuidoras que operan en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)– y febrero próximo, la inflación acumulada estimada sería de 184%, según la consultora Economía y Energía. Sin embargo, el servicio de distribución es uno de los cuatro componentes que forman el precio final de la boleta (además están la generación, el transporte y los impuestos nacionales, provinciales y municipales). Por lo tanto, de aceptar una suba de esa magnitud, el impacto en la tarifa final sería menor, en torno al 50%.
El servicio de distribución no está segmentado por ingresos, como ocurre en la generación eléctrica, por lo cual la suba sería igual para todos los usuarios, sin diferenciar el poder adquisitivo. Sin embargo, para los hogares de menores ingresos representará una suba proporcional mayor, ya que como el costo de generación está subsidiado y tiene una menor injerencia en el precio final de las boletas, el costo de distribución cobra mayor peso relativo.
El Gobierno debe también definir con qué frecuencia se aplicarán los aumentos de las tarifas de distribución. Con una inflación mensual superior al 10%, en el Gobierno creen que no es sostenible aplicar aumentos cada seis meses, sino que deberían ser en menor plazo. Para las tarifas de gas, por ejemplo, se está analizando actualizaciones mensuales.
“No se puede hacer política salarial a través de los servicios públicos. Las empresas no tienen el VAD con el poder adquisitivo que requiere el sistema. Por eso, las distribuidoras atienden sus costos de reposición del cable quemado, pagan salarios y algunos otros costos de mantenimiento con los ingresos que reciben por tarifas. Y cuando no llegan a fin de mes, la variable de ajuste es el mercado eléctrico mayorista, que equivale a aumentar sus deudas con Cammesa [la compañía controlada por el Estado que se encarga de los despachos de energía eléctrica]”, dijeron en el Gobierno.
En la Secretaría de Energía además están evaluando cómo hacer el traspaso de la devaluación de diciembre a las tarifas, lo cual impactará en las boletas de todo el país.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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