El Gobierno presenta el texto y no cede con la soja
Piden precisiones al Gobierno y agrupan a su tropa para frenar algunos puntos claves de la ley ómnibus; quieren que la Nación asuma una porción mayor del ajuste y amenazan con un dictamen propio
Delfina Celichini
No intentaron esconder su malestar. O, lo que es lo mismo, se aseguraron de que su eco llegara hasta la quinta de Olivos. Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se congregaron ayer junto a sus principales espadas legislativas para coordinar una postura común frente al proyecto de ley ómnibus. La cumbre se dio por Zoom, junto a legisladores de los bloques de Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal, y dejó en evidencia la falta de certezas de los mandatarios ante el rumbo que tomará el Gobierno frente a sus reclamos.
Además de los planteos contra la suspensión de la movilidad jubilatoria, las facultades delegadas y las privatizaciones que ya expresaron los diputados de JxC, los gobernadores del espacio insistieron en los puntos que afectan a sus ingresos y a la economía de sus distritos: la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias –prometida por el Gobierno, pero aún no enviada al Congreso–, que afecta la coparticipación provincial, y la suba de retenciones, un tributo que impacta sobre los productores de sus distritos, pero no se coparticipa.
Para acentuar su mensaje, sumaron un gesto: respaldarán el reclamo de la Ciudad ante la Corte para que la Casa Rosada haga efectiva la devolución de la coparticipación.
“Tenemos más incertidumbre que respuestas de si el Gobierno quiere perder la batalla legislativa para tener una épica comunicacional o si pretende lograr lo más importante para poder gobernar”, confió uno de los diez líderes provinciales que participaron de la reunión en la que se evaluó, entre otras cosas, armar un dictamen propio que contenga los cambios al texto original propuestos. Una opción que complica el escenario para el Gobierno y que parecía haber quedado atrás.
Según pudo saber la nacion, una de las principales preocupaciones de los gobernadores de JxC es la ausencia de señales del presidente Javier Milei para atenuar el aumento de las retenciones que propone en la ley ómnibus. Tal como está redactada, subirán los derechos de exportación a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y de la carne (del 9% al 15%).
El viernes pasado, el Gobierno hizo un gesto al quitar de la lista a unos 35 productos locales. Pero persiste la intención de Milei de subir los derechos de exportación de otras manufacturas a un 15%. Los mandatarios consideran que esta medida atenta contra el crecimiento de esos sectores y afecta su competitividad en el extranjero. Además, no es un impuesto coparticipable. Es decir, perjudica a las provincias y lo recauda solo el gobierno nacional.
Una agenda caliente
La que viene será una semana clave para el Gobierno, que intentará llevar al recinto un dictamen de mayoría. Para ello, deberá sacar a relucir su capacidad de negociación para buscar un punto en común con este mosaico de legisladores “dialoguistas”, que condicionan su apoyo a modificaciones concretas –como la morigeración de las retenciones– sobre las que todavía no han recibido respuesta del Ejecutivo. Se espera, entonces, que el oficialismo envíe el texto final con los cambios a los que accedió y que se aceleren las tratativas con los tres bloques “de centro”.
Todo esto con la tensión del paro general convocado para el miércoles, donde las centrales gremiales mostrarán su poder de fuego al Presidente. El cronograma ideal para el oficialismo sería que el plenario de comisiones emita dictamen mañana y que la ley “Bases” llegue el recinto el próximo jueves.
Los gobernadores reclaman, además, definiciones respecto de su pedido de compensación ante la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, uno de los gravámenes coparticipables que afectan directamente las arcas provinciales. “Es inminente que se empiece a sentir”, consideran entre los diez líderes jurisdiccionales que, ante el mutismo del Poder Ejecutivo, se muestran reacios a acompañar las medidas que profundizarán sus restricciones presupuestarias.
Esto se suma a la intransigencia de la Casa Rosada en relación con su meta de austeridad, bajo la que se pretende cortar las transferencias discrecionales así como la obra pública. El metamensaje del Poder Ejecutivo es que los mandatarios deberán conformarse con lo que se coparticipa directamente por goteo.
Los gobernadores ya mostraron los dientes frente a estas primeras medidas y definieron acompañar el reclamo de la ciudad de Buenos Aires ante el fallo de la Corte, por ahora incumplido, que dispuso que el Estado nacional deberá entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. Esta disposición afectará las cuentas nacionales así como el objetivo de Milei de llegar al déficit cero.
Los mandatarios tampoco quieren votar las reformas pesqueras del megaproyecto. Si bien el ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que “habrá temas que serán clarificados” sobre este punto, los líderes territoriales no recibieron garantías al respecto.
Además de los diez gobernadores del espacio, también participaron de la reunión de ayer los jefes de cada bloque: De Loredo, por la UCR; Cristian Ritondo, por Pro, y Miguel Pichetto, junto a Nicolás Massot, por Hacemos Coalición Federal.
Dispusieron volver a juntarse en la semana, una vez recibido el texto con reformas que prometió el Poder Ejecutivo. Su idea es mostrarse como una liga cohesionada, apalancada en el Congreso, para pelear por los intereses propios de sus territorios. Si bien no controlan a todos y cada uno de los legisladores de estos tres bloques claves –que suman 94 diputados–, podrían terciar al menos diez voluntades, lo que complicaría el ya delicado panorama legislativo del oficialismo
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El Gobierno ultima el texto final y no cede en las retenciones a la soja
El ministro Francos afirmó que “no hay obstáculos insalvables” con la oposición para aprobar la ley
Jaime Rosemberg
“El Presidente no va a negociar el objetivo de déficit cero. Y si la ley no se aprueba, recortaremos por otro lado porque todas las negociaciones tienen un límite”. La frase, salida de boca de uno de los negociadores del gobierno de Javier Milei, explica la negativa del oficialismo a ceder en algunos de los pedidos de la oposición dialoguista para aprobar la ley ómnibus, cuyo texto final (que solo unos pocos funcionarios conocen) se presentaría hoy ante los diputados.
En medio de un sugestivo y extendido hermetismo, que abarca a voceros y funcionarios, desde el Gobierno reconocieron que habrá cambios en la propuesta original que eliminaba los ajustes semestrales en las jubilaciones, pero aseguraron que no habrá marcha atrás en las retenciones a la soja y el aceite de soja, uno de los pedidos de las provincias productoras como Córdoba y Santa Fe.
Con relación a las retenciones, los negociadores de la oposición ya conocían la negativa del Gobierno a introducir cambios en la normativa, aunque por estas horas se debate “rubro por rubro” qué actividades tendrán la carga de derechos de exportación y cuáles quedarán exentas.
“No voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerles un pie en la cabeza a los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita”, afirmó anteayer el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Desde el Gobierno, sin cortar puentes, apuntaban al “show off” de Pullaro y su par cordobés, Martín Llaryora, que también fue muy crítico de la suba de retenciones a la soja y sus derivados. “No se puede, si no lo hacemos así tendríamos que recortar por otro lado. ¿Vamos a recortar Salud o Educación?”, se preguntaron desde un importante despacho de la Casa Rosada.
Mientras continúa el pulido deltexto final, en el que intervienen distintos ministros y el asesor sin cartera Federico Sturzenegger, el Gobierno confía en lograr la aprobación de la norma esta semana.
“Esperamos que la aprobación en Diputados sea esta semana y que después pase al Senado”, afirmó a Radio Rivadavia el ministro del Interior, Guillermo Francos, una de las solitarias voces del oficialismo que se escucharon ayer, mientras desde el Gobierno pulían la nueva versión del texto luego de la contrapropuesta de los bloques dialoguistas.
“Hemos obtenido un apoyo importante del Congreso, y nosotros vemos voluntad de su parte en ayudar a que el Gobierno tenga instrumentos legales para avanzar”, expresó Francos, y reconoció que la mayor presión para que los referentes del oficialismo consigan resultados rápido viene de la propia Casa Rosada.
“(El Presidente) está impaciente porque ve que pasan los días y siente que cada día es uno que perdemos para la transformación de la Argentina. Siente la enorme responsabilidad de no perder tiempo”, detalló Francos cuando lo consultaron por el estado de ánimo presidencial en torno a la marcha del proyecto, trabado por la negativa opositora a aceptar, entre otros puntos, el fin de la ley de movilidad jubilatoria y la delegación de facultades del Poder Legislativo en el Ejecutivo.
“Tenemos la intención de avanzar con la reforma tributaria, pero por sobre todo avanzar con la ley”, afirmó el ministro del Interior cuando lo consultaron por la propuesta de vuelta atrás en las exenciones al pago del impuesto a las ganancias, implementadas durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
“En la esencia, toda la ley esta orientada a aprobarse en conjunto. Es obvio que uno tiene que escuchar todas las posiciones, y lo estamos tratando de solucionar”, afirmó Francos, en línea con las declaraciones de distintos funcionarios desde que la ley ómnibus ingresó en el terreno parlamentario.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, confirmó también en declaraciones radiales que hoy se reunirá con el presidente Javier Milei para discutir sobre el proyecto.
¿Y qué pasa si no se acepta el nuevo texto? “Vamos a ir al recinto, y si perdemos, perdemos. Pero quedarán en evidencia los que lo rechacen”, confirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo, que no dudó en afirmar que habrá un debate en la Cámara de Diputados una vez que el dictamen esté presentado.
Desde el Gobierno volvieron a restar importancia al paro general que la CGT encabezará el miércoles. “No vemos mucha gente entusiasmada con el paro, a tan pocas semanas de empezar el Gobierno, salvo los sindicalistas”, afirmaron desde la Casa Rosada. “Va a seguir todo igual”, prometieron desde el oficialismo, confiados en que la manifestación no tendrá el impacto que imaginan sus organizadores.
No intentaron esconder su malestar. O, lo que es lo mismo, se aseguraron de que su eco llegara hasta la quinta de Olivos. Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se congregaron ayer junto a sus principales espadas legislativas para coordinar una postura común frente al proyecto de ley ómnibus. La cumbre se dio por Zoom, junto a legisladores de los bloques de Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal, y dejó en evidencia la falta de certezas de los mandatarios ante el rumbo que tomará el Gobierno frente a sus reclamos.
Además de los planteos contra la suspensión de la movilidad jubilatoria, las facultades delegadas y las privatizaciones que ya expresaron los diputados de JxC, los gobernadores del espacio insistieron en los puntos que afectan a sus ingresos y a la economía de sus distritos: la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias –prometida por el Gobierno, pero aún no enviada al Congreso–, que afecta la coparticipación provincial, y la suba de retenciones, un tributo que impacta sobre los productores de sus distritos, pero no se coparticipa.
Para acentuar su mensaje, sumaron un gesto: respaldarán el reclamo de la Ciudad ante la Corte para que la Casa Rosada haga efectiva la devolución de la coparticipación.
“Tenemos más incertidumbre que respuestas de si el Gobierno quiere perder la batalla legislativa para tener una épica comunicacional o si pretende lograr lo más importante para poder gobernar”, confió uno de los diez líderes provinciales que participaron de la reunión en la que se evaluó, entre otras cosas, armar un dictamen propio que contenga los cambios al texto original propuestos. Una opción que complica el escenario para el Gobierno y que parecía haber quedado atrás.
Según pudo saber la nacion, una de las principales preocupaciones de los gobernadores de JxC es la ausencia de señales del presidente Javier Milei para atenuar el aumento de las retenciones que propone en la ley ómnibus. Tal como está redactada, subirán los derechos de exportación a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y de la carne (del 9% al 15%).
El viernes pasado, el Gobierno hizo un gesto al quitar de la lista a unos 35 productos locales. Pero persiste la intención de Milei de subir los derechos de exportación de otras manufacturas a un 15%. Los mandatarios consideran que esta medida atenta contra el crecimiento de esos sectores y afecta su competitividad en el extranjero. Además, no es un impuesto coparticipable. Es decir, perjudica a las provincias y lo recauda solo el gobierno nacional.
Una agenda caliente
La que viene será una semana clave para el Gobierno, que intentará llevar al recinto un dictamen de mayoría. Para ello, deberá sacar a relucir su capacidad de negociación para buscar un punto en común con este mosaico de legisladores “dialoguistas”, que condicionan su apoyo a modificaciones concretas –como la morigeración de las retenciones– sobre las que todavía no han recibido respuesta del Ejecutivo. Se espera, entonces, que el oficialismo envíe el texto final con los cambios a los que accedió y que se aceleren las tratativas con los tres bloques “de centro”.
Todo esto con la tensión del paro general convocado para el miércoles, donde las centrales gremiales mostrarán su poder de fuego al Presidente. El cronograma ideal para el oficialismo sería que el plenario de comisiones emita dictamen mañana y que la ley “Bases” llegue el recinto el próximo jueves.
Los gobernadores reclaman, además, definiciones respecto de su pedido de compensación ante la quita de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, uno de los gravámenes coparticipables que afectan directamente las arcas provinciales. “Es inminente que se empiece a sentir”, consideran entre los diez líderes jurisdiccionales que, ante el mutismo del Poder Ejecutivo, se muestran reacios a acompañar las medidas que profundizarán sus restricciones presupuestarias.
Esto se suma a la intransigencia de la Casa Rosada en relación con su meta de austeridad, bajo la que se pretende cortar las transferencias discrecionales así como la obra pública. El metamensaje del Poder Ejecutivo es que los mandatarios deberán conformarse con lo que se coparticipa directamente por goteo.
Los gobernadores ya mostraron los dientes frente a estas primeras medidas y definieron acompañar el reclamo de la ciudad de Buenos Aires ante el fallo de la Corte, por ahora incumplido, que dispuso que el Estado nacional deberá entregarle al gobierno porteño “el 2,95% de la masa de fondos coparticipables”. Esta disposición afectará las cuentas nacionales así como el objetivo de Milei de llegar al déficit cero.
Los mandatarios tampoco quieren votar las reformas pesqueras del megaproyecto. Si bien el ministro del Interior, Guillermo Francos, reconoció que “habrá temas que serán clarificados” sobre este punto, los líderes territoriales no recibieron garantías al respecto.
Además de los diez gobernadores del espacio, también participaron de la reunión de ayer los jefes de cada bloque: De Loredo, por la UCR; Cristian Ritondo, por Pro, y Miguel Pichetto, junto a Nicolás Massot, por Hacemos Coalición Federal.
Dispusieron volver a juntarse en la semana, una vez recibido el texto con reformas que prometió el Poder Ejecutivo. Su idea es mostrarse como una liga cohesionada, apalancada en el Congreso, para pelear por los intereses propios de sus territorios. Si bien no controlan a todos y cada uno de los legisladores de estos tres bloques claves –que suman 94 diputados–, podrían terciar al menos diez voluntades, lo que complicaría el ya delicado panorama legislativo del oficialismo
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El Gobierno ultima el texto final y no cede en las retenciones a la soja
El ministro Francos afirmó que “no hay obstáculos insalvables” con la oposición para aprobar la ley
Jaime Rosemberg
“El Presidente no va a negociar el objetivo de déficit cero. Y si la ley no se aprueba, recortaremos por otro lado porque todas las negociaciones tienen un límite”. La frase, salida de boca de uno de los negociadores del gobierno de Javier Milei, explica la negativa del oficialismo a ceder en algunos de los pedidos de la oposición dialoguista para aprobar la ley ómnibus, cuyo texto final (que solo unos pocos funcionarios conocen) se presentaría hoy ante los diputados.
En medio de un sugestivo y extendido hermetismo, que abarca a voceros y funcionarios, desde el Gobierno reconocieron que habrá cambios en la propuesta original que eliminaba los ajustes semestrales en las jubilaciones, pero aseguraron que no habrá marcha atrás en las retenciones a la soja y el aceite de soja, uno de los pedidos de las provincias productoras como Córdoba y Santa Fe.
Con relación a las retenciones, los negociadores de la oposición ya conocían la negativa del Gobierno a introducir cambios en la normativa, aunque por estas horas se debate “rubro por rubro” qué actividades tendrán la carga de derechos de exportación y cuáles quedarán exentas.
“No voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerles un pie en la cabeza a los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita”, afirmó anteayer el gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
Desde el Gobierno, sin cortar puentes, apuntaban al “show off” de Pullaro y su par cordobés, Martín Llaryora, que también fue muy crítico de la suba de retenciones a la soja y sus derivados. “No se puede, si no lo hacemos así tendríamos que recortar por otro lado. ¿Vamos a recortar Salud o Educación?”, se preguntaron desde un importante despacho de la Casa Rosada.
Mientras continúa el pulido deltexto final, en el que intervienen distintos ministros y el asesor sin cartera Federico Sturzenegger, el Gobierno confía en lograr la aprobación de la norma esta semana.
“Esperamos que la aprobación en Diputados sea esta semana y que después pase al Senado”, afirmó a Radio Rivadavia el ministro del Interior, Guillermo Francos, una de las solitarias voces del oficialismo que se escucharon ayer, mientras desde el Gobierno pulían la nueva versión del texto luego de la contrapropuesta de los bloques dialoguistas.
“Hemos obtenido un apoyo importante del Congreso, y nosotros vemos voluntad de su parte en ayudar a que el Gobierno tenga instrumentos legales para avanzar”, expresó Francos, y reconoció que la mayor presión para que los referentes del oficialismo consigan resultados rápido viene de la propia Casa Rosada.
“(El Presidente) está impaciente porque ve que pasan los días y siente que cada día es uno que perdemos para la transformación de la Argentina. Siente la enorme responsabilidad de no perder tiempo”, detalló Francos cuando lo consultaron por el estado de ánimo presidencial en torno a la marcha del proyecto, trabado por la negativa opositora a aceptar, entre otros puntos, el fin de la ley de movilidad jubilatoria y la delegación de facultades del Poder Legislativo en el Ejecutivo.
“Tenemos la intención de avanzar con la reforma tributaria, pero por sobre todo avanzar con la ley”, afirmó el ministro del Interior cuando lo consultaron por la propuesta de vuelta atrás en las exenciones al pago del impuesto a las ganancias, implementadas durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
“En la esencia, toda la ley esta orientada a aprobarse en conjunto. Es obvio que uno tiene que escuchar todas las posiciones, y lo estamos tratando de solucionar”, afirmó Francos, en línea con las declaraciones de distintos funcionarios desde que la ley ómnibus ingresó en el terreno parlamentario.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, confirmó también en declaraciones radiales que hoy se reunirá con el presidente Javier Milei para discutir sobre el proyecto.
¿Y qué pasa si no se acepta el nuevo texto? “Vamos a ir al recinto, y si perdemos, perdemos. Pero quedarán en evidencia los que lo rechacen”, confirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo, que no dudó en afirmar que habrá un debate en la Cámara de Diputados una vez que el dictamen esté presentado.
Desde el Gobierno volvieron a restar importancia al paro general que la CGT encabezará el miércoles. “No vemos mucha gente entusiasmada con el paro, a tan pocas semanas de empezar el Gobierno, salvo los sindicalistas”, afirmaron desde la Casa Rosada. “Va a seguir todo igual”, prometieron desde el oficialismo, confiados en que la manifestación no tendrá el impacto que imaginan sus organizadores.
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El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, descartó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pueda participar en el debate de la ley ómnibus. Rechazó, en rigor, un pedido de un funcionario del organismo internacional para exponer durante el tratamiento del proyecto en el plenario de comisiones de la Cámara baja.
Es pertargum en tóquela solicitud llegó fuera de tiempo, cuando las sesiones de carácter informativo ya se habían cerrado. El diputado liberal aclaró que la etapa informativa cerró el miércoles 17, mientras que el pedido del organismo internacional fue recibido el jueves 18. “Acá hay reglas que hay que respetar.
Obviamente, los vamos a recibir, pero ahora estamos en otra etapa”, afirmó Espert a Radio Mitre.
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Jan Jarab, había presentado una carta ante la Cámara de Diputados para solicitar formar parte del debate de la ley ómnibus.
La misiva estaba especialmente dirigida a las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz; Legislación general, presidida por Gabriel Bornoroni, y Presupuesto y Hacienda, presidida por Espert. La carta destacaba la intención de presentar “la perspectiva que emana de nuestro mandato, esto es, de las obligaciones y estándares internacionales de Derechos Humanos”.
“Las Naciones Unidas saben que en Estados Unidos, un país donde el organismo tiene su sede, las reglas se respetan y nosotros pretendemos ser un país normal donde las reglas se respeten”, contestó ayer Espert, entrevistado por radio Mitre.
A pesar de la negativa, Espert dejó abierta la puerta para recibir personalmente a los funcionarios del organismo, pero sin que ello no implique modificar los tiempos del debate. “Después de tres días de recibir a más de 200 entidades, dimos por cerradas las sesiones informativas. Ahora estamos en otra etapa”, aclaró Espert.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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