Un “country” en tierras tomadas
Los asentamientos adquieren nuevos rasgos, se formalizan en la ilegalidad y los lotes aumentan de valor para su comercialización
Federico González del Solar 
El barrio Don Juan, en Laferrère, se inició con una toma de tierras y hoy cuenta con cámara de seguridad, un kiosco, una iglesia y tres portones que marcan los límites del barrio. Es parte de un esquema de usurpación que se ha ido sofisticando y que cada vez más está en manos de extranjeros.
Juana plantó cebolla, zapallo y choclo hasta que decidió prescindir del cultivo, dividir su terreno y vender lo abdicado a quien por el mismo acto convirtió en su vecino. Hace casi 15 años que llegó al barrio Don Juan, en Laferrère, partido de La Matanza, para levantar su casa sobre un terreno tomado. Con los años, Juana devino “fundadora” de un asentamiento a metros del río Matanza que de la mano de las comunidades bolivianas y paraguayas fue ganando dinamismo: hoy cuenta con luz eléctrica, cámara de seguridad, un kiosco, una iglesia y tres grandes portones cerrados con candado que marcan los límites del barrio.
“Me cargan y me dicen que vivo en un barrio privado”, cuenta mientras prepara un tereré frente a la puerta de su casa en el barrio interno de Los Robles, el nombre elegido por la comisión que Juana integra como secretaria. La última resolución de la asamblea barrial, que cuenta con tesorero y presidente, fue la instalación de una segunda cámara en otro de los portones.
El tiroteo del domingo pasado en barrio 8 de Diciembre, en la localidad de González Catán, ocurrió del otro lado de la ruta 3, a 20 minutos del barrio que “fundó” Juana. La balacera, colmada de violencia y aridez estatal, llevó nuevamente a la superficie un fenómeno con mucho recorrido en la historia de la provincia de Buenos Aires, pero que hoy, señalan los consultados, presenta nuevas configuraciones.
“En González Catán lo que ocurrió es que hubo muertos, pero además hubo gente que filmó. En los asentamientos siempre muere mucha gente, pero esto no se ve. Esta vez sí se vio”, explica Jorge Ossona, autor del libro Punteros, malandras y porongas: Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza.
El impacto de la tragedia, que dejó un saldo de cinco víctimas, confronta con los números oficiales de la provincia de Buenos Aires. Según el último informe de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, basado en un monitoreo de medios de comunicación, los “conflictos habitacionales” en la provincia por este motivo se encuentran en una curva descendente desde la pandemia: en 2020 fueron 49, en los dos años posteriores se ubicaron en alrededor de 37 y durante 2023 se registraron 27. Sin embargo, los disputas, señala Ossona, no siempre obtienen vidriera mediática y, en muchas ocasiones, las tomas de terrenos se expanden libres de conflictos, a la par de un negocio monetario.
“Esto fue atravesando distintas secuencias”, apunta el historiador. “Hubo ocupaciones por goteo, por hormigueo, de pocas familias, de muchas. Otras fueron masivas. Pero empezó siendo un fenómeno que giraba en torno a la necesidad habitacional: antes había una planificación y una idea de quiénes serían los que ocuparían el terreno. Hoy eso no está y la toma se ha convertido en una modalidad normal de urbanización y en un negocio inmobiliario ilegal. Es un mercado con leyes propias. En zonas estratégicas y bien lejos de la ciudad”, desarrolla.
A Julio, vecino de Juana en el barrio interno de Los Robles, la pandemia lo empujó a los márgenes de La Matanza. Pagó cerca de 800.000 pesos por un lote “pelado” en 2020, luego de rechazar una oferta por otro más barato que se encontraba demasiado cerca del río Matanza. “No me cerraba”, comparte. Julio continúa realizando mejoras: el viernes se ausentó al taller mecánico de La Paternal para nivelar el camino de tierra que recorre el frente de su casa. En una obra cercana a su casa, por 12.000 pesos, se agenció una bolsa de tosca que pica resoluto con una pala.
“La primera etapa de ocupación la hacen bandas especializadas”, explica Ossona sobre el complejo proceso que encierran las tomas de tierras. “Después, una vez que el asentamiento se consolidó, otras bandas compran los terrenos con un fin especulativo porque la tierra se puede vender a mayor precio. Ya consolidado y con algunas actividades en movimiento, la tierra sube de valor y ahí aparecen los verdaderos interesados grandes. A veces para montar un taller clandestino, a veces para poner un corralón de materiales”, completa.
“Estoy pidiendo 12 millones de pesos”, explica el dueño de un lote con una edificación de material cerca de la casa de Juana. “Y no lo vajo [sic], le puse 9 millones de pesos”, enfatiza. “Hay que explicarlo bien a eso”, responde cuando se lo consulta por el título de propiedad.
Tierra prometida
“Nunca se toma una tierra al azar”, precisa Ossona. “Se toman en connivencia con algún sector de la municipalidad: o es una tierra pública, o tiene una herencia grande, o tiene algún despelote sucesorio. Siempre se opera sobre un terreno donde es posible prever que no va a pasar nada”, explica el historiador. “Los movimientos sociales no suelen fomentarlas, pero muchas veces prestan asesoramiento y abogados para la judicialización”, agrega.
Jorge Lampa, vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza por Juntos por el Cambio, pone el foco en el frente jurídico. “El gran problema, más allá de la falta de presencia del Estado para articular esta problemática de la falta de vivienda de la gente, es la lentitud de la Justicia. Y no solo en los lotes. En La Matanza hay casas usurpadas cuyos dueños fueron a la Justicia con el acompañamiento del municipio y los papeles en regla, pero pasan los años y no hay ninguna orden de desalojo”, ejemplifica.
Días después de la tragedia de González Catán, la municipalidad del territorio que Fernando Espinoza conduce políticamente desde hace casi 20 años difundió un comunicado sobre la denuncia que el municipio había realizado en la Fiscalía Descentralizada N° 2, a cargo del fiscal Gastón Duplaa. Fue hace dos años y hubo al menos cuatro intentos infructuosos de desalojo: el primero de ellos con Cristian Ritondo como ministro de Seguridad. En el mismo texto, la municipalidad de La Matanza alertó sobre “el accionar delictivo de inescrupulosos que aprovechándose de un estado de necesidad, venden tierras ajenas, que tienen dueños y que de ningún modo pueden regularizarse”
Moreno es otro de los distritos del conurbano donde las tomas de tierras se han sucedido con frecuencia sostenida. En 2023, con 76 casos de tomas ocupó el segundo lugar del ranking, detrás de General Pueyrredón, según fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia.
El fiscal de la UFI N° 5 de Moreno, Emiliano Buscalia, en compañía de Jonatan Lay y Luciano Rossi, señala en un informe que las usurpaciones “constituyen un cuadro complejo, difícil de abordar”. El nudo, entiende Buscalia, se da en la “colisión [de] diversos derechos surgidos de un gran plexo normativo”. Se trata, afirma, del “derecho a una vivienda y a un hábitat digno” por un lado, y “del derecho de la propiedad privada, garantizado por el art. 17 de la Constitución nacional” por el otro. La propuesta del fiscal para armonizar el conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad es la implementación de “mesas técnicas” para alcanzar “acuerdos alternativos favorables para las partes”
Sobre este punto, el historiador Ossona se para en la misma línea que el exconcejal Lampa. “La Justicia siempre está detrás de las circunstancias”, afirma. “La toma de tierras está tolerada por el poder político y la Justicia. No hay forma de explicar la cantidad de asentamientos que ha habido en los últimos años sin ningún tipo de consecuencia”.
En ellas advierte nuevas características. “Parecería que están apareciendo referentes extranjeros. Antes, en lo que vulgarmente se llamaban punteros, había una especie de norma consuetudinaria consolidada: podía haber fuerte presencia de extranjeros, pero la representación de un barrio recaía sobre un argentino. Hoy eso está cada vez más desdibujado y las que mandan en muchos casos son comisiones”, apunta.
Entre 2016 y 2023 hubo más de 6000 tomas judicializadas, según información del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Estos negocios terminan financiando a los sectores más bajos de la política”, agrega Ossona, con relación a la venta de los lotes, y concluye: “No hay imperio de la ley. Tampoco se impone la ley de la selva, ni la anomía, sino una normatividad paralela que es la que verdaderamente cuenta: el imperio de los códigos”
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El Gobierno dará de baja más de 27.000 planes sociales
Sería por irregularidades; el ahorro es de 2000 millones de pesos
Bajo la revisión de los programas sociales a la que está abocado el Gobierno con el fin de contribuir a su principal premisa, la del déficit fiscal, la Casa Rosada anunció ayer que dará de baja más de 27.000 planes sociales. El argumento que esgrimieron desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es que los beneficiarios tenían irregularidades y no cumplían las condiciones para recibir estos aportes estatales. En paralelo, aún se esperan definiciones sobre los más de 150.000 planes que fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuan, en octubre pasado, por registrar viajes al exterior, sobre lo cual podría haber novedades en los próximos días.
El nuevo relevo de programas sociales derivó de una verificación de datos interna que hicieron en la cartera de Pettovello, según pudo saber la nacion. En esa investigación se cruzaron los requisitos de cumplimiento con los titulares de los programas, y se detectó que 27.208 personas del Potenciar Trabajo y 12 del Potenciar Empleo no estaban aptas para recibir los ingresos, por lo tanto quedarán sin percibirlos.
“Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2000 millones de pesos del Estado nacional”, informaron desde el gobierno nacional.
Detallaron algunas de las incompatibilidades detectadas a través de este contraste de información entre la Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys). Entre quienes cobraban planes había beneficiarios de jubilación o pensión, de prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, residentes en el extranjero, fallecidos y personas que poseían un auto con menos de diez años de antigüedad. A todos se les anuló el cobro. Estas 27.220 personas que se quedan sin la ayuda social se suman a otras 4588 que fueron dadas de baja por Pettovello a fines de diciembre, por lo que el total de titulares de programas que terminaron sin prestaciones son hasta ahora 31.808 desde que asumió frente al megaministerio.
Esas más de 4000 prestaciones eliminadas en 2023 surgieron de una investigación sobre el tema que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan.
En ese entonces se entrecruzó la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de los empleados públicos de 14 provincias –Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz– y así emanaron las incompatibilidades. Fue Marijuan quien denunció, en octubre pasado, que más de 150.000 beneficiarios registraron viajes al exterior.
Ese universo es analizado por el Gobierno desde que asumió y en poco tiempo más se concretaría la baja de ellos.
Juana plantó cebolla, zapallo y choclo hasta que decidió prescindir del cultivo, dividir su terreno y vender lo abdicado a quien por el mismo acto convirtió en su vecino. Hace casi 15 años que llegó al barrio Don Juan, en Laferrère, partido de La Matanza, para levantar su casa sobre un terreno tomado. Con los años, Juana devino “fundadora” de un asentamiento a metros del río Matanza que de la mano de las comunidades bolivianas y paraguayas fue ganando dinamismo: hoy cuenta con luz eléctrica, cámara de seguridad, un kiosco, una iglesia y tres grandes portones cerrados con candado que marcan los límites del barrio.
“Me cargan y me dicen que vivo en un barrio privado”, cuenta mientras prepara un tereré frente a la puerta de su casa en el barrio interno de Los Robles, el nombre elegido por la comisión que Juana integra como secretaria. La última resolución de la asamblea barrial, que cuenta con tesorero y presidente, fue la instalación de una segunda cámara en otro de los portones.
El tiroteo del domingo pasado en barrio 8 de Diciembre, en la localidad de González Catán, ocurrió del otro lado de la ruta 3, a 20 minutos del barrio que “fundó” Juana. La balacera, colmada de violencia y aridez estatal, llevó nuevamente a la superficie un fenómeno con mucho recorrido en la historia de la provincia de Buenos Aires, pero que hoy, señalan los consultados, presenta nuevas configuraciones.
“En González Catán lo que ocurrió es que hubo muertos, pero además hubo gente que filmó. En los asentamientos siempre muere mucha gente, pero esto no se ve. Esta vez sí se vio”, explica Jorge Ossona, autor del libro Punteros, malandras y porongas: Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza.
El impacto de la tragedia, que dejó un saldo de cinco víctimas, confronta con los números oficiales de la provincia de Buenos Aires. Según el último informe de la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, basado en un monitoreo de medios de comunicación, los “conflictos habitacionales” en la provincia por este motivo se encuentran en una curva descendente desde la pandemia: en 2020 fueron 49, en los dos años posteriores se ubicaron en alrededor de 37 y durante 2023 se registraron 27. Sin embargo, los disputas, señala Ossona, no siempre obtienen vidriera mediática y, en muchas ocasiones, las tomas de terrenos se expanden libres de conflictos, a la par de un negocio monetario.
“Esto fue atravesando distintas secuencias”, apunta el historiador. “Hubo ocupaciones por goteo, por hormigueo, de pocas familias, de muchas. Otras fueron masivas. Pero empezó siendo un fenómeno que giraba en torno a la necesidad habitacional: antes había una planificación y una idea de quiénes serían los que ocuparían el terreno. Hoy eso no está y la toma se ha convertido en una modalidad normal de urbanización y en un negocio inmobiliario ilegal. Es un mercado con leyes propias. En zonas estratégicas y bien lejos de la ciudad”, desarrolla.
A Julio, vecino de Juana en el barrio interno de Los Robles, la pandemia lo empujó a los márgenes de La Matanza. Pagó cerca de 800.000 pesos por un lote “pelado” en 2020, luego de rechazar una oferta por otro más barato que se encontraba demasiado cerca del río Matanza. “No me cerraba”, comparte. Julio continúa realizando mejoras: el viernes se ausentó al taller mecánico de La Paternal para nivelar el camino de tierra que recorre el frente de su casa. En una obra cercana a su casa, por 12.000 pesos, se agenció una bolsa de tosca que pica resoluto con una pala.
“La primera etapa de ocupación la hacen bandas especializadas”, explica Ossona sobre el complejo proceso que encierran las tomas de tierras. “Después, una vez que el asentamiento se consolidó, otras bandas compran los terrenos con un fin especulativo porque la tierra se puede vender a mayor precio. Ya consolidado y con algunas actividades en movimiento, la tierra sube de valor y ahí aparecen los verdaderos interesados grandes. A veces para montar un taller clandestino, a veces para poner un corralón de materiales”, completa.
“Estoy pidiendo 12 millones de pesos”, explica el dueño de un lote con una edificación de material cerca de la casa de Juana. “Y no lo vajo [sic], le puse 9 millones de pesos”, enfatiza. “Hay que explicarlo bien a eso”, responde cuando se lo consulta por el título de propiedad.
Tierra prometida
“Nunca se toma una tierra al azar”, precisa Ossona. “Se toman en connivencia con algún sector de la municipalidad: o es una tierra pública, o tiene una herencia grande, o tiene algún despelote sucesorio. Siempre se opera sobre un terreno donde es posible prever que no va a pasar nada”, explica el historiador. “Los movimientos sociales no suelen fomentarlas, pero muchas veces prestan asesoramiento y abogados para la judicialización”, agrega.
Jorge Lampa, vicepresidente del Concejo Deliberante de La Matanza por Juntos por el Cambio, pone el foco en el frente jurídico. “El gran problema, más allá de la falta de presencia del Estado para articular esta problemática de la falta de vivienda de la gente, es la lentitud de la Justicia. Y no solo en los lotes. En La Matanza hay casas usurpadas cuyos dueños fueron a la Justicia con el acompañamiento del municipio y los papeles en regla, pero pasan los años y no hay ninguna orden de desalojo”, ejemplifica.
Días después de la tragedia de González Catán, la municipalidad del territorio que Fernando Espinoza conduce políticamente desde hace casi 20 años difundió un comunicado sobre la denuncia que el municipio había realizado en la Fiscalía Descentralizada N° 2, a cargo del fiscal Gastón Duplaa. Fue hace dos años y hubo al menos cuatro intentos infructuosos de desalojo: el primero de ellos con Cristian Ritondo como ministro de Seguridad. En el mismo texto, la municipalidad de La Matanza alertó sobre “el accionar delictivo de inescrupulosos que aprovechándose de un estado de necesidad, venden tierras ajenas, que tienen dueños y que de ningún modo pueden regularizarse”
Moreno es otro de los distritos del conurbano donde las tomas de tierras se han sucedido con frecuencia sostenida. En 2023, con 76 casos de tomas ocupó el segundo lugar del ranking, detrás de General Pueyrredón, según fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia.
El fiscal de la UFI N° 5 de Moreno, Emiliano Buscalia, en compañía de Jonatan Lay y Luciano Rossi, señala en un informe que las usurpaciones “constituyen un cuadro complejo, difícil de abordar”. El nudo, entiende Buscalia, se da en la “colisión [de] diversos derechos surgidos de un gran plexo normativo”. Se trata, afirma, del “derecho a una vivienda y a un hábitat digno” por un lado, y “del derecho de la propiedad privada, garantizado por el art. 17 de la Constitución nacional” por el otro. La propuesta del fiscal para armonizar el conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad es la implementación de “mesas técnicas” para alcanzar “acuerdos alternativos favorables para las partes”
Sobre este punto, el historiador Ossona se para en la misma línea que el exconcejal Lampa. “La Justicia siempre está detrás de las circunstancias”, afirma. “La toma de tierras está tolerada por el poder político y la Justicia. No hay forma de explicar la cantidad de asentamientos que ha habido en los últimos años sin ningún tipo de consecuencia”.
En ellas advierte nuevas características. “Parecería que están apareciendo referentes extranjeros. Antes, en lo que vulgarmente se llamaban punteros, había una especie de norma consuetudinaria consolidada: podía haber fuerte presencia de extranjeros, pero la representación de un barrio recaía sobre un argentino. Hoy eso está cada vez más desdibujado y las que mandan en muchos casos son comisiones”, apunta.
Entre 2016 y 2023 hubo más de 6000 tomas judicializadas, según información del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Estos negocios terminan financiando a los sectores más bajos de la política”, agrega Ossona, con relación a la venta de los lotes, y concluye: “No hay imperio de la ley. Tampoco se impone la ley de la selva, ni la anomía, sino una normatividad paralela que es la que verdaderamente cuenta: el imperio de los códigos”
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El Gobierno dará de baja más de 27.000 planes sociales
Sería por irregularidades; el ahorro es de 2000 millones de pesos
Bajo la revisión de los programas sociales a la que está abocado el Gobierno con el fin de contribuir a su principal premisa, la del déficit fiscal, la Casa Rosada anunció ayer que dará de baja más de 27.000 planes sociales. El argumento que esgrimieron desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es que los beneficiarios tenían irregularidades y no cumplían las condiciones para recibir estos aportes estatales. En paralelo, aún se esperan definiciones sobre los más de 150.000 planes que fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuan, en octubre pasado, por registrar viajes al exterior, sobre lo cual podría haber novedades en los próximos días.
El nuevo relevo de programas sociales derivó de una verificación de datos interna que hicieron en la cartera de Pettovello, según pudo saber la nacion. En esa investigación se cruzaron los requisitos de cumplimiento con los titulares de los programas, y se detectó que 27.208 personas del Potenciar Trabajo y 12 del Potenciar Empleo no estaban aptas para recibir los ingresos, por lo tanto quedarán sin percibirlos.
“Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2000 millones de pesos del Estado nacional”, informaron desde el gobierno nacional.
Detallaron algunas de las incompatibilidades detectadas a través de este contraste de información entre la Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys). Entre quienes cobraban planes había beneficiarios de jubilación o pensión, de prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, residentes en el extranjero, fallecidos y personas que poseían un auto con menos de diez años de antigüedad. A todos se les anuló el cobro. Estas 27.220 personas que se quedan sin la ayuda social se suman a otras 4588 que fueron dadas de baja por Pettovello a fines de diciembre, por lo que el total de titulares de programas que terminaron sin prestaciones son hasta ahora 31.808 desde que asumió frente al megaministerio.
Esas más de 4000 prestaciones eliminadas en 2023 surgieron de una investigación sobre el tema que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan.
En ese entonces se entrecruzó la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de los empleados públicos de 14 provincias –Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz– y así emanaron las incompatibilidades. Fue Marijuan quien denunció, en octubre pasado, que más de 150.000 beneficiarios registraron viajes al exterior.
Ese universo es analizado por el Gobierno desde que asumió y en poco tiempo más se concretaría la baja de ellos.
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