MENSAJE INTIMIDATORIO Y OPINIÓN

Fuerte amenaza de Daer a los diputados del ala dialoguista
“No podrán caminar por la calle”, les dijo a los que acuerden con el Gobierno para aprobar la ley ómnibus, en un mensaje intimidatorio
Héctor Daer, secretario general de la CGT
A cuatro días del paro general convocado por la CGT para el próximo miércoles, el secretario general de la central obrera, Héctor Daer, ratificó una postura de virulenta oposición al Gobierno: dijo que no hay forma de dar de baja la medida de fuerza (la más rápida que haya convocado la central sindical tras la asunción de una nueva administración), pero escaló en la beligerancia retórica al punto de amenazar a los bloques legislativos que negocian con La Libertad Avanza (LLA) para que camine el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei giró al Congreso: “No van a poder caminar por la calle”, afirmó, en un mensaje de claro tono intimidatorio.
Disconforme con la reforma laboral que quiere acelerar el oficialismo, Daer arremetió contra la privatización de empresas y formuló una dura advertencia a los bloques de Pro, a la Unión Cívica Radical (UCR) y a Hacemos Coalición Federal, el nuevo bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto. “Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación. Porque el Banco Nación no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior del interior”. La entidad bancaria integra el listado de empresas públicas que el Gobierno propone privatizar y que se mantendría en el dictamen de mayoría, a diferencia de YPF, que sería excluida.
“Con el tema de las privatizaciones me extraña que lo único que quieran sacar es YPF”, dijo el jefe gremial. Se refirió a que la petrolera quedaría, según el bosquejo que trascendió, fuera de la lista de 41 empresas que Milei quiere traspasar al sector privado.
Con las negociaciones con la Casa Rosada activadas, circuló un borrador con las posibles modificaciones que se plasmarían en conjunto entre el Gobierno y los bloques aliados, para avanzar en el plenario de comisiones y llegar al recinto de la Cámara de Diputados
“En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado y esperemos que actúen en consecuencia con lo que hablamos. La convención radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU). Hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no, que están en contra de la ley y del DNU”, recordó Daer a los aliados, al hablar en Radio Splendid.
En ese contexto, el líder cegetista lanzó la amenaza contra legisladores que sostienen una posición negociadora y dialogan con el Gobierno para llegar a un acuerdo por el contenido de la ley ómnibus.
La CGT se posicionó, desde el inicio del gobierno de Milei, como una oposición intransigente. Lanzó un paro nacional antes de que el Gobierno cumpliera su primer mes, una decisión que no registra antecedentes desde la reinstauración democrática. En esa línea se leen las declaraciones de Daer de ayer contra aquellos diputados que muestran flexibilidad y vocación de diálogo para negociar las medidas que impulsa el Gobierno en materia económica y de reforma del Estado.
En las vísperas de la medida de fuerza, la frase de Daer marca, además, un tono de mayor virulencia en la oposición sindical contra el Gobierno.
El paro del miércoles incluirá una movilización al Congreso para mostrar a los legisladores el desacuerdo de la CGT con el proyecto, que todavía no está descartado que se trate ese mismo miércoles, pese a los reparos que tienen algunos integrantes de la Cámara baja.
El titular del gremio de la sanidad minimizó el apuro de la Casa Rosada para que avance el trámite, que si se aprueba en Diputados llegará al Senado. “Toda la fantasía que esto sí o sí se termina en enero ya no está, de que es ‘a todo o nada’ ya no está. Es un proceso que va madurando”, consideró Daer, en momentos en que el Poder Ejecutivo extendió el plazo de las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 15 de febrero.
Daer se mostró convencido de que la CGT hará un gran despliegue el miércoles porque “se encolumnarán también otros sectores políticos y de la ciencia, la cultura, el deporte y las pymes”, entre otros. “Se van a sorprender por la cantidad de radicales que van a venir. Adhirieron el peronismo, los partidos de izquierda, la Juventud Radical, un montón de sectores”, describió, y llamó a ampliar al Partido Justicialista (PJ), sin involucrarse en los dichos de su colega cegetista Pablo Moyano, quien les había pedido mayor acción a referentes como Cristina y Máximo Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández. “No podemos achicar esto, lo tenemos que agrandar”, justificó.
La relación del Gobierno con los gremios se tensó tras la convocatoria al paro. Desde la Casa Rosada se había mostrado la intención de convocarlos a un diálogo institucional, pero con la condición de que se levantara la medida de fuerza. La CGT respondió con intransigencia y el Gobierno anunció esta semana que descontará el día a los estatales nacionales que adhieran al paro.
Daer, con la amenaza a los diputados, sumó ayer un mayor grado de crispación y reforzó una postura de oposición radicalizada, sin predisposición al diálogo ni a la negociación.

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Saber cuánto pagamos de impuestos para empezar a cambiar la cultura política
Alejandro Catterberg
Congreso de la Nación
Esta semana, en el marco de la discusión por el proyecto de ley ómnibus enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso Nacional, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, hizo una defensa de los cambios propuestos en relación al Régimen de Transparencia Fiscal, en donde se obliga a discriminar en el ticket de venta el IVA, y solicitó se amplíe a la difusión de otros impuestos directos o indirectos que componen los precios de los productos finales que los consumidores adquieren.
En su exposición, Olivero Vila mencionó una encuesta que realizamos en Poliarquía Consultores, donde 94% de la población está de acuerdo con que se informen los impuestos incluidos en los bienes que consumen. En esa misma investigación solo 16% de los entrevistados a nivel nacional nos manifestó que siempre le otorgan factura cuando realizan una compra (“casi siempre”, 40%; “pocas” o “nunca”, 44%) y solamente uno de cada tres la exige cuando no le es entregada.
Los cambios propuestos apuntan en la dirección correcta. Con el correr de las décadas, la dirigencia política argentina ha creado un esquema tributario en donde la mayoría de la gente no sabe qué impuestos paga. Los impuestos en nuestro país se encuentran escondidos para la mayoría de la sociedad y se recaudan disimuladamente. Solo una minoría de la sociedad –que carga sobre sus espaldas una de las mayores presiones tributarias a nivel global- es consiente del volumen y la magnitud de lo que tributa. Se pone el peso de los impuestos sobre las empresas, los comerciantes, los productores y los exportadores e importadores, pero no sobre el ciudadano común. O al menos no de forma directa. Se esconden impuestos en el consumo (como el IVA y otros tributos internos) y en los salarios en blanco (con aportes y contribuciones). Y cuando todo esto no alcanza se recurre al más dañino de los impuestos camuflados: el inflacionario.
Solo una fracción muy acotada de los más de 30 millones de ciudadanos que están en condiciones de votar tributa impuestos como ganancias, autónomos, monotributo o bienes personales. Por más que se agreguen otros tributos a este listado, pareciera que el número de personas que tienen una experiencia directa con el fisco es extremadamente inferior al de votantes. Esta observación, se corrobora con una encuesta que realizamos en 2020 donde le preguntamos a una muestra nacional representativa de los argentinos qué impuesto tenía mayor impacto sobre sus ingresos o patrimonio. Se trató de una pregunta en que la respuesta era abierta y espontánea, es decir, no le dábamos un listado preestablecido del cual poder seleccionar las opciones de respuesta. El 25% respondió “la luz”. Cuando sumamos otras respuestas, como “el gas” o “el agua”, obtenemos que uno de cada tres argentinos sostiene que el impuesto que más lo afecta es, en realidad, el pago de un servicio público. Dicho de otra forma, un tercio de los argentinos no paga ningún impuesto que sea mayor que su cuenta de luz o gas o, en realidad, no sabe que lo hace.
La distorsión es más llamativa aun cuando se la analiza por segmento socioeconómico. Entre los argentinos de clase baja (alrededor del 50% de la población), la mención al pago de la energía eléctrica alcanzaba al 45% y la suma de los servicios públicos, al 52%. En los sectores de clase media era del 27%, y disminuía al 13% entre las clases media-alta y alta. Es cierto que la confusión de asimilar el pago de un servicio público como la electricidad a un impuesto puede deberse a la carga impositiva que aquel acarrea, lo que constituye un nuevo ejemplo de lo mencionado anteriormente: se esconden en las boletas de luz, gas y agua una serie de impuestos nacionales, provinciales y municipales cuyo cobro implicaría un costo político que la dirigencia no quiere afrontar.
El problema del esquema tributario argentino no es solo que el país termina teniendo impuestos de mala calidad, distorsivos y regresivos que no generan incentivos para la inversión y la creación de empleo, sino que altera la noción básica sobre cómo debería funcionar el Estado y el sistema político. Bajo este sistema, el oficio del político es entregar, ofrecer y repartir servicios, bienes y subsidios, deslindándose de la antipática tarea de cobrar y recaudar. Este fenómeno lleva a que en la población argentina el concepto de restricción presupuestaria sea una rareza. La experiencia básica del ciudadano que paga sus impuestos siendo consciente del monto por el que contribuye al fisco para que el Estado financie sus gastos está ausente en la vida del argentino común. Para amplios sectores de la sociedad, el Estado sigue siendo un baúl infinito de recursos al cual se le puede exigir todo tipo de expendio sin entender su escasez ni origen.
La llegada de Javier Milei a la presidencia es disruptiva en muchos aspectos. La sentencia “No hay plata” que repite el Presidente contribuye a empezar a cambiar algunas de las viejas y arraigadas creencias que existen sobre cómo se financia el Estado, pero es necesario profundizar ese cambio y modificar la cultura tributaria de los argentinos. En lo económico, para generar los incentivos correctos que permitan retomar un sendero de crecimiento e inversión. En lo institucional, es preciso que los ciudadanos no solo paguen impuestos, sino que sepan que lo hacen y en qué cuantía.
De esta forma, los argentinos empezarán a comprender que los recursos son escasos y que por ello es fundamental priorizar unas demandas sobre otras; exigirán a su vez mayores controles y rendición de cuentas y la tolerancia con la corrupción disminuirá fuertemente. Cambiar la cultura tributaria para que cambie la cultura política. Saber cuánto pagamos de IVA en cada compra que realizamos es un primer paso, pero muchos más son necesarios.