Malestar en el Ejército por los pases a retiro
Mariano de Vedia.
Descabezamientos en el Ejército y continuidad en la Fuerza Aérea. La definición de la nueva cúpula militar, que producirá el pase a retiro de por lo menos 22 generales, refleja criterios dispares en la selección de las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas y provoca un fuerte impacto negativo en el Ejército. “Hay un malestar enorme. Esto es tomado como un ataque al Ejército. Se están perdiendo un capital y una experiencia acumulada de años, con criterios que no se aplican en las otras fuerzas”, se quejó un oficial en actividad consultado por la nacion.
El recambio de la conducción encumbró al actual jefe aeronáutico, brigadier general Xavier Julián Isaac, como jefe del Estado Mayor Conjunto, una decisión que habría sido impulsada por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Los nombramientos se confirmaron por decretos del presidente Javier Milei, refrendados por el ministro de Defensa, Luis Petri, y publicados en el Boletín Oficial.
El número de 22 generales crecería a 24 si se computa al actual jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo, y al auditor de las Fuerzas Armadas, general José Antonio Stanchina. Hay, además, militares del Ejército que cumplen funciones en el Estado Mayor Conjunto y también podrían quedar desafectados. Fuentes gubernamentales, sin embargo, relativizaron el número, al dejar abierta la posibilidad de que algunos se mantengan en otras funciones, por fuera de la estructura de comando.
Hay que remontarse a los tiempos de la recuperación de la democracia, en diciembre de 1983, para encontrar una purga mayor que la ejecutada por el presidente Javier Milei en el Ejército. Al elegir la primera conducción de las Fuerzas Armadas, luego de poner fin a la dictadura militar, Raúl Alfonsín pasó a retiro a 35 generales, 17 almirantes y 9 brigadieres que se mostraban identificados con el Proceso Militar.
Las sensaciones son diferentes en el sector aeronáutico. Titular de la Fuerza Aérea desde hace cuatro años, el brigadier Isaac es un fuerte defensor de la compra de los aviones de caza F-16, que exigiría una inversión de 350 millones de dólares, para darle un salto de calidad al equipamiento de las Fuerzas Armadas. Las negociaciones con Estados Unidos comenzaron en la gestión de Jorge Taiana en el Ministerio de Defensa, en la que al mismo tiempo se abrió el juego a otras opciones, como los JF-17, de China, y los HAL Tejas, de la India.
El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue agregado militar en Washington y en los últimos años tejió relaciones con el actual jefe de Gabinete, Nicolás Posse, cuando era directivo de Aeropuertos Argentina 2000, una de las empresas de Eduardo Eurnekian. Un brigadier retirado, que integró el gabinete de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri, es hoy asesor de Posse y habría tenido participación en la definición de los nuevos mandos militares. Fuentes oficiales destacaron que se valoraron los antecedentes de Isaac, su profesionalidad y capacidad para llevar adelante proyectos, muchos de los cuales continuarían.
Pocos esperaban que la elección del jefe del Ejército recayera en el general de brigada Carlos Alberto Presti, actual comandante de la IV Brigada Aerotransportada, con asiento en Córdoba, y número 22 en la lista de generales en actividad, por orden de antigüedad. Ante la designación de un nuevo jefe, es tradición en las Fuerzas Armadas que los oficiales superiores más antiguos pasen a retiro. En el caso del Ejército, a esos 21 generales se suman otros dos: el jefe del Estado Mayor Conjunto y el auditor general.
En el Ministerio de Defensa explicaron que Presti, perteneciente a la promoción 118 del Colegio Militar y muy valorado por sus subalternos, es tres años más moderno que el teniente general Guillermo Olegario Pereda (promoción 115). Y argumentaron que “en los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, entre gestión y gestión, se mantuvo el salto de tres promociones en los jefes del Ejército”. Los cuestionamientos a la decisión de Milei no apuntan a las condiciones de Presti, sino al descabezamiento del plantel de generales.
Un intendente rescindió el contrato de un local de Máximo y Florencia Kirchner
Allí funcionó el búnker político del diputado y, desde el 2022, Caleta Olivia lo alquilaba como oficina pública
Mariela Arias
CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ
Máximo Kirchner, diputado nacionalLa Cámpora
EL CALAFATE.- Pablo Carrizo, el nuevo intendente de Caleta Olivia, rescindió el contrato de alquiler de un inmueble de Máximo y Florencia Kirchner en Río Gallegos donde funcionaba una oficina pública, por considerar que se trataba de un gasto “innecesario e inmoral”. Se trata del local donde funcionó la inmobiliaria y el bunker político de Máximo Kirchner, que en 2022 fue alquilado al municipio de Caleta Olivia y cuyo contrato por tres años fue firmado por el exintendente Fernando Cotillo.
A través de una carta documento dirigida a los hermanos Kirchner y otra a Matías Bezzi, exfuncionario en YPF, en carácter de apoderado, Carrizo rescindió el contrato de alquiler a partir de enero. Además detalló, en una carta documento a la que accedió , que la decisión fue motivada “por considerar que el contrato configura un gasto innecesario e inmoral para el municipio que conduzco”.
En la misma carta documento, Carrizo le explicó al diputado Máximo Kirchner que la actual conducción del gobierno provincial inició una “lucha por el federalismo” de la provincia y asegura: “toda vez que padecemos hace décadas un centralismo perverso que, entre muchas cosas, somete permanentemente al interior a realizar gestiones en Río Gallegos, cuando debería ser la capital la que traslade al interior sus dependencias”.
Intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, junto a Juan Acuña Kunz, en Rïo Gallegos.
Cotillo convirtió al inmueble en la “Casa de Caleta Olivia” y durante su inauguración en marzo pasado explicó que se utilizaría como sede de tareas administrativas de la ciudad, distante a casi 700 km de la capital provincial. Sin embargo, el kirchnerismo también le dio un uso proselitista: Unión por la Patria presentó allí una de las fórmulas para la gobernación que luego perdería con el actual gobernador Claudio Vidal: Javier Belloni-Fernando Cotillo.
Inauguración de la "Casa de Caleta Olivia" en marzo del 2023.. En la foto el entonces, vicegobernador Eugenio Quiroga, el exintendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, el expresidente de YPF, Pablo González y el exintendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo.Facebook de Pablo Grasso
Carrizo ganó la intendencia en octubre pasado de la mano del actual gobernador, Vidal. Ambos no solo comparten el partido, sino que llegaron a la política desde el sindicato petrolero. El triunfo ante el kirchnerismo en Caleta Olivia fue una de las victorias de Vidal. “Enviamos una carta documento, consideramos que es innecesario un gasto de este tipo y la idea es descentralizar Río Gallegos y que podamos solucionar las cosas en nuestra localidad. Vamos a respetar las claúsulas y estamos esperando entrar para poder ver como está el local”, aseguró Carrizo ante LU 85, Canal 9.
De acuerdo al contrato de alquiler, el municipio firmó a favor de los Kirchner un monto total de $ 6.7 millones a pagar durante los tres años que se extendía el contrato, donde se estableció un pago mensual de $100 mil los primeros seis meses, monto que luego se iría actualizando con los meses. El contrato fue rescindido ahora al año y medio de firmado.
Datos del local
La propiedad tiene 366 metros cuadrados y fue adquirida por Néstor Kirchner en 2006. Meses después, la inmobiliaria “Sanfelice, Sancho & Asociados” se mudó a este local y Máximo Kirchner mantuvo allí sus tareas vinculadas a la administración de las propiedades de la familia Kirchner, que incluía el cobro de alquileres a las empresas de Lázaro Báez.
También allí, Máximo Kirchner supo armar su búnker político local, donde recibía las cartas y pedidos de favores que recibía a diario, algunas escritas y que quedaron allí entremezcladas y abandonadas entre papeles viejos e informes de consultoras con encuestas sobre antiguas campañas electorales.
Hasta noviembre de 2017 funcionó la inmobiliaria, que cerró las puertas cuando las propiedades y las sociedades comerciales de los Kirchner quedaron bajo administración judicial. Durante los allanamientos ordenados por la Justicia federal en el marco de las causas de los Kirchner, denunciaron que en el interior de la inmobiliaria se encontró una bóveda. Las oficinas estuvieron cerradas cinco años pese a encontrarse en pleno centro comercial, sobre la avenida “Presidente Néstor Kirchner” de Río Gallegos hasta que en agosto del 2022 fue alquilada al municipio de Caleta Olivia.
La bóveda
Cuando aún era sede de la inmobiliaria, en el corazón de la propiedad se encontraba la oficina del actual diputado nacional y jefe de La Cámpora; detrás de la misma -según se reconstruyó tras los allanamientos judiciales-, se descubrió una bóveda de doble puerta: la primera puerta era común, la segunda blindada y conectaba con la bóveda. El hallazgo valió una denuncia en la justicia federal de la abogada Silvina Martínez.
En la causa Los Sauces donde se investigaba a la familia Kirchner, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López como integrantes de una organización de lavado, la Justicia realizó el allanamiento a la propiedad en 2018. En el marco de esta causa, el fallecido juez federal Claudio Bonadio intimó a la inmobiliaria a pagar el alquiler por este inmueble que entonces estaba dentro de la sucesión de Néstor Kirchner, y a presentar el contrato que los habilitaba a permanecer allí. Los socios Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Romina Mercado (prima de Máximo) se negaron a hacerlo durante meses.
Allí funcionó el búnker político del diputado y, desde el 2022, Caleta Olivia lo alquilaba como oficina pública
Mariela Arias
CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

EL CALAFATE.- Pablo Carrizo, el nuevo intendente de Caleta Olivia, rescindió el contrato de alquiler de un inmueble de Máximo y Florencia Kirchner en Río Gallegos donde funcionaba una oficina pública, por considerar que se trataba de un gasto “innecesario e inmoral”. Se trata del local donde funcionó la inmobiliaria y el bunker político de Máximo Kirchner, que en 2022 fue alquilado al municipio de Caleta Olivia y cuyo contrato por tres años fue firmado por el exintendente Fernando Cotillo.
A través de una carta documento dirigida a los hermanos Kirchner y otra a Matías Bezzi, exfuncionario en YPF, en carácter de apoderado, Carrizo rescindió el contrato de alquiler a partir de enero. Además detalló, en una carta documento a la que accedió , que la decisión fue motivada “por considerar que el contrato configura un gasto innecesario e inmoral para el municipio que conduzco”.
En la misma carta documento, Carrizo le explicó al diputado Máximo Kirchner que la actual conducción del gobierno provincial inició una “lucha por el federalismo” de la provincia y asegura: “toda vez que padecemos hace décadas un centralismo perverso que, entre muchas cosas, somete permanentemente al interior a realizar gestiones en Río Gallegos, cuando debería ser la capital la que traslade al interior sus dependencias”.

Cotillo convirtió al inmueble en la “Casa de Caleta Olivia” y durante su inauguración en marzo pasado explicó que se utilizaría como sede de tareas administrativas de la ciudad, distante a casi 700 km de la capital provincial. Sin embargo, el kirchnerismo también le dio un uso proselitista: Unión por la Patria presentó allí una de las fórmulas para la gobernación que luego perdería con el actual gobernador Claudio Vidal: Javier Belloni-Fernando Cotillo.

Carrizo ganó la intendencia en octubre pasado de la mano del actual gobernador, Vidal. Ambos no solo comparten el partido, sino que llegaron a la política desde el sindicato petrolero. El triunfo ante el kirchnerismo en Caleta Olivia fue una de las victorias de Vidal. “Enviamos una carta documento, consideramos que es innecesario un gasto de este tipo y la idea es descentralizar Río Gallegos y que podamos solucionar las cosas en nuestra localidad. Vamos a respetar las claúsulas y estamos esperando entrar para poder ver como está el local”, aseguró Carrizo ante LU 85, Canal 9.
De acuerdo al contrato de alquiler, el municipio firmó a favor de los Kirchner un monto total de $ 6.7 millones a pagar durante los tres años que se extendía el contrato, donde se estableció un pago mensual de $100 mil los primeros seis meses, monto que luego se iría actualizando con los meses. El contrato fue rescindido ahora al año y medio de firmado.
Datos del local
La propiedad tiene 366 metros cuadrados y fue adquirida por Néstor Kirchner en 2006. Meses después, la inmobiliaria “Sanfelice, Sancho & Asociados” se mudó a este local y Máximo Kirchner mantuvo allí sus tareas vinculadas a la administración de las propiedades de la familia Kirchner, que incluía el cobro de alquileres a las empresas de Lázaro Báez.
También allí, Máximo Kirchner supo armar su búnker político local, donde recibía las cartas y pedidos de favores que recibía a diario, algunas escritas y que quedaron allí entremezcladas y abandonadas entre papeles viejos e informes de consultoras con encuestas sobre antiguas campañas electorales.
Hasta noviembre de 2017 funcionó la inmobiliaria, que cerró las puertas cuando las propiedades y las sociedades comerciales de los Kirchner quedaron bajo administración judicial. Durante los allanamientos ordenados por la Justicia federal en el marco de las causas de los Kirchner, denunciaron que en el interior de la inmobiliaria se encontró una bóveda. Las oficinas estuvieron cerradas cinco años pese a encontrarse en pleno centro comercial, sobre la avenida “Presidente Néstor Kirchner” de Río Gallegos hasta que en agosto del 2022 fue alquilada al municipio de Caleta Olivia.
La bóveda
Cuando aún era sede de la inmobiliaria, en el corazón de la propiedad se encontraba la oficina del actual diputado nacional y jefe de La Cámpora; detrás de la misma -según se reconstruyó tras los allanamientos judiciales-, se descubrió una bóveda de doble puerta: la primera puerta era común, la segunda blindada y conectaba con la bóveda. El hallazgo valió una denuncia en la justicia federal de la abogada Silvina Martínez.
En la causa Los Sauces donde se investigaba a la familia Kirchner, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López como integrantes de una organización de lavado, la Justicia realizó el allanamiento a la propiedad en 2018. En el marco de esta causa, el fallecido juez federal Claudio Bonadio intimó a la inmobiliaria a pagar el alquiler por este inmueble que entonces estaba dentro de la sucesión de Néstor Kirchner, y a presentar el contrato que los habilitaba a permanecer allí. Los socios Osvaldo Sanfelice, Carlos Sancho y Romina Mercado (prima de Máximo) se negaron a hacerlo durante meses.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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