TRIBUNALES KKK Y CAMBIO

Este año se define si se confirma o se agrava la condena de Cristina
Casación debe resolver sobre Vialidad; incluso si falla en su contra no irá presa, porque aún debe pronunciarse la Corte; también tiene por delante juicios por Hotesur e Irán
Hernán CappielloXCristina Kirchner, el mes pasado, al regresar al Instituto Patria

El escenario judicial de Cristina Kirchner en 2024 aparece agitado. Por un lado, cabe la posibilidad de que en el primer semestre del año la Cámara de Casación confirme –o agrave– la condena a seis años de prisión que pesa sobre la exvicepresidenta por corrupción y, por otro lado, avanza la organización de los dos juicios orales que debe enfrentar: uno por Hotesur y Los Sauces y otro por el pacto con Irán.
A diferencia de lo ocurrido durante el macrismo, es sintomático el retiro del gobierno de Javier Milei en el impulso de estos casos de corrupción, ya que entiende que no corresponde a la Oficina Anticorrupción ni a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser querellantes en estos casos. Los juicios solo son tarea de los fiscales y de los jueces.
Este es el panorama a corto plazo. Más a largo plazo, le resta a la exvicepresidenta enfrentar el juicio oral y público por el caso de los cuadernos de las coimas, en la cual está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita donde funcionarios cobraban sobornos a empresarios para mantener sus contratos con el Estado. Según pruebas de la causa, parte de ese dinero fue llevado al departamento de Cristina Kirchner.
Esto en cuanto a Cristina Kirchner como imputada, pero también avanzó hasta el juicio oral la causa que investiga el atentado contra la exvicepresidenta, que fue víctima de una tentativa de asesinato. Están presos por ello Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. La fiscal es Gabriela Baigún y el tribunal no tiene jueces. Está vacante desde 2020. Actualmente actúan como jueces suplentes allí Sabrina Namer e Ignacio Fornari. Fue sorteado para completarlo Adrián Grünberg. El juicio no tiene fecha, pero, con tres detenidos, se hará cuanto antes. La exvicepresidenta no está conforme con la investigación y cree que hay más personas involucradas en la tentativa de homicidio.
A pesar de que Cristina Kirchner está condena a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema. Solo si la Corte rechazara todos los recursos de la defensa y dejara firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede cumplir la pena en su casa. En la Cámara de Casación Penal ya comenzaron los trámites para revisar la condena. Es por el delito de fraude contra la administración pública a raíz del direccionamiento de las licitaciones de obras públicas de Santa Cruz en favor del empresario
Lázaro Báez. Quienes deben revisar ese fallo son los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, que ya realizaron a mediados de diciembre una audiencia de organización de las próximas reuniones en las que el fiscal Mario Villar y los abogados defensores de los acusados argumentarán en favor y en contra del fallo. El fiscal Mario Villar quiere agravar la condena por asociación ilícita.Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan culminan el 4 de abril. Después, los jueces tienen 20 días hábiles para definir si confirman la condena a 6 años, si la revocan o si la reducen.
Más allá de este caso, Cristina Kirchner debe enfrentar dos nuevos juicios: uno de ellos por el caso Hotesur-Los Sauces, por lavado de dinero, que está vinculado con la causa de Vialidad, y el otro por la firma del pacto con Irán. Para este juicio aún no están definidos los integrantes del tribunal que debe intervenir, ya que hubo una seguidilla de excusaciones y recusaciones. Casación decidió reabrir la causa el 18 de septiembre y sorteó a los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos. Pero Basso y Giménez Uriburu se excusaron. La Casación lo rechazó. Pero Cristina Kirchner recusó a ellos dos y a Javier Ríos. Los tres aceptaron la recusación de la defensa de Cristina Kirchner. Ahora serán los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero quienes deberán resolver.
En paralelo, avanzan los trámites para organizar el juicio por Hotesur y Los Sauces. Es un caso de lavado de activos donde se analiza si el dinero de las licitaciones con el que se favoreció a Báez retornó en parte al patrimonio de la exvicepresidenta y su hijo Máximo Kirchner. La Casación decidió reabrir esta causa y dejó afuera a Florencia Kirchner. Cristina Kirchner recurrió ante la Corte y la reapertura del caso del pacto con Irán. En Hotesur y Los Sauces los jueces que realizarán el juicio ya están definidos. Son Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli. En este caso, el fiscal Diego Velasco pidió nuevas pruebas.

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Eliminan trabas para que las empresas paguen sus deudas en dólares
El BCRA no prorrogará la norma que las obligaba a refinanciar 60% de los vencimientos

Javier Blanco
La norma que obligaba a las empresas que hubieran emitido deuda en moneda extranjera a reestructurar al menos el 60% de los pasivos registrados a dos años vista desde el último trimestre de 2020 en adelante para acotar la demanda neta de dólares en el mercado local quedó sin efecto ayer.
Fue luego de que en la jornada el Banco Central (BCRA) decidiera no avalar una nueva prórroga a lo originalmente resuelto el 16 de septiembre de aquel año mediante la comunicación A 7106.
“No está previsto”, comentaron desde esa entidad a la nacion, en lo que se convierte entonces en una nueva flexibilización del denominado cepo cambiario.
“Es algo que apunta a estimular a que las compañías que tengan buenos proyectos de inversión o desarrollo a buscar financiamiento externo para concretarlos”, explicaron.
La norma que obligó a estas empresas a reestructurar parte importante de sus deudas en moneda extranjera desde entonces para poder asegurarse acceso al mercado cambiario oficial para realizar los pagos de capital e intereses vinculados al 40% restante fue lanzada una vez que la administración Fernández concretó la última reestructuración de la deuda externa en poder de bonistas.
Incluso, el mensaje oficial lo planteó como una especie de “esfuerzo compartido” al fijar los lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado debían iniciar un proceso de refinanciación de estas deudas para “acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios”.
Ese recorte, uno de los tantos aplicados a la demanda (que implicó, según números oficiales hasta mitad de 2023, menos compras netas por unos US$4900 millones en casi tres años), no evitó lo que ya se sabe: una sostenida y costosa pérdida de reservas que sufrió un BCRA que, mientras aplicaba más y más restricciones a la demanda, desalentaba en paralelo la oferta voluntaria de divisas y alentaba las compras al caer en un recurrente atraso cambiario.
La demanda proyectada
La deuda externa financiera del sector privado totalizaba a mitad de año pasado US$37.959 millones, cayendo en US$1532 millones al cabo del último año.
Sobre ese stock, los vencimientos de capital exigibles hasta mitad del presente año, según datos extraídos del último Informe de Deuda Privada del BCRA, alcanzaba los US$17.331 millones, una cifra equivalente al 45% del total de deuda externa financiera que tenían registrada al 30 de junio del año pasado.

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