El populismo, al enarbolar la bandera de la gratuidad como forma de incluir a los excluidos, oculta una verdad de puño y soslaya una exigencia ética. Oculta la otra cara de la gratuidad, forma corrosiva de demoler los cimientos de la vida colectiva, sacando a relucir lo peor de cada uno y su nefasta consecuencia: la pauperización de los más débiles.
Es obvio que nada es gratis, pues siempre hay un costo que se traslada al Estado o directamente, a otros conciudadanos. Lo que no cuenta el populismo es que los más poderosos siempre tienen la forma de evitar ese traslado, el que retorna a los más expuestos, de una forma u otra.
Se ha abierto el debate de las tarifas de servicios, con amparos y fallos, con audiencias y declaraciones, con política y picardía. Otras gratuidades ya son parte del ser nacional, como la educación y la salud, que son aprovechadas por quienes buscan en la Argentina lo que no obtienen en otros lugares.
Pero la pretensión de gratuidad no se limita al ámbito de los servicios públicos. Si un país abandona el estado de derecho y deja que sus normas sean modeladas por los grupos de poder, los arrebatos viscerales de sus gobernantes o las convicciones políticas de sus jueces, se abre un ancho panorama para que todos los sectores pretendan lograr también alguna gratuidad. Ya fuere apropiándose de recursos ajenos o trasladando a los demás costos que les son propios.
La gratuidad no se limita a las tarifas del gas o al boleto del tren, ni a los consultorios de los hospitales ni a las aulas de las escuelas. Existe gratuidad cuando la sociedad no recibe contraprestación equivalente por parte de quienes emplea, protege, subsidia, dispensa o exime. Cuando éstos no crean valor, sino que lo quitan a los demás. Existe gratuidad cuando el Estado absorbe sin chistar, exceptuando o privilegiando, un costo que debería pagarlo quien se beneficia. La gratuidad es el privilegio y la excepción; el clientelismo y el nepotismo; la franquicia y la prebenda. El crédito blando y el subsidio, la tasa negativa, las prórrogas, quitas, esperas y remisiones a veces deben otorgarse, pero con transparencia, racionalidad y previsión de sus costos.
El populismo simula ignorar las tremendas fuerzas disruptivas que se encuentran en potencia en el seno de la sociedad, como entre placas tectónicas. Toma cientos de años adoptar instituciones que coordinen esas fuerzas para el bien común, construyan edificios, instalen fábricas, intercambien bienes, trasladen mercaderías, se desplieguen en cientos de profesiones, habilidades y talentos. Otros tantos años requiere la sociedad para incorporarlas de forma espontánea, abandonando el garrote y empuñando la pluma o la pala para trabajar en conjunto. En definitiva, se tarda mucho en construir capital social, fundado en una visión de largo plazo cuyo reflejo es la interacción diaria, respetuosa y solidaria.
La confianza recíproca, la certidumbre de que el esfuerzo propio será respetado y que nadie se lo incautará gratis, extiende el horizonte colectivo hacia el largo plazo. Ese es el marco adecuado para la inversión y el progreso. Y así, cada uno trabaja, estudia o invierte sin distraerse recorriendo despachos oficiales. Sin recurrir a artimañas, ni influencias, ni chicanas judiciales para llevarse a casa lo que pertenece a los demás.
Basta sin embargo una chispa, un descalabro, para que la sociedad se ponga en guardia, se repliegue a la caverna y retome el garrote. En un instante puede quebrarse el capital social y recomenzar la puja distributiva con otras reglas de juego. Sale Pandora de su caja, adiós al bien común y todos reclaman algo gratis. Surgen los especialistas en amparos, ajustes y retroactivos; los piquetes, las marchas y los escraches. En la Argentina, aun en democracia, hemos vivido esas situaciones muchas veces, con distinto nivel de gravedad. Desde la hiperinflación hasta el abandono de la convertibilidad, los tribunales fueron parapetados para que no se manotease la balanza de la Justicia y la Casa Rosada fue vallada para que los ministros no fuesen colgados de las palmeras.
Los lobistas más exitosos logran regulaciones que esquilman al prójimo en mercados cautivos. Las profesiones, colegiaciones con aranceles obligatorios; los sindicatos sacralizan sus obras sociales nunca auditadas, disponiendo gratuidades a mansalva, recompensadas con amables devoluciones. Las lealtades partidarias se retribuyen con registros automotores, otra insólita gratuidad para los amigos del poder. Los cargos políticos conllevan pasajes gratuitos, viáticos gratuitos, asesores gratuitos, jubilaciones gratuitas y el aditamento de "mandato cumplido" para lograr alguna gratuidad post officium. En tiempos recientes, se ha corrido el velo de las obras públicas, mostrando fortunas acumuladas en forma gratuita.
Cada piedra que se levanta revela alguna gratuidad dispensada con mano rota y entonación patriótica. Si el empleo público redundante es una forma de asegurarse un ingreso seguro con poco trabajo, son millones quienes llevan bienestar gratuito al hogar. Y en particular, en provincias y municipios donde la calle está muy dura.
Sólo un experto puede identificar las gratuidades que enumera el lenguaje críptico de los aranceles aduaneros, las resoluciones esotéricas de promoción económica o el léxico enigmático de las normativas fiscales.
Cuando impera el populismo y se quiebra el capital social, la carrera por la supervivencia se despliega en todos los ámbitos. La lucha por la inclusión en el anexo, la batalla por el inciso, el verbo o la coma, reemplaza al proyecto productivo.
Detrás del reclamo tarifario se encolumnan, con la mejor cara de piedra, quienes pueden abonarlas sin pestañear. Tras la aceptación de un cargo público, muchos calculan la jubilación, los viáticos y los adicionales. Un empleo policial ofrece gratuidades en horas extras y servicios extraordinarios. Los docentes conocen al dedillo su estatuto, para sacar toda la gratuidad posible a sus licencias. Lo mismo hacían los empleados de la línea aérea oficial y sus parientes, que también viajaban gratis. Hasta los automovilistas patentan lejos de sus domicilios o ponen cintitas en las placas para zafar de multas e impuestos. Los ausentismos de los lunes, los certificados médicos de favor y la industria del juicio son "vacas sagradas" de la gratuidad laboral. Por vía de la corrupción o por lealtad partidaria, desde la picardía hasta la burda ilegalidad, todos intentan obtener gratuidad sacándole alguna moneda al prójimo u ocultando la billetera para no pagar la factura.
Pero la gran mochila donde se acumulan las gratuidades argentinas no se puede esconder, ni tirándola en un convento. Configura el llamado "costo argentino" que deben cargar los productores de manzanas en Plaza de Mayo o los tamberos que tiran leche en Córdoba y Santa Fe. La suma de ventajas ajenas, que son costos para quienes deben competir en el mundo, descoloca a los productores nacionales, forzados a reclamar que el Estado también los invite a la fiesta de la gratuidad. Como son prácticos, por las dudas piden una devaluación, para licuar mientras tanto los costos de la mochila.
Toda medida oficial de naturaleza distributiva, genera la obligación moral de darle viabilidad, que es lo más difícil. Como lo deberían saber legisladores que proponen nuevos derechos a partir de gratuidades, huecos de recursos, para su lucimiento individual.
El verdadero desafío es llevar una partida doble que prevea también y en forma simétrica, las mejoras de productividad correlativas a las gratuidades propuestas. No basta con hacer obras ni mejorar la infraestructura. Se deben identificar las oficinas del Estado que destruyen riqueza; echar luz sobre quienes se apropian de rentas regulatorias con el argumento del empleo y abrir un debate público sobre las distorsiones del régimen laboral. Sólo aumentando la competitividad y aliviando la mochila del costo argentino se podrá cumplir con los más desprotegidos. Como en la Naturaleza, las gratuidades deben ser sustentables.
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