ANÁLISIS ECONÓMICO

La vuelta a un país "normal" implica cambios que contrastan con el despilfarro de fondos públicos, naturalizado durante los últimos años
Por si hiciera falta, el convulsionado punto final del Fútbol para Todos (FPT) volvió a poner a la vista que hasta los jugadores profesionales se convirtieron en virtuales empleados públicos y que la mayoría de los clubes de primera y del ascenso nada tienen que ver con las entidades sin fines de lucro que marcan sus estatutos.
En ocho años, todos los argentinos aportaron no menos de 1500/2000 millones de dólares para ver fútbol "gratis" por TV, aunque no apareciera detallado en las boletas de impuestos (incluido el inflacionario) o a algunos ni siquiera les interesara. Esa masa de fondos públicos, transferida a clubes que nunca rindieron cuentas sobre su destino, sirvió además para alimentar desde contratos millonarios de futbolistas hasta barrabravas junto con la profusa propaganda política del kirchnerismo. En menor escala, el esquema fue replicado en la televisación del Turismo Carretera, la categoría más popular del automovilismo local, donde abundan sponsors privados y que también llegó a su fin.
Aun así estos fondos representan una partícula del presupuesto nacional, que en 2017 equivale a casi US$ 150.000 millones y donde el segundo rubro del gasto siguen siendo los subsidios a la energía y el transporte. Tras el fenomenal atraso tarifario de la era K, las consecuencias de esa política no siempre son visibles. Hasta hace un año, los sueldos de los trabajadores de las distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se pagaban con esas transferencias, que también los convertían en virtuales empleados estatales. Ahora son cubiertos con las mayores tarifas que también permitieron reanudar inversiones en la red, frenadas durante años, aunque todavía no alcanzan para evitar los cortes de luz en olas de calor como las de la última semana.

Las tarifas de colectivos en el AMBA cubren menos del 50% de los costos, si bien los subsidios permitieron en los últimos años renovar y modernizar parte de la flota. El gremio (UTA) adhiere a la marcha de la CGT convocada para el martes, mientras el Gobierno debate si aplicar o no otro ajuste tarifario antes de las próximas paritarias, debido a su impacto social sobre los sectores más vulnerables. Otro tanto ocurre con los trenes suburbanos, donde aún falta completar la instalación de molinetes en todas las estaciones de la red. Aquí el dilema está entre el efecto inflacionario de corto plazo que tendría la suba de tarifas o la menor presión sobre el déficit fiscal que significaría frenar subsidios.
A su vez, el conflicto salarial con los gremios docentes que otra vez complica el comienzo de clases es la punta de un iceberg con problemas estructurales mucho más complejos y alejados del monotemático debate de estos días.
Por un lado, en el promedio del país, el 90% del presupuesto educativo se destina a sueldos, lo cual deja poco margen para inversiones en infraestructura y calidad educativa. Pero un informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) revela además que en las escuelas públicas se verifica un promedio de 1 cargo docente cada 15 alumnos, frente a 1 por cada 22 en las escuelas privadas (similar al de los países avanzados de la OCDE (1 cada 21). De ahí que buena parte de esa diferencia de 45% incluya a maestros que no están al frente de las aulas.
Por otro, los paros de los últimos años fueron a contramano del declarado objetivo sindical de defender la educación pública. Según el diputado provincial Jorge Sarghini (FR), la matrícula en las escuelas primarias bonaerenses se redujo en 5,4% y en 11,2% específicamente en el conurbano, mientras que en el promedio de las provincias creció sólo 10% frente al 35% en escuelas privadas.
Aunque muchas distorsiones se derivan de un obsoleto estatuto laboral que está cerca de cumplir 50 años, la mala asignación de recursos y prioridades durante la era K hace que difícilmente puedan ser corregidas a corto plazo. Por caso, un reciente informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, que dirige Alieto Guadagni, muestra que en 2015 sólo el 13,4% de los alumnos de escuelas primarias de gestión estatal (472.000 sobre un total de 3,5 millones) accedía a la jornada escolar extendida o completa, frente al objetivo mínimo de 30% fijado por dos leyes nacionales sancionadas diez años antes. Pese a varias excepciones -como Tierra del Fuego (61%), CABA (45,8%) y Córdoba (45%)- , en la provincia de Buenos Aires, apenas alcanzaba al 5,9% y a 4,9% en el populoso conurbano bonaerense. Guadagni contrasta esta situación con la de Chile, que implementó legalmente la jornada extendida en 1997 y una década más tarde había incorporado a casi todas la escuelas primarias, como vía para reducir la desigualdad social en materia educativa.

Uno de los párrafos más destacables del mensaje de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa fue que muchos de estos cambios demandarán tiempo y esfuerzo. Y también acuerdos políticos, principalmente para desnaturalizar el despilfarro de recursos de los últimos años, agudizado por la corrupción y la ausencia de rendición de cuentas. Quizás uno de los cambios más relevantes es haber puesto un límite a la emisión de pesos sin respaldo por parte del Banco Central (equivalente a casi US$ 10.000 millones para 2017), que en los últimos años encubrió un déficit fiscal insostenible pese a la presión tributaria récord, aunque por ahora se financia con endeudamiento externo que más que lo duplica. Otro, fijar metas decrecientes para bajar la alta inflación a la mitad y desterrar la certeza de que en cada año será igual o superior a la del anterior.
En el arranque del año electoral, la marcha de la CGT convoca a actores sindicales, sociales, políticos y económicos que forman parte o dependen directa e indirectamente del Estado, cuya estructura de gastos fue mantenida casi intacta, salvo en los subsidios a la energía. Aquí se acentúa otro contraste. Por un lado, la Casa Rosada apuesta a reducir su peso relativo con el repunte del PBI y del empleo privado, que aún es incipiente y tardará en hacerse sentir. Por otro, la negociación salarial de paritarias coincidirá con el período de mayor inflación del año debido al ajuste de tarifas. Así, en el primer cuatrimestre podría ubicarse en la mitad de la meta anual (entre 7,5% y 8,9% si abarca al transporte), para descender a marcha forzada antes de las elecciones.
N. S.