EL CONFLICTO AFECTAN LA ECONOMÍA (JUJUY ) Y LA INSEGURIDAD EN SAN MARTÍN

“Se enfrentó el pueblo contra el pueblo”. Los cortes de ruta espantan al turismo en Jujuy y perjudican la economía local
Las protestas contra la reforma de la Constitución provincial llevan más de 40 días y provocan una pérdida de entre $4500 y $5000 millones; para agosto, las reservas son mínimas por el temor a que el conflicto se prolongue
María Nöllmann
Uno de los destinos turísticos de Jujuy, Purmamarca, prácticamente está vacío de visitantes debido a los cortes de ruta
PURMAMARCA, Jujuy.- El cielo está despejado y el clima matinal es cálido, pero en el aire sobrevuela una tensión ineludible. Una incomodidad que los mismos vecinos sufren: “Se enfrentó el pueblo contra el mismo pueblo. Se ven por la calle y se gritan”, cuenta Gustavo Aisama (48), encargado de una hostería familiar ubicada a pocos metros de la plaza.
Al igual que gran parte de la provincia, Purmamarca aún sufre las consecuencias de los cortes de ruta iniciados hace más de 40 días en rechazo a la reforma parcial de la constitución provincial, impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Cortes que, según la Secretaría de Turismo de Jujuy, provocaron hasta la fecha una pérdida de entre $4500 y $5000 millones, además de una caída de reservas de hasta el 70% en algunas regiones.
Aunque los manifestantes han flexibilizado su medida de fuerza en los últimos días, aún mantienen siete de las barricadas que obstaculizan el tránsito en diferentes puntos clave de la provincia. Quizás la más importante es la ubicada en el acceso a Purmamarca. Allí, la semana pasada se vivió un enfrentamiento inédito entre un grupo de vecinos del pueblo, que viven del turismo, y el grupo que cortaba la ruta, entre quienes también hay empleados de hotelería y restaurantes. “Fue una verdadera riña. Terminaron a las piñas” cuenta un hotelero del lugar.
Tal es la crispación entre quienes apoyan los cortes de ruta y quienes no que cada grupo cuenta una versión distinta de la realidad turística de la Quebrada. Por un lado, están quienes afirman que, en las primeras semanas, cuando los cortes de las rutas se extendían por seis horas, Purmamarca se vació. “Era temporada alta, pero tuvimos el mínimo de comensales que solemos tener en temporada baja: unos 30, en vez de los 200 que esperábamos”, cuenta Camila Quipildor (21), encargada de la hostería y restaurante Intikay. Este local había contratado personal extra para la temporada, esperando el boom turístico que no llegó. “Vinieron las primeras semanas, pero los dejamos de llamar porque no podíamos afrontar pagarles”, suma la encargada.
Pero también hay quienes aseguran que los cortes no afectaron al rubro. “La gente entraba igual al pueblo, caminando. Y tuvimos siempre el comedor lleno, aunque no tanto como el año pasado”, dice Noemi Alancay (59), dueña del restaurante El Algarrobo, quien, al igual que muchos de sus vecinos, apoya con vehemencia los cortes de ruta de los grupos indígenas.
Lo cierto e indiscutible es que Jujuy esperaba un boom turístico y no lo tuvo. Los datos gubernamentales y de las cámaras especializadas apuntan hacia la debacle del sector, especialmente en los pueblos del norte de la provincia, donde los cortes aún abundan. “Varios hoteles estuvieron cerrados temporalmente. Se perdieron de la temporada alta. Algunos cerraron hasta un mes”, afirma Cristian Boglione, presidente de la Cámara de Hoteles, Gastronómicos y Afines de Jujuy. En Jujuy los cortes abarcaron no solo las vacaciones de invierno de todo el país, sino también el fin de semana extra largo de junio, que contaba con la cobertura del programa PreViaje. Y mientras que en Purmamarca y Tilcara hubo un 50% de cancelaciones, en pueblos del norte, como Yavi, ubicado en el límite con Bolivia, llegaron a ser de entre el 70% y el 80%.
“Mala imagen”
Más allá de las pérdidas irrecuperables de esta temporada, Boglione habla de un impacto a largo plazo: “Los pocos que vinieron se llevaron una muy mala imagen de la provincia. Hace años que estamos intentando posicionar a Jujuy dentro de los destinos más buscados. Lograrlo costó. Y bueno, lamentablemente este año retrocedimos bastantes casilleros”, sentencia el hotelero. En las vacaciones de invierno de 2022 la provincia de Jujuy había batido un récord histórico, logrando un 97,8% de ocupación. Cifra que había vuelto a superarse en el fin de semana de Carnaval de este año, llegando al 99%. “Para este julio habíamos calculado un 95%, pero cerramos en 63,8%”, afirma el secretario de Turismo jujeño, Diego Valdecantos.
Las previsiones para el próximo mes indican que menos turistas llegarán a Jujuy; las autoridades del sector admiten que hasta ahora hay apenas 15% de reservas, cuando lo usual para esta época era el 70%
Sin embargo, la principal preocupación de su equipo actualmente son las pocas reservas que hay para el mes entrante. “Uno va cosechando lo que sembró los meses anteriores. Ahora, en agosto, vamos a empezar a cosechar lo que se sembró por los cortes. En ese mes históricamente teníamos un 70% de ocupación, y hoy estamos con un 15% de reservas. Sí tenemos un 65% de reservas para el fin de semana largo de agosto. Se va a notar una caída fuerte, la que no notamos tanto en julio porque julio ya estaba todo vendido cuando empezaron los cortes”, afirma el ministro de Cultura y Turismo de la provincia, Federico Posadas, a la vez que suma: “Estamos totalmente convencidos que el 14 de agosto se acaban todos los cortes por las PASO”.
Salta, beneficiada
La contracara de este fenómeno se ve del otro lado de la frontera, en Salta. En las últimas semanas, la imposibilidad de ingresar al territorio jujeño o al menos de circular libremente por sus rutas llevó a que familias enteras tuvieran que cambiar sus itinerarios de viaje y terminaran deambulando a altas horas de la madrugada por los pueblos salteños, yendo de un hotel a otro y rogando por una habitación para pasar la noche.
Mientras, en la provincia vecina, la tensión entre los grupos indígenas y el gobierno de Gerardo Morales no parece estar llegando a su fin, sino todo lo contrario: esta semana, el Tercer Malón por la Paz, el nombre que tomó el grupo autoconvocado de pueblos originarios que se oponen a la ya firmada reforma de la Carta Magna, salieron en peregrinación desde la provincia jujeña en dirección a Buenos Aires. Actualmente en Tucumán, han dejado saber que su idea es llegar a la Corte Suprema y exigir la intervención federal de la provincia, entre otros reclamos.
Aparentemente abstraído de las tensiones que se viven en su Purmamarca natal, Hugo Cazón riega el estacionamiento de autos del que es dueño, en el que no hay ni un vehículo parado. “Ahora no están entrando turistas, pero más o menos en una hora, cuando abran el corte, van a llegar”, calcula ilusionado el hombre de 62 años, que hace poco más de un mes abrió este emprendimiento en un terreno que heredó de sus padres. Seguramente el momento no fue el más propicio. “Lo del corte fue traumático. No nos imaginábamos que iba a ser así, tan largo”, dice. Prefiere no tomar posiciones. Entiende los reclamos de los grupos indígenas, pero también a sus vecinos que fueron a enfrentarlos la semana pasada. “Para mí no es gente mala, sino gente que prioriza su negocio. Hay quienes invirtieron en remises y que ahora tienen que pagarlos, es lógico”, dice.
El fenómeno Yavi
Sin dudas el efecto negativo más fuerte en términos turísticos se vive actualmente en Yavi, un pueblo de poco más de 250 habitantes ubicado a pasos de la frontera con Bolivia. Para llegar en auto desde San Salvador de Jujuy, los turistas deben enfrentar seis cortes, cada uno con horarios de apertura y cierres diferentes. Y es por eso que, según Silvia Aluffi, dueña del hotel boutique Posada Tika, la crisis turística que enfrenta el pueblo es total.
A localidades como Yavi, casi en la frontera con Bolivia, no llegan turistas y se cayeron más del 80% de las reservas durante estas vacaciones de invierno
“Entre las reservas que no se hicieron, el dinero que tuvimos que devolver y los que reprogramaron sus visitas, se nos complicó mucho. A esto se suma las consultas que ya no hay. Estamos muy enojados. Todos tienen sus razones, pero nadie escucha las nuestras”, dice Aluffi, quien actualmente volvió a su casa, en Salta, para recuperarse del estrés generado por la situación.
El hotel Tika empezó el fin de semana largo de junio, justo antes de que iniciaran los cortes, con plena ocupación. Pero cuando las rutas comenzaron a trabarse, perdieron el 80% de las reservas para las semanas siguientes. “De ese 80, a un 40% le devolvimos la plata. Ni soñándolo en una pesadilla me hubiera imaginado esto. Antes de que se cayeran las reservas, calculé que tenía que cocinar para 60 personas. Compré todo. Y al final con todo eso, no hice más de seis cenas. Fue horroroso. Tuve que regalar comida”, dice. A esto se suma el actual problema de abastecimiento que vive el pueblo: no reciben comida fresca ni pan.

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San Martín. La inseguridad y el narcomenudeo presionan sobre el distrito más industrial
Si bien todos reconocen la acción del municipio, en el distrito de las pymes hoy creció la ilegalidad, como en el resto de la zona
Texto Federico González del Solar | Foto Alejandro GuyotSan Martín alterna zonas desarrolladas con bolsones de profunda pobreza
El industrioso municipio de San Martín comienza –o termina– entre basurales. A poca distancia del río Reconquista, discurre, en paralelo, una autopista construida por la Ceamse: el conocido Camino del Buen Ayre. A su vera, la empresa estatal encargada de la administración de la basura tiene buena parte de sus plantas y dependencias. Del otro lado de la autopista, pegados a los barrios de José León Suarez, se suceden 8 de los 12 basurales clandestinos que, según un estudio urbano de la Universidad Nacional de San Martín, funcionan en el distrito. El Camino del Buen Ayre separa así la basura estatal de la clandestina, y se ofrece como una foto inaugural de un municipio en el cual el Estado, desde hace varias décadas, se hace presente con incesante intermitencia y cuestionable eficacia.
A unos pocos metros del Buen Ayre, cerca de uno de los basurales, entre napas que vecinos suponen contaminadas, se alza pulcra y orgullosa un secundario técnico creado en 2014 por la Unsam. La escuela, que tras la reciente renuncia de su directora busca hoy un reemplazo, fue construida al término de la primera gestión del exintendente Gabriel Katopodis y es un norte de luz en José León Suárez; un barrio bajo el signo de una problemática con resonancias estatales.
La luz que irradia el establecimiento se ensombrece en sus inmediaciones. El narcomenudeo, el principal drama que presiona a San Martín en su conjunto, encontró en los alrededores de José León Suárez un ecosistema propicio para germinar, y según vecinos y fuentes de la Unsam, es habitual ver deambular a vendedores de droga en las puertas del secundario. Otro contraste, cuyo reflejo se cristaliza a lo largo de un territorio que, tras la partida de Katopodis al Ministerio de Obras públicas en 2019, quedó en manos de quien fuera su jefe de gabinete, Juan Moreira.
Villa Corea, Villa 18 y 9 de julio son algunos de los asentamientos apuntados donde parece regir una ley alternativa, y en donde el narcomenudeo, con sus múltiples derivas, echó profundas raíces. Los tres forman parte de los 57 asentamientos emplazados en un municipio con 54 kilómetros cuadrados.
“Hay barrios complejos”, indican en la intendencia, sin desconocer la existencia del fenómeno. Vecinos de José León Suárez, confesos simpatizantes de la gestión actual, señalan con euforia que la zona que va desde la ruta 4 hasta el río Reconquista, en la cual se concentra el 76% de los asentamientos, se encuentra en mejores condiciones que hace 20 años, cuando el radicalismo de Ricardo Ivoskus, dejaba el territorio tras 8 años de gestión.
“Era tierra de nadie”, recuerda uno de ellos, que desde el 2015 trabaja con “la gestión”. Desde “la gestión” destacan que cerca de la cuenca del río Reconquista, la zona conocida como “el fondo” –nombre que prefieren evitar–, cuando arribó Katopodis en 2011, ni siquiera figuraba en el mapa de catastro municipal. La luminaria y el asfalto con los que urbanizaron el territorio, son otros de los logros que se esfuerzan en destacar.
El narcomenudeo guarda un vínculo sin solución de continuidad con otra problemática, también reconocida por la intendencia, que se expande por San Martín: la inseguridad. “No se puede más. Tenemos que trabajar con la puerta cerrada. No sé quién se tiene que hacer cargo”, explica un comerciante de Villa Ballester, ubicado en el corazón del municipio. El mismo vecino alista y promueve una marcha contra la inseguridad para el jueves próximo. Junto a otros comerciantes mantuvo diversas reuniones en las comisarías, pero la respuesta fue siempre la misma: falta de recursos. “Casi el 10% del presupuesto está destinado a la inseguridad”, explican en la intendencia y destacan en ese rubro la colocación de 15 postas de seguridad, la construcción de 200 “paradas seguras” y la compra de 120 patrulleros nuevos.
Homicidios
La tasa de homicidios dolosos es un indicador que vincula la inseguridad con el narcomenudeo. San Martín, en tanto cabecera judicial, según datos de la procuraduría general, con 90 casos en 2022, es solo superada por La Matanza. Sin embargo, desde las filas de Moreira, el intendente, enfatizan que esas estadísticas traen confusión ya que agrupan también los datos de otros cuatro municipios. Voces autorizadas aseguran que, dada la dramática potencialidad del territorio, los datos, cuando son discriminados por municipio, si bien se encuentran por arriba del promedio, no resultan tan alarmantes.
“La gente se va de San Martín. Tenemos que evitarlo”, explica Mauricio D’alessandro, precandidato a la intendencia por Juntos por el Cambio, en alusión al retiro de Katopodis, al de la directora de la escuela, y a las dos grandes problemáticas del distrito. Sin perjuicio de su validez, sus dichos hacen cierto juego con los números: el municipio se encuentra un punto por debajo del crecimiento promedio del conurbano; 8% contra 9%.
“El delito está cómodo”, refuerza Santiago López Medrano, su rival en la interna local, que como en casi todo el conurbano, recrea la disputa nacional. El abogado D’alessandro, alineado con el precandidato a la presidencia, Horacio Rodríguez Larreta, asegura tener un vínculo fluido con Federico “Fico” Gutiérrez, exalcalde de Medellín, experto en seguridad urbana, y muy reconocido por su labor contra el narcotráfico en Colombia. López Medrano, alineado con Patricia Bullrich en la contienda nacional –a partir de quien esperan poder contrarrestar la popularidad de D’alessandro–, relata que los suyos presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante del distrito para declarar la emergencia en materia de seguridad. “Fue cajoneado”, sostienen.
La conectividad que ofrece el municipio agrega otra condición de fertilidad para el narcomenudeo. Ningún distrito es superficie estanca, pero San Martín, capital de la pyme, con casi medio millón de habitantes, lo es menos aún; pegado a la Capital Federal, se encuentra recortado por la General Paz y atravesado por la ruta 4 y el mencionado camino del Buen Ayre; vías que otorgan rápida salida al acceso norte y a la ruta 8. Todo lo cual hace de San Martín un lugar estratégico para un mal que mostró sus primeros brotes a mediados de los noventa y que hoy despliega sus tentáculos hacia otros municipios.
El suceso de la “cocaína envenenada”, tal como la crónica periodística lo tituló –tristemente, sin redundancias–, que en febrero del año pasado se cobró 24 vidas, tuvo su origen en puerta 8, barrio del vecino municipio de 3 de Febrero. Sin embargo, una línea de investigación señala que quien estuvo detrás de la distribución de aquella droga adulterada fue la banda comandada por Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, de gran inserción en el municipio. A Mameluco, que en 2011 llegó a coquetear con la idea de postularse a la intendencia por el peronismo federal, el Estado lo puso tras las rejas en el penal de Rawson, pero se sospecha que, desde allí, en sus horas más bajas, todavía ordena y desordena el hiperconectado distrito de San Martín.
Periodistas especializados señalan que parte del municipio se encuentra disputado por dos bandas criminales. “Si vos querés ganar algo, tenés que pelearlo”, dijo, rodeado de armas de guerra, un miembro de una ellas en una entrevista televisiva, en la que proponía una suerte de reinado narco bajo control. “Va todo en la misma bolsa”, deslizó, cuando, en dicha entrevista, se le preguntó por la complicidad estatal.
En el triste episodio de la cocaína adulterada, el Estado, en un bosquejo tardío, apareció en la voz del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni: “Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, advirtió, en un espasmo marcado por la urgencia, el paternalismo y la controversia. Por las muertes que aquella cocaína cortada con carfentanilo ocasionó, todavía no hay detenidos.
Para el director del observatorio de política criminal, Ariel Larroude, el narcomenudeo es un asunto que excede por largo al municipio. Según el experto, el principio de abordaje debe venir desde lo más alto. “Hasta tanto no sea discutida una nueva ley de drogas, el país no podrá solucionar los problemas económicos de los jóvenes en el conurbano, y este será el caldo de cultivo para las bandas. La ley actual está obsoleta”, sentencia.
Muy por debajo del ordenamiento jurídico “obsoleto”, en el plano electoral del municipio, se da otro juego de apariciones discontinuas. “Es una estafa electoral. Son candidaturas testimoniales”, arremeten en las filas de D’alessandro. Es que el oficialismo, acusa la oposición, repitió dos veces una operatoria de “fuga”: en 2019, en lo que hubiera sido su tercera intendencia, Katopodis partió a ocupar el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en un movimiento que, aseguran, se sabía de antemano. La intendencia lo niega. En las legislativas de 2021, Nancy Capelloni –esposa de Katopodis– y Leonardo Grosso, actual precandidato a la intendencia en la interna oficialista, ocuparon los dos primeros lugares en las listas del Frente de Todos, que resultó victorioso. Capelloni no se privó de pegar el apellido Katopodis en la lista. Ninguno ocupa hoy su banca en el concejo deliberante.
Con todo, desde la oposición destacan que a Katopodis –con estudios de posgrado en gestión y administración pública– no le cabe la acusación, como a otros intendentes del conurbano, de no tener presencia en el distrito. “Conocía y recorría el territorio”, aseguran. Algo que continúa haciendo en pos de transferirle parte de su charme al ignoto Moreira, su alfil, que buscará legitimar su intendencia –heredada tras la partida del “griego”– en las urnas.
La escuela técnica que la Unsam inauguró en 2014, hoy acéfala, profundizó un inconveniente geográfico de José León Suarez: al estar elevada por sobre un terreno que desde la ruta 4 sufre un pronunciado descenso, provoca un efecto “embudo” que agrava las inundaciones en la zona. Allí, pasando la ruta 4, cerca del “fondo”, donde se concentra el 76% de los asentamientos, el narcomenudeo anidó hace tiempo
“No pido cosas que no corresponden. El asfalto se transforma en un canal de agua. Necesitamos un desagüe”, pide un vecino pronto a cumplir medio siglo en el barrio, que asegura, mientras enseña las puntas que añadió a la reja de su casa, haber sufrido tres robos el pasado mes. “No estamos en un barrio cerrado”, le soltó un policía hace unas semanas. Desde la intendencia, niegan la existencia de los basurales clandestinos y aseguran que las inundaciones en José León Suárez son un problema del pasado. “Hay solo zonas puntuales”, explican.
A diferencia del griego, del ruso o del inglés, los verbos ser y estar, propios del castellano, permiten matizar, dicen los lingüistas, modos en la presencia. Las autoridades gubernamentales, en todos sus niveles, deberán tomar nota de ello, para un distrito que parece reclamar que el Estado, aparte de simplemente estar, sea.

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