Massa busca confrontar con Milei y dividir a la oposición
El resultado de Santa Fe fue un baño de realidad para la campaña oficialista, que ahora intenta recuperar al peronismo desencantado; también hay preocupación por el nivel de ausentismo en las elecciones
Maia Jastreblansky.
La derrota del peronismo en Santa Fe por más de 34 puntos frente a la versión local de Juntos por el Cambio fue un baño de realidad muy frío para Unión por la Patria. En el comando de campaña de Sergio Massa rápidamente salieron a desnacionalizar los resultados y a negar la sorpresa. “Fue lógico, la elección nacional va a ser diferente”, fue el mensaje que transmitieron. Pero detrás de las primeras reacciones minimizando el suceso, en distintas terminales oficialistas hubo un acuse de recibo de lo difícil que será esta elección. La unidad de todo el espacio detrás de un candidato presidencial competitivo parece ser insuficiente ante el escenario político actual.
“De cierto orden y una ventana de oportunidad que veíamos pasamos a un ‘qué mal que estamos’”, reconoció un colaborador de la campaña. “La diferencia en Santa Fe es lo que sorprende. Más que cansancio, se vio ahí un hartazgo hacia el peronismo”, agregó.
Según pudo saber la nacion, en el búnker de campaña circuló en la previa a la elección santafesina una proyección que hablaba de 44 puntos para Unidos para Cambiar Santa Fe (el espacio de Juntos por el Cambio) y de 33 puntos para Frente Juntos Avancemos (como se bautizó allí el frente peronista). “En el peor de los casos creíamos que perdíamos por 20 puntos”, comentó un colaborador del kirchnerismo. Finalmente la elección salió 63,05% a 27,93%, mucho peor que las proyecciones menos optimistas que manejaban en el peronismo.
“Dato mata relato, fue un palazo”, reconoció el asesor de uno de los candidatos más relevantes de Unión por la Patria.
Reacciones
Cerca de Massa, no obstante, enfatizan que no se puede extrapolar la elección de Santa Fe a la contienda nacional. “Fue una elección local con un gobierno provincial –el de Omar Perotti– que no dio las respuestas esperadas. No estaba nacionalizado y Massa tiene buena llegada a la zona núcleo. La nacional va a ser diferente”, alegan.
Pese a la negación del fenómeno en Santa Fe, en el arranque de esta semana hubo algunas reacciones. Cristina Kirchner, por caso, decidió el lunes mismo participar del acto que estaba pautado por la inauguración de un simulador de Aerolíneas Argentinas a 15 años de la nacionalización de la línea de bandera. Y Massa –sin despegarse del kirchnerismo– comenzó a buscar un voto más de centro al resucitar un viejo caballito de sus batallas electorales, el tema de la seguridad. “Salud y seguridad son todo, porque en definitiva son la vida”, dijo hoy en Merlo y recordó que en Tigre logró bajar el delito en un “90%”.
Además, se puso en práctica uno de los lineamientos de campaña que se definieron en las primeras reuniones en el flamante búnker de Unión por la Patria en Bartolomé Mitre 363: subir al ring a Javier Milei. El peronismo necesita que el líder libertario siga con vitalidad para dividir el voto opositor y sostener un escenario de “tres tercios” que le permita al peronismo colarse en el ballottage, un escenario que está en duda.
No sorprenderá escuchar a los “voceros” políticos (candidatos, funcionarios, voces económicas) hablar de “defender la patria” de las ideas que propone Milei. “Nosotros defendemos el futuro, con Milei vamos a retroceder”, es parte del mensaje que buscan transmitir. Así lo hizo ayer el ministro de Transporte, Diego Giuliano, un hombre del Frente Renovador, cuando criticó al líder de La Libertad Avanza y dijo que el suyo “es un concepto antiguo”.
“Su proyecto de país es la dolarización, las privatizaciones y arancelar la educación pública y la salud pública”, agregó.
La elección santafesina, además, instaló con fuerza el fantasma de la baja participación en los comicios (en la provincia lo hizo menos del 65% del padrón), con impacto en el votante peronista. “Nos vamos a pegar un palo con la participación en las PASO”, reconoció un colaborador del kirchnerismo.
Los “desilusionados”
En Unión por la Patria tienen en claro que una de las pocas “peceras” que tienen para buscar el voto es la de los desencantados con el Gobierno. Un colaborador de campaña apuntó: “Hay un nivel muy alto de ausentismo y se cree que ahí se puede ir a cosechar un voto peronista mediante la movilización de la militancia. Pero preocupan los síntomas de voto castigo”. Hoy Massa fue explícito en medio de su raid por el conurbano. “Busquen a los que se desilusionaron. Díganles que cometimos errores y que les pedimos disculpas, tenemos la valentía de encarar lo que viene con la unión de los argentinos”, dijo.
Pese a los esfuerzos que hacen en el comando de campaña por fijar los lineamientos estratégicos, pulir los mensajes proselitistas y sostener la unidad del peronismo detrás de Massa, lo cierto es que el oficialismo está en un laberinto difícil de sortear, con un candidato que es a su vez un ministro de Economía encorsetado por el FMI, un presidente que no aparece en campaña por su mala imagen y una articulación del discurso todavía muy dificultosa por la alianza de Massa con el kirchnerismo, cuyas figuras constantemente traen el recuerdo melancólico del período 2003-2015.
Ya son varios los colaboradores del espacio que comienzan a decir que la etapa de fidelización del voto K ya pasó y que hay que reconquistar el voto del peronista moderado que puede identificarse con Massa.
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Pese a estar “congelado”, volvió a subir el empleo público
CAMPAÑA. Son más de 1000 solo en mayo; Massa había prometido no sumar
La AFIP, uno de los organismos donde hubo más ingresos
Solo en mayo, según los últimos datos del Indec, se sumaron al menos 1058 empleados a la planta de la administración pública. Al aumento le faltan las incorporaciones de junio y julio, y los trabajadores de las empresas estatales, que anticipan nuevas expansiones de personal, todo a pesar de que el ministro de Economía, Sergio Massa, había ordenado, no bien asumió, congelar la cantidad de empleados públicos, “salvo casos excepcionales”.
Pero en la Argentina lo excepcional puede ser la norma, y más en tiempos de campaña y cuando una administración empieza a despedirse. Un clásico que ya se vio en 2015: el gobierno se va y, sobre la culminación del mandato, abarrota el próximo con nuevas designaciones o pasando a la condición de permanentes contratos que ya existen hace tiempo y se renuevan todos los años.
Una siembra persistente que suele ser la parte de la herencia que los funcionarios que suceden no ven hasta que se sientan en sus despachos: empleados sobre los que no siempre se sabe qué función cumplen y que, en el peor de los casos, si son militantes, podrán incluso trabar muchas de las próximas decisiones si no están de acuerdo. Tiempo atrás, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, que conduce Matías Lammens, se quejaban de haber tenido que contratar agentes externos porque el personal disponible no estaba en condiciones de instrumentar el Previaje.
Es una trampa difícil de desactivar porque la planta permanente tiene una estabilidad laboral superior al resto de los sectores: está garantizada por el artículo 8 de la ley marco de regulación del empleo público nacional y, desde 2007, por un fallo de la Corte Suprema sobre el caso Madorrán.
Según datos de la Jefatura de Gabinete, hay en la Argentina alrededor de 3,4 millones de empleados públicos si se cuentan los que trabajan para provincias y municipios. La cifra se ubica en 383.000, lo que se conoce como Administración Pública Nacional, que incluye Fuerzas Armadas y de seguridad y entes y empresas públicas. Ese universo subió desde que asumió Alberto Fernández 6%, es decir, en alrededor de 20.000 empleados. Es el equivalente a la cantidad de trabajadores del grupo Cencosud y bastante más que los de Techint. Si se restan los de las Fuerzas Armadas y seguridad, el aumento es del 3%, unos 10.000 en tres años, casi los que tienen Mercado Libre o Arcor en la Argentina.
Son incorporaciones que se hacen en simultáneo con un programa oficial que, desde de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, se propone regularizar la situación de quienes tengan más de 5 años (profesionales) o 10 (no profesionales). Hasta ahora, dicen en despachos oficiales, han pasado 11.000 a planta, pero quedan otros 37.000 en condición irregular.
La iniciativa contrasta con un contexto de deterioro generalizado del mercado laboral, flexibilizado casi de hecho, y con la economía estancada. Según un informe de la consultora Idesa sobre datos del Ministerio de Trabajo, entre 2012 y 2022 lo único que creció fue el empleo de mala calidad: mientras que el privado lo hacía en apenas 4% –pasó de 6,1 millones a 6,3 millones de personas–, el público subió 35%, de 2,5 millones a 3,4 millones de ocupados.
Apenas asumió, y en sintonía con un plan de ajuste que exige el FMI y que lleva 11 meses consecutivos de caída en el gasto real, Massa ordenó congelar las incorporaciones. Pero los números del Indec y algunas designaciones recientes en el Boletín Oficial indican que la intención no se estaría cumpliendo del todo, incluso en dependencias afines al Frente Renovador. Según el organismo había hasta mayo, último dato disponible, 342.311 empleados de la Administración Pública Nacional, 1,6% o 5399 trabajadores más que en abril. Ese aumento en apenas un mes equivale a toda la plantilla de Toyota en el país.
Consultados, en el Indec hicieron una advertencia al respecto. Si bien los 5399 son reales, al aumento contribuyó el aporte de la empresa Belgrano Cargas, que no había sido incluida en el informe de abril. Para hacer una comparación válida, entonces, corresponde restar las sociedades anónimas y hacerlo solo con los empleados de la Administración Pública Nacional, que pasaron de 230.832 en abril a 231.890 en mayo. Es decir, 1058 más (0,5%).
Si de todos modos se incluye a los otros entes, se observa que entre las áreas menos obedientes está la AFIP, que conduce Carlos Castagneto y donde tiene gran influencia Guillermo Michel, con 820 altas solo en mayo, 1379 desde que asumió Massa y 2112 en un año. Y en AySA, que preside Malena Galmarini, hubo 23 en mayo y 91 desde que juró su marido como ministro. Hay otros organismos que hicieron también un gran aporte: Migraciones, 44 (235 con Massa); Senasa, 75 (326 con Massa); Anmat, 30 (76 con Massa), y Conicet, 63 (150 con Massa), entre otros.
No todas estas designaciones son de planta permanente. Para saberlo hay que seguir las publicaciones que hace el Boletín Oficial y que han llamado últimamente la atención de economistas como Nicolás Gadano, que las replica en Twitter. Así, por ejemplo, el 29 junio, mediante la resolución 808, se aprobó el Plan de Acción & Presupuesto 2023 de la empresa estatal Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, que incluye ingresos por $10.312 millones, de los cuales $10.072 millones son aportes del Tesoro, y un aumento del personal de 104 empleados. La empresa, que acaba de pasar entonces de 1225 a 1329 personas sin que esto se aparezca todavía en el relevamiento del Indec, pertenece a Trenes Argentinos, el empleador más grande del país: con más de 30.000 trabajadores, supera a cualquier privado.
En la Jefatura de Gabinete, desde donde salen los llamados a concurso, niegan que se esté aumentando la planta de manera significativa y agregan que todos los regularizados son contratos anteriores a la administración de Alberto Fernández. La discusión vuelve sin embargo a caer en medio de la campaña y promete intensificarse. El 3 de este mes, mediante la resolución 272, la Jefatura de Gabinete llamó a cubrir 52 cargos de la planta permanente del Instituto de Vitivinicultura y, al día siguiente, a través de otras dos resoluciones, convocó para 484 puestos del Ministerio de Trabajo.
Entre los argumentos hay un párrafo que se repite, calcado, en todas las designaciones: el objetivo es dotar a la respectiva dependencia de “personal idóneo mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia”.
En el Gobierno esperan terminar de regularizar lo que falta. El 13 de julio, la Jefatura de Gabinete abrió 197 cargos para sí misma. Dos semanas antes había convocado a otros 205. El 28 de junio, a 80 para la Superintendencia de Seguros. Y el 21 de junio, a 81 para el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que conduce Santiago Manggiotti. Ya venía a buen ritmo: el 14 de junio había sumado 954 nuevos para la cartera de Desarrollo Social, que encabeza Victoria Tolosa Paz.
Es inevitable que estas decisiones provoquen discusiones. Porque muchas veces apuntan a congraciarse con UPCN y ATE o militantes del Gobierno y porque, desde una óptica cualitativa, la ley que regula el empleo de la Administración Pública Nacional otorga muchos más beneficios que los que tiene el sector privado. En realidad, ya el hecho de trabajar para el Estado le da al empleado un estatus laboral distinto. Lo expone, por ejemplo, un decreto de 1979, todavía vigente y refrendado hace pocos días, que en el artículo 14 inciso F los faculta incluso a ausentarse dos días por mes, con un máximo de seis por año, sin justificación alguna, “por motivos personales”. Es un derecho adquirido.
La derrota del peronismo en Santa Fe por más de 34 puntos frente a la versión local de Juntos por el Cambio fue un baño de realidad muy frío para Unión por la Patria. En el comando de campaña de Sergio Massa rápidamente salieron a desnacionalizar los resultados y a negar la sorpresa. “Fue lógico, la elección nacional va a ser diferente”, fue el mensaje que transmitieron. Pero detrás de las primeras reacciones minimizando el suceso, en distintas terminales oficialistas hubo un acuse de recibo de lo difícil que será esta elección. La unidad de todo el espacio detrás de un candidato presidencial competitivo parece ser insuficiente ante el escenario político actual.
“De cierto orden y una ventana de oportunidad que veíamos pasamos a un ‘qué mal que estamos’”, reconoció un colaborador de la campaña. “La diferencia en Santa Fe es lo que sorprende. Más que cansancio, se vio ahí un hartazgo hacia el peronismo”, agregó.
Según pudo saber la nacion, en el búnker de campaña circuló en la previa a la elección santafesina una proyección que hablaba de 44 puntos para Unidos para Cambiar Santa Fe (el espacio de Juntos por el Cambio) y de 33 puntos para Frente Juntos Avancemos (como se bautizó allí el frente peronista). “En el peor de los casos creíamos que perdíamos por 20 puntos”, comentó un colaborador del kirchnerismo. Finalmente la elección salió 63,05% a 27,93%, mucho peor que las proyecciones menos optimistas que manejaban en el peronismo.
“Dato mata relato, fue un palazo”, reconoció el asesor de uno de los candidatos más relevantes de Unión por la Patria.
Reacciones
Cerca de Massa, no obstante, enfatizan que no se puede extrapolar la elección de Santa Fe a la contienda nacional. “Fue una elección local con un gobierno provincial –el de Omar Perotti– que no dio las respuestas esperadas. No estaba nacionalizado y Massa tiene buena llegada a la zona núcleo. La nacional va a ser diferente”, alegan.
Pese a la negación del fenómeno en Santa Fe, en el arranque de esta semana hubo algunas reacciones. Cristina Kirchner, por caso, decidió el lunes mismo participar del acto que estaba pautado por la inauguración de un simulador de Aerolíneas Argentinas a 15 años de la nacionalización de la línea de bandera. Y Massa –sin despegarse del kirchnerismo– comenzó a buscar un voto más de centro al resucitar un viejo caballito de sus batallas electorales, el tema de la seguridad. “Salud y seguridad son todo, porque en definitiva son la vida”, dijo hoy en Merlo y recordó que en Tigre logró bajar el delito en un “90%”.
Además, se puso en práctica uno de los lineamientos de campaña que se definieron en las primeras reuniones en el flamante búnker de Unión por la Patria en Bartolomé Mitre 363: subir al ring a Javier Milei. El peronismo necesita que el líder libertario siga con vitalidad para dividir el voto opositor y sostener un escenario de “tres tercios” que le permita al peronismo colarse en el ballottage, un escenario que está en duda.
No sorprenderá escuchar a los “voceros” políticos (candidatos, funcionarios, voces económicas) hablar de “defender la patria” de las ideas que propone Milei. “Nosotros defendemos el futuro, con Milei vamos a retroceder”, es parte del mensaje que buscan transmitir. Así lo hizo ayer el ministro de Transporte, Diego Giuliano, un hombre del Frente Renovador, cuando criticó al líder de La Libertad Avanza y dijo que el suyo “es un concepto antiguo”.
“Su proyecto de país es la dolarización, las privatizaciones y arancelar la educación pública y la salud pública”, agregó.
La elección santafesina, además, instaló con fuerza el fantasma de la baja participación en los comicios (en la provincia lo hizo menos del 65% del padrón), con impacto en el votante peronista. “Nos vamos a pegar un palo con la participación en las PASO”, reconoció un colaborador del kirchnerismo.
Los “desilusionados”
En Unión por la Patria tienen en claro que una de las pocas “peceras” que tienen para buscar el voto es la de los desencantados con el Gobierno. Un colaborador de campaña apuntó: “Hay un nivel muy alto de ausentismo y se cree que ahí se puede ir a cosechar un voto peronista mediante la movilización de la militancia. Pero preocupan los síntomas de voto castigo”. Hoy Massa fue explícito en medio de su raid por el conurbano. “Busquen a los que se desilusionaron. Díganles que cometimos errores y que les pedimos disculpas, tenemos la valentía de encarar lo que viene con la unión de los argentinos”, dijo.
Pese a los esfuerzos que hacen en el comando de campaña por fijar los lineamientos estratégicos, pulir los mensajes proselitistas y sostener la unidad del peronismo detrás de Massa, lo cierto es que el oficialismo está en un laberinto difícil de sortear, con un candidato que es a su vez un ministro de Economía encorsetado por el FMI, un presidente que no aparece en campaña por su mala imagen y una articulación del discurso todavía muy dificultosa por la alianza de Massa con el kirchnerismo, cuyas figuras constantemente traen el recuerdo melancólico del período 2003-2015.
Ya son varios los colaboradores del espacio que comienzan a decir que la etapa de fidelización del voto K ya pasó y que hay que reconquistar el voto del peronista moderado que puede identificarse con Massa.
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Pese a estar “congelado”, volvió a subir el empleo público
CAMPAÑA. Son más de 1000 solo en mayo; Massa había prometido no sumar
Solo en mayo, según los últimos datos del Indec, se sumaron al menos 1058 empleados a la planta de la administración pública. Al aumento le faltan las incorporaciones de junio y julio, y los trabajadores de las empresas estatales, que anticipan nuevas expansiones de personal, todo a pesar de que el ministro de Economía, Sergio Massa, había ordenado, no bien asumió, congelar la cantidad de empleados públicos, “salvo casos excepcionales”.
Pero en la Argentina lo excepcional puede ser la norma, y más en tiempos de campaña y cuando una administración empieza a despedirse. Un clásico que ya se vio en 2015: el gobierno se va y, sobre la culminación del mandato, abarrota el próximo con nuevas designaciones o pasando a la condición de permanentes contratos que ya existen hace tiempo y se renuevan todos los años.
Una siembra persistente que suele ser la parte de la herencia que los funcionarios que suceden no ven hasta que se sientan en sus despachos: empleados sobre los que no siempre se sabe qué función cumplen y que, en el peor de los casos, si son militantes, podrán incluso trabar muchas de las próximas decisiones si no están de acuerdo. Tiempo atrás, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, que conduce Matías Lammens, se quejaban de haber tenido que contratar agentes externos porque el personal disponible no estaba en condiciones de instrumentar el Previaje.
Es una trampa difícil de desactivar porque la planta permanente tiene una estabilidad laboral superior al resto de los sectores: está garantizada por el artículo 8 de la ley marco de regulación del empleo público nacional y, desde 2007, por un fallo de la Corte Suprema sobre el caso Madorrán.
Según datos de la Jefatura de Gabinete, hay en la Argentina alrededor de 3,4 millones de empleados públicos si se cuentan los que trabajan para provincias y municipios. La cifra se ubica en 383.000, lo que se conoce como Administración Pública Nacional, que incluye Fuerzas Armadas y de seguridad y entes y empresas públicas. Ese universo subió desde que asumió Alberto Fernández 6%, es decir, en alrededor de 20.000 empleados. Es el equivalente a la cantidad de trabajadores del grupo Cencosud y bastante más que los de Techint. Si se restan los de las Fuerzas Armadas y seguridad, el aumento es del 3%, unos 10.000 en tres años, casi los que tienen Mercado Libre o Arcor en la Argentina.
Son incorporaciones que se hacen en simultáneo con un programa oficial que, desde de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, se propone regularizar la situación de quienes tengan más de 5 años (profesionales) o 10 (no profesionales). Hasta ahora, dicen en despachos oficiales, han pasado 11.000 a planta, pero quedan otros 37.000 en condición irregular.
La iniciativa contrasta con un contexto de deterioro generalizado del mercado laboral, flexibilizado casi de hecho, y con la economía estancada. Según un informe de la consultora Idesa sobre datos del Ministerio de Trabajo, entre 2012 y 2022 lo único que creció fue el empleo de mala calidad: mientras que el privado lo hacía en apenas 4% –pasó de 6,1 millones a 6,3 millones de personas–, el público subió 35%, de 2,5 millones a 3,4 millones de ocupados.
Apenas asumió, y en sintonía con un plan de ajuste que exige el FMI y que lleva 11 meses consecutivos de caída en el gasto real, Massa ordenó congelar las incorporaciones. Pero los números del Indec y algunas designaciones recientes en el Boletín Oficial indican que la intención no se estaría cumpliendo del todo, incluso en dependencias afines al Frente Renovador. Según el organismo había hasta mayo, último dato disponible, 342.311 empleados de la Administración Pública Nacional, 1,6% o 5399 trabajadores más que en abril. Ese aumento en apenas un mes equivale a toda la plantilla de Toyota en el país.
Consultados, en el Indec hicieron una advertencia al respecto. Si bien los 5399 son reales, al aumento contribuyó el aporte de la empresa Belgrano Cargas, que no había sido incluida en el informe de abril. Para hacer una comparación válida, entonces, corresponde restar las sociedades anónimas y hacerlo solo con los empleados de la Administración Pública Nacional, que pasaron de 230.832 en abril a 231.890 en mayo. Es decir, 1058 más (0,5%).
Si de todos modos se incluye a los otros entes, se observa que entre las áreas menos obedientes está la AFIP, que conduce Carlos Castagneto y donde tiene gran influencia Guillermo Michel, con 820 altas solo en mayo, 1379 desde que asumió Massa y 2112 en un año. Y en AySA, que preside Malena Galmarini, hubo 23 en mayo y 91 desde que juró su marido como ministro. Hay otros organismos que hicieron también un gran aporte: Migraciones, 44 (235 con Massa); Senasa, 75 (326 con Massa); Anmat, 30 (76 con Massa), y Conicet, 63 (150 con Massa), entre otros.
No todas estas designaciones son de planta permanente. Para saberlo hay que seguir las publicaciones que hace el Boletín Oficial y que han llamado últimamente la atención de economistas como Nicolás Gadano, que las replica en Twitter. Así, por ejemplo, el 29 junio, mediante la resolución 808, se aprobó el Plan de Acción & Presupuesto 2023 de la empresa estatal Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, que incluye ingresos por $10.312 millones, de los cuales $10.072 millones son aportes del Tesoro, y un aumento del personal de 104 empleados. La empresa, que acaba de pasar entonces de 1225 a 1329 personas sin que esto se aparezca todavía en el relevamiento del Indec, pertenece a Trenes Argentinos, el empleador más grande del país: con más de 30.000 trabajadores, supera a cualquier privado.
En la Jefatura de Gabinete, desde donde salen los llamados a concurso, niegan que se esté aumentando la planta de manera significativa y agregan que todos los regularizados son contratos anteriores a la administración de Alberto Fernández. La discusión vuelve sin embargo a caer en medio de la campaña y promete intensificarse. El 3 de este mes, mediante la resolución 272, la Jefatura de Gabinete llamó a cubrir 52 cargos de la planta permanente del Instituto de Vitivinicultura y, al día siguiente, a través de otras dos resoluciones, convocó para 484 puestos del Ministerio de Trabajo.
Entre los argumentos hay un párrafo que se repite, calcado, en todas las designaciones: el objetivo es dotar a la respectiva dependencia de “personal idóneo mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia”.
En el Gobierno esperan terminar de regularizar lo que falta. El 13 de julio, la Jefatura de Gabinete abrió 197 cargos para sí misma. Dos semanas antes había convocado a otros 205. El 28 de junio, a 80 para la Superintendencia de Seguros. Y el 21 de junio, a 81 para el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que conduce Santiago Manggiotti. Ya venía a buen ritmo: el 14 de junio había sumado 954 nuevos para la cartera de Desarrollo Social, que encabeza Victoria Tolosa Paz.
Es inevitable que estas decisiones provoquen discusiones. Porque muchas veces apuntan a congraciarse con UPCN y ATE o militantes del Gobierno y porque, desde una óptica cualitativa, la ley que regula el empleo de la Administración Pública Nacional otorga muchos más beneficios que los que tiene el sector privado. En realidad, ya el hecho de trabajar para el Estado le da al empleado un estatus laboral distinto. Lo expone, por ejemplo, un decreto de 1979, todavía vigente y refrendado hace pocos días, que en el artículo 14 inciso F los faculta incluso a ausentarse dos días por mes, con un máximo de seis por año, sin justificación alguna, “por motivos personales”. Es un derecho adquirido.
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