ADN DEL CRIMEN Y REFUERZO

Los secretos que el comisario quiso borrar del ciberespacio
Para la Justicia, Francisco Centurión intentó eliminar de la “nube” comunicaciones con su hijo y su sobrino, acusados de matar a Lautaro Morello en Florencio Varela
Gustavo CarabajalEl comisario mayor Francisco Centurión, al ser detenido
Cuando los efectivos de la Policía Federal detuvieron al comisario mayor Francisco Centurión le pidieron que revelara las claves de tres teléfonos que llevaba. Pero el oficial superior de la fuerza de seguridad bonaerense se negó a entregar las combinaciones de esos celulares. Entonces, los responsables de la investigación por la desaparición de Lucas Escalante y el homicidio de Lautaro Morello decidieron convocar a técnicos del Ministerio Público provincial para poder desbloquear los tres aparatos y tratar de recuperar la información que el jefe policial habría borrado. Se trata de registros de llamados telefónicos con su hijo, su sobrino y otros jefes policiales de la fuerza de seguridad bonaerense.
Según fuentes de la investigación, el comisario mayor utilizó motores de búsqueda en internet con una pregunta: “¿Cómo borrar los mensajes de la nube?”. Cuando los efectivos de la Policía Federal irrumpieron en la quinta de Florencio Varela, Centurión intentó escapar a pie. Pero una mujer policía disparó un balazo que pegó en el piso, rebotó y rozó el tobillo del jefe policial.
Mientras un grupo de paramédicos atendían a Centurión, los efectivos de la Policía Federal revisaron la quinta y hallaron tres cajas fuertes portátiles. Ayer, un grupo de técnicos del Ministerio Público abrió los cofres, pero no había nada. Al día siguiente del arresto, los detectives de la Policía Federal allanaron dos calabozos de las cárceles de Florencio Varela y Magdalena, donde están presos Maximiliano y Cristian Centurión, sobrino e hijo, respectivamente, del comisario mayor.
Durante los operativos, los policías secuestraron tres celulares que tenían en su poder Cristian y Maximiliano Centurión y que usaban para comunicarse con el jefe policial. El hijo y el sobrino de Centurión están presos y procesados con prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el homicidio de Lautaro.
Centurión fue apresado el lunes pasado por un grupo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, luego que los detectives se enterasen de la existencia de un plan de fuga pergeñado por el comisario mayor y decidieron detenerlo antes de que pudiera huir rumbo a Bolivia, donde buscaría cambiar de identidad. En el momento de ser detenido, llevaba US$15.000 repartidos en dos billeteras. Tenía su pasaporte y los celulares consignados.
Supervisados por el fiscal de Berazategui Daniel Ichazo, los detectives de la Policía Federal comenzaron a vigilar los movimientos de Centurión. Pero el dato que indicaba que planeaba huir a Bolivia precipitó la decisión de cortar la fuga y ordenar su detención.
Al convocarlo para que declare como acusado, el fiscal Ichazo le describió a Centurión el delito por el que fue imputado: “Sustracción de caudales públicos, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por haber sido sometida con violencia”. Dicha calificación penal tiene una expectativa de condena de hasta 16 años de cárcel.
“El 10 de diciembre pasado, a las 20, Francisco Centurión, con el concurso de, al menos, Maximiliano y Cristian Centurión, en el interior del domicilio, situada en la calle 1... n° 6..., de La Capilla, ejerciendo violencia, privaron de su libertad personal a Lucas Escalante, quien había llegado al lugar junto con Lautaro Morello, con el fin de retirar vales de nafta, que le serían obsequiados por Cristian Centurión. En esas circunstancias se produjo el homicidio de Lautaro, supuestamente concretado por Cristian y Maximiliano Centurión”, se indicó en la imputación contra el jefe policial.
Para la Justicia, el comisario mayor Centurión no estaba en la quinta de La Capilla cuando, presuntamente, Cristian y Maximiliano Centurión mataron a Lautaro. El jefe policial estaba en San Antonio de Padua en el momento del crimen. Habría llegado horas después a la casa y habría participado en la desaparición de Lucas.
En ese momento, el comisario mayor Centurión se desempeñaba como jefe de la División Enlace con Interpol, de la policía bonaerense. Mientras que, algunos años antes, había sido jefe de la Dirección de Lucha contra el narcotráfico, de Lomas de Zamora y de Quilmes.
Lautaro Morello y Lucas Escalante fueron vistos con vida por última vez el 9 de diciembre pasado, minutos después de las 21, en Florencio Varela, cuando fueron a festejar el triunfo del seleccionado argentino de fútbol contra el equipo de Países Bajos, por el Mundial de Qatar.
Durante los quince días posteriores a la desaparición de Lucas y el homicidio de Lautaro, los autores del crimen mandaron mensajes a los investigadores judiciales y a sectores dentro de la policía bonaerense vinculados con la venta de autos robados.
Para mandar esos mensajes, los asesinos plantaron cadáveres en distintos lugares del conurbano. Los cinco cuerpos están unidos por un hilo conductor que termina en un grupo de policías bonaerenses corruptos presuntamente relacionados con el robo de automóviles y la venta de drogas.
El lugar equivocado
Se sabe, hasta el momento, que Lautaro estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y con la gente equivocada.
Su cuerpo fue encontrado quemado el 16 de diciembre, en la zona conformada por el límite entre los partidos de Florencio Varela, La Plata y Presidente Perón. Lucas, en cambio, sigue desaparecido y el Ministerio de Seguridad de la nación ofreció una recompensa de $5.000.000 para quien aporte datos que permitan dar con su paradero.
Al día siguiente de la radicación de la denuncia por averiguación de paradero de ambos jóvenes, el BMW 135 cupé de Lucas fue hallado quemado en la banquina de la mano que va a la ruta 6, a siete kilómetros de la quinta del jefe policial, el último lugar donde Lucas y Lautaro fueron vistos con vida, cuando preguntaban por la “casa del comisario”.
Dos días después de las desapariciones de Lucas y Lautaro un vecino de Guernica, partido de Presidente Perón, alertó a la policía sobre el hallazgo de una camioneta Citroën Berlingo. Cuando los policías revisaron el vehículo hallaron dos cuerpos incinerados e irreconocibles.
Los peritajes determinaron que los cuerpos correspondían a Diego Segura y Silvio Vitullo, cuya desaparición en Burzaco había sido denunciada 24 horas después de la presentación del pedido de averiguación de paradero por Lucas y Lautaro.
Segura y Vitullo eran mecánicos. Uno de ellos fue reconocido por los brackets. Ambos cadáveres fueron hallados en una camioneta Citroën Berlingo patente OBL-040, que tenía pedido de secuestro porque había sido robada el 16 de abril de este año en la localidad de Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza.
Aunque el cuarto cadáver fue encontrado a 60 kilómetros de la zona donde fueron abandonados los cuerpos de Lautaro, Vitullo y Segura, ese hilo rojo que une a los tres casos resulta macabro y sorprendente.
El mensaje de los cadáveres
El 15 de diciembre pasado, los operarios de las topadoras que apilaban la basura en el predio de la Ceamse, en José León Suárez, hallaron un cadáver entre la montaña de residuos.
Se trataba de un hombre, de 27 años, que presentaba varios huesos rotos. El cuerpo estaba deformado debido a que había sido comprimido por la compactadora del camión recolector de residuos que lo llevó hasta el predio. Para identificarlo, los peritos en criminalística y los forenses tuvieron que trabajar durante cuatro días. Uno de los técnicos obtuvo una huella digital que pudo ser comparada con la base de datos del sistema AFIS.
Con ese estudio comparativo los investigadores determinaron que el cuerpo correspondería a José Alexis Bordón, de 27 años, alias Tornillo. Los responsables de la pesquisa establecieron que Bordón vivía en Villa Vatteone, un barrio de Florencio Varela. Era vecino de Maximiliano Centurión y tenía antecedentes por tráfico de drogas.
El círculo macabro de cadáveres abandonados se completó con el hallazgo del quinto cuerpo, el 24 de diciembre pasado. Dentro de una bolsa de polietileno que estaba abierta, un vecino de Brandsen encontró un cuerpo parcialmente esqueletizado y desmembrado en el que todavía se observaban tejidos blandos.
Ese cadáver fue hallado en el mismo lugar que, 24 horas antes, había sido rastrillado por 300 efectivos de la policía bonaerense que llegaron a Brandsen en busca de algún rastro de Lucas. Allí, el 12 de diciembre había sido activado el celular de Lautaro. Durante 15 segundos, una antena de telefonía celular de Brandsen captó la señal del teléfono de la víctima.
Hasta el momento, no hay nadie detenido por los homicidios de los mecánicos y tampoco se pudo determinar la identidad del quinto cuerpo. Ambas investigaciones están radicadas en una fiscalía, de La Plata, que no avanzó con los expedientes.
El expediente por la investigación del homicidio de Lautaro y la desaparición de Lucas tiene 28 cuerpos y cuatro detenidos, tres de ellos se desempeñaban en la policía bonaerense. En tanto, los familiares de Lautaro y el abogado que los representa, Carlos Diéguez, reciben amenazas constantemente.
Los efectivos de la Policía Federal hallaron US$15.000 en poder del comisario mayor Centurión, que planeaba huir a Bolivia
Para la Justicia, ese oficial superior de la policía bonaerense no participó en el homicidio, pero habría sido responsable de la privación ilegal de la libertad de Lucas Escalante, junto con su hijo y su sobrino

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Emergencia en seguridad. Suman 27 fiscales para frenar la violencia criminal que gira alrededor de los vendedores minoristas de drogas
El Ministerio Público Fiscal contará solo en Rosario con 15 nuevos representantes que
Germán de los Santos
Peritos trabajan casi en forma constante en escenas de crímenes en Rosario y sus alrededores
La Justicia Federal de la provincia de Santa Fe sumará, a partir del 1° de agosto, un total de 27 fiscales federales que provisoriamente ocuparán cargos que fueron creados en el marco de la ley de fortalecimiento de la Justicia penal sancionada el pasado 3 de mayo en el Congreso de la Nación.
La medida fue resuelta mediante la resolución 150/23 que lleva la firma del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que dispuso cubrir momentáneamente, con funcionarios actuales, las vacantes de los cargos de fiscales que fueron creados para robustecer las Fiscalías de Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista.
La resolución además designó fiscales para ocupar los cargos de los organismos especializados en lucha contra el narcotráfico, como lo es la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En cuanto a la distribución, la mayor parte fueron designados a la ciudad de Rosario, que sumará 15 fiscales; en segundo lugar, Santa Fe, con siete nuevas posiciones en el Ministerio Público; y el resto se distribuirán en el resto de las localidades más pequeñas.
La implementación de la llamada ley de fortalecimiento de la justicia federal había quedado supeditada al otorgamiento del crédito presupuestario, señalaron desde la Procuración General de la Nación. Así, el 1° de junio pasado, la Jefatura de Gabinete dispuso, mediante resolución N°435/23, la ampliación del presupuesto que incluyó estos cargos.
La decisión del Procurador general de la Nación interino se inscribe dentro del conjunto de acciones que se vienen ejecutando para el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Ello, a fin de lograr condiciones propicias para la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, conforme lo estableció la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Federal de la Nación por Resoluciones Nº2/19 y N°1/20.
Guille Cantero, líder de Los Monos, la mayor banda narcocriminal de Rosario
Según informó el Ministerio Público Fiscal, los fiscales designados “pueden desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantías, revisión, de juicio y ejecución del distrito correspondiente a la ciudad donde estén asentados”.
Y, además, se dispuso “la puesta en funcionamiento, a partir del 15 de agosto, de la sede fiscal descentralizada de la ciudad de San Lorenzo, a fin de concretar la decisión legislativa de otorgarle autonomía jurisdiccional a ese departamento. Ello, para posibilitar la intervención -de modo más directo- en las políticas de seguridad locales que tienen impacto a nivel federal, con una presencia concreta en la comunidad a la que se dirige, lo que facilita el acceso de las víctimas y la inmediación con los testigos, al tiempo que favorece el desarrollo de líneas de investigación que requieren conocimiento del territorio”.
Desde el año pasado, todos los sectores políticos de Santa Fe se encolumnaron detrás de la sanción de la llamada ley de fortalecimiento de la justicia federal. Fruto de la sanción de esa norma es el nombramiento de los nuevos fiscales interinos.
En Santa Fe, la escasa estructura de la Justicia Federal resulta un gran obstáculo para investigar los delitos cometidos por las bandas narco criminales que operan en la provincia, la cual supera ampliamente a otras jurisdicciones en materia de causas por estupefacientes.
Inhibidores en las cárceles
Después de más de dos años de haber iniciado la licitación, el gobierno de Santa Fe anunció esta semana que se pondrá en marcha en la cárcel de Piñero un sistema de inhibición de señal de celular, con el que buscan evitar que los reclusos continúen utilizando smartphone dentro de los pabellones, con los que dan órdenes para cometer delitos.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, dijo que el sistema fue desarrollado por Invap y posee tecnología proveniente de Israel.
“El sistema anterior era obsoleto, no por el sistema en sí, sino por las nuevas tecnologías que son incorporadas en materia de comunicación. Entonces, cumpliendo directivas expresas del gobernador Omar Perotti en la lucha sin cuartel que tenemos contra la delincuencia, ya desde hace un año y medio estamos con esta gestión de incorporar un sistema de inhibición que esté acorde a las nuevas tecnologías”, explicó el ministro.
La unidad penal N° 11 de Piñero, a 20 kilómetros de Rosario
“Estamos hablando de una erogación cercana al millón de dólares para incorporar esta tecnología que nos permite ya pasar a la etapa de prueba, e iniciar con una fase uno, que es la inhibición total en el interior de la cárcel. Hemos empezado con Piñero, pero obviamente vamos a seguir con Las Flores, Coronda y las otras cárceles de Rosario y todo el ámbito de la provincia”.
Recordó que a esta nueva tecnología se suman los scanners corporales y arcos detectores de metales, y que la misma respeta los derechos de los detenidos: “Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar”.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA