AL MARGEN DE LA SEMANA Y RECAUDACIÓN

El disparate de pretender que la inflación es inocua
nestorscibona@gmail.com Néstor O. Scibona
La altísima inflación interanual de tres dígitos que padece la Argentina y la ubica en el tercer puesto en el ranking mundial detrás de Venezuela y Líbano es el mayor exponente del negacionismo serial del languideciente gobierno del Frente de Todos.
De ahí que el ministro-candidato Sergio Massa no solo dejó hace meses de mencionarla públicamente, sino que actúa con la disparatada pretensión de hacer creer que sería inocua y como si se pudiera convivir con ella sin provocar enormes daños económicos y sociales.
Su táctica de campaña, al más puro estilo kirchnerista, consiste en tratar de atenuar los efectos de la inflación y disimularlos con parches transitorios, aunque simultáneamente fogonea sus causas, que atribuye a culpas ajenas. Por lo general, a “cuatro vivos” que nunca son identificados. Todo con tal de llegar a las PASO sin desbordes inmanejables, pese a la ampliación de la brecha cambiaria a casi 100% y al crítico escenario de reservas netas del Banco Central, negativas en unos US$7000 millones.
Aunque el Gobierno se autodefine nacional y popular y su eslogan es “primero la gente”, ningún funcionario admite que la inflación provoca estragos en los ingresos reales de los trabajadores –principalmente los informales– y los jubilados, ni mucho menos en la pobreza, que ya afecta a más del 43% de la población. Tampoco nadie dice que desde 2011 los salarios formales del sector privado acumulan un retroceso real de 22,7% y los informales de nada menos que de 41%, según cálculos del Estudio Broda. En este período de estanflación y con la aceleración de los precios de los últimos cinco años, hubo caídas de -16% en el PBI y de -8% en el consumo (ambos medidos per cápita), a la vez que se incrementó la tasa de pobreza en 18 puntos porcentuales.
No obstante, Massa se presentó esta semana ante la cúpula de la CGT, integrada por dirigentes que llevan décadas en sus cargos, como el futuro “presidente de los trabajadores” y les pidió que salgan a buscar votos para Unión por la Patria (UP) en fábricas, oficinas y comercios. Salvando las distancias, el acto político se asemejó al “Gracias, Isabel” (Perón) de 1975 cuando, después del shock del Rodrigazo, los sindicalistas de entonces ponderaron un ajuste salarial muy inferior a la inflación. No debe extrañar, si se repara que en los casi cuatro años de gobierno del FDT y, a diferencia de otras épocas, la central obrera no promovió paro general alguno; ni siquiera ahora con la inflación por encima de 100% anual. Si bien el precandidato reconoció –sin hacer números– la caída del salario real, defendió como “salario indirecto” los subsidios que paga el Estado. Obviamente, a costa de una emisión inflacionaria de pesos cuyos efectos recaen sobre el conjunto de la población.
Del mismo modo, exalta medidas de efectos efímeros para estimular el consumo, como los bonos mensuales de suma fija para las jubilaciones mínimas. En este caso, un informe del economista Nadin Argañaraz señala que, aun con esos bonos extras, el poder adquisitivo sufrió en los cinco primeros meses de este año un deterioro de -4,5% real con respecto al mismo período de 2022 y, sin ellos, hubiera registrado una caída de -14%. De ahí que el ministro y la titular de la Anses lanzaron este mes la línea de créditos a tasa fija subsidiada de 29% anual en hasta 48 cuotas por un monto de hasta $400.000, que resulta 20 veces más bajo que la doble jubilación de privilegio percibida mensualmente por Cristina Kirchner. Estos préstamos surgen de los excedentes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que en marzo fue obligada por DNU a vender el 70% de sus bonos pagaderos en dólares para suscribir un nuevo título del Tesoro en pesos (Bono en Moneda Dual, ajustado por inflación o tipo de cambio oficial) con vencimiento en 2036. El objetivo es financiar el déficit fiscal, dentro de un círculo vicioso que se retroalimenta mes a mes y donde el Estado es al mismo tiempo el mayor deudor y acreedor del sector público.
Con el mismo fin, la AFIP acaba de instrumentar un pago a cuenta extraordinario del 15% del impuesto a las ganancias para los contribuyentes que hayan informado un resultado impositivo igual o superior a $600 millones –sin aplicar la deducción de quebrantos– o no hayan determinado impuesto en 2022 o 2023, que deberá ser abonado en tres cuotas iguales y consecutivas.
La inflación de tres dígitos también deterioró el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) que, tras el ajuste de casi 20% en julio, pasó de $88.000 a $105.500 mensuales. Este valor es similar al de la línea de indigencia para una familia tipo y al costo de crianza de un bebé de menos de un año ($103.635) según el nuevo indicador del Indec. Otro tanto ocurre con las becas Progresar para estudiantes, que a pesar de un aumento algo superior a 50% tendrán un exiguo monto de $20.000 por mes.
Incluso el nuevo billete de $2000, que entró en circulación a fines de junio, ya sufrió una fuerte desvalorización de su poder adquisitivo. A pesar de ser el de mayor denominación, cuando el BCRA autorizó su emisión en febrero equivalía a US$5,80 (con el dólar paralelo a $346) y ayer se redujo a US$3,78. O sea que en cinco meses perdió 35% de su valor en dólares. Para más datos, cuando se lanzó el billete de $1000 en diciembre de 2017 equivalía a US$57 (con el dólar libre a $17,45).
Con la alta inflación de estos meses y aunque todavía escasea en los un billete de $2000 permite ahora comprar, por ejemplo, algo menos de un kilo de café molido o de helado artesanal. Y, con suerte, un kilo y cuarto de asado; o dos kilos y medio de pan francés; o una docena de facturas; o dos docenas y media de huevos; o 400 gramos de queso de rallar. La letra “o” indica que solo puede optarse por uno de esos productos de consumo masivo.
Por otro lado, Massa suele resaltar que en los últimos meses se batieron récords de ingreso de turistas extranjeros en la Argentina. Pero quien revise las estadísticas del Indec podrá advertir que en mayo (último dato disponible) algo más del 75% provino de países limítrofes, específicamente desde Chile (25,4%), Uruguay (24,7%), Brasil (17,6%) y Paraguay (8%). Además, 302.000 turistas (sobre un total de 483.600) ingresaron por vía terrestre o fluvial, lo cual indica que se trató de viajeros en tours de compras para aprovechar precios muy bajos en dólares debido al atraso cambiario frente a la inflación, que el Gobierno se empeña en desconocer o disimular a través de múltiples tipos de cambio sectoriales o discrecionales, mientras lanza supuestos operativos policiales en “cuevas” del microcentro que terminan por impulsar al dólar blue.
A esta reedición del “deme dos” a la inversa, multiplicada por la capacidad física de llevarse productos a sus países de origen en valijas, baúles de autos y cajas de pickups, se suma el contrabando hormiga de residentes argentinos. A tal punto que en la ciudad formoseña de Clorinda acaba de ser descubierto un peligroso depósito clandestino de combustibles para vender nafta a Paraguay en bidones de 5 litros.

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El Gobierno exigirá un nuevo anticipo de Ganancias a empresas
La AFIP estima que podría sumar unos $110.000 millones extras

Melisa Reinhold
Los gastos que afronta el sector público son mayores a los ingresos que genera, lo que provocó que en el primer semestre del año el déficit primario fuera de casi dos billones de pesos. Por eso, con el objetivo de apuntalar la recaudación para lo que resta del año, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó ayer que las empresas que tengan una ganancia igual o superior a los $600 millones deberán pagar un anticipo del impuesto a las ganancias, aun cuando hayan presentado quebrantos (pérdidas) los años anteriores.
Así lo exigió la administración tributaria a través de la resolución 5391/2023 publicada ayer en el Boletín Oficial. Esta medida afecta a aquellas compañías que no habían pagado el impuesto a las ganancias en su última declaración jurada porque, si bien tuvieron una rentabilidad positiva, descontaron de la misma los quebrantos de los ejercicios anteriores. Se verían alcanzadas 193 compañías y el fisco espera recaudar $110.000 millones, según confirmaron fuentes.
Un quebranto es el resultado negativo de un ejercicio. En otras palabras, significa que la empresa perdió dinero. En estos casos, la ley del impuesto a las ganancias les permite a los contribuyentes descontar ese rojo de los resultados positivos en los siguientes cinco ejercicios.
“Por ejemplo, una empresa puede haber tenido resultado impositivo ganancia en su declaración jurada del período fiscal 2022, pero no haber determinado impuesto a las ganancias porque computó un quebranto del período fiscal 2020. La nueva reglamentación obliga a pagar a cuenta de Ganancias a las personas jurídicas que hayan informado un resultado impositivo, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores, que sea igual o superior a $600 millones y no hayan determinado impuesto”, dijo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.
Los únicos contribuyentes que quedarán excluidos del referido pago a cuenta serán aquellas personas jurídicas que cuenten con un certificado de exención del impuesto a las ganancias. Por el resto, a efectos de determinar el pago a cuenta de los sujetos alcanzados, se deberá considerar la declaración jurada correspondiente al período fiscal del año 2022, en caso de que el cierre del ejercicio hubiera operado entre los meses de agosto y diciembre del año pasado. Si el cierre del ejercicio fue entre enero y julio de 2023, ambos inclusive, deberán considerar la declaración jurada del período fiscal 2023.
“Se ha observado que algunos actores económicos se han visto beneficiados al obtener ingresos extraordinarios por la producción y/o comercialización de ciertos productos así como la prestación de determinados servicios”, justificó la AFIP, a través del texto oficial.
Según estableció el organismo que conduce Carlos Castagneto, el monto del pago a cuenta se determinará aplicando el 15% sobre el resultado impositivo del período fiscal inmediato anterior a aquel al que corresponderá imputar el pago a cuenta, sin considerar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores.
Será abonado en tres cuotas iguales y consecutivas, pero las fechas de pago dependerán del cierre del ejercicio. Por caso, si el ejercicio concluyó entre agosto y diciembre, el vencimiento de la primera cuota será el 22 de agosto; la segunda, en septiembre; y la última, en octubre.
Si el cierre es entre enero a mayo de este año, las cuotas serán entre el 22 de diciembre próximo y febrero del año que viene. En cambio, si el ejercicio terminó en junio pasado, se abonará a partir del 22 de enero. Finalmente, si el cierre se produce este mes, la fecha de vencimiento será el 22 de febrero.
“Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las empresas tienen cierre en diciembre. Con lo cual, las compañías van a hacer el pago a cuenta y la AFIP recaudará en agosto, septiembre y octubre. Una recaudación adelantada para este gobierno. Se podría decir que este tema tiene un afecto político, porque se está cobrando hoy lo que se iba a cobrar el año que viene, en caso de que correspondiera que la empresa pague Ganancias”, señaló Domínguez.
Para Andrés Sala dino, socio de Andersen Argentina, con esta disposiciónel fisco nacional se está su mando a la posición de los fiscos provinciales que tienen regímenes de retenciones y percepciones vigentes. Es decir, se exigen pagos a cuenta impositivos que superan en muchos casos la obligación legal de tributar, “evidenciando un exceso constitucional”.

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