Se extiende la presión de las familias por los días sin clases
A nivel nacional, piden la intervención de la defensora de la niñez
Josefina Gil Moreira
El reclamo y las quejas llegan casi a los niveles de la pandemia. Ante la sucesión de paros que afectan las clases en todo el país, las familias buscan nuevas instancias para garantizar la continuidad escolar. La entidad Padres Organizados exigió la intervención de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por las reiteradas medidas de fuerza.
El malestar por la sucesión de paros docentes y no docentes que provocan el cierre de escuelas en todo el país crece, casi a niveles de la pandemia. La red de Padres Organizados, surgida para exigir la educación presencial en la Argentina, realizó una presentación ante la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en reclamo por la pérdida de días de clases y la inacción de las diferentes autoridades educativas.
El 22 de junio pasado, en coincidencia con una nueva jornada de paro nacional docente, la organización solicitó a Marisa Graham, titular de la defensoría desde febrero de 2020, que considere tres puntos. En primer lugar, que junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia articule la creación de “un informe circunstanciado que devele el cumplimiento del calendario obligatorio de 190 días de clases en cada jurisdicción del país, días de paro llevados adelante por gremios y sindicatos docentes y no docentes de la educación, cantidad de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por la interrupción de clases, y mecanismos articulados por las jurisdicciones locales para enfrentar los paros y la recuperación de contenidos pedagógicos”.
Asimismo, requirieron a Graham que “promueva las acciones pertinentes para proteger los intereses colectivos de recibir educación de NNyA, interponiendo las acciones contra los Estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires que permitan el acceso a la educación de este grupo vulnerable y solicitando las sanciones por incumplimientos que afectan los derechos indicados”.
“Hasta el momento, ninguno de todos los defensores de cada jurisdicción de la Argentina ha actuado en defensa de nuestros hijos”, afirman en el documento firmado por la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, así como por 21 suborganizaciones locales de Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Ocho días más tarde, el 30 de junio, llegó la respuesta de Graham. En relación con los días de clases, explicó que la defensoría “da seguimiento especial a este tema” y recordó que en octubre del año pasado se publicó el pronunciamiento Nº 13, en el que se observaba que la cantidad de días establecidos para ese año por el Consejo Federal de Educación seguía siendo inferior al promedio de los países de la región.
“Es importante destacar que el cumplimiento del objetivo de los 190 días de clases fijados corresponde a cada jurisdicción provincial, sobre las cuales realizamos seguimiento. En el mismo pronunciamiento, manifesté preocupación por otra problemática que, específicamente en la escuela primaria, atenta contra los días de clases: el ausentismo, sobre el cual es escasa aún la producción de datos que permitan hacer los seguimientos particulares de cada trayectoria escolar”, dijo Graham.
Por último, remarcó que la defensoría que conduce es “un organismo de control, que no ejecuta, no legisla, no dicta sentencia, sino que controla que los diferentes poderes y organismos cumplan su función y brega por la garantía de los derechos de NNyA. En este marco, continuamos trabajando de forma propositiva con todos los actores políticos y sociales, incluyendo las familias, y generando espacios de protagonismo de las y los estudiantes”, concluyó.
María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados, señaló que la decisión de solicitar la nacion la intervención de la defensoría surgió a partir del entendimiento de que, ante vulneración del derecho a la educación dada por la reiteración de medidas de fuerza sindicales, esta podría velar por los derechos de los chicos.
“Dado que las autoridades respectivas (gobernadores, ministros, etc.) no toman dimensión de la gravedad del asunto, pensamos que la defensora podía desempeñar un papel más efectivo, exigiendo una solución concreta e inmediata. Sin embargo, su respuesta elude cualquier posibilidad de reclamo efectivo ante los responsables de dejar a los chicos sin educación. Ni siquiera ofrece una contestación al pedido de informes sobre el cumplimiento real de los calendarios escolares en las distintas jurisdicciones”, consideró Navajas.
Por otra parte, sostuvo que le resultó “muy llamativa” la preocupación de la defensoría por los niveles de ausentismo de los estudiantes, pero que no hiciera mención alguna al problema del ausentismo de los docentes y a la falta de reemplazos en tales circunstancias. “A nuestras redes llegan constantemente mensajes de familias que observan cómo sus hijos pierden días de clases por ese motivo, mientras los directivos no ofrecen ninguna solución, ni los ministerios siquiera registran la situación”, detalló.
“Finalmente –agregó Navajas–, queremos señalar el notable sesgo de las publicaciones en las redes sociales de la defensoría. Mientras provincias como Santa Cruz y Chubut, que llevan varios años de conflictos gremiales, no han merecido la atención de la defensoría, otros casos, como el más reciente de Jujuy, generaron una considerable cantidad de declaraciones de su parte. En definitiva, no encontramos en el accionar de la defensora, a lo largo de los tres años que lleva en el cargo, una vocación decidida por intervenir en favor de los NNyA, que vienen padeciendo escuelas cerradas o aulas sin docentes, con todo el daño que eso implica para su presente y futuro”.
intentó contactar a Graham la nacion a través de sus colaboradores, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Al menos hasta el 31 de mayo, solo cinco provincias habían cumplido con el calendario escolar pautado para la escuela primaria en 2023: Mendoza, Formosa, Jujuy, San Luis y Catamarca. Así surge de un informe de la Coalición por la Educación.
Según afirmaron desde Padres Organizados, comunidad que hoy alcanza a cerca de 120.000 personas en redes sociales, los requerimientos planteados a la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes no se detendrán “hasta no ver normalizado el derecho humano de ir a la escuela para todos los niños, niñas y adolescentes de este país”.
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El reclamo y las quejas llegan casi a los niveles de la pandemia. Ante la sucesión de paros que afectan las clases en todo el país, las familias buscan nuevas instancias para garantizar la continuidad escolar. La entidad Padres Organizados exigió la intervención de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por las reiteradas medidas de fuerza.
El malestar por la sucesión de paros docentes y no docentes que provocan el cierre de escuelas en todo el país crece, casi a niveles de la pandemia. La red de Padres Organizados, surgida para exigir la educación presencial en la Argentina, realizó una presentación ante la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en reclamo por la pérdida de días de clases y la inacción de las diferentes autoridades educativas.
El 22 de junio pasado, en coincidencia con una nueva jornada de paro nacional docente, la organización solicitó a Marisa Graham, titular de la defensoría desde febrero de 2020, que considere tres puntos. En primer lugar, que junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia articule la creación de “un informe circunstanciado que devele el cumplimiento del calendario obligatorio de 190 días de clases en cada jurisdicción del país, días de paro llevados adelante por gremios y sindicatos docentes y no docentes de la educación, cantidad de niñas, niños y adolescentes (NNyA) afectados por la interrupción de clases, y mecanismos articulados por las jurisdicciones locales para enfrentar los paros y la recuperación de contenidos pedagógicos”.
Asimismo, requirieron a Graham que “promueva las acciones pertinentes para proteger los intereses colectivos de recibir educación de NNyA, interponiendo las acciones contra los Estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires que permitan el acceso a la educación de este grupo vulnerable y solicitando las sanciones por incumplimientos que afectan los derechos indicados”.
“Hasta el momento, ninguno de todos los defensores de cada jurisdicción de la Argentina ha actuado en defensa de nuestros hijos”, afirman en el documento firmado por la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, así como por 21 suborganizaciones locales de Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Ocho días más tarde, el 30 de junio, llegó la respuesta de Graham. En relación con los días de clases, explicó que la defensoría “da seguimiento especial a este tema” y recordó que en octubre del año pasado se publicó el pronunciamiento Nº 13, en el que se observaba que la cantidad de días establecidos para ese año por el Consejo Federal de Educación seguía siendo inferior al promedio de los países de la región.
“Es importante destacar que el cumplimiento del objetivo de los 190 días de clases fijados corresponde a cada jurisdicción provincial, sobre las cuales realizamos seguimiento. En el mismo pronunciamiento, manifesté preocupación por otra problemática que, específicamente en la escuela primaria, atenta contra los días de clases: el ausentismo, sobre el cual es escasa aún la producción de datos que permitan hacer los seguimientos particulares de cada trayectoria escolar”, dijo Graham.
Por último, remarcó que la defensoría que conduce es “un organismo de control, que no ejecuta, no legisla, no dicta sentencia, sino que controla que los diferentes poderes y organismos cumplan su función y brega por la garantía de los derechos de NNyA. En este marco, continuamos trabajando de forma propositiva con todos los actores políticos y sociales, incluyendo las familias, y generando espacios de protagonismo de las y los estudiantes”, concluyó.
María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados, señaló que la decisión de solicitar la nacion la intervención de la defensoría surgió a partir del entendimiento de que, ante vulneración del derecho a la educación dada por la reiteración de medidas de fuerza sindicales, esta podría velar por los derechos de los chicos.
“Dado que las autoridades respectivas (gobernadores, ministros, etc.) no toman dimensión de la gravedad del asunto, pensamos que la defensora podía desempeñar un papel más efectivo, exigiendo una solución concreta e inmediata. Sin embargo, su respuesta elude cualquier posibilidad de reclamo efectivo ante los responsables de dejar a los chicos sin educación. Ni siquiera ofrece una contestación al pedido de informes sobre el cumplimiento real de los calendarios escolares en las distintas jurisdicciones”, consideró Navajas.
Por otra parte, sostuvo que le resultó “muy llamativa” la preocupación de la defensoría por los niveles de ausentismo de los estudiantes, pero que no hiciera mención alguna al problema del ausentismo de los docentes y a la falta de reemplazos en tales circunstancias. “A nuestras redes llegan constantemente mensajes de familias que observan cómo sus hijos pierden días de clases por ese motivo, mientras los directivos no ofrecen ninguna solución, ni los ministerios siquiera registran la situación”, detalló.
“Finalmente –agregó Navajas–, queremos señalar el notable sesgo de las publicaciones en las redes sociales de la defensoría. Mientras provincias como Santa Cruz y Chubut, que llevan varios años de conflictos gremiales, no han merecido la atención de la defensoría, otros casos, como el más reciente de Jujuy, generaron una considerable cantidad de declaraciones de su parte. En definitiva, no encontramos en el accionar de la defensora, a lo largo de los tres años que lleva en el cargo, una vocación decidida por intervenir en favor de los NNyA, que vienen padeciendo escuelas cerradas o aulas sin docentes, con todo el daño que eso implica para su presente y futuro”.
intentó contactar a Graham la nacion a través de sus colaboradores, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
Al menos hasta el 31 de mayo, solo cinco provincias habían cumplido con el calendario escolar pautado para la escuela primaria en 2023: Mendoza, Formosa, Jujuy, San Luis y Catamarca. Así surge de un informe de la Coalición por la Educación.
Según afirmaron desde Padres Organizados, comunidad que hoy alcanza a cerca de 120.000 personas en redes sociales, los requerimientos planteados a la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes no se detendrán “hasta no ver normalizado el derecho humano de ir a la escuela para todos los niños, niñas y adolescentes de este país”.
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Fracasó una reunión para frenar los paros en escuelas públicas de Bahía Blanca
No hubo avances en el encuentro entre familias de alumnos, dirigentes gremiales y autoridades
Darío Palavecino
En Bahía Blanca, las familias están movilizadas frente a los paros
MAR DEL PLATA.– El encuentro pautado entre familias de alumnos de escuelas públicas de Bahía Blanca, dirigentes gremiales y autoridades municipales vinculadas con los servicios educativos de esa ciudad no alcanzó ayer avances en la búsqueda que los primeros emprendieron para garantizar actividad sostenida y sin interrupciones en las aulas tras la pérdida de varios días de clases por una seguidilla de paros.
“Vamos a tener 11 días hábiles por la vacaciones de invierno y les pedí, como muestra de buena fe, que se comprometan a que no iba a haber paros este mes: ninguno de los sindicatos dijo que podía asumir ese compromiso”, dijo Guillermo Sierra, padre de alumnos y convertido en referente de este reclamo
A veces, los docentes por sus salarios; otras, los auxiliares que dependen también del Estado y reclaman reivindicaciones; o ambos sectores a la par cuando la medida de fuerza la hace el servicio de colectivos urbanos y se complica llegar a los establecimientos escolares. Lo cierto es que decisiones sindicales llevaron a que los chicos perdieran más de diez días de clases en un par de meses.
La reacción, con fuerza de enérgico reclamo, llegó la semana pasada de parte de padres y madres de los alumnos, que bajo la misma consigna de buscar igualdad en el ritmo de enseñanza entre las escuelas públicas y la educación privada se autoconvocaron a través de las redes sociales para pedir a funcionarios y sindicalistas que no se pierda ni un día más de clases.
Con fuerza viral corrió la voz potente y seria de Sierra, cuando cuestionó a los dirigentes de distintos gremios por el impacto que tienen sobre el alumnado sus medidas de protesta sin asistencia a las aulas.
“Igualdad no es que los chicos hablen con la x, igualdad es que los chicos tengan clases todo el año y que los de las escuelas estatales tengan los mismos días de clases que los de las privadas”, planteó delante de otros padres, que aplaudieron. Y lamentó: “No es para aplaudir, es para llorar”.
La cita de ayer puso a la mayoría
de los protagonistas del conflicto cara a cara. Antes, el pasado sábado, se realizó una manifestación en la Plaza Rivadavia, donde cientos coincidieron para reclamar por la continuidad de las clases. “Padres e hijos caminamos por el derecho a la educación”, explicaron.
Los conflictos nacen en las medidas de fuerza del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (en particular su línea opositora, denominada Multicolor), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Maestranza (Soeme) por diversos reclamos.
Carina, que participó del encuentro de ayer, tildó de negativo el resultado de la reunión. “Terminaron diciéndose las falencias entre ATE y el Consejo Escolar, cuestiones administrativas que llevaban a paros locales, pero nada de respuesta al pedido de no afectar el desarrollo de las clases”, explicó a la nacion.
Recordó que los padres autoconvocados pidieron a los gremialistas que tomen las medidas de fuerza que consideren necesarias, pero sin impedir que las escuelas abran ni el dictado de clases. “Que las hagan después del cierre de actividad escolar, nosotros podríamos apoyarlos en sus reclamos”, resaltó sobre la buena voluntad que se intentó expresar hacia los gremios y los derechos que buscan defender con sus paros.
Insatisfechos con la reacción de los gremios, y ante autoridades educativas locales a las que creen ver con las manos atadas o al menos poco hábiles para resolver este conflicto, ahora aguardan que llegue a Bahía Blanca el director de Consejos Escolares y Coordinación Institucional de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Perrone. Podría estar por la ciudad hoy o mañana.
“Pedimos que al menos no haya más medidas de fuerza que afecten la actividad escolar antes del receso invernal”, anticipó esta madre, una de decenas que se sumaron a la reunión. “No es cuestión de echarse culpas como lo hicieron; queremos acompañarlos, pero no escuchan”, dijo.
En busca de mayor eco a su reclamo y mejores chances de respuestas, también solicitaron la denominada Banca 25 del Concejo Deliberante, espacio reservado para que sectores de la comunidad presenten sus reclamos ante los ediles. Si bien la educación pública aquí es provincial, el municipio tiene su participación cercana mediante sus consejeros escolares, involucrados mucho más en la cuestión de infraestructura escolar, que también tiene sus problemas en el distrito.
“Mis hijos no solo no tuvieron clases por los paros de los distintos gremios: se suspendieron más días por ratas”, contó a la nacion. La semana pasada, por desinfección en el edificio, la Escuela N° 5 estuvo cerrada el lunes y martes. El miércoles reabrió, pero los roedores no se habían terminado de ir. “Tampoco tuvieron clases jueves y viernes”, comentó
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Nueva huelga docente de 96 horas en Santa Cruz: “Hoy los rehenes son los chicos”
El gremio provincial reclama una mejora salarial y rechaza la acusación a tres docentes por los disturbios en la residencia oficial
MAR DEL PLATA.– El encuentro pautado entre familias de alumnos de escuelas públicas de Bahía Blanca, dirigentes gremiales y autoridades municipales vinculadas con los servicios educativos de esa ciudad no alcanzó ayer avances en la búsqueda que los primeros emprendieron para garantizar actividad sostenida y sin interrupciones en las aulas tras la pérdida de varios días de clases por una seguidilla de paros.
“Vamos a tener 11 días hábiles por la vacaciones de invierno y les pedí, como muestra de buena fe, que se comprometan a que no iba a haber paros este mes: ninguno de los sindicatos dijo que podía asumir ese compromiso”, dijo Guillermo Sierra, padre de alumnos y convertido en referente de este reclamo
A veces, los docentes por sus salarios; otras, los auxiliares que dependen también del Estado y reclaman reivindicaciones; o ambos sectores a la par cuando la medida de fuerza la hace el servicio de colectivos urbanos y se complica llegar a los establecimientos escolares. Lo cierto es que decisiones sindicales llevaron a que los chicos perdieran más de diez días de clases en un par de meses.
La reacción, con fuerza de enérgico reclamo, llegó la semana pasada de parte de padres y madres de los alumnos, que bajo la misma consigna de buscar igualdad en el ritmo de enseñanza entre las escuelas públicas y la educación privada se autoconvocaron a través de las redes sociales para pedir a funcionarios y sindicalistas que no se pierda ni un día más de clases.
Con fuerza viral corrió la voz potente y seria de Sierra, cuando cuestionó a los dirigentes de distintos gremios por el impacto que tienen sobre el alumnado sus medidas de protesta sin asistencia a las aulas.
“Igualdad no es que los chicos hablen con la x, igualdad es que los chicos tengan clases todo el año y que los de las escuelas estatales tengan los mismos días de clases que los de las privadas”, planteó delante de otros padres, que aplaudieron. Y lamentó: “No es para aplaudir, es para llorar”.
La cita de ayer puso a la mayoría
de los protagonistas del conflicto cara a cara. Antes, el pasado sábado, se realizó una manifestación en la Plaza Rivadavia, donde cientos coincidieron para reclamar por la continuidad de las clases. “Padres e hijos caminamos por el derecho a la educación”, explicaron.
Los conflictos nacen en las medidas de fuerza del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (en particular su línea opositora, denominada Multicolor), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Obreros y Empleados de Maestranza (Soeme) por diversos reclamos.
Carina, que participó del encuentro de ayer, tildó de negativo el resultado de la reunión. “Terminaron diciéndose las falencias entre ATE y el Consejo Escolar, cuestiones administrativas que llevaban a paros locales, pero nada de respuesta al pedido de no afectar el desarrollo de las clases”, explicó a la nacion.
Recordó que los padres autoconvocados pidieron a los gremialistas que tomen las medidas de fuerza que consideren necesarias, pero sin impedir que las escuelas abran ni el dictado de clases. “Que las hagan después del cierre de actividad escolar, nosotros podríamos apoyarlos en sus reclamos”, resaltó sobre la buena voluntad que se intentó expresar hacia los gremios y los derechos que buscan defender con sus paros.
Insatisfechos con la reacción de los gremios, y ante autoridades educativas locales a las que creen ver con las manos atadas o al menos poco hábiles para resolver este conflicto, ahora aguardan que llegue a Bahía Blanca el director de Consejos Escolares y Coordinación Institucional de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Perrone. Podría estar por la ciudad hoy o mañana.
“Pedimos que al menos no haya más medidas de fuerza que afecten la actividad escolar antes del receso invernal”, anticipó esta madre, una de decenas que se sumaron a la reunión. “No es cuestión de echarse culpas como lo hicieron; queremos acompañarlos, pero no escuchan”, dijo.
En busca de mayor eco a su reclamo y mejores chances de respuestas, también solicitaron la denominada Banca 25 del Concejo Deliberante, espacio reservado para que sectores de la comunidad presenten sus reclamos ante los ediles. Si bien la educación pública aquí es provincial, el municipio tiene su participación cercana mediante sus consejeros escolares, involucrados mucho más en la cuestión de infraestructura escolar, que también tiene sus problemas en el distrito.
“Mis hijos no solo no tuvieron clases por los paros de los distintos gremios: se suspendieron más días por ratas”, contó a la nacion. La semana pasada, por desinfección en el edificio, la Escuela N° 5 estuvo cerrada el lunes y martes. El miércoles reabrió, pero los roedores no se habían terminado de ir. “Tampoco tuvieron clases jueves y viernes”, comentó
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Nueva huelga docente de 96 horas en Santa Cruz: “Hoy los rehenes son los chicos”
El gremio provincial reclama una mejora salarial y rechaza la acusación a tres docentes por los disturbios en la residencia oficial
Mariela Arias
EL CALAFATE.– “Los chicos han perdido las normas de convivencia, han perdido la rutina escolar, están angustiados. Responsabilizamos al Estado por la falta de acceso a la educación de nuestros hijos, les están robando la infancia”, afirma Mariana Cernello, madre de un alumno de 7 años de la escuela N° 73 de esta ciudad. Su historia se repite en toda Santa Cruz, donde el gremio docente anunció anteanoche un nuevo paro de 96 horas, y así sumarán 59 días de huelga en lo que va del año al terminar esta semana. Una triste postal que se repitió en los últimos años y sintetiza el principal fracaso de la gestión de Alicia Kirchner.
Ahora, los docentes sumaron un nuevo reclamo a la apertura de paritarias: denuncian la criminalización de la protesta social luego de que el viernes trascendiera el cambio de carátula de “violación de domicilio” a “tentativa de femicidio” de la causa en la que se investigan los disturbios en los jardines de la residencia oficial de los gobernadores, donde se encontraban cenando la vicepresidenta Cristina Kirchner y la gobernadora Alicia Kirchner. Entre los procesados hay tres docentes y desde el gremio lo consideran un caso de persecución sindical.
De los once candidatos a la gobernación, la crisis educativa aparece con timidez en los discursos, pero hasta los propios candidatos oficialistas reconocen que es uno de los temas a resolver. En lo que va de 2023, la educación en Santa Cruz no termina de arrancar. Solo hubo clases sin interrupciones en las 40 escuelas privadas de la provincia: los restantes 227 establecimientos públicos están atravesados por la huelga que alcanza a todos los niveles.
En lo que va del año, hubo marchas de padres y de docentes en varias localidades de la provincia, recopilaciones de firmas en la plataforma Change.org y presenciales, presentaciones en las defensorías públicas y cartas al Consejo de Educación en reclamo de la normalización de clases, casi todo sin resultados. El Estado provincial y el gremio mantienen una disputa sin acuerdos.
“Mi hijo Simón, de 7 años, es epiléptico. Por todo el desorden que genera la falta de clases, aumentaron sus focos de epilepsia, hubo un recrudecimiento tal que debimos duplicar la medicación neurológica. Empezó a referir dolores de cabeza, ansiedad, dolores de estómago en el aula los pocos días del año que han ido”, describe Cernello a la nacion. Junto con los demás padres del grado, elaboraron un documento en el que piden a las autoridades que sea tenido ese curso en cuenta en forma especial: en pandemia cursaron el jardín de infantes, el año pasado tuvieron más de 30 días de paro y 55 en lo que va de 2023. Muchos alumnos en segundo grado no lograr leer ni escribir.
Los padres se agrupan y contratan maestros particulares para que les dicten clases con el afán de que los chicos no pierdan continuidad. Sobran los ejemplos de “escuelitas blue”, en un intento desesperado por torcer un presente en el que la educación es esquiva en la cuna del kirchnerismo. Cuando el presupuesto familiar lo permite, buscan cupos en las escuelas privadas, que tienen largas listas de espera.
En los ocho años de gestión, la cuñada de la vicepresidenta nunca pudo llegar a un acuerdo con la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac), el único gremio que desde 2007 se mantuvo crítico al kirchnerismo y con quien ella siempre tuvo una relación conflictiva. En diciembre de 2015 ganó la gobernación y en 2017 sucedió uno de los momentos más tensos de su gestión, cuando una multitud de estatales que reclamaban el pago de salarios atrasados invadió los jardines de la residencia oficial de los gobernadores mientras Alicia Kirchner se encontraba cenando con Cristina Kirchner y su nieta Helena.
Tras los hechos, procesaron a cuatro dirigentes gremiales por violación de domicilio. Sin embargo, en las últimas horas, seis años después, la causa dio un vuelco y, ante el segundo intento del fiscal subrogante Federico Heinz, la Cámara Criminal Oral de Santa Cruz aprobó por mayoría el pedido de cambio de carátula, que ahora será por “tentativa de femicidio” contra los cuatro procesados, de los cuales tres son docentes.
El conflicto salarial
Las negociaciones entre el gobierno y el gremio están trabadas. Las paritarias, cerradas. Para el secretario general de Adosac, Javier Fernández, hay un “encono personal” de la gobernadora, ahora candidata a senadora nacional por el kirchnerismo, con los docentes. “Es el sindicato que no pudo doblegar, el único sindicato que ha denunciado históricamente el estado de la obra pública en las escuelas”, dice
Y agrega: “El sistema educativo en Santa Cruz ha fracasado, su gestión está reprobada, es una materia que se llevará previa de por vida”.
¿Qué reclaman los maestros? Que el salario de un docente que recién empieza en nivel inicial alcance la canasta básica, que para junio de 2023 –según el Indec– fue de $217.915,79. “El sueldo de mayo de un docente que recién comienza fue de $135.000, los preceptores cobran aún menos”, detalla Fernández.
Desde el gremio afirman que están lejos de ser los docentes mejor pagos del país, como argumentan desde la gobernación. “Suman el incentivo docente a los docentes que tienen dos cargos, que con el aumento inconsulto de la hora extendida hay docentes que trabajan diez horas de corrido, y están exhaustos”, señala Fernández, dado que en estos casos apenas les da tiempo pasar de una escuela a otra, sin siquiera llegar a almorzar.
A mediados de junio, ante el fracaso de las paritarias, el gobierno firmó un decreto a través del cual decidió otorgar a los docentes una actualización salarial equiparada a la inflación mensual denominada “cláusula gatillo” y un 3% desde julio para los escalafones inferiores, en tanto que mantiene el 4% otorgado a todos desde enero. “No han podido decir cuáles son los escalafones que afecta, si alcanza o no a los jubilados, y no aclaran si es en negro o en blanco”, explica el gremialista. El decreto fue rechazado y respondieron con un paro de 96 horas.
En muchas escuelas, el Consejo Provincial de Educación empezó a reemplazar a los docentes con personal que según el gremio no está anotado en el escalafón, en tanto que denuncian persecución a los que hacen paro.
¿Consideran que la medida de fuerza está agotada? “La situación es más compleja. Hoy no solo es volver al aula, hay una discusión muy seria en lo pedagógico: los pibes del secundario siguen pasando con todas las materias previas por una resolución del Consejo que así lo permite, en la primaria existe la promoción acompañada, los maestros especiales no están dando abasto. El fracaso escolar existe”, sintetiza Fernández.
Nahir Castillo, peluquera y madre de tres hijos en edad escolar, acaba de asumir como vocal en representación de los padres en el directorio del Consejo Provincial de Educación, en una elección que les ganó a los candidatos del kirchnerismo. Está dispuesta a mediar entre el gremio y el gobierno para que se reanude el diálogo.
“Como padres vemos que el paro no funciona y el gobierno está caprichoso. Presentamos una nota para que se vuelva al diálogo, es la única forma para que las clases vuelvan a la normalidad. Hoy los rehenes son los chicos y las familias”, comenta.
EL CALAFATE.– “Los chicos han perdido las normas de convivencia, han perdido la rutina escolar, están angustiados. Responsabilizamos al Estado por la falta de acceso a la educación de nuestros hijos, les están robando la infancia”, afirma Mariana Cernello, madre de un alumno de 7 años de la escuela N° 73 de esta ciudad. Su historia se repite en toda Santa Cruz, donde el gremio docente anunció anteanoche un nuevo paro de 96 horas, y así sumarán 59 días de huelga en lo que va del año al terminar esta semana. Una triste postal que se repitió en los últimos años y sintetiza el principal fracaso de la gestión de Alicia Kirchner.
Ahora, los docentes sumaron un nuevo reclamo a la apertura de paritarias: denuncian la criminalización de la protesta social luego de que el viernes trascendiera el cambio de carátula de “violación de domicilio” a “tentativa de femicidio” de la causa en la que se investigan los disturbios en los jardines de la residencia oficial de los gobernadores, donde se encontraban cenando la vicepresidenta Cristina Kirchner y la gobernadora Alicia Kirchner. Entre los procesados hay tres docentes y desde el gremio lo consideran un caso de persecución sindical.
De los once candidatos a la gobernación, la crisis educativa aparece con timidez en los discursos, pero hasta los propios candidatos oficialistas reconocen que es uno de los temas a resolver. En lo que va de 2023, la educación en Santa Cruz no termina de arrancar. Solo hubo clases sin interrupciones en las 40 escuelas privadas de la provincia: los restantes 227 establecimientos públicos están atravesados por la huelga que alcanza a todos los niveles.
En lo que va del año, hubo marchas de padres y de docentes en varias localidades de la provincia, recopilaciones de firmas en la plataforma Change.org y presenciales, presentaciones en las defensorías públicas y cartas al Consejo de Educación en reclamo de la normalización de clases, casi todo sin resultados. El Estado provincial y el gremio mantienen una disputa sin acuerdos.
“Mi hijo Simón, de 7 años, es epiléptico. Por todo el desorden que genera la falta de clases, aumentaron sus focos de epilepsia, hubo un recrudecimiento tal que debimos duplicar la medicación neurológica. Empezó a referir dolores de cabeza, ansiedad, dolores de estómago en el aula los pocos días del año que han ido”, describe Cernello a la nacion. Junto con los demás padres del grado, elaboraron un documento en el que piden a las autoridades que sea tenido ese curso en cuenta en forma especial: en pandemia cursaron el jardín de infantes, el año pasado tuvieron más de 30 días de paro y 55 en lo que va de 2023. Muchos alumnos en segundo grado no lograr leer ni escribir.
Los padres se agrupan y contratan maestros particulares para que les dicten clases con el afán de que los chicos no pierdan continuidad. Sobran los ejemplos de “escuelitas blue”, en un intento desesperado por torcer un presente en el que la educación es esquiva en la cuna del kirchnerismo. Cuando el presupuesto familiar lo permite, buscan cupos en las escuelas privadas, que tienen largas listas de espera.
En los ocho años de gestión, la cuñada de la vicepresidenta nunca pudo llegar a un acuerdo con la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac), el único gremio que desde 2007 se mantuvo crítico al kirchnerismo y con quien ella siempre tuvo una relación conflictiva. En diciembre de 2015 ganó la gobernación y en 2017 sucedió uno de los momentos más tensos de su gestión, cuando una multitud de estatales que reclamaban el pago de salarios atrasados invadió los jardines de la residencia oficial de los gobernadores mientras Alicia Kirchner se encontraba cenando con Cristina Kirchner y su nieta Helena.
Tras los hechos, procesaron a cuatro dirigentes gremiales por violación de domicilio. Sin embargo, en las últimas horas, seis años después, la causa dio un vuelco y, ante el segundo intento del fiscal subrogante Federico Heinz, la Cámara Criminal Oral de Santa Cruz aprobó por mayoría el pedido de cambio de carátula, que ahora será por “tentativa de femicidio” contra los cuatro procesados, de los cuales tres son docentes.
El conflicto salarial
Las negociaciones entre el gobierno y el gremio están trabadas. Las paritarias, cerradas. Para el secretario general de Adosac, Javier Fernández, hay un “encono personal” de la gobernadora, ahora candidata a senadora nacional por el kirchnerismo, con los docentes. “Es el sindicato que no pudo doblegar, el único sindicato que ha denunciado históricamente el estado de la obra pública en las escuelas”, dice
Y agrega: “El sistema educativo en Santa Cruz ha fracasado, su gestión está reprobada, es una materia que se llevará previa de por vida”.
¿Qué reclaman los maestros? Que el salario de un docente que recién empieza en nivel inicial alcance la canasta básica, que para junio de 2023 –según el Indec– fue de $217.915,79. “El sueldo de mayo de un docente que recién comienza fue de $135.000, los preceptores cobran aún menos”, detalla Fernández.
Desde el gremio afirman que están lejos de ser los docentes mejor pagos del país, como argumentan desde la gobernación. “Suman el incentivo docente a los docentes que tienen dos cargos, que con el aumento inconsulto de la hora extendida hay docentes que trabajan diez horas de corrido, y están exhaustos”, señala Fernández, dado que en estos casos apenas les da tiempo pasar de una escuela a otra, sin siquiera llegar a almorzar.
A mediados de junio, ante el fracaso de las paritarias, el gobierno firmó un decreto a través del cual decidió otorgar a los docentes una actualización salarial equiparada a la inflación mensual denominada “cláusula gatillo” y un 3% desde julio para los escalafones inferiores, en tanto que mantiene el 4% otorgado a todos desde enero. “No han podido decir cuáles son los escalafones que afecta, si alcanza o no a los jubilados, y no aclaran si es en negro o en blanco”, explica el gremialista. El decreto fue rechazado y respondieron con un paro de 96 horas.
En muchas escuelas, el Consejo Provincial de Educación empezó a reemplazar a los docentes con personal que según el gremio no está anotado en el escalafón, en tanto que denuncian persecución a los que hacen paro.
¿Consideran que la medida de fuerza está agotada? “La situación es más compleja. Hoy no solo es volver al aula, hay una discusión muy seria en lo pedagógico: los pibes del secundario siguen pasando con todas las materias previas por una resolución del Consejo que así lo permite, en la primaria existe la promoción acompañada, los maestros especiales no están dando abasto. El fracaso escolar existe”, sintetiza Fernández.
Nahir Castillo, peluquera y madre de tres hijos en edad escolar, acaba de asumir como vocal en representación de los padres en el directorio del Consejo Provincial de Educación, en una elección que les ganó a los candidatos del kirchnerismo. Está dispuesta a mediar entre el gremio y el gobierno para que se reanude el diálogo.
“Como padres vemos que el paro no funciona y el gobierno está caprichoso. Presentamos una nota para que se vuelva al diálogo, es la única forma para que las clases vuelvan a la normalidad. Hoy los rehenes son los chicos y las familias”, comenta.
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