Ordenaron la captura de Gustavo Juliá en una causa por contrabando de oro
El empresario aeronáutico cumplió la pena de 13 años de prisión impuesta por el tráfico de casi una tonelada de cocaína a España y ahora quedó de nuevo en la mira judicial
Gabriel Di Nicola
En enero de 2013, dos años después de su detención en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, Gustavo Juliá fue condenado a la pena de 13 años de prisión. La Audiencia Provincial Sección Octava lo encontró culpable del delito de tráfico de estupefacientes agravado. Había intentado ingresar en territorio español con 944 kilos de cocaína ocultos en un avión. Cumplió la pena y volvió a la Argentina, donde era investigado por contrabando de oro y, después de declararlo en rebeldía, el juez Alejandro Catania, a cargo del expediente, firmó la orden de captura nacional e internacional.
Así lo informaron a la nacion calificadas fuentes judiciales. Catania es el magistrado del fuero en lo penal económico que, en su momento, tuvo a su cargo la investigación sobre la conexión local por el tráfico de los 944 kilos de cocaína secuestrados por la Guardia Civil el 2 de enero de 2011 cuando aterrizó en Barcelona el Bombardier Challenger 604, que Juliá había adquirido después de firmar un contrato de leasing. Tras ese hallazgo se descubriría que el servicio de taxi aéreo que ofrecía Juliá era solo una fachada para ocultar su participación en la logística delictiva.
“Después de cumplir la pena en España, Gustavo Juliá regresó a la Argentina. Pero en el momento de citarlo a prestar declaración indagatoria no pudo ser hallado en ninguno de los domicilios que denunció en el expediente. Así que fue primero fue declarado en rebeldía y después se ordenó su captura nacional e internacional en la causa donde es investigado por contrabando de oro”, explicaron las fuentes consultadas.
La causa se tramitó cuando Juliá estaba preso. Catania, según explicaron las fuentes consultadas, por medio de un exhorto judicial, había pedido que el empresario sea indagado en España por ocho operaciones de contrabando de oro hacia los Estados Unidos.
En ese expediente judicial, Catania procesó y envió a juicio a tres sospechosos: un socio del empresario aeronáutico y dos mujeres.
Para el abogado Carlos Broitman, que defendió a Juliá en le caso del narcojet, la causa por el contrabando de oro está prescripta.
Todavía no está cargada en la base de datos de Interpol la circular roja (notificación dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega). El juez Catania hizo el pedido de carga a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), pero todavía no se pudo finalizar el trámite porque se requirió mayor documentación, según pudo saber la nacion de fuentes oficiales.
El apellido Juliá tiene fuertes lazos históricos con la aeronáutica nacional, ya que el ahora prófugo es hijo del fallecido brigadier José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem.
Estricta planificación
La Audiencia Provincial Sección Octava de Barcelona también condenó a 13 años de prisión a Eduardo Juliá, hermano del empresario y piloto del Bombardier Challenger 604 que había despegado del aeropuerto internacional de Ezeiza la tarde del 1° de enero de 2011. Matías Miret, el copiloto, fue absuelto.
En el alegato del juicio, que se hizo en diciembre de 2012, el fiscal David Benages había acusado a los hermanos Juliá de cometer “un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, con la circunstancia de extrema gravedad por el uso de un aeronave como medio de transporte específico”.
Además, el representante del Ministerio Público español había sostenido que los acusados cumplían una función fundamental dentro de una “planificación estricta y meticulosa de custodia y transporte de los casi 1000 kilos de cocaína”.
Ese cargamento, con un peso de 944 kilos de cocaína, fue valuado, en su momento, en 32.116.000 de euros. Los paquetes que contenía la droga estaban ocultos en dos falsos sofás cama, que estaban enfrentados, de espaldas a las ventanillas, y en un armario colocado en el fondo del avión.
Antes de volar con el Bombardier Challenger 604, los hermanos Juliá habían viajado a Murcia y a Málaga, España, con un Hawker 800 XP. Los investigadores judiciales interpretaron que habían sido viajes para familiarizarse con la ruta que usarían para el contrabando de droga.
“Para conocer directamente las rutas e instalaciones aeroportuarias disponibles, los hermanos Juliá realizaron dos viajes a España, ambos en la aeronave de alquiler N348 MC. El primero, el 9 de junio de 2010, a San Javier, Murcia, procedente de Cabo Verde, con salida el 12 de junio; el segundo, entre el 30 de junio y el 9 de julio de ese año, con el itinerario Cabo Verde-reus, Reussan Javier, San Javier-torrejón y Torrejón-málaga”, sostuvo el fiscal Benages en el juicio.
En el juicio declararon dos de los oficiales de la Guardia Civil que participaron del secuestro de la cocaína. Los policías solo fueron identificados por códigos para mantener sus identidades en reserva. “El señor Gustavo asumió la culpa”, dijo el oficial identificado como K44687Q. En ese momento, el empresario aeronáutico se quebró.
El testigo K44687Q también recordó que cuando subió a la aeronave con un perro para hacer la inspección, los hermanos Juliá se pusieron nerviosos y el copiloto (Miret) tuvo una actitud distinta e incluso sintió curiosidad por el animal. Ante una pregunta del abogado defensor, Carlos Echavarri, el oficial volvió a explicar que, en el momento del hallazgo de la droga, Miret estuvo tranquilo y amable.
El otro uniformado dijo que habían decidido revisar el lujoso jet por el nerviosismo que tenían el piloto y el pasajero (los hermanos Juliá). También afirmó que el empresario dijo que “la droga era suya y que los pilotos no sabían nada” y les señaló otros sectores donde buscar la cocaína. Al igual que su compañero, exculpó a Miret y sostuvo que cuando se descubrió la carga, el copiloto preguntó si todo se trataba de “una cámara oculta o una broma”.
En esa misma audiencia declararon los imputados. Gustavo Juliá contó que fue contratado por un empresario español de nombre Gerardo Fernández para trasladar en el lujoso jet documentación bancaria, obras de arte y personas. Dijo que, a pedido de su cliente, se hicieron cambios en la configuración de cabina de la aeronave y se colocaron dos sofás camas.
Explicó Gustavo Juliá que las modificaciones las llevaron adelante tres personas que contrató ese consignado empresario español. Se trata de una cuestión clave, porque gran parte de la droga fue hallada en dos falsos sofás camas.
Durante su relato, Gustavo Juliá dejó en claro que su hermano y Miret no tuvieron acceso al jet mientras estuvo en el aeródromo de Morón, donde se habría cargado la cocaína. Pese a que la base que integra esa pista estaba bajo el comando operacional de la Fuerza Aérea, compañías privadas usaban los hangares.
“Ellos [el piloto y el copiloto] no tuvieron acceso al avión, yo controlé las modificaciones. Las llaves las teníamos yo y las tres personas que hicieron los arreglos”, sostuvo el empresario. Aseguró que no estuvo presente cuando la Guardia Civil descubrió la droga y negó haber dicho que la droga era suya. “Nunca nombré la palabra droga. Sí, expliqué que los pilotos no tenían en absoluto conocimiento de nada, pero para referirme a que yo había hecho el contrato y las modificaciones y ellos hacían su labor”, afirmó.
Ahora, la Justicia lo busca para indagarlo por contrabando de oro
El apellido Juliá tiene fuertes lazos históricos con la aeronáutica nacional, ya que el ahora prófugo es hijo del fallecido brigadier José Juliá, jefe de la Fuerza Aérea Argentina durante la presidencia de Carlos Saúl Menem
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Imputaron a L-gante por encubrir el robo de un teléfono celular
Detenido en una causa por secuestro, el popular cantante sumó otro procesamiento con prisión preventiva; el artista espera el beneficio de la prisión domiciliaria
El cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-gante y quien permanece detenido desde el pasado 6 de junio por privación ilegal de la libertad y amenazas, recibió una ampliación de la prisión preventiva tras ser imputado por el delito de encubrimiento, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue tomada anteayer por el juez de garantías Gabriel Castro, quien amplió la detención y dictó la prisión preventiva por “encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”, ya que uno de los cinco teléfonos que se le secuestraron había sido denunciado como robado.
Se trata de un aparato marca iphone modelo 12 Pro, que había sido denunciado como robado el 21 de marzo de 2021 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según consta en la denuncia judicial.
De esta manera, Valenzuela quedó detenido por “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas -respecto de la víctima Darío Gastón Torres-, privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples -respecto de la víctima Rosa Catalina Passi-; tenencia simple de estupefacientes, y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro”.
La semana pasada, L-gante recibió un revés judicial por parte de la Cámara de Apelaciones de Mercedes que revocó un fallo que lo beneficiaba con la excarcelación extraordinaria, mientras que el juez Castro le otorgó horas más tarde el arresto domiciliario con tobillera electrónica, aunque esta medida recién se hará efectiva cuando quede firme. La Sala I de la Cámara, integrada por Carlos Risuleo y Oscar Reggi, resolvió el martes 11 de julio revocar la excarcelación que había sido otorgada días atrás por el magistrado y que había quedado en suspenso porque tanto la fiscalía como el particular damnificado se opusieron a ella.
En su voto, el juez Risuleo tomó en cuenta la “gravedad” de los hechos imputados a L-gante, “las varias causas abiertas anteriores” en su contra, “la magnitud de la pena” en expectativa (de 5 a 15 años de prisión) y su “persistencia de conductas desajustadas” a Derecho.
Sin embargo, esa misma tarde, el juez Castro hizo lugar a un pedido de la defensa particular y le concedió al músico la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, aunque dispuso que esta medida se haga efectiva recién cuando el fallo quedara firme en la Cámara de Apelaciones de Mercedes, tal como ocurrió con la excarcelación extraordinaria. Un vocero judicial confirmó que el fiscal Villalba apeló la medida concedida por el magistrado a instancias de la defensa.
A su vez, este arresto domiciliario, a cumplirse llegado el caso en una casa de un country de la localidad de Canning, en el partido bonaerense de Ezeiza, quedó pendiente también de un informe positivo de la Dirección de Monitoreo Electrónico de la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Vecinos y víctimas
La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano. La mañana de ese día, a la salida del local bailable Río ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada La Mafilia, el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-gante. Cuando Torres se retiró del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela y, tras ello, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia, según la denuncia.
Luego, pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y lo hizo subir al auto, añadió el denunciante.
A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-gante, según la denuncia. Tras ello, algunos integrantes de La Mafilia fueron demorados por la policía y Lgante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: ‘Largame a los pibes o a este te lo mato’”, en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la policía y soltó a las víctimas.
Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido. En los procedimientos se secuestraron el auto BMW, cuatro réplicas de armas de fuego, cinco celulares iphone y 40 gramos de marihuana.
Por otro lado, el pasado 28 de junio, Torres y sus abogados denunciaron un aparente acto intimidatorio, ya que alrededor de las 21.30 le prendieron fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del municipio de General Rodríguez
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.