ROGAMOS PARA QUE SIRVA, MEJORE LOS SERVICIOS Y NO SE CORTE MÁS.....

En el país bipolar de los argentinos, el decreto firmado ayer podría ser analizado desde la rusticidad de la pregunta que se nos ha vuelto habitual: ¿Quién ganó? Unos dirán que ganó el grupo Clarín, que con Cablevisión/Nextel está a un paso de convertirse en el cuarto operador de telefonía e Internet móvil (para eso todavía faltan unos cuantos meses). Otros dirán que ganaron las telefónicas, cuyo general en esta batalla fue Telefónica de España, porque todo dólar que pongan en construir nuevas redes tendrá una protección de 15 años (nadie más podrá usar esa infraestructura en un mundo en el que muchos países decretan la neutralidad de las redes), y porque los beneficios que tienen los entrantes en su negocio (el 4G) que se limitan a tres años. Quienes ven la realidad con anteojos bipolares podrían resultar decepcionados al no encontrar un claro ganador corporativo en esta puja.

Pero hay otro tipo de análisis que puede hacerse y que ponga el foco en los usuarios, cada vez más demandantes de conectividad para sus comunicaciones personales y para el consumo de información y entretenimiento masivo. Y cada vez más frustrados por la mala calidad de las comunicaciones en el país (aunque el último año las llamadas entre celulares se corten menos en las grandes ciudades). En ese sentido, la convergencia es imprescindible para estimular la competencia (inexistente o dormida desde hace 15 años), que produzca mejores servicios y a precios más bajos (o al menos acordes a los valores que por las mismas prestaciones se pagan en otros países de la región). Un país del tamaño relativo de la Argentina, tercera economía de América latina, debería tener una penetración de la fibra directa al hogar de no menos del 15 o 20 por ciento de las familias y una velocidad promedio de acceso a Internet fija de 10 mega.
Y antes que eso, debería tener acceso universal a conectividad fija y móvil que potencie la producción, brinde nuevas oportunidades de educación y desarrollo y sea una herramienta que contribuya a reducir la pobreza. Con la convergencia tecnológica -a la que la Argentina llega tardíamente por haber impuesto sistemáticamente barreras regulatorias desde 2002 en adelante- no va a ocurrir mágicamente todo eso, pero sin este paso será mucho más difícil.
La firma del decreto anunciado ayer pone fin a varios meses de especulaciones en un sector que no traccionó este año el volumen de inversiones que se esperaban -aunque se concretó lo que estaba previsto y comprometido en el plan de despliegue de la movilidad 4G-. Pero sólo con las versiones se activaron agresivas estrategias de telemarketing con fuertes descuentos y promociones que podrían anticipar lo que ocurrirá el año próximo, antes del comienzo formal del mercado convergente.
La regulación se mueve y el mercado también. Faltan las inversiones, y la mejora en la calidad y los precios de los servicios. 

Las telefónicas darán TV por cable y Cablevisión, 4G
El Gobierno fijó las condiciones en las que se producirá la convergencia de tecnologías; el Enacom tendrá amplios poderes en la letra chica

A partir del 1° de enero de 2018 se abrirá finalmente la competencia en el sector de las comunicaciones: desde ese momento, Telefónica , Telecom y Claro podrán empezar a dar TV por cable, y Cablevisión (Grupo Clarín) se convertirá en el cuarto operador de movilidad 4G (con Nextel y sobre la base de las empresas con espectro que compró este año). Así lo dispuso el gobierno del presidente Mauricio Macri mediante un decreto firmado ayer que será publicado en el Boletín Oficial el lunes próximo. Además, DirecTV (AT&T) podrá seguir comercializando acceso a Internet y expandirse en ese mercado.
El decreto es el resultado de largas conversaciones con el sector privado, que arrancaron en agosto y se demoraron hasta ahora, y que incluyeron amenazas de demandas penales contra directivos y técnicos del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el aviso de Telefónica de reclamar incluso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). También incluyó fuertes diferencias internas sobre la velocidad de los cambios dentro del propio gobierno, que fueron zanjadas con mano política por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.



El texto, que tiene trece artículos, una redacción eminentemente técnica y da amplios poderes al Enacom para definir la reglamentación de la letra chica y asignar frecuencias de espectro, se propone "implementar las normas básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación y penetración del acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio nacional".

El decreto -que es una suerte de continuación del DNU 267 que en 2015 creó el Enacom y derogó parcialmente las leyes de medios y de telecomunicaciones- también marca un horizonte de mediano plazo sobre hacia dónde irán los servicios de conectividad inalámbrica al dejar el terreno allanado para que las telefónicas puedan comprar espectro -como hizo Cablevisión/Nextel- en la banda de 2.5 GHz (de la cual Cablevisión-Nextel tendrá que devolver parte), y podrán usar también frecuencias en la banda de 3.5 GHz, muy codiciadas para las siguientes generaciones de servicios, como Internet de las Cosas y 5G. El Art. 4° a) del decreto prevé que "en un plazo no mayor a seis meses" se hagan nuevas licitaciones de espectro para comunicaciones móviles.
El Estado nacional viene impulsando la conectividad en lugares donde el mercado no lo hará por sí solo. Para eso se lanzó en mayo el Plan Federal de Internet, con el que la estatal Arsat prevé dar conectividad a 1200 localidades en dos años y más recientemente se creó el fondo de $ 350 millones para subsidiar el recambio tecnológico de pymes y cooperativas en poblaciones de menos de 2500 habitantes.
Pero el atraso tecnológico en las grandes aglomeraciones urbanas -expresado en una penetración de la fibra al hogar de sólo el 2% de los hogares y una velocidad nacional promedio de Internet de 3 mega, además de la baja calidad de las conexiones móviles- sólo puede ser resuelto mediante la inversión privada, que no tenía incentivos sin la posibilidad de competir en todos los servicios.

En ese argumento se basa el Art. 3, que protege por 15 años las nuevas redes de última generación que se construyan (el plazo se fue extendiendo en la medida en que las telefónicas, que son las empresas más necesitadas de nuevas redes, se endurecieron en la negociación). En tanto, Cablevisión (Grupo Clarín) tendrá obligaciones de despliegue -tendrá que cubrir el AMBA y región centro en 18 meses, cuando se reglamente el decreto- y deberá pagar por la reasignación del espectro (que aún debe hacer el Enacom). Cablevisión prevé invertir US$ 500 millones en su red 4G.
El decreto también reserva espectro para una red de emergencia que, cuando no sea requerido, podrá ser comercializado a nivel mayorista.