EN "EL ESPACIO MENTE ABIERTA"; PLANES SOCIALES

Convertir asistencialismo en empleo
Los planes sociales sostenidos y permanentes deterioran la cultura del trabajo y afectan negativamente la autoestima de los beneficiarios
De los aproximadamente 20 millones de personas que reciben algún tipo de aporte estatal, incluyendo jubilados, pensionados y empleados públicos, hay hoy en el país alrededor de ocho millones que son beneficiarios de planes sociales del Estado. De estos últimos sólo una parte menor realiza actividades como forma de contraprestación. El resto recibe subsidios instrumentados por diversas leyes, intentando atender situaciones de debilidad social, indigencia o incapacidad.

 En la realidad, una importante proporción de estos fondos se canalizó durante las gestiones kirchneristas con criterios y fines clientelísticos manejados por punteros políticos cercanos al poder. Las sumas aplicadas, que provienen principalmente del Estado nacional y en menor medida de gobiernos provinciales, crecieron sostenidamente a partir de 2002, alcanzando actualmente el 3,5% del PBI. Esto significa un 7,5% del gasto público total del país y equivale a aproximadamente la mitad del déficit fiscal.
Las reservas y dudas sobre los planes sociales admiten un análisis desde distintos puntos de vista. Seguramente las más importantes están en el campo sociológico, al reconocer que el asistencialismo sostenido y permanente deteriora la cultura del trabajo y afecta negativamente la autoestima de los beneficiarios. No obstante, éstos se resisten a prescindir de esas ayudas y hacen políticamente difícil suspenderlas.
Otro plano del análisis es el puramente presupuestario al tener en cuenta la grave situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno. La resistencia de las personas y familias a que se les supriman o disminuyan los subsidios parecería imposibilitar reducciones en los fondos aplicados. Pero similar o mayor rigidez se encuentra en las jubilaciones y pensiones, en las que el derecho adquirido es de mayor sacralidad. La necesidad de reducir el déficit fiscal para revertir el peligroso ritmo de crecimiento de la deuda pública hace imperioso actuar sobre el gasto. Parecería inevitable la disminución de los fondos aplicados a los subsidios.
Un tercer punto de análisis es el de la aceptabilidad de los subsidios por parte de quienes contribuyen con sus impuestos. Este sentimiento se amplía cuando la presión impositiva comienza a alcanzar a trabajadores asalariados, que viven de su esfuerzo y se hacen conscientes de que hay otros que, sin trabajar, usufructúan de sus ahorros que el fisco se lleva. ¿Cómo puede sentirse alguien que ha trabajado durante toda su vida para tener una vivienda propia y advierte que hay otros que para ser desalojados de una casa que intrusaron, reciben del Gobierno otra recién construida mediante un generoso plan social? 

Los subsidios a las personas expresan más claramente caridad y amor al prójimo cuando se originan en aportes voluntarios que cuando provienen de impuestos extraídos compulsivamente por el Estado. El redistribucionismo obliga a los gobiernos a cuidar celosamente la selección de los destinatarios. Esto no ha ocurrido durante el período 2002-2015.
En definitiva, considerando cualquiera de los puntos de vista anteriores, deberá trabajarse sobre los planes sociales. En los casos en que se atienden discapacidades o situaciones de indigencia estructurales, habrá que revisar cuidadosamente la realidad para no cometer el error de retirar un subsidio a quien realmente lo necesita. Otros casos -como el de los subsidios universales por hijo o a la vejez- deberán revisarse manteniéndolos a quienes no puedan prescindir de él y no a aquellas familias o personas con suficiente respaldo económico.
El camino seguido por el actual gobierno con el Plan Empalme merece la mayor atención y parece la mejor opción por aplicar. Esta solución fue instrumentada mediante un reciente decreto y alcanza a receptores de planes sociales como Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Progresar, Promover Igualdad de Oportunidades, Prestaciones de Desempleo, Ellas Hacen, Desde el Barrio, Proyectos Productivos Comunitarios, Construir Empleo, Intercosecha y egresados de los cursos de Formación Profesional. Estos planes abarcan actualmente alrededor de un millón de personas con capacidad de emplearse en el sector privado. Los gobiernos provinciales pueden y deberían adherirse.
La clave del Plan Empalme es que si un beneficiario de un subsidio es contratado por una empresa, no perderá ese beneficio y su empleador lo podrá contabilizar hasta por 24 meses como parte de su sueldo. Con esto se resuelve la cuestión de la resistencia a emplearse formalmente para no perder el subsidio. Además se le reduce el costo laboral a la empresa que, de esa forma, tendrá un incentivo para tomar beneficiarios de planes sociales. La condición es que se trate de una nueva relación laboral o de la regularización de una preexistente, respecto de la nómina total de trabajadores declarada al 31 de diciembre de 2016.

 Con esta condición se evita que una empresa rompa y restituya una relación laboral para aprovechar el sistema.
La fuerte expansión de los planes sociales ocurrió como consecuencia de la profunda crisis económica de 2002-2003. Se trataba de una emergencia social que dejó sin empleo a más de una cuarta parte de la población activa. Esta emergencia fue superada y hoy el país se encuentra frente a otra emergencia: la imperiosa necesidad de reducir el déficit fiscal para no volver a caer en otra crisis. Dentro de este marco es que deben analizarse opciones que pueden, en muchos casos, generar dificultades a personas y familias. Pero de no resolverse en forma ordenada esta cuestión, se terminaría seguramente en un mayor sacrificio caído discrecionalmente y, en mayor medida, sobre los que carecen de posibilidades de defenderse.