ECONOMÍA; MARTÍN TETAZ

Correo para el Estado; el verdadero costo de dilatar el acuerdo

El 18 de mayo del 2009 una productora del Reino Unido puso en el aire un típico programa de preguntas y respuestas que tenía la particularidad de que en la ronda final los participantes debían ponerse de acuerdo en cómo repartir el dinero que habían logrado acumular en función de los aciertos conseguidos durante los interrogantes planteados por su conductora, la actriz inglesa Charlotte Hudson.
Al cabo de cada una de las cinco rondas de preguntas los jugadores tenían que decidir si se quedaban con el dinero acumulado o si lo arriesgaban en una ulterior ronda en la que podían ganar mucho más, pero también perderlo todo, si no acertaban las respuestas correctas.
Pero lo interesante ocurría cuando había que distribuir el dinero entre los participantes, porque en vez de hacerlo en tres partes iguales, la producción disponía que una de las valijas tuviera el 60% del premio, otra guardara un 30% y la tercera se quedara con solo el 10% del producido por el talento del equipo.
Obviamente, llegada esa instancia todos querían quedarse con el maletín más pesado y nadie quería aceptar de movida el premio más chico. Cada uno de los finalistas tenía entonces 15 segundos para dar sus razones de por qué creía que tenía derecho a ser el favorecido en la distribución de las ganancias, pero como el lector puede imaginarse, resultaba imposible llegar a un acuerdo voluntario y entonces aparecía en escena el incentivo clave del programa.
Concluido el plazo para que cada uno explayara sus motivos, se ponía en marcha una cuenta regresiva de 100 segundos que a su paso licuaba el pozo final que debía repartirse, de modo que si los participantes demoraban el acuerdo podían terminar, como ocurrió en muchos episodios, todos con las manos vacías.
Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo; supongamos que Andrea, Blas y Claudia habían ganado 100.000 libras en las rondas de preguntas y que la producción determinaba que el primer premio era del 60% del pozo, el segundo del 30% del acumulado y que le correspondía al tercero el 10% restante. Imaginemos que cuando el reloj empieza a hacer tic tac el consenso se demora 90 segundos hasta que los tres se ponen de acuerdo en que Andrea se llevará el 60%, Claudia el 30% y Blas el 10%. Sin embargo, como ya pasaron 90 segundos se perdió el 90% del pozo y quedan solo 10.000 libras para repartir, de las cuales Andrea se llevará 6.000, Claudia 3.000 y Blas se irá a casa con 1.000 en el bolsillo.
Obviamente todos pierden dilatando el acuerdo, pero lo interesante es que incluso el que se queda con la porción más grande, en este ejemplo que hemos usado, acaba con menos dinero que si hubiera aceptado de movida la porción más chica en la división de bienes.
EL ESCÁNDALO DEL CORREO
Cuando  estalló en los medios el conflicto por el correo y los cuestionamientos al acuerdo alcanzado por la empresa y los representantes del Estado, sentí una especia de De Ja Vú de aquellos episodios de Divided, que la televisión inglesa puso en el aire ocho años atrás.
En resumen, la empresa privatizada en 1997 dejó de pagar el canon que le correspondía abonar al Estado, terminando en un concurso preventivo en el que a mediados del 2003 se verificó una deuda actualizada de 296 millones de pesos.
Dado que por el articulo 19 de la Ley de Quiebras no se puede cargar costo financiero entre la verificación y la homologación del acuerdo, el paso del tiempo juega a favor del deudor porque se suspenden los intereses. Más aún, como el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad (todavía hoy vigente) impide la actualización monetaria, cualquier dilación en el concurso licúa las deudas, máxime en un contexto de alta inflación como el que caracterizó el período 2003-2017.
El Estado tuvo entonces dos oportunidades que por negligencia dejó pasar. Como acreedor principal pudo haber aceptado alguna de las propuestas que Correos Argentinos le hizo, o pudo haber pedido al juez que acelerara la quiebra. Es probable que ambas opciones no lucieran atractivas entonces, pero no podían ignorar los representantes legales del Estado que el paso del tiempo licuaba aceleradamente la deuda y que aceptar una propuesta con una quita importante resultaba más redituable que el 100% de la nada misma.
Ahora aparecen en los medios cálculos actuariales. La Dirección General de Asesoramiento Económico en las Inversiones (DAFI) le dijo a la Fiscal del Ministerio Público, Graciela Boquín, que el 98% de aquellos 296 millones hoy serían $4.277 millones. O sea que incluso cuando la empresa propusiera ahora pagar el 100% de los 296 millones que debe, sin ninguna quita, el Estado acabaría perdiendo más de 4.000 millones de pesos por el solo hecho de haber demorado catorce años el acuerdo.
Es verdad; la actual propuesta del Correo ni siquiera cubre los 296 millones que debe, porque al patear los pagos en cómodas cuotas acaba abonando un monto que, cuando se lo descuenta al costo que le sale hoy al Tesoro no disponer de esa plata y tener que pedir prestado (pagando 15,5% a 10 años), tiene un valor presente de solo 83 millones de pesos.
Así las cosas, la quita es del 72% de los 296 millones que debe el correo. O puesto en otras palabras, el Estado es un participante que está jugando al Divided y tiene que decidir si agarra el 28% del pequeño pozo que queda. La propuesta tiene sabor a poco, pero el problema es que, si no la acepta, el paso del tiempo sigue licuando el valor de la deuda y aun cuando acabe cobrando un porcentaje mayor, podría, como le ocurrió en nuestro ejemplo a Andrea, quedarse con menos dinero.