ECONOMÍA

Con un nuevo round de suba del dólar, el Gobierno aplica paliativos para atenuar el impacto de la devaluación y las altas tasas de interés

La última onda de salida de capitales de los mercados emergentes contagió con mayor fuerza a la economía argentina por sus bajas defensas y tanto el fuerte repunte del dólar como del riesgo país colocan al gobierno de Mauricio Macri frente a nuevos y viejos problemas. El más urgente vuelve a ser la estabilización del mercado cambiario, donde la subastas diarias de dólares desembolsados por el Fondo Monetario -aún reforzadas en las últimas dos ruedas- no alcanzaron a frenar la mayor demanda por desconfianza. Sin esa condición, se complicaría la intención oficial de que hacia fin de año llegue a un piso el retroceso de la actividad económica y la inflación alcance su techo, para que ambas puedan mejorar en 2019.
Mientras tanto subsisten otros dilemas previos. Entre ellos, cómo sostener la suba del tipo de cambio real para atenuar el rojo intenso de las cuentas externas sin que la inflación la erosione excesivamente y cómo evitar que las altas tasas de interés enfríen demasiado el PBI, que en el segundo trimestre tuvo su punto de inflexión por la sequía y la fuerte devaluación del peso (36% en el primer semestre) frente al dólar.
El escenario de estanflación no es desconocido para la Casa Rosada. Ya lo experimentó en los primeros trimestres de 2016, tras disponer el fin del cepo cambiario y los ajustes tarifarios de tres dígitos para torcer el rumbo de colisión del "modelo" K. La diferencia es que ya no hay crédito externo ilimitado y el acuerdo con el FMI reduce el margen de maniobra en materia fiscal y monetaria. Dos políticas que hasta hace poco fueron inconsistentes (una empujaba la demanda con el gasto público y la otra la frenaba con las tasas de Lebac) y ahora deberían funcionar en modo enfriamiento si se avanza en la reducción menos gradual del déficit del sector público.
Antes de definir el incierto contenido del ajuste fiscal negociado con el Fondo, el gobierno optó por achicar daños sobre la economía real.
Dante Sica, al estrenar su cargo de ministro de Producción en reuniones con las principales entidades empresarias, hizo explícita la necesidad de evitar el corte en la cadena de pagos, que viene estirándose debido a la suba de tasas de interés (superiores a 3% mensual) y afecta a las pymes como el eslabón más débil. En la misma semana, el Banco Central dispuso la flexibilización de regulaciones bancarias para facilitarles el acceso al crédito, el descuento de cheques y la prórroga del plan Ahora 12. También el Banco Nación habilitó una línea específica por $10.000 millones a tasas de 29% anual. Y el propio Macri anticipó ante la CAME un proyecto ampliatorio de la Ley Pyme sancionada en 2016. Aun así, es llamativo que para acceder a los beneficios de esta ley, se registraron hasta ahora 300.000 pymes sobre un universo de 700.000, ya sea por desconocimiento, por el costo de derivar personal a tareas administrativas o por estar "flojas de papeles".
Pero el Estado también contribuyó a complicar la situación con el freno en los pagos a contratistas y proveedores, a fin de mostrar mejores resultados de "caja" (los gastos de capital bajaron 21% en cinco meses) para negociar con el FMI. A tal punto que el ministro Rogelio Frigerio citó a empresarios y gremialistas de la construcción para asegurarles que este mes se normalizarán los pagos de certificados y que la continuidad de las obras públicas en ejecución es una prioridad presidencial. De todos modos, se postergarán aquellas no iniciadas aunque estén presupuestadas este año.
Paralelamente, uno de los problemas de mayor envergadura es el que afecta a las empresas que utilizan o venden insumos importados, ante la imposibilidad de fijar precios en pesos ante las sucesivas escaladas del dólar que -tras el breve respiro del primer desembolso del FMI-, ya acumula en lo que va del año una suba de casi 11 pesos (56,75%), al haber pasado de $18,92 a $29,57.
Este tema será central en los encuentros que mantendrá esta semana con las compañías petroleras el nuevo ministro de Energía a su regreso de los Estados Unidos. La misión de Javier Iguacel es ahora doble e inversa a la que, por cumplirla, le costó el puesto a su antecesor, Juan José Aranguren. Una, negociar un sendero atenuado de ajustes de precios para los combustibles en los surtidores, a partir de la desactualización del aumento de 3,1% previsto para julio. Otra, una baja de alrededor de un dólar en el precio del gas natural en boca de pozo destinado a consumos residenciales, que en abril había sido fijado en US$4,68 por MBTU (la unidad de medida), para moderar su impacto en el ajuste de tarifas de octubre, a cambio de extender desde fin de 2019 hasta 2021 el cronograma de eliminación de subsidios según el acuerdo con el FMI. De lo contrario, el aumento sería de 60/70%. La contrapartida para las empresas es mantener la apertura del sector y los incentivos de precios para aumentar las inversiones en extracción de gas de Vaca Muerta, según se desprende de la información oficial tras la reunión previa que el ministro Nicolás Dujovne mantuvo con el titular de YPF, Miguel Gutiérrez.
Con la fuerte suba del dólar, que en sólo en los últimos dos meses trepó 37,4%, las consultoras privadas descuentan que la inflación de junio no bajará de 3,5% y cerrará la primera mitad del año con una suba algo superior a 15%.
De ahí que el Gobierno desancló la meta salarial de 15% en las paritarias de los principales gremios, autorizó un ajuste de 5% a cuenta de la revisión posterior y pasó a homologar nuevos acuerdos con incrementos superiores, como los de camioneros (24%) y alimentación (25,4%) fraccionados en tres tramos, a fin de atenuar la desaceleración del consumo. También se apresta a actualizar el salario mínimo vital y móvil en un porcentaje similar.
Pese a estos refuerzos en función de la inflación pasada, aún resulta prematuro estimar el deterioro del salario real y qué porcentaje de la devaluación será trasladado a precios sin provocar una mayor caída de ventas en productos y servicios no indispensables.
Por lo pronto, los aumentos coexisten con la proliferación de ofertas por cantidad o en un solo pago. Y también se verifica un avance de las segundas marcas en detrimento de las primeras que, según la consultora Kantar Worldpanel, retrocedieron de 72% a 64% de las ventas de consumo masivo entre 2013 y 2017. A esto se suma un avance de los productos sin marca en ferias municipales, a precios más bajos pero sin factura.
Parte de esta dinámica se refleja en el relevamiento de precios realizado a fin de junio por esta columna en la misma sucursal porteña de una cadena de supermercados.
Por un lado, el costo total del ticket para la canasta fija de 30 productos de consumo masivo (alimentos, bebidas sin alcohol y artículos de limpieza) se incrementó nada menos que 6,9%, al pasar a $3027 desde $ 2832 a fin de mayo, en la mayor variación mensual desde mayo de 2016 (10,5%). Por otro, las mayores alzas porcentuales se concentran en tres rubros; frutas y hortalizas (con subas de 48 a 90%); carnes y presas de pollo (en torno de 10/12%), mientras el jamón cocido aumentó casi 35% y el precio de $30,90 por 100 gramos se reduce a algo más de la mitad en envases termosellados de 900 gramos; y en lácteos (de 6,4% a 10,5%) aunque hay una baja de -14,5% en queso rallado en blisters de mayor cantidad y sin marca.
Aun así, los precios de 9 de los 30 productos incluidos no tuvieron variantes en junio; en la mayoría de los casos porque habían subido en mayo (café, azúcar, fideos, pan, amargo serrano, detergente cremoso, suavizante para ropa, servilletas de papel). A su vez. la yerba mate retrocedió 14% y hubo reacomodamientos en gaseosas de primera marca (-6,5%) y agua mineral (+4,8%).
En la primera mitad del año el ticket acumuló un alza de 19,5%, algo inferior a la que registró FIEL para el costo de las canastas básicas alimentaria y total (con servicios públicos) que determinan las líneas de indigencia ($ 6911 mensuales para una familia tipo) y de pobreza ($ 16.835) y subieron 21,4% y 23%.

N. O. S.